Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6892
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación deducido por el codemandado Oscar A. Redondo y confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de impugnación. Imponer las costas del embate al apelante vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. -t. ley 14.437-).
2Acoger el recurso de apelación deducido por la parte actora, con el alcance expresado en el apartado III del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de dicho embate a la citada en garantía (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. -t. ley 14.437-).
3Diferir la regulación de honorarios por trabajos profesionales de alzada para su oportunidad [art. 31 y 51 decreto ley 8904/77, vigente al tiempo de la actuación letrada a retribuir]
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6892-BB1 “SPOSETTI, JAVIER GERARDO Y OTROS c. REDONDO, OSCAR AURELIO Y OTS. s. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca acogió parcialmente la demanda indemnizatoria promovida por los accionantes contra el codemandado Oscar Aurelio Redondo. En consecuencia, condenó a dicho sujeto a abonarles la suma total de pesos un millón noventa y cuatro mil ($ 1.094.000,00), en concepto de daño emergente, pérdida de chance y daño moral, conforme la distribución delineada en los considerandos de la decisión. Añadió a dicho monto los intereses por mora, a calcularse según la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 13-1-2006 hasta su efectivo pago. Impuso las costas de la pretensión al demandado vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t. ley 14.437-).
Sin perjuicio de ello, rechazó la demanda interpuesta contra la Municipalidad de Patagones y el Sr. Juan Carlos Orona -médico dependiente de la Comuna-, imponiendo a los accionantes las costas derivadas de estos reclamos. Asimismo, desvinculó del proceso a la Provincia de Buenos Aires, quien había sido citada como tercero a instancias de la Municipalidad codemandada.
Finalmente, difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad procesal (cfr. fs. 942/956, sent. del 21-3-2016).
II. Declarada por esta alzada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos por el codemandado Redondo a fs. 965/976 -contestado por la parte actora fs. 993/995- y la parte actora a fs. 978/987 -replicado por la citada en garantía a fs. 1001/1003- (fs. 1043, prov. de Presidencia del 7-9-2017), y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear la siguiente
¿Son fundados los recursos?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1.1. El juez de grado acogió parcialmente la demanda indemnizatoria incoada por los actores (Elda Jorgelina Córdoba y Javier Gerardo Sposetti, Luis Alberto Sposetti, Augusto Exequiel Sposetti, Evelyn Janet Sposetti, Silvio Sergio Sposetti, María Fernanda Sposetti y José Vicente Sposetti), mediante la cual pretendían el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de quien en vida fuera esposo y padre de los reclamantes respectivamente, cuyo deceso se produjo el día 13 de enero de 2006, a causa de un cuadro de botulismo, como consecuencia de la ingesta de un alimento en mal estado (ostras en escabeche).
1.2. Para decidir como lo hizo tuvo por acreditado: (i) que el codemandado Oscar Aurelio Redondo elaboraba artesanalmente y vendía ostras en escabeche en un local de Bahía San Blas (llamado “El Solar de la Bahía”), no contando con habilitación; (ii) que Redondo había vendido a José Sposetti un frasco mediano del antedicho alimento, el que se encontraba contaminado con Botulismo Tipo “A”; (iii) que el Sr. Sposetti consumió esas ostras contrayendo botulismo, intoxicación que días después de la ingesta lo llevó a la muerte.
Arribó a tales conclusiones tras sopesar los siguientes elementos: (i) constancias obrantes en la causa penal N° 104.582 (en especial el testimonio de Ángel Alberto Casella –encargado del destacamento de policía de Bahía San Blas- y las declaraciones de Hermes Danilo Avenatti y Francisco Fabián González, quienes estaban con Sposetti cuando adquirió y consumió las ostras); (ii) declaraciones prestadas en autos por Antonio Manuel Alzueta, María Daniela Werneke, y Luis Ángel Goro Guerra, residentes de la localidad donde tuvo lugar el hecho, que se refirieron a la actividad que realizaba el codemandado Redondo; (iii) Informe del Instituto Nacional “Dr. Carlos G. Malbran”, sobre los análisis practicados sobre la muestra de suero sanguíneo del paciente José Sposetti y sobre el frasco de ostras en conserva; (iv) dictamen del perito médico oficial Dr. E. Oscar Landera.
1.3. A partir de los antecedentes reseñados, juzgó que la responsabilidad del Sr. Redondo se hallaba debidamente configurada, en su carácter de elaborador del producto infectado.
Refirió, asimismo, que dicho sujeto no había cumplido con el deber de información establecido en la Ley de Defensa del Consumidor, ni con las exigencias derivadas del art. 4.2.1. del Decreto N° 3237/95 (reglamentario de la ley provincial de pesca 11.477) y del art. 5° de la resolución N° 036/93 del Mercosur sobre rotulación, ya que el envase solo consignaba que se trataba de un producto artesanal elaborado por el establecimiento “El Solar de la Bahía”, omitiendo la información obligatoria requerida por la normativa referenciada.
Con todo, resaltó que si bien el codemandado Redondo planteaba la hipótesis de que el frasco pudiera haberse infectado como consecuencia del contacto con otro envase y/o alimento contaminado, no obraban en la causa elementos de prueba que avalaran tal tesitura.
1.4. Sentado lo anterior, se abocó al análisis de la responsabilidad que los actores endilgaban al Municipio de Carmen de Patagones, sobre la base de un irregular ejercicio del poder de policía sanitario. Señaló que la Comuna no podía ser responsabilizada, en el caso, por la supuesta omisión en el cumplimiento de sus deberes de control, respecto de la actividad privada que desarrollaba –clandestinamente- Oscar Redondo. Dijo que el establecimiento del demandado no se encontraba registrado ante la Dirección Provincial de Pesca y que tampoco existía denuncia alguna en punto a la existencia de dicho local y/o la actividad que desarrollaba. Resaltó, asimismo, que Redondo poseía un comercio de “lavandería” que no se hallaba habilitado para la elaboración de productos alimenticios (conf. fs. 44 y 249 de la causa penal).
A la luz de dichos antecedentes, entendió que no mediaba una omisión ilegítima pasible de ser atribuida al Municipio (ni a la Provincia citada como tercero), dado que –en las circunstancias de la litis- no resultaba razonable exigir a la autoridad la realización de un control permanente y continuo tendiente a evitar la producción de todo tipo de daños derivados de la actividad de los particulares, como si se tratare de un asegurador universal de indemnidad. Jugó que el genérico deber de proveer a la seguridad general no resultaba suficiente para predicar, en la especie, la existencia de una falta de servicio en cabeza del sujeto público demandado.
1.5. Seguidamente, se refirió al reclamo dirigido contra el Dr. Juan Carlos Orona (médico dependiente del Municipio de Carmen de Patagones), por la mala praxis en que habría incurrido en la atención de la víctima. Ante todo, repasó los siguientes extremos fácticos: (i) que el día 7 de enero de 2006 el Sr. Sposetti concurrió a la Unidad Sanitaria de Bahía San Blas, donde fue atendido por el médico Juan Carlos Orona; (ii) que Sposetti fue atendido por el referido galeno en tres oportunidades en el transcurso del día; (iii) que después de la última atención, el codemandado ordenó la derivación del paciente al Hospital Municipal de Agudos “Pedro Ecay” de Carmen de Patagones; (iv) que más tarde las autoridades de este nosocomio decidieron su derivación al Hospital Zatti de la localidad de Viedma, donde finalmente falleció el 13 de enero de 2006 (conf. constancias de la causa penal).
El magistrado entendió que no mediaban en la especie razones suficientes para adjudicar al profesional una negligencia en la atención del paciente. Manifestó que el galeno había efectuado un análisis prudente de la situación conforme la sintomatología y antecedentes narrados por el paciente, teniendo en cuenta, asimismo, que en la localidad de Bahía San Blas no se registraban casos de intoxicaciones con conservas caseras, y que quienes acompañaban a Sposetti no presentaban síntoma alguno. Agregó que el médico decidió derivar al paciente a un centro de mayor complejidad, ni bien pudo advertir que los síntomas aumentaban.
Subrayó que recién en el momento de la derivación el cuadro presentaba características semiológicas que permitían sospechar de la presencia de la enfermedad. Puso de relieve que una vez llegado el paciente al Hospital de la ciudad de Viedma, debió dilucidarse entre más de un diagnóstico para así poder arribar a la conclusión de que se trataba de una infección por botulismo.
Concluyó, así, que no mediaba error de diagnóstico de parte del médico tratante, ya que en la determinación de las causas posibles de la enfermedad el Dr. Orona había actuado con el grado de diligencia profesional que le era exigible.
Finalmente, rechazó la responsabilidad enrostrada al mentado sujeto.
1.6. De conformidad con lo anterior, desestimó –por su parte- la responsabilidad atribuida al Municipio con sustento en la defectuosa atención médica brindada por el agente del nosocomio estatal, ya que al no haberse probado la negligencia del profesional interviniente, resultaba improcedente responsabilizar en su carácter de empleadora a la Municipalidad de Patagones.
1.7. Fijada la responsabilidad del codemandado Redondo, analizó la existencia y cuantía de los rubros reclamados por los accionantes.
1.7.1. En cuanto al “daño emergente” reclamado, puso de manifiesto que –conforme lo dispuesto por los arts. 1084 y 1085 del Código Civil –t.a.-, cabía presumir iuris tantum que la muerte del Sr. Sposetti había provocado un daño susceptible de apreciación pecuniaria a sus hijos y cónyuge, que se traducía en la privación de la fuente productora de ingresos que proporcionaba la subsistencia del grupo familiar (vivienda, salud, educación y esparcimiento).
Puntualizó que para la medición pecuniaria de este daño, era necesario sopesar no sólo el nivel de vida que llevaba la familia, sino también las posibilidades económicas del causante de haber podido prestar alimentos; que también el análisis del caso sería distinto según se tratare de hijos menores o mayores, pues los primeros eran quienes se encontraban -por regla- en la imposibilidad de procurarse los fondos para la subsistencia (arts. 265, 267. 367 inc. 1º, del Código Civil –t.a.-).
Puso de relieve: (i) que Evelyn J. Sposetti y Augusto Ezequiel Sposetti eran menores de edad y que convivían con la Sra. Elda J. Córdoba, viuda de la víctima; (ii) y que José Vicente Sposetti y Luis Alberto Sposetti eran estudiantes y que su madre solventaba la mayor parte de sus gastos; (iii) que María Fernanda Sposetti, Silvio Sergio Sposetti y Javier Gerardo Sposetti eran casados y mayores de edad (conf. constancias obrantes en el expediente separado donde tramitó el beneficio de litigar sin gastos, al que remitió).
Teniendo en cuenta dichos parámetros, las edades y condiciones personales de los actores Evelyn Janet Sposetti (4 años), Augusto Ezequiel Sposetti (8 años), Luis Alberto Sposetti (21 años), José Vicente Sposetti (22 años) y Elda Jorgelina Córdoba al momento del fallecimiento del Sr. J. A. Sposetti, juzgó que “la indemnización por daño emergente” debía ascender a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) para Evelyn Janet Sposetti, a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) para Augusto Ezequiel Sposetti, a suma de pesos sesenta mil ($ 60.000) para Elda Jorgelina Córdoba, a la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000) para Luis Alberto Sposetti y a la de pesos sesenta mil ($ 60.000) para José Vicente Sposetti.
No obstante ello, y “toda vez que la carga de probar el daño recae sobre quien reclama la reparación”, considerando que los actores María Fernanda Sposetti, Silvio Sergio Sposetti y Javier Gerardo Sposetti no habían probado el rubro en análisis, rechazó a su respecto la reparación reclamada.
1.7.2. Por otro lado, fijó en concepto de “pérdida de chance” la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00) para Evelyn Janet Sposetti, pesos cuatro mil ($ 4.000,00) para Augusto Ezequiel Sposetti, pesos dos mil ($ 2.000,00) para Luis Alberto Sposetti, pesos dos mil ($ 2.000,00) para José Vicente Sposetti y pesos dos mil ($ 2.000,00) para Elda Jorgelina Córdoba. Empero, rechazó el resarcimiento peticionado en este segmento por María Fernanda Sposetti, Silvio Sergio Sposetti y Javier Gerardo Sposetti, por no haber acreditado el daño cuya reparación procuraban.
1.7.3. Finalmente, en cuanto al daño moral, y teniendo en cuenta las condiciones personales de los actores, fijó el rubro en la suma de pesos cien mil ($ 100.000,00) para Elda Jorgelina Córdoba, y en la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000) para cada uno de los restantes accionantes, es decir Javier Gerardo Sposetti, Luis Alberto Sposetti, Silvio Sergio Sposetti, María Fernanda Sposetti, José Vicente Sposetti, Augusto Ezequiel Sposetti y Evelyn Janet Sposetti.
En tales términos dictó el veredicto de condena.
2. El codemandado Oscar Aurelio Redondo se agravia del fallo y deduce recurso de apelación a fs. 965/976.
2.1. Sostiene que su parte no tuvo ninguna vinculación con el hecho de autos, por lo que mal puede declararse su responsabilidad.
Plantea, al respecto, que no se encuentra probado que su parte vendiera conservas en la localidad de Bahía San Blas. Afirma, por el contrario, que no ejerce el comercio ni realiza actividad lucrativa, que no posee un local destinado al expendio de alimentos ni cuenta, lógicamente, con habilitación de ningún tipo, sea de alimentos o de cualquier otra actividad. Niega haber vendido a la víctima un frasco de ostras en escabeche. Agrega que en el expediente no obra un solo comprobante que pueda respaldar aquella supuesta operación, razón por la cual no le resulta aplicable la legislación citada en el fallo. Refiere que tampoco obran constancias que demuestren que el producto fue adquirido en el inmueble de su propiedad.
Manifiesta que el único elemento que relaciona al suceso investigado con su parte es la identificación de un envase con una etiqueta, y el hecho de su afición por la preparación –aunque no con una finalidad comercial- de escabeches y conservas de productos alimenticios de la zona, práctica en la que tenía experiencia y que era conocida por los vecinos del lugar.
Aclara que los productos que elaboraba siempre estuvieron destinados al consumo personal. Asevera que siempre respetó los procesos de cocción, preparación y envasado establecido en las normas técnicas y en los usos y costumbres. Adiciona que cuenta con conocimientos calificados en la materia, ya que tiene aprobado el curso oficial de Manipuladores de Alimentos (Nivel Básico) y, asimismo, a la fecha del hecho era beneficiario del Programa de Aprovechamiento Productivo de la Ostra del Pacífico en el Partido de Patagones, por disposición del Director Provincial de Fiscalización de la Actividad Pesquera.
2.2. Asimismo, postula que no existe certeza en punto a que el supuesto frasco que adquirió el difunto estuviera contaminado con Toxina Botulínica Tipo “A”. Indica que tal conclusión se basa, exclusivamente, en el análisis de laboratorio practicado por el Instituto Malbran sobre un frasco entregado por quienes acompañaban al Sr. Sposetti (Avenatti y González), días después de la ingesta de las ostras.
Pretende restar todo valor a la mencionada muestra, cuya procedencia cuestiona, destacando que muy poco se sabe acerca de las precauciones que se adoptaron, es decir, si fue adecuadamente conservada, si estuvo en contacto con otros alimentos, o si sufrió algún tipo de adulteración. En contraposición, aduce que los restantes frascos que obraban en su domicilio (21 en total) fueron debidamente analizados en el Instituto Malbran (fs. 716/736) y en el Instituto Nacional de Alimentos (fs. 757/767), exámenes que en todos los casos arrojaron resultado negativo.
2.3. Expresa, a renglón seguido, que aun en la hipótesis improbable de que el frasco objetado estuviera efectivamente infectado, no existen pruebas fehacientes que acrediten que Sposetti falleciera a causa del consumo de las ostras en cuestión, pues la intoxicación bien pudo originarse por la ingesta de otros alimentos y/o otras causas diversas a la que aquí se analiza.
2.4. Subraya, a todo evento, que no puede responsabilizarse a su parte por el agravamiento del cuadro y la posterior muerte del Sr. Sposetti, pues estas consecuencias se produjeron -exclusivamente- por la mala praxis en que incurrió el médico demandado agente del centro asistencial del municipio, quien no supo detectar a tiempo los síntomas del cuadro que cursaba el paciente ni adoptar las medidas de atención correspondientes para revertir la situación clínica. Resalta que si el médico estatal hubiera suministrado oportunamente la antitoxina que se emplea en estos casos, el paciente habría salvado su vida.
Concluye, por ello, que no puede haber atribución de responsabilidad respecto del codemandado Redondo, por los sucesos e irregularidades acaecidos durante la atención médica de Sposetti.
2.5. Por otra parte, se agravia de la cuantificación efectuada en el fallo respecto del daño patrimonial derivado del deceso del Sr. Sposetti, pues –a su juicio- no se encuentra suficientemente acreditada la actividad que realizaba el difunto, los ingresos que percibía y los restantes extremos que se tienen en cuenta para mensurar lo que habitualmente se conoce con el nombre de “valor vida”.
2.6. Con todo, también repudia la condena establecida en concepto de daño moral, pues el monto fijado escapa al criterio de razonabilidad, redundando en un indebido enriquecimiento para los accionantes. Hace reserva del Caso Federal y solicita el acogimiento del recurso de apelación interpuesto.
3. Los accionantes, a su turno, deducen recurso de apelación contra la sentencia de grado a fs. 978/987. Se agravian del fallo en cuanto rechazó el reclamo dirigido contra el Municipio de Carmen de Patagones y el codemandado Juan Carlos Orona, en su carácter de médico de la Comuna. También esgrimen críticas en punto a los rubros indemnizatorios evaluados por el juez de grado.
3.1. Manifiestan, en primer término, que el Municipio demandado debe responder como consecuencia de la omisión en que incurrió en el ejercicio de su poder de policía. Aducen que era de público conocimiento que en la localidad de Bahía San Blas, de no más de 500 habitantes, se elaboraban y vendían ostras en conserva no solo en el local explotado por Redondo, sino en otros domicilios. Agregan que el codemandado Redondo promocionaba su actividad con carteles muy visibles a la vera de la ruta de ingreso a la localidad, de modo que el Municipio mal pudo alegar desconocimiento sobre dicha situación.
Sostienen que la explotación del codemandado, si bien irregular, no era oculta, por lo que se hallaba al alcance de la inspección municipal. A su modo de ver, si se hubiera ejercido debidamente el control, la Municipalidad hubiera detectado la actividad precaria del demandado y los sucesos de marras no habrían tenido lugar. Entiende, por tanto, que en el sub lite se ventila un claro supuesto de omisión ilegítima del Municipio, respecto de una actividad de control sanitario y bromatológico que resultaba razonable y plenamente exigible en el caso.
3.2. Seguidamente, se refieren a la responsabilidad médica que entienden le cabe al Sr. Juan Carlos Orona y al Municipio de Patagones. Aducen que el profesional incurrió en una negligencia médica por la cual debe responder, dado que no supo diagnosticar el verdadero cuadro que presentaba Sposetti ni aplicar oportunamente el suero que hubiera salvado la vida del paciente. Hacen referencia a los testimonios prestados por González y Avenatti (acompañantes de la víctima), quienes desde un primer momento habían manifestado al galeno que Sposetti había consumido ostras en conserva.
Consideran que dicha información, sumada a los síntomas que cursaba el paciente, resultaba de suma importancia y brindaba elementos suficientes al profesional médico como para, cuanto menos, sospechar de la presencia de botulismo y adoptar dentro de la primeras veinticuatro (24) horas las precauciones exigidas por las reglas del arte, que hubieran permitido evitar el fatal desenlace.
Peticionan, entonces, que se revoque la sentencia en este segmento y que la condena se haga extensiva tanto al codemandado Orona, como al Municipio de Carmen de Patagones, en los términos del art. 1112 del Código Civil (t.a.), como titular del establecimiento público asistencial donde el profesional se desempeñaba, por la falta de servicio en la que se incurrió en la atención del paciente.
3.3. Por otro lado, se agravian del rechazo del daño patrimonial dispuesto por el juez de grado respecto de los coactores María Fernanda Sposetti, Silvio Sergio Sposetti y Javier Gerardo Sposetti. Entienden que los reclamantes son personas con limitados recursos económicos (lo que habría sido acreditado en el beneficio de litigar sin gastos), de modo que la circunstancia de ser mayores de edad no constituye un valladar para la concesión del daño. Particularmente agregan que, ante la muerte del Jefe de familia, Javier Gerardo Sposetti debió hacerse cargo de la manutención y asistencia económica de su madre y de hermanos que estudian, por lo que se encuentra debidamente patentizado el daño patrimonial reclamado.
3.4. Por otro lado repudian, en términos generales, los montos indemnizatorios fijados por el juez de grado para reparar el daño emergente, la pérdida de chance y el daño moral, los que consideran notoriamente exiguos para compensar los detrimentos sufridos. Peticionan, por tanto, la elevación de los respectivos parciales.
II. Brindaré respuesta al interrogante planteado.
1. En razón de la diversidad de planteos que han esgrimido los litigantes, resulta necesario delinear, ante todo, el esquema de trabajo que he de seguir en su tratamiento, respetando la prelación lógica que ciertos tópicos puedan merecer en la consideración, con el fin de proporcionar una respuesta jurisdiccional clara, capaz de poner fin al conflicto instalado.
Así, me abocaré –en primer orden- al análisis del cuestionamiento principal que el codemandado Oscar Aurelio Redondo plantea en su memorial, con el fin de desacreditar la valoración probatoria que realizó el juzgador, respecto de los antecedentes fácticos sobre los que se edificó su responsabilidad patrimonial. Más tarde, me adentraré en las críticas que los accionantes formulan en su escrito recursivo, en pos de hacer efectiva la responsabilidad que –rechazada por el juez de grado- predican respecto del Municipio de Patagones y el médico Juan Carlos Orona, en concurrencia con la del restante codemandado. Y aunque sujeto a la suerte de aquellos tópicos, corresponderá –en última instancia- analizar el mérito de las críticas que tanto los actores como el codemandado Redondo -cada uno según su perspectiva- direccionan contra los rubros de condena fijados por el a quo, para determinar si aquéllos resultan o no ajustados a derecho y si, en definitiva, procede o no su modificación.
Sin más acotaciones me abocaré a la labor propuesta.
2.1. El codemandado Oscar A. Redondo pretende escapar a la responsabilidad civil que le fuera atribuida, planteando –básicamente- que no existen pruebas fehacientes que permitan sustentar su vinculación con el evento dañoso, en los términos en que fuera reconstruido por el fallo de la instancia, a su juicio de un modo meramente dogmático. Con tal dirección procura poner en crisis todos y cada uno de los extremos fácticos que hacen a la conformación de la plataforma del caso, labor que por momentos despliega con cierta agudeza argumentativa, y por otros solo acompaña con simples negativas o discrepancias de parte, inhábiles para sustentar su apelación.
Como sea, adelanto que -a mi juicio- sus cuestionamientos carecen de entidad para revertir la suerte adversa que lleva en el juicio. Los elementos de convicción colectados, apreciados de conformidad con las reglas la sana crítica racional (art. 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.), me permiten ratificar la validez de la hipótesis fáctica planteada en la demanda, respecto de la responsabilidad directa que le cabe a dicho demandado en la serie de sucesos trágicos que, lamentablemente, derivaron en el fallecimiento de quien en vida fuera José Alberto Sposetti.
2.2. Así, tras repasar las constancias de la causa, tengo para mí que el Sr. José Alberto Sposetti, procedente de la provincia de Córdoba, arribó en los primeros días de enero de 2006 a la localidad de Bahía San Blas (Partido de Patagones), en compañía de los Sres. Hermes Danilo Avenatti y Francisco Fabián González, para pasar allí unos días y realizar excursiones de pesca. Que el día 6 de enero, luego de embarcarse, concurrieron al establecimiento conocido como “El Solar de la Bahía”, de propiedad del codemandado Oscar Redondo, donde Sposetti adquirió un frasco de otras en escabeche que habían sido elaboradas artesanalmente por el sujeto demandado. Que si bien el referido local estaba destinado al rubro lavandería, allí también se realizaban otras actividades, como la venta de artesanías y de conservas caseras. Asimismo, tengo por acreditado que el alimento que Redondo vendió Sposetti se encontraba contaminado con toxina botulínica Tipo “A”; que éste último consumió las ostras en la misma fecha, momentos después de haber dejado el negocio del demandado, contrayendo botulismo, intoxicación que finalmente lo llevó a la muerte.
2.3. Lo anterior se desprende, en primer término, de la declaración que tanto en sede penal como en este juicio de daños prestaron los testigos Hermes Avenatti y Francisco González, cuyos relatos revisten significativa importancia, por cuanto se trata de las únicas personas que estuvieron en el lugar, por fuera de Sposetti y el dueño del local.
Sumamente ilustrativa es la exposición del primero de los nombrados, quien -al repasar lo ocurrido el 6 de enero de 2006- expresó que “ya en tierra firme, los tres fueron al pueblo y pararon en un negocio de ramos generales,… donde Sposetti preguntó por algún lugar donde vendieran ostras en conserva, y le recomendaron un lugar cuyo frente tenía un cartel que rezaba <lavandería y artesanías>”. Agregó que “en el interior del local había en exhibición distintos frascos conteniendo escabeches de ostras y otros frutos de mar”, poniendo especialmente de resalto que “los mismos estaban en un estante, sin refrigeración”. Que tras charlar con el propietario del lugar sobre temas de la pesca, “Sposetti compró un frasco mediano de ostras en escabeche, pagando por éste la suma de quince pesos”.
Refirió que luego de ello dejaron el lugar y regresaron a cabaña que estaban alquilando, donde Sposetti -alrededor de las 19:30/20:00 horas- preparó una “picada” con ostras y pan y comenzó a comer solo; “que pudo observar que Sposetti comió aproximadamente medio frasco de ostras”, mientras que el declarante y el Sr. González no probaron un solo bocado “dado que no les gustan” (cfr. fs. 161/163 de las actuaciones penales N° 104.582, agregadas por cuerda; ver también declaración testimonial brindada a fs. 815 de estos autos). Tal narración resulta concordante con la de Francisco González, quien puntualizó que -luego de la excursión de pesca- regresaron al pueblo en busca de provisiones para el día siguiente, dando con un negocio en el que compraron víveres y facturas de panadería.
Que Sposetti preguntó dónde podía adquirir ostras en conserva, y allí se le indicó que “fuera a comprar a la <lavandería>, que era un negocio que estaba a algunas calles desde la costa”, donde se elaboraban productos artesanales. “Que ya en la lavandería Sposetti le pidió al dueño ostras en conserva”; resaltó “que había una estantería con frascos de ostras y pulpito en escabeche”, los cuales no estaban refrigerados. Que finalizada la transacción fueron inmediatamente a la cabaña que rentaban, donde el testigo “y su amigo Avenatti se pusieron a limpiar la camioneta, a la par que Sposetti sacó una tabla de madera y preparó las ostras… con pan,... abrió el frasco y se sentó a comer”. Con todo, subrayó que ni su parte ni Avenatti comieron ostras, “dado que no les gusta” (cfr. fs. 164/166 de la causa penal cit.; ver también declaración testimonial brindada a fs. 816 de estos autos).
La información aportada por los testigos presenciales se complementa con la declaración del Sr. Ángel Alberto Casella, quien por entonces se desempeñaba como Encargado del Destacamento de Policía de Bahía San Blas. El mentado agente tomó conocimiento de que un turista se había intoxicado al consumir el contenido de un frasco de ostras en escabeche, elaborado artesanalmente por un vecino de la localidad. Así, en el marco de la investigación que fue ordenada ante el comunicado de las autoridades hospitalarias de que “se trataría de un caso de botulismo”, dijo en sede penal que quien “había elaborado y vendido el producto resultaba ser el ciudadano Oscar Aurelio Redondo”, en cuyo domicilio se constituyó a fin de proceder al secuestro de diez (10) frascos de conservas iguales a las consumidas por la víctima.
Resaltó que Redondo “posee un comercio de lavandería, no hallándose habilitado para la elaboración de productos alimenticios”. “Que el mismo los producía en forma artesanal, y cuando concurría algún turista al que ya conocía de temporadas anteriores…, vendía algún frasco”. Agregó que “los frascos poseían un pequeño rótulo a modo de propaganda, que indicaban donde los habían elaborado” (cfr. fs. 43/45 de la causa penal cit.).
Y a en el marco de esta causa, el Sr. Casella amplió el relato de lo sucedido. Expuso que la lavandería del Sr. Redondo era un negocio familiar, meramente informal, ya que se hacía todo en su casa (cfr. fs. 436 vta. de autos). Adujo que allí mismo el demandado preparaba artesanalmente y vendía conservas caseras. Más tarde, dijo que “el Sr. Redondo nos informó que había sido quien le había vendido el frasco de ostras a Sposetti”, no recordando puntualmente si se había referido concretamente a la víctima por su apellido o como el “turista cordobés”. Apuntó que los productos que elaboraba el demandado tenían una etiqueta “como de marca” y que “en el momento en que fuimos estaba cocinando otra partida”. Recordó que finalmente se procedió al secuestro de todos los frascos pertenecientes a la misma partida que el consumido por Sposetti (cfr. fs. 864/865 de autos). Lo dicho precedentemente luce respaldado, a su vez, por la declaración de Bruno Trousdell, vecino de la localidad de Bahía San Blas, quien aseveró que en el local del demandado Redondo “se elaboraban y vendían ostras en conserva” (cfr. fs. 859 y vta. de autos). También útiles resultan las deposiciones de los testigos María Daniela Werneke (fs. 749), Luis Ángel Goro Guerra (fs., 751), Daniela Analía Paz (fs. 752) y José Daniel Colombil (fs. 753), quienes aunque no pudieron afirmar que el Sr. Redondo realizara alguna actividad gastronómica con fines comerciales -por no constarles-, sí resaltaron que el demandado elaboraba -con habitualidad- escabeche casero de vizcacha, pejerrey y de ostras.
En la misma línea, no puedo dejar de lado la declaración que el propio Sr. Redondo prestó en sede penal ante el Agente Fiscal a cargo de la investigación, en los términos del art. 308 del C.P.P. Si bien dichas actuaciones se resolvieron mediante la suspensión del juicio a prueba, instituto de índole transaccional que no implica confesión ni admisión de la responsabilidad del encartado (cfr. arg. S.C.B.A. causa C. 99.887 “Martínez”, sent. de 27-04-2011), cabe en el caso rememorar -aunque más no sea a título complementario- algunas de las consideraciones que allí esgrimió como imputado, pues resultan de interés a fin de esclarecer la situación litigiosa que aquí se ventila. En dicha oportunidad, tras negar su participación en el hecho, el aquí demandado reconoció que “El Solar de la Bahía” (inscripción que obraba en los frascos secuestrados) era el nombre que llevaba su comercio, bien que aclarando que se trataba de una empresa dedicada exclusivamente a prestar servicios de lavado de ropa al turismo y a la gente del lugar. No obstante, admitió que ahí mismo elaboraba y envasaba conservas caseras (de ostras en escabeche), en base a una añeja receta familiar de la que obtenía alrededor de doce (12) frascos por cada tanda de cocción. Puso de resalto, además, que poseía conocimientos en la manipulación de alimentos y que contaba con un permiso otorgado por la autoridad provincial para la extracción manual de ostras en la costa de Patagones. Adujo que dichos preparados no estaban a la venta, pero que “los ofrecía como una atención a los clientes de la lavandería mientras esperaban sus ropas…, a modo de agasajarlos sin comercializarlos” (cfr. declaración del imputado, fs. 248/249 de la causa penal citada). Con todo, y a fin de reforzar lo dicho, hago mérito de las fotografías adjuntadas a la causa penal (fs. 46/47 de dicho expediente), que dan cuenta de la existencia de cartelería publicitaria emplazada tanto en el camino de acceso a la localidad de Bahía San Blas (en la que se aprecia una leyenda que reza “El Solar de la Bahía - Buen Viaje - Artesanías”) como en las inmediaciones del establecimiento del demandado (donde obra un letrero con el siguiente anuncio: “El Solar de la Bahía - Artesanías - Lavandería”).
2.4. El juego armónico de los elementos sopesados, a mi juicio, es suficientemente revelador de la actividad de elaboración y venta de conservas -entre otros menesteres- que el demandado realizaba en su inmueble de la localidad de Bahía San Blas. El hecho de que el Sr. Redondo no contara con habilitación municipal no descarta que en su domicilio se ejerciera una actividad lucrativa, sino que en todo caso constituye un elemento que patentiza la informalidad con que se llevaba a cabo aquella explotación gastronómica de la que dan cuenta los testimonios precedentemente reseñados. La circunstancia que el apelante invoca en su beneficio constituye, antes bien, un indicio que decididamente ha de operar en su contra, pues me permite presumir las condiciones precarias en que se realizaba la producción y su carácter potencialmente riesgoso para la salud de las personas (arg. art. 163 inc. 5° y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
Subrayo -para más- que el rotulado de los envases de vidrio decomisados del local del demandado -a más de lo dicho respecto de los anuncios publicitarios que se hallaban ubicados en lugares estratégicos del pobladoconstituye otra muestra fehaciente de que dichos productos no tenían como destino exclusivo el de servir al consumo hogareño o privado, sino que estaban allí exhibidos con un claro sentido comercial, para ser vendidos a los clientes que visitaran el lugar. Según surge de los distintos informes incorporados al expediente, las conservas estaban etiquetadas con la leyenda “Tipo Artesanal. Establecimiento El Solar de la Bahía, conservar cubierto con aceite en lugar fresco o heladera… - Bahía San Blas - Patagonia Argentina” (cfr. Comunicado del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, obrante en copia a fs. 34 de autos; informe producido por el Instituto Nacional de Alimentos, fs. 759/766 de autos). De todo ello se colige -en mi opinión- la intención lucrativa del fabricante del producto, ya que no resulta razonable suponer que un alimento que supuestamente es elaborado para consumo propio -como alega el apelante- sea rotulado con anuncios de esas características, que de ordinario suelen consignarse con fines publicitarios -a más de informativos- para dar a conocer el nombre o la marca del productor de la mercadería. En definitiva, y aun cuando pudiera aceptarse a todo evento que aquellas conservas eran ofrecidas gratuitamente “como una atención a los clientes de la lavandería” (como afirmó el demandado en sede penal), lo cierto es que ello no deja de ser parte de una estrategia comercial tendiente a seducir y captar al adquirente del bien o servicio, lo que decididamente coloca al demandado bajo la óptica de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (cfr. arts. 1°, 2°, 3° y ccds. de la ley citada), con las obligaciones y responsabilidades que la aplicación de dicho instrumento normativo conlleva. Sobre este punto volveré más adelante.
2.5. Esclarecido lo anterior, he de señalar que la presencia de toxina botulínica en las ostras consumidas por Sposetti surge del informe del laboratorio practicado sobre el frasco de conservas que los acompañantes de la víctima entregaron en el Hospital Zatti de la ciudad de Viedma (donde el paciente fue derivado a causa del agravamiento de su cuadro), institución que -ante la sospecha de pudiera tratarse de un caso de botulismo- envío inmediatamente aquellas muestras a la autoridad nacional especializada en la materia (cfr. declaraciones testimoniales de fs. 161/163 y fs. 164/166 de la causa penal, cit.). Al cabo del estudio, practicado en el mismo mes de enero de 2006, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (“Dr. Carlos G. Malbran”), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, detectó la “presencia de esporas de Clostridium botulinum a partir del cultivo del alimento en caldo Tarozzi y toxina botulínica Tipo A a través del examen directo en ratones albinos en la muestra de ostras en conserva”. El examen arrojó un resultado “positivo” de “botulismo tipo A” (cfr. fs. 571/573 y fs. 731/733).
La investigación del organismo con competencia técnica resulta concluyente sobre el punto en análisis y su fuerza de convicción no merma por la sola circunstancia de que los restantes exámenes practicados sobre los envases pertenecientes al mismo lote que el infectado arrojaran resultado negativo, respecto de la presencia de toxina botulínica (cfr. fs. 160/166). La conclusión personal que elabora el demandado con apego a un simple dato aritmético y comparativo resulta meramente conjetural, pues no se apuntala en ningún elemento técnico o científico que surja del expediente. De las constancias de autos es posible inferir, por el contrario, que la certeza en el diagnóstico de botulismo no se halla supeditada a que todo el muestreo perteneciente a una misma partida arroje resultado positivo, al cabo de los exámenes de laboratorio. La toxina no necesariamente tiene que presentarse en todos los envases peritados, pues su evolución constituye un fenómeno que depende de la concurrencia de una serie de factores que bien pueden verificarse en un caso, y en otros no haber alcanzado tal grado de desarrollo. Viene al caso tener presente que el botulismo es una enfermedad muy severa causada por una bacteria (“clostridium botulinum”). Estas bacterias pueden vivir en alimentos mal enlatados, mal conservados, o fermentados de preparación doméstica. En entornos pobres de oxígeno, la bacteria produce la toxina que genera la enfermedad (cfr. Glosario de Salud confeccionado por el Ministerio de Salud de la Nación, “Botulismo”, recuperado en la fecha de www.argentina.gob.ar.). El caso de las ostras es uno de aquellos que amerita especiales cuidados, dado que son bioacumuladoras y pueden contener en su interior importantes cantidades de toxinas, capaces de poner en riesgo a quien las consuma (cfr. Informe de la Dirección Provincial de Pesca, obrante a fs. 25 del expte. administrativo N°2900-71170/2013 del Ministerio de Salud, agregado por cuerda al principal). El denominado botulismo alimentario se origina, entonces, a partir del ingreso de esporas a un alimento que presente las condiciones ideales para desarrollar y producir la toxina (nutrientes, temperatura, anaerobiosis). El ingreso de esporas puede ocurrir durante la elaboración, manipulación o conservación del alimento en condiciones higiénicas inadecuadas (cfr. Informe del Instituto Nacional de Enfermedades Infeccionas, de fs. 732/733, citado).
A la luz de dichas premisas, puedo concluir que la ausencia de toxina botulínica en las restantes conservas no constituye un elemento que pueda enervar el rigor científico del examen de laboratorio practicado sobre el alimento concreto que consumió la víctima (que en el caso se encuentra debidamente individualizado), el que evidentemente fue preparado, envasado y manipulado en condiciones tales que permitieron el desarrollo de la toxina. El muestreo de todos los productos pertenecientes a un mismo lote puede ser de utilidad -tal vez indiciaria- en aquellos supuestos en que el alimento ingerido por el paciente no haya podido ser identificado (o debidamente conservado), o bien cuando se investigue un posible caso de contaminación generalizada (v.gr. por algún vicio o defecto sistemático en el proceso de elaboración), que afecta al lote del alimento. Por el contrario, cuando la contaminación se circunscribe a un caso específico, en cuyo desarrollo pueden incidir -como vimos- factores particulares que no necesariamente tienen que replicarse en los restantes alimentos del lote, los resultados de los exámenes practicados sobre otras unidades de la misma partida no resultan -entonces- determinantes para descalificar el análisis técnico que sobre una muestra determinada constató la presencia de la toxina. Tal es la situación que se verifica en el presente caso.
2.6. Igual de conjeturales resultan las apreciaciones del apelante, en cuanto pretende poner en crisis el valor de la muestra que dio resultado positivo, alegando -en su defensa- que los acompañantes de la víctima pudieron ser quienes posibilitaron la formación de la toxina, a partir de la deficiente conservación del producto. Dicha afirmación no luce respaldada por ningún elemento de convicción, por lo que resulta inhábil para sustentar su tesis. Aunque ello es suficiente para rechazar la crítica del quejoso, agrego -para más- que de la declaración prestada por los testigos Avenatti y González se deduce que éstos en todo momento velaron por la adecuada conservación de la muestra, manteniendo el recipiente sospechado bajo condiciones de refrigeración, hasta su entrega a las autoridades (cfr. fs. 161/163 y fs. 164/166 de la causa penal, cit.). Si bien no obran mayores precisiones sobre el punto, observo que el comportamiento que describen los declarantes se amoldaría a lo que dictan los estándares sobre recolección de muestras vigentes en el campo de la ciencia especializada, según los cuales todas las muestras alimentarias deben ser refrigeradas, mantenerse en lo posible en su envase original y examinadas lo más rápidamente posible (conf. “Manual de Procedimientos - Diagnóstico de Botulismo en Muestras Clínicas y de Alimentos”, Año 2007, documento elaborado por el Departamento de Bacteriología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos Malbran”, Centro Regional de Referencia de la Organización Mundial de la Salud para América del Sur -recuperado en la fecha del sitio oficial de la Biblioteca Virtual de Salud -www.bvs.org-).
Con todo, y en refuerzo de lo hasta aquí expuesto, pongo de resalto que la relación de contemporaneidad que existió entre la venta del producto, su ingesta casi inmediata por parte del paciente y la subsiguiente aparición de los síntomas propios del botulismo (aspecto en el que me detendré en detalle al abordar la responsabilidad médica que se endilga a los restantes demandados), constituye otro elemento de peso adicional que razonablemente me permite arribar al convencimiento de que las ostras en escabeche elaboradas por el dueño del local ya estaban contaminadas cuando Sposetti adquirió el producto en el establecimiento “El Solar de la Bahía” (arg. arts. 163 inc. 5°, 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
2.7. La presencia de botulismo en el organismo del paciente también se acredita con el examen del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, organismo que en relación “a la solicitud de diagnóstico de botulismo en muestra de suero sanguíneo del paciente Sposetti José internado en el Hospital Zatti de Viedma, Río Negro”, determinó “la presencia de toxina botulínica” (cfr. informe de fs. 732 cit.; ver en igual sentido dictamen médico pericial producido en autos, fs. 882 y ss.). Dicho informe constituye un elemento de juicio de trascendental importancia en la reconstrucción histórica de los sucesos que hacen al presente caso. El estudio de laboratorio aporta el dato científico necesario que, sumado a las probanzas ya reseñadas, permite conectar causalmente a la actividad del demandado (v.gr. elaboración y venta de conservas contaminadas) con la intoxicación que sufrió el Sr. Sposetti al ingerir aproximadamente el contenido de medio frasco de ostras en escabeche, momentos después de haberlas adquirido en el negocio de Oscar A. Redondo, contrayendo una gravísima enfermedad que, lamentablemente, días más tarde desencadenó su muerte.
2.8. Como puede apreciarse, existen elementos de juicio, precisos y concordantes, que permiten sustentar la responsabilidad del demandado; se encuentra suficientemente acreditada la imputabilidad fáctica del suceso (v.gr. elaboración y venta de conservas infectadas), la intervención directa que el mencionado producto nocivo tuvo en el caso (en tanto fue efectivamente consumido por el adquirente) y, finalmente, la conexión causal entre dicho acontecimiento y el daño sufrido por la víctima (que a raíz de ello contrajo botulismo).
La responsabilidad del productor vendedor que ocasiona un daño al consumidor como consecuencia del vicio o riesgo de la cosa tiene carácter objetivo, encuentra anclaje normativo en los arts. 40 y ccds. de la Ley 24.240, y su fundamento está dado por la violación al deber de seguridad que existe en toda relación de consumo, según el cual el “el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa” (art. cit.) asume una obligación de resultado consistente en la provisión de un bien inocuo, es decir no dañino y que sirva adecuadamente a su destino normal de consumo. Según marca la ley aplicable al caso, las cosas deben ser suministradas en forma tal que, utilizadas en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o la integridad física de los consumidores (cfr. art. 5 y ccds. de la Ley cit.).
2.9. Demostrados los presupuestos de la responsabilidad civil del demandado, es carga del fabricante del producto acreditar que el evento dañoso obedeció a una “causa ajena” (cfr. art. 40 cit.), es decir distinta a aquella que lógicamente cabe inferir según el curso ordinario y natural de las cosas (arg. art. 901 y ccds. del Código Civil -t.a.-; norma de fondo vigente a la fecha del hecho).
El demandado Redondo pretende eludir el reproche que le cabe alegando que no puede responsabilizarse a su parte por el agravamiento del cuadro y ulterior deceso de Sposetti, pues estas consecuencias se produjeron -exclusivamente- por el obrar negligente en que incurrió el profesional médico del Municipio de Carmen de Patagones (también demandado), quien no supo detectar a tiempo los síntomas de la enfermedad que cursaba el paciente, ni adoptar las medidas de atención correspondientes, que hubieran permitido salvar su vida.
A mi juicio, el planteo del apelante no puede ser acogido.
La muerte derivada de una intoxicación por botulismo es -cuanto menos- una consecuencia mediata que resulta imputable al demandado, pues empleando la debida diligencia y atención hubiera podido preverla (arg. art. 904 del Código Civil -t.a-). Era plenamente previsible para Oscar Redondo que la elaboración artesanal y clandestina de conservas de ostras con destino de consumo humano, ajena a toda pauta mínima de bioseguridad e higiene, constituía una actividad que engendraba un severo riesgo para la salud de las personas, máxime cuando tal empresa era realizada en un poblado de unos pocos habitantes, donde el acceso a las prestaciones de salud, generalmente, no suele ser el mismo que el que se puede obtener en las instalaciones asistenciales de los grandes centros urbanos.
Observo que el demandado no era un sujeto cualquiera en relación a los hechos del caso. Se encontraba capacitado para la manipulación de alimentos (cfr. constancia de aprobación de Curso de Manipuladores de Alimentos -fs. 229-) y gozaba de un permiso otorgado por la autoridad provincial de pesca para la extracción -no elaboración ni comercializaciónde ostras, en el marco del “Programa de Aprovechamiento Productivo de la Ostra del Pacífico en el Partido de Patagones” (cfr. Disposición N° 210/2002 -obrante a fs. 221/224 de autos y fs. 7/11 del expte. administrativo N° 5100-29.712/2013, agregado por cuerda a esta causa-; Disposición N° 338/2003 -fs. 14/18 del expte. adm. citado-; Disposición N° 58/2004 -fs. 20/23 del expte. cit.-; Disposición N° 415/2005 -fs. 26 del expte. citado-; Disposición N° 493/2006 -fs. 27 del expte. citado-; Disposición N° 493/2006 -obrante a fs. 228 de estas actuaciones).
Por su posición, el demandado tenía entonces pleno conocimiento del peligro que entrañaba la manipulación de moluscos bivalvos, actividad que -por ello mismoestaba sometida a una intensa regulación por parte de la autoridad provincial. La realización de cada una de las facetas de la actividad productiva requería de una expresa habilitación del órgano competente, previo cumplimiento de las regulaciones de policía propias de cada sector; de ello se desprendía la terminante prohibición de ejercer toda otra faena distinta de la permitida, incluida la comercialización directa, ya sea de ejemplares vivos o procesados para consumo humano (cfr. art. 16 y ccds. de la Disposición N° 58/04 cit.). Repárese, en lo que aquí atañe, que los beneficiarios de un permiso para la extracción de ostras -como el que poseía Redondo- “no podían comercializar el producto cosechado sin previo aviso a la autoridad competente, a fin de realizar las correspondientes inspecciones, tomas de muestra y etiquetados de lotes…, además de tener la certificación que acredite un nivel de Toxina Paralizante de moluscos menor a las 400 Unidades Ratón/100 gr., según lo establecido en el Código Alimentario Argentino” (cfr. Informe del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, fs. 55 del expte. adm. 5100-1528/2010 cit.; cfr. arts. 23, 24 y ccds. de la Disposición N° 58/2004 citada; véase asimismo Informe de la Dirección de Pesca del 19-4-2010, en la que se pone de resalto que el establecimiento del demandado no se hallaba registrado ante la autoridad provincial).
En fin, podemos resumir que la recolección de moluscos en las costas se encuentra prohibida por vía de principio general, a fin de salvaguardar la salud pública. La Provincia otorga permisos de extracción a permisionarios de la zona, los que están compelidos a enviar el producto a plantas habilitadas previo análisis de toxinas, para comercializar de esta manera un producto seguro. Un alimento procesado no puede salir a la venta sin un previo examen que determine su aptitud para el consumo humano (cfr. Informe de la Dirección de Pesca cit., fs. 25 del expte. administrativo N° 2900-71170/2013).
La celosa regulación de la industria no obedece al mero capricho de la autoridad local; aun cuando existe un suero (antitoxina) que aplicado oportunamente incrementa las probabilidades de revertir el cuadro, lo cierto es que el consumo de un alimento contaminado puede acarrear consecuencias fatales. Un molusco con niveles mortales de toxina no presenta cambios de color, olor, sabor, aspecto o consistencia. De ahí el riguroso catálogo de precauciones que se imponen sobre el particular (cfr. “Consuma Ostras Seguras, Ostricultura en San Blas y Los Pocitos”, Publicación de la Dirección Provincial de Pesca, recuperada en el día de la fecha del sitio oficial de la Gobernación: www.gba.gov.ar).
El demandado era, pues, plenamente consciente de las restricciones normativas y de la potencialidad dañosa de la actividad, no obstante lo cual se lanzó -sin ningún tipo de reparo- a procesar y comercializar conservas de ostras en la clandestinidad y bajo condiciones de salubridad nulas o cuanto menos sumamente precarias. Vale recordar, por caso, que aquella explotación era realizada en un inmueble donde, además, funcionaba un lavadero de ropa de carácter informal. La claridad del cuadro descripto me releva de mayores comentarios.
Con todo, cabe recordar que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos (art. 902 del Código Civil -t.a.). Tal regla de derecho resulta directamente aplicable al presente caso, ya que -por la vinculación especial que tenía con la industria- el demandado debía obrar con un elevado estándar de diligencia, que fue completamente desoído en el caso. A tenor de lo expuesto, juzgo que no existen méritos para eximir -siquiera parcialmente- al Sr. Oscar Redondo de la plena responsabilidad que le fuera adjudicada por la sentencia de grado.
Su actividad entrañaba un riesgo potencialmente letal. La Organización Mundial de la Salud es sumamente gráfica cuando describe a la toxina botulínica como “una de las sustancias más mortales que se conocen” (cfr. Centro de Prensa de la O.M.S., “Botulismo”, Nota descriptiva, Octubre de 2017, documento recuperado en el día de la fecha del sitio oficial del organismo internacional: www.who.int./mediacentre/factshhets/fs270/es/). La elaboración y venta de un producto alimenticio que portaba una toxina imperceptible con aptitud para causar la muerte de quien lo consumiera no puede ser relativizada con la liviandad que propone el demandado, quien pretende descargar la causalidad del suceso fatal en la conducta de un tercero (médico del centro de asistencia municipal), quien no habría detectado a tiempo la patología que presentaba la víctima y retrasado el tratamiento de la enfermedad. Sin perjuicio de lo que más adelante me abocaré de lleno a dicha problemática, anticipo en lo que interesa al presente tópico que la actuación del mencionado profesional ha de tener fundamental importancia a la hora deslindar la responsabilidad civil que se le imputa a título personal (por acortar con su impericia las expectativas razonables de curación con que contaba el paciente), mas en modo alguno puede servir de pretexto válido para amortiguar la incidencia causal que el obrar del demandado Redondo tuvo en el hecho, quien, reitero, intoxicó a una persona con una sustancia que -per se- resultaba apta para causar la muerte de una persona.
2.10. Finalmente, no observo que el hecho de la propia víctima haya tenido una incidencia causal relevante en el hecho dañoso. Como vimos, no existen pruebas de que la contaminación del producto haya obedecido a una defectuosa conservación imputable a quien lo adquirió; por el contrario, todos los elementos de convicción apuntan a que la contaminación se produjo en el puesto de elaboración y venta, donde Redondo desarrollaba su actividad. Me remito a lo expuesto en el considerando “2.6.”, en honor a la brevedad.
Tampoco advierto que la víctima hubiera asumido un riesgo indebido al adquirir y consumir el producto. Quien tenía conocimientos en el campo de la manipulación de alimentos era el demandado Redondo, no así el turista profano que acudió a su local por recomendación de los vecinos de la localidad, basado en la confianza que de suyo inspira el consejo de los lugareños, y con la expectativa de que allí podría degustar los mejores productos típicos de la zona; todo ello sin dejar de sopesar la mayor vulnerabilidad en que se encuentra una persona que se halla gozando de un descanso vacacional, situación en la que -por lo general- el sujeto no se halla en permanente vilo o continuo estado de alerta (me remito nuevamente a la declaración de los testigos Avenatti y González, supra citada; véase también publicación periodística del Diario local “Noticias de La Costa”, Comarca Viedma - Patagones, de fecha 14-1-2006, en la que se hace alusión a que el hombre que vendió el producto contaminado que adquirió Sposetti era un comerciante muy reconocido y estimado en la comunidad “sanblaceña”, que se “dedicaba a la venta de ostras envasadas desde hace unos años, aunque en algunas oportunidades alternaba esa actividad con la venta de pescados” -cfr. copia obrante a fs. 31/32 de estos autos-).
He dicho, también, que una conserva infectada con toxina botulínica no ve por ello alterada su morfología, ni tampoco emana olores extraños susceptibles de despertar una especial alarma en el consumidor medio (cfr. consid. “2.9.” supra, al que me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias). En fin, las razones expuestas resultan suficientes, a mi juicio, para descartar que el obrar de la víctima pueda haber tenido una incidencia causal directa en la producción del resultado lesivo. La responsabilidad del codemandado Oscar Redondo se mantiene, pues, con carácter pleno e integral.
3. Resuelta la situación procesal del vendedor del producto, corresponde analizar la responsabilidad por mala praxis médica que los actores también predican respecto del Dr. Juan Carlos Orona, quien no ha comparecido a juicio pese a estar debidamente citado y fue declarado rebelde por el juez de grado a fs. 347.
3.1. Los herederos de la víctima aducen -en lo sustancial- que dicho profesional incurrió en una clara negligencia médica, en tanto no supo diagnosticar el verdadero cuadro que presentaba Sposetti ni, por ende, prescribir oportunamente los tratamientos que le hubieran salvado la vida. Se agravian así de lo resuelto por el magistrado, quien -por el contrariojuzgó que no mediaba error de diagnóstico del médico tratante, ya que en la determinación de las causas posibles de la enfermedad el Dr. Orona había actuado con el grado de diligencia profesional que le era exigible.
Existen en la causa elementos de peso que permiten acompañar la tesitura de los apelantes. He de desarrollar a continuación los fundamentos de hecho y derecho en que me baso para sentar tal conclusión.
3.2. Los acompañantes de la víctima señalaron de manera concordante que el Sr. Sposetti exteriorizó los primeros síntomas de un malestar físico en la mañana del 7 de enero de 2006, esto es el día posterior al que ingiriera las ostras intoxicadas. Manifestó Avenatti que en dicha jornada se embarcaron bien temprano en la mañana para salir en una nueva excursión. Resaltó que mientras pescaban “notó que Sposetti se encontraba callado, que se restregaba los ojos, que estaba distinto a como era su personalidad habitual”; “que al regresar a tierra, Sposetti vomitó y les manifestó que no veía bien, que tenía <como nubes en los ojos>” (cfr. fs. 162 de la causa penal cit.). En idéntico sentido, el testigo González dijo que “mientras pescaban… Sposetti manifestó que tenía dificultades para ver, que se le nublaba la vista. Que se encontraba desganado…, se lo veía desanimado y manifestaba estar mareado”; “que al desembarcar, Sposetti vomitó” (cfr. fs. 165 de la causa penal).
Así, ante la aparición de aquellos síntomas, los testigos acompañaron a Sposetti hasta la Unidad Sanitaria de asistencia pública de Bahía San Blas, cuya guardia se hallaba -en ese momento- a cargo del médico demandado (Juan C. Orona), dependiente del Municipio de Patagones (conf. Legajo Personal del agente, agregado a fs. 615/640 de estos obrados).
Dicho galeno revisó al paciente no en una sino en tres oportunidades durante el transcurso de la misma jornada, previo a disponer su derivación al Hospital Municipal de Patagones, ante la gravedad de un cuadro que no cesaba. En la primera visita (a las 12:00 hs.), el médico interrogó a paciente por sus síntomas; éste no solo se explayó en punto a las dolencias que lo aquejaban (dolor e imposibilidad de abrir los ojos, visión borrosa, vómitos), sino que también le manifestó que el día anterior había consumido ostras en conserva elaboradas por un productor de la zona, siendo la única comida que no había compartido con sus compañeros de viaje (quienes además lo corroboraron). El médico de guardia, sin embargo, no dio mayor importancia a dichas señales de alarma y atribuyó el malestar a las largas horas de viaje que Sposetti había manejado desde la provincia de Córdoba.
En tal entendimiento, solamente prescribió al paciente unas gotas para los ojos, recomendándole que regresara a la cabaña e hiciera reposo (cfr. declaración de Avenatti -fs. 161/163 de la causa penal y fs. 815 de autos- y de González -fs. 164/166 de la causa penal y fs. 816 de autos-). La segunda intervención del profesional tuvo lugar aproximadamente tres horas después (a las 15:00 hs.). Sposetti había respetado las pautas indicadas pero no lograba revertir su malestar; se sentía cada vez peor. Sus compañeros requirieron nuevamente la asistencia del Dr. Orona, quien esta vez se hizo presente en la posada donde se alojaban. Expresó Avenatti que “a los pocos minutos llegó el médico, le tomó la presión y le dijo que estaba un poco alta, lo interrogó y le aplicó buscapina y decadrón vía endovenosa, y una pastilla bajo la lengua, mientras le medía el ritmo cardíaco con un aparato y le dijo que su pulso estaba algo bajo.
Que a partir de ese momento Sposetti comenzó a tener dificultades para hablar, como que no manejaba la lengua. Que estando acostado le costaba respirar y se sentaba para que le entrara mejor el aire”; sin embargo el médico le indicaba “que permaneciera acostado” (cfr. fs. 162 y vta. causa penal). El testigo González, a su turno, añadió que “Sposetti se agarraba de las cuchetas para caminar diciendo que no se sentía bien, que no veía bien y que no podía hablar”. Que cuando regresó el doctor “lo interrogó sobre sus síntomas, le tomó la fiebre y la presión…, le aplicó buscapina inyectable y un decadrón”. Subrayó “que Sposetti se ponía nervioso y se movía mucho en la cama, no se quedaba quieto, como si tuviera comezón en el cuerpo,... que cada vez le costaba más hablar.
Que el médico le puso una pastilla bajo la lengua”, mientras el paciente “no paraba de moverse, particularmente los brazos, que los subía y los bajaba” (cfr. fs. 165 y vta. causa penal). No obstante la gravedad del cuadro, el médico demandado dio por finalizada la consulta y se retiró del lugar. Entretanto, la condición clínica del paciente seguía agravándose. Refirió el testigo González que “Sposetti se acostó en un catre en la cocina, pero no podía estar acostado, se levantaba y apoyaba su cabeza en la mesa dejando caer los brazos, para luego volver a acostarse. Que le dieron... la pastilla que había dejado el médico y no la pudo tragar, que se ahogaba. Que le preguntaban por sus síntomas [pero] ya no hablaba, balbuceaba, intentando escribir en un papel que lo llevaran a algún lado, en alusión a un centro asistencial”.
Que en tales circunstancias fue a buscar inmediatamente al médico, “quien decidió trasladarlo al dispensario donde le puso suero y una máscara de oxígeno, dado que… no podía respirar. Que un enfermero intentaba incorporarlo y Sposetti no podía sostener la cabeza solo. Que entonces lo subieron a la ambulancia… para trasladarlo a Patagones” (cfr. fs. 165 vta./166 causa penal cit.).
El testigo Avenatti fue quien viajó en la ambulancia en calidad de acompañante. Dijo al respecto que “tras haber recorrido unos cinco kilómetros, Sposetti hizo un paro cardíaco, siendo reanimado por el médico. Que continuaron el viaje en esas condiciones hasta el Hospital de Patagones”, al que llegaron a eso de las 19:00 hs. aproximadamente. Que una vez ingresado, “el médico de San Blas le manifestó… que podía tratarse de un ACV producto de la hipertensión y que lo trasladarían al Hospital de Viedma”, donde finalmente fue internado en terapia intensiva (cfr. fs. 162 vta. de la causa penal).
La secuencia fáctica descripta precedentemente fue reconocida por el propio Dr. Orona, quien declaró en calidad de testigo en el marco de la investigación penal. Aunque con menor precisión y detalle, el profesional se refirió cronológicamente a cada una de las consultas que había realizado Sposetti, el día 7 de enero de 2006. Admitió, incluso, que los acompañantes de la víctima le indicaron “que la única comida que no habían compartido resultaba ser un frasco de ostras en escabeche” (cfr. fs. 39 de la causa penal citada). Asimismo, la ficha de atención del paciente, de puño y letra del Dr. Orona, reviste especial importancia en la reconstrucción del hecho, pues guarda sintonía con algunos de los hechos narrados por los testigos Avenatti y González (cfr. documento glosado a fs. 40 de la causa penal).
Observo, tras la reseña, que si bien las tres intervenciones del médico se sucedieron en el lapso de unas pocas horas (a las 12::00, las 15:00 y a las 17:00 -tal como lo admitió a fs. 39 de la causa penal-), lo cierto es que en ninguna de ellas el Dr. Orona llegó a sospechar siquiera de un posible cuadro de botulismo, aun cuando algunos de los síntomas más característicos de la afección ya se habían manifestado desde un primer momento, los acompañantes del paciente habían puesto especial acento en las conservas artesanales de moluscos que Sposetti había consumido el día anterior, y las dolencias de la víctima habían ido en constante aumento durante el transcurso de aquella sucesión de episodios médicos.
3.3. Enseña la bibliografía médica que los síntomas del botulismo incluyen: visión doble, vista borrosa, caída de los párpados, dificultad para hablar, dificultad para tragar, boca seca y debilidad muscular (conf. Medline Plus, “Botulismo”, Publicación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, recuperado en el día de la fecha de:
www.medlineplus.gov./spanish/botulism.html). A su vez, la Organización Mundial de la Salud describe que las toxinas botulínicas son neurotóxicas, lo cual significa que afectan el sistema nervioso. Los síntomas no son provocados por la bacteria, sino por la toxina que ella produce. Por lo general se manifiestan entre 12 y 36 horas después de la ingesta (con un plazo mínimo de cuatro horas y un máximo de ocho días). El botulismo de transmisión alimentaria se caracteriza por una parálisis flácida descendente que puede producir insuficiencia respiratoria. Los síntomas iniciales incluyen fatiga intensa, debilidad y vértigo, seguidos generalmente por visión borrosa, sequedad de boca y dificultad para tragar y hablar. También pueden concurrir vómitos, diarrea, constipación e inflamación abdominal. La enfermedad puede dar lugar a debilidad en el cuello y los brazos, y afectar posteriormente los músculos respiratorios y los de la parte inferior del cuerpo (cfr. O.M.S., publicación citada supra). En el mismo sentido, el Ministerio de Salud de la Nación refiere en su portal informativo digital que los primeros síntomas del cuadro están relacionados con el sistema nervioso, como los trastornos de la palabra, visión doble y parálisis de los miembros (documento recuperado en el día de la fecha de:
www.argentina.gob.ar/salud/glosario/botulismo).
3.4. En cuanto al tratamiento a seguir ante un posible caso de intoxicación botulínica, el tiempo juega un papel preponderante. La tasa de mortalidad es alta si no se realiza un diagnóstico precoz y se dispensa sin dilación el tratamiento adecuado -administración de antitoxina y atención respiratoria intensiva- (conf. O.M.S., publicación cit.); todos los tipos de botulismo se consideran “urgencias médicas” (conf. Medline Plus, publicación cit.).
E l Ministerio de Salud de la Nación adscribe a dichos estándares de actuación que rigen a nivel global, cuando informa que los pacientes con sospecha de botulismo deben ser hospitalizados de manera inmediata en una unidad de cuidados intensivos para vigilancia estricta y aplicación de medidas de soporte adecuado, especialmente respiratorias. Agrega que el tratamiento específico es la administración de antitoxina botulínica, sin esperar los resultados de cultivo pues estos tardan varios días. Siendo que la aplicación de la antitoxina tiene por objetivo bloquear la toxina libre circulante para evitar su progresión clínica y disminuir su duración, la misma debería ser administrada precozmente, preferentemente dentro de las primeras 24 horas (Informe del Ministerio de Salud de la Nación -Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones de la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud-, producido a fs. 822/829 de estas actuaciones).
Como colofón, cabe repasar el contenido del informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de significativa importancia, por cuanto allí se detallan cuáles son los pasos a seguir ante una sospecha de botulismo en el ámbito asistencial bonaerense. La Dirección de Toxicología de dicha cartera ministerial expresó, sobre el punto, que en caso de botulismo “es esperable que el médico tratante se contacte [ante todo] con algún centro de Toxicología o Infectología, dado que es una patología compartida por ambas especialidades”. Que producida la consulta, el galeno debe: (i) confirmar la presunción diagnóstica por antecedentes, clínica y latencia (corresponde un diagnóstico diferenciado en caso de intoxicaciones con moluscos); (ii) indicar tratamiento de emergencia y estudios complementarios; (iii) informar sobre muestras para confirmación diagnóstica (tipo de muestra, condiciones y contacto con el Instituto Malbran); (iv) establecer pautas para la detección de otros posibles afectados; (v) coordinar para envío de suero específico a través de la Dirección de Emergencias Sanitarias (estimándose entre 2 a 3 horas la duración del vuelo sanitario); (vi) evaluar traslado del paciente a centro de mayor complejidad o con operatividad aeroportuaria; (vii) tener presente que el botulismo es una enfermedad que debe ser obligatoria e inmediatamente denunciada, según así lo establece la Ley 15.465 (cfr. Informe obrante a fs. 17/18 del expediente administrativo N° 2900-71170/2013 citado).
3.5. Analizando el presente caso a la luz de las consideraciones médicas ut supra transcriptas, arribo al convencimiento de que el Dr. Orona acometió con negligencia en la atención de guardia que dispensó al paciente Sposetti.
Como anticipé, desde la primera intervención el profesional demandado contaba con elementos suficientes como para, cuanto menos, levantar una sospecha fundada sobre la presencia de una posible intoxicación botulínica y poner en práctica -sin dilaciones- la medidas de tratamiento y alarma exigidas por las reglas del arte, descriptas en el apartado anterior. Los antecedentes referidos por el paciente y sus acompañantes (respecto de la ingesta de un alimento con alta predisposición a acumular importantes cantidades de toxinas -moluscos bivalvos-), sumado a los síntomas que cursaba Sposetti, eran circunstancias que el galeno no podía ignorar, máxime cuando se hallaba especializado en infectología (tal como da cuenta su sello personal estampado en la ficha de atención de guardia, fs. 40 de la causa penal -M.P. N° 2243-), campo de la ciencia médica que, como señaló el Ministerio de Salud Provincial en su informe, se enfoca particularmente en el estudio de estas patologías (cfr. expte. administrativo N° 2900-71170/2013, fs. 17/18). El paciente exteriorizó, sino todos, gran parte de los síntomas característicos de la enfermedad en examen. Con el pasar de las horas, las dolencias del paciente no solo se intensificaban; nuevos síntomas se sumaban a los ya manifestados, todos compatibles con el cuadro referido. Tal conclusión se desprende sin mayor esfuerzo del cotejo de la cronología fáctica trazada en el punto “3.2.”, con la descripción bibliográfica que fuera efectuada en el acápite subsiguiente (“3.3.”.), en punto a las características principales de la patología.
En todo caso, aun cuando pudiera sostenerse que el diagnóstico de botulismo no se había manifestado en forma inequívoca -pues los síntomas podrían corresponder a más de una enfermedad (obsérvese, por caso, que el demandado Juan C. Orona pensó que podía tratarse de un Accidente Cerebro Vascular -A.C.V.-, conforme consignó en la ficha del paciente, a fs. 40 de la causa penal cit.)-, tal circunstancia no relevaba al galeno del deber de poner en práctica las pautas de actuación y alarma reseñadas; antes bien le imponía extremar los cuidados, para verificar o descartar la presencia de las posibles hipótesis.
Puedo concluir, entonces, que el profesional falló por completo en la atención de guardia que dispensó a Sposetti. Nunca sospechó de una patología que se manifestaba ostensiblemente con sus signos propios y ordinarios, ni tampoco informó el cuadro de situación completo a los profesionales de las instituciones a donde el paciente fuera finalmente trasladado; al menos no obra en la causa una hoja de derivación específica que me lleve a sostener lo contrario.
Esto último llevó a que las instituciones asistenciales que sucesivamente se ocuparon su atención (primero el Hospital Pedro Ecay de Carmen de Patagones y, horas más tarde, el Hospital Artémides Zatti de la vecina ciudad de Viedma -donde el paciente ingresó a las 21:50 hs. del 7/1/2006 derivado con “diagnóstico presuntivo de ACV”, cfr. Hoja de Ingreso, cfr. fs. 51 de la causa penal-) no tuvieran un panorama preciso y lo suficientemente claro sobre la situación del sujeto que había ingresado en coma, con un paro respiratorio y “en emergencia extrema” (cfr. fs. 889 vta., pericia médica de autos), y se vieran compelidos a lograr, ante todo, la compensación del paciente que presentaba “complicaciones varias” (cfr. fs. 891 vta., de la pericia médica) y se hallaba en un estado de desmejoramiento progresivo, para recién luego abocarse a la determinación de las causas de la enfermedad. Así pues, la estimación de que se trataba de un caso con “alta sospecha de botulismo” fue elaborada recién el 8 de enero de 2006 a las 10:30 hs. (casi cuarenta -40- horas después de la ingesta de las ostras) por los profesionales del área de Terapia Intensiva del Hospital Zatti- (fs. 53 vta./54 de la causa penal -constancias pertenecientes a la Historia Clínica-) y confirmada en la misma fecha por el neurólogo de dicha entidad, que fue quien sentó el diagnóstico de certeza (cfr. fs. 54 de la causa penal cit. y fs. 887 de autos, correspondiente a la pericia médica).
Como puede apreciarse, todas las complicaciones verificadas parten de aquellas irregularidades cometidas por el médico demandado en el marco de la atención primaria del paciente. Dicho de otro modo, no solo le resulta imputable aquella atención deficiente que dispensó personalmente como médico de guardia de la Unidad Sanitaria de Bahía San Blas. Las consecuencias de su obrar tuvieron, asimismo, directa proyección sobre lo ocurrido en el Hospital de Viedma, pues la situación de urgencia descripta en el párrafo precedente impidió que el paciente pudiera recibir -inmediatamente- una atención terapéutica concreta, relacionada con la enfermedad que cursaba, en donde el paso de las horas -como vimos- resulta vital.
No debe perderse de vista que, al presentarse por primera vez en la guardia de la Unidad Sanitaria, el causante presentaba un cuadro que ya tenía aproximadamente unas diecisiete (17) horas de evolución (teniendo en cuenta la hora en que había consumido las ostras). De allí que el tratamiento de la afección no admitiera ningún tipo de dilación; cada minuto desperdiciado reducía considerablemente las probabilidades de recuperación, tal como he explicado en los párrafos precedentes con sustento en la doctrina médica especializada. Por tanto, el hecho de que las intervenciones del galeno se hayan sucedido en el transcurso de un puñado de horas no constituye una circunstancia que habilite a meritar su actuación de manera menos estricta; reitero, estábamos ante un caso de urgencia, que no podía tolerar tamaña impericia diagnóstica frente a la presencia de hitos reveladores de la enfermedad.
Cabe concluir, en suma, que la muerte del paciente Sposetti, acaecida finalmente el día 13-1-2006 a raíz del agravamiento de la enfermedad que cursaba (cfr. fs. 59 de la causa penal -Historia Clínica-; cfr. fs. 882 y vta. y 891 vta. de la pericia médica), guarda un adecuado nexo de causalidad con la falta profesional cometida por el médico demandado. La patología que desencadenó el deceso ya había comenzado a manifestarse con sus signos típicos al momento en que el profesional demandado atendió por vez primera al paciente en la Unidad Sanitaria municipal. Pese a ello, el galeno no tomó las precauciones mínimas que las reglas del arte dictaban, las que hubieran permitido detectar tempranamente la intoxicación y, seguramente, evitar un desenlace trágico como el ocurrido. Las probabilidades de éxito en el tratamiento de la enfermedad estaban directamente relacionadas con el tiempo de evolución del cuadro.
Dicho ello, no paso por alto que el paciente experimentó una reacción alérgica cuando se le estaba suministrando -el día 10/1/2006 a las 23:00 hs.- el suero antibotulínico, lo que motivó que el tratamiento debiera suspenderse abruptamente ante la gravedad de la situación (cfr. constancias correspondientes a la Historia Clínica, fs. 55 vta./56 causa penal cit.). Empero, considero que tal eventualidad causal no posee entidad suficiente como para neutralizar la responsabilidad que pesa sobre el demandado; es que aquella reacción anafiláctica no cerraba definitivamente la puerta a la aplicación de la antitoxina, en tanto existía la posibilidad de que aquel obstáculo fuera sorteado mediante la administración de hidrocortisona y antihistamínicos (tal como consta en la pericia médica practicada en la causa, cfr. fs. 892). Como sea, de más está decir que el campo de acción y maniobra de los profesionales del nosocomio rionegrino frente a eventualidades como la descripta -así como las probabilidades de éxito en el tratamiento empleado- hubiera sido otro si el diagnóstico de la patología se hubiera efectuado de manera precoz y temprana, falencia ésta que -repitoresulta directamente atribuible al demandado Orona. Mal no viene dejar sentado, sobre el particular, que en la labor judicial difícilmente pueda conocerse con absoluta verdad cómo ocurrieron los antecedentes relevantes de una causa; es por tal razón que, en su lugar, se exige a la judicatura que –en base a las probanzas reunidas- forme una suficiente convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 94.004 “L., D.”, sent. del 20-08-2008). Ello es particularmente predicable en el campo de la responsabilidad profesional, en la cual ante la imposibilidad de hablar de certezas, las conclusiones han de sentarse –como he intentado- apelando razonablemente a un sistema de regularidad estadística, que no puede más que contentarse con una fuerte o suficiente dosis de probabilidad (doct. S.C.B.A. causas C. 94.004 “L. d. A., L.”, sent. del 20-08-2008; C. 97.827 “L., C.”, sent. del 9-04-2010; arg. doct. esta Cámara causa C-4099-AZ1 “Casas de Málaga”, sent. del 9-06-2014).
Así, las circunstancias relevadas a lo largo del presente voto ponen de manifiesto que la omisión del profesional médico recortó toda expectativa plausible de recuperación con que contaba la víctima. La conducta desplegada por el galeno demandado permite inferir una negligencia causal al fatal resultado (arts. 901, 902, 1109 y ccds. del Cód. Civil -t.a.-), en tanto la inadecuada asistencia derivó en un agravamiento del cuadro del causante que lo llevó, a la postre, a su muerte.
3.6. Para terminar, todo lo dicho hasta aquí me autoriza a discrepar fundadamente con la conclusión sentada por el perito médico oficial que dictaminó en estos obrados (Dr. E. O. Landera -cfr. fs. 882/893 y fs. 899/904-), quien entendió que el demandado Orona había efectuado “un análisis lógico de la situación” (cfr. fs. 887), pese a que previamente había reconocido: (i) que la bondad de un diagnóstico precoz minimizaba los riesgos de la enfermedad (cfr. fs. 884); (ii) que “el antecedente de ingesta de productos en conserva.... lleva fácilmente a la sospecha de botulismo” (fs. 885); (iii) que era presumible que los síntomas de la enfermedad se hubieran evidenciado al momento de la primer consulta médica, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la ingesta de las ostras (cfr. fs. 888); (iv) que ante la existencia de los síntomas clásicos y la referencia del consumo de ostras, el profesional médico estaba en condiciones de sospechar de la presencia de botulismo (cfr. fs. 890 vta.).
Las mencionadas expresiones del auxiliar de justicia resultan contradictorias con aquella opinión final que sentó sobre la actuación del codemandado. Juzgo, además, que el perito ha valorado la conducta del galeno con una liviandad que no se corresponde con el cuadro de situación que revelaron las constancias de la causa, y que tampoco resulta compatible con lo que dictan los estándares de la ciencia médica, desarrollados a lo largo de este voto (pto. “3.4.”). Median, pues, razones suficientes que me habilitan a prescindir de la pericia en lo que atañe a este segmento del debate (arg. 474 del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.); la prueba pericial no es imperativa ni obligatoria, pues ello convertiría al perito -auxiliar del juez- en autoridad decisoria dentro del proceso (arg doct. S.C.B.A. causas C. 120.101 “Pacheco”, sent. del 17-08-2016; C. 120.646 “R., D. J.”, sent. del 12-07-2017, entre otras).
En consecuencia, juzgo que corresponde decretar la responsabilidad patrimonial del Dr. Juan Carlos Orona por el hecho de marras, en los términos y con el alcance que será determinado al analizar los rubros de condena.
4. A raíz de lo decidido en el punto precedente, y toda vez que al momento del hecho el demandado Juan C. Orona se hallaba asegurado en la compañía “Federación Patronal Seguros S.A.” (Póliza N° 141.774, de responsabilidad civil derivada de lesiones y/o muerte de terceras personas provocadas involuntariamente y derivadas del ejercicio de la actividad profesional -conf. reconocimiento efectuado por la citada en garantía a fs. 296 y comprobante de póliza de fs. 268/287-), corresponderá hacer extensiva la condena a dicha entidad aseguradora, en los mismos términos que ha sido dictada respecto del médico demandado, y en la medida del seguro de responsabilidad civil contratado (arg. doct. esta Cámara causa C-6333-BB1 “Covello”, sent. del 7-06-2016; arg. arts. 109, 118 y ccds. de la Ley 17.418).
5. Determinada la responsabilidad del profesional médico, dependiente de la Unidad Sanitaria Municipal, corresponde que ella sea extendida a la Municipalidad de Patagones, titular del establecimiento, por incumplimiento o ejercicio irregular del servicio de salud (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 102.658 “C., A.”, sent. del 5-X-2011).
5.1. El caso se sitúa en el terreno de la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita, basada en la idea objetiva de falta de servicio (arg. art. 1112 del Código Civil -t.a.-; arg. doct. esta Cámara causa C-2061-MP2 “Fenoy”, sent. de 22-12-2010). La prestación por el Municipio del servicio de salud pública engendra de suyo el correlativo deber de llevar a cabo medidas dirigidas a preservar la integridad física del paciente, las que -como se expuso- han sido inobservadas en la contienda que nos ocupa (doct. S.C.B.A. causa C. 97.827 “Leiva”, sent. de 9-06-2010; argto. doct. esta Cámara causa C-3492-AZ1 “Novas”, sent. del 19-12-2013).
Así, frente a un deficiente funcionamiento de la entidad de asistencia pública (materializado en el caso por el desatento proceder de uno de sus médicos de guardia), el sujeto estatal deberá responder concurrentemente, de manera directa y objetiva (doct. S.C.B.A. causa C. 101.447 “Cortés”, sent. del 2-07-2010; cfr. arg. doct. esta Cámara causa C-7304-AZ1 “Molinari”, sent. del 3-10-2017), pues quien contrae la obligación de prestar un servicio debe hacerlo en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare por su incumplimiento o ejecución irregular (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 315:1892; 317:1921; 322:139). Así habré de votarlo.
5.2. Fijada la responsabilidad plena e integral del Municipio de Patagones con base en el factor de atribución referenciado en el punto antecedente, deviene inoficioso analizar la restante causal de imputación objetiva que los actores esgrimieran tanto en el escrito de demanda como en su memorial de apelación (cfr. punto I.3.1. del relato de los antecedentes del caso).
6. Esclarecido lo anterior, corresponde analizar, ahora, la pertinencia de los rubros indemnizatorios fijados en el pronunciamiento de grado, en atención a los agravios que tanto los actores como el demandado Redondo han esgrimido en sus escritos recursivos (cfr. fs. 978/988 y fs. 965/976 respectivamente).
6.1. Me referiré, en primer término, al daño moral.
El daño moral es la privación o merma de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre como son la paz, la libertad, la tranquilidad, el honor y los más sagrados afectos. Tal rubro indemnizatorio tiende a resarcir el detrimento o lesión en los sentimientos y en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las preocupaciones tolerables (arg. doct. esta Cámara causas C-2387-MP2 “Castellanos”, sent. de 7-06-2011; C-5304-NE1 “Steffen”, sent. del 20-11-2014). Desde este mirador, no existen dudas de que la desaparición trágica, traumática y completamente evitable de José Alberto Sposetti importó, para su núcleo familiar, el sufrimiento de un profundo tormento espiritual, que difícilmente puedan superar (arg. doct. S.C.B.A. causa L. 91.884 “Arzamendía Rolón”, sent. del 18-08-2010). Por ello y sin desconocer la vertiente doctrinal que proclama, aceptablemente, la improcedencia como regla de una prueba in re ipsa del daño moral (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 102.151 “Fernández”, sent. del 12-08-2009), no puedo sino tenerlo por configurado en la especie respecto de la cónyuge y los hijos de la víctima.
Partiendo de lo anterior, cabe ahora resaltar que la suma que en concepto de daño moral se determine no se encuentra sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, encontrándose de tal modo supeditado su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciador (arg. doct. S.C.B.A. causas B. 56.525 “M., A.”, sent. de 13-02-2008; B. 51.992 “P., A.”, sent. del 7-05-2008; B. 51.148 “C., H. L.”, sent. de 18-06-2008). Por no ser susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del damnificado, proporcionándole una suma de dinero justa que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida (doct. C.S.J.N. Fallos 323:1779), pues no puede perderse de vista que la indemnización por agravio moral no es punitiva sino resarcitoria, debiendo por ello atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.751 “G., Y”, sent. de 18-07-2007; arg. doct. esta Cámara causa C-1624-DO1 “Ferrari”, sent. del 13-04-2010).
Así pues, en cuanto a la condena otorgada en concepto de daño moral, entiendo que la petición de los accionantes resulta plausible y dotada de razonabilidad. Con la mirada puesta en los parámetros interpretativos referenciados, ponderando la totalidad de las circunstancias del caso, la gravedad y la índole de los padecimientos causados por el hecho lesivo, la irreversibilidad de la pérdida sufrida por los accionantes, y la innegable repercusión del evento en los distintos ámbitos de sus vidas –entre otros tópicos-, juzgo que la cuantía resarcitoria fijada por el magistrado del grado en este punto resulta insuficiente, no alcanzando un mínimo de justicia que permita recomponer –o cuanto menos atemperar- la aflicción espiritual sufrida, a raíz de los eventos dañosos verificados en el caso, que se cobraron la vida de quien en vida fuera esposo y padre de los reclamantes.
En ese contexto, juzgo de toda razonabilidad, prudencia y mesura elevar los montos establecidos en el fallo de la instancia, de conformidad con la pretensión vertida en el memorial recursivo (cfr. fs. 986 vta.). He de propiciar, entonces, la modificación de la sentencia en este segmento de la condena y, en consecuencia, fijar en concepto de daño moral la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000,00) para la Sra. Elda Jorgelina Córdoba -viuda del causante-, y la de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000,00) para cada uno de los restantes accionantes, hijos de la víctima (arg. arts. 163 y 165 del C.P.C.C.; arts. 49, 50, 77 y ccds. del C.P.C.A.; arg. doct. esta Cámara causas C-6732-BB1 “Peláez”, sent. de 3-11-2016; C-7304-AZ1 “Molinari”, cit.), con más los intereses determinados por el magistrado. Con dicho alcance corresponderá atender el agravio blandido por los actores en su memorial y, correlativamente, repeler la queja traída por el codemandado Redondo en su embate.
Debo aclarar, finalmente, que si bien los importes fijados resultan mayores que los peticionados en el escrito de demanda, tal labor jurisdiccional no implica incurrir en una demasía decisoria violatoria del principio de congruencia, pues los actores exhibieron ab initio su intención de no inmovilizar el reclamo al monto originario, dejando a salvo que el quantum definitivo estaría librado "a lo que en más o en menos” resulte de los antecedentes del juicio, la prueba aportada y el prudente arbitrio judicial (cfr. fs. 14, escrito de demanda; cfr. arg. doct. S.C.B.A. en las causas C. 119.829 “Ruggiero”, sent. del 23-11-2016; C. 117.501 “Martínez”, sent. del 4-03-2015; C. 118.459 “Liberti”, sent. del 15-06-2016).
6.2. Resuelto el punto que antecede, me abocaré a continuación al examen de los cuestionamientos planteados por las partes en relación al daño patrimonial.
6.2.1. Sin perjuicio de la terminología difusa que empleó el a quo al abordar este tópico, y de su cuestionable decisión de desagregar el resarcimiento en dos ítems separados -sin que mediaran razones para ello- (cfr. punto “I.1.7.1.”), lo cierto es que, en rigor, ambos conceptos se encaminan -según desprendo de la letra del fallo- a recomponer una misma coyuntura fáctica: la frustración de la legítima expectativa de recibir una contribución o asistencia económica futura, que albergaban los reclamantes (esposa e hijos del causante).
Por tal motivo, a fin de analizar los cuestionamientos que se esgrimen contra el quantum de condena en concepto de daño patrimonial -sea por considerarlo exiguo o elevado-, habré de considerar unificadamente y como una misma entidad ambos parciales estimados por el a quo.
6.2.2. Hecha la aclaración, cabe recordar que la supresión de una vida, a más del desgarramiento que produce en el mundo afectivo, puede ocasionar indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental. Lo que se mide en signos económicos no es la pérdida de la vida humana que ha cesado, en tanto por sí misma carece de valor pecuniario, sino los perjuicios económicos que sufren los familiares en sus patrimonios, detrimentos que pueden ser actuales, o bien, significar la privación de ayuda futura, entendida ésta en términos de una pérdida de chance para subvenir sus necesidades (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 52.947 “Scasserra”, sent. de 7-03-1995). Será del caso meritar, pues, a estos fines, las consecuencias económicas que pudiera aparejar la brusca interrupción de una actividad, ya sea creadora, o potencialmente productora de bienes (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 331:2271, por remisión al dictamen de la Proc. Gral.).
En este orden, lo que debe resarcirse, en supuestos como el de autos, es el daño futuro cierto que corresponde a la razonable esperanza, con contenido económico, que constituye para una familia la vida de un familiar muerto a consecuencia de un hecho ilícito; esa indemnización cabe, si no a título de lucro cesante, por lo menos como pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de vivir el familiar, se hubiera concretado en una ayuda o sostén económico. Esa pérdida de posibilidad es un daño futuro que bien puede calificarse de cierto y no eventual (cfr. doct. S.C.B.A. causas Ac. 83.961 “Domínguez”, sent. del 01-04-2004 y C. 92.796 “Maidana”, sent. del 04-05-2011 –del voto del doctor Soria-; arg. doct. esta Cámara causa C-3177-AZ1 “Bravo”, sent. del 01-11-2012). Así, lo que se suele llamar cotidianamente “valor vida” no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran o serían destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía, o que en la segunda hipótesis fuera razonablemente a producir (doct. C.S.J.N. Fallos 316:912; 317:728, 1006 y 1921; 318:2002; 320:536; 322:1393; 323:3614; 324:1253 y 2972; 325:1156). Para fijar la indemnización por el valor vida será menester computar las circunstancias particulares tanto de la víctima como de los damnificados: edad, grado de parentesco, composición del grupo familiar, profesión, ingresos, posición económica y social, expectativa de vida, entre otros aspectos (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 310:2103: 317:1006; 324:2972; 325:1277; arg. doct. esta Cámara causa C-6336-MP1 “Castaño”, sent. del 15-12-2016).
6.2.3. Las constancias de la causa revelan, al respecto, la siguiente información útil: (i) que el difunto Sposetti tenía un taller mecánico en la provincia de Córdoba, donde vendía repuestos y prestaba servicios propios del rubro, especializándose en maquinaria agrícola, puntualmente en tractores de la marca “John Deere” (cfr. declaraciones de Avenatti, fs. 815 de autos; González, fs. 816 y Gerardo Ruatta, fs. 817); (ii) que tenía una “buena clientela” (cfr. declaración de Avenatti, fs. 815), estaba “trabajando mucho” (cfr. declaración de F. González, fs. 816) y era un “referente como mecánico en la zona” (cfr. testigo Ruatta, fs. 817); (iii) que proveía regularmente servicios de mantenimiento mecánico a empresas de la zona (cfr. informe de la firma “La Coronda S.R.L.” obrante a fs. 798 y comprobantes de facturación correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005 por prestación de servicios a dicha empresa, fs. 771/797; véase también informe de la gerencia de la firma “Osvaldo Fantini y Cía. S.R.L.” y facturas adjuntadas a fs. 798/811); (iv) que al momento del hecho Evelyn Janet Sposetti tenía cuatro (4) años de edad, mientras que Augusto Ezequiel Sposetti tenía siete (7) años (cfr. poder de fs. 6/8); que conviven con su madre y viuda del causante Elda Jorgelina Córdoba (aspecto que no es cuestionado); (v) que si bien José Vicente Sposetti y Luis Alberto Sposetti eran mayores de edad al momento del hecho (21 y 20 años respectivamente), aun cursaban estudios y dependían económicamente del sostén que les proporciona su madre (aspecto evaluado por el a quo que arriba incontrovertido); (vi) que María Fernanda Sposetti (28 años al momento del hecho -cfr. 24-), Silvio Sergio Sposetti (30 años al momento del hecho -cfr. fs. 24-) y Javier Gerardo Sposetti (27 años al momento del hecho; cfr. copia del D.N.I. de fs. 3-), también hijos del causante, son casados (conforme evaluó el a quo) y a la época de suceso ya no vivían en el hogar de su padres.
Las circunstancias referenciadas fueron tenidas en consideración por el juez de grado, para otorgar un resarcimiento a la viuda del causante (Elda Jorgelina Córdoba) y a los hijos que se hallaban bajo la dependencia económica del difunto (Evelyn Janet Sposetti, Augusto Ezequiel Sposetti, Luis Alberto Sposetti y José Vicente Sposetti), en razón de sus edades y situación especial.
6.2.4. Los beneficiarios de dicha compensación pecuniaria se agravian de la suma fijada en el fallo, que reputan insuficiente y exigua; el codemandado Redondo, en cambio, aduce que no existen pruebas que permitan apuntalar los arbitrarios montos estimados por el juzgador.
Sin embargo, juzgo que sendas críticas tan solo traducen una mera discrepancia subjetiva con lo decidido que carece de entidad para revertir la solución del fallo de la instancia (arg. art. 56 inc. 3° del C.P.C.A.). Aquellas circunstancias tenidas en cuenta por el a quo, no pueden ser descalificadas sin un sólido desarrollo argumentativo. Los actores no exponen ni indican qué otros elementos tendrían que haberse ponderado para estimar con mayor bondad y amplitud la pérdida de chance derivada de la muerte del jefe del hogar familiar (cfr. fs. 986/987 del memorial), rubro en cuya justipreciación inciden factores probabilísticos y en el que el prudente arbitrio del juez de la causa juega un papel preponderante. En similar sentido, el codemandado se queja en abstracto de los medios probatorios en los que se basó el magistrado, mas no explica por qué dichos elementos carecerían de idoneidad o fuerza probatoria para estimar -aunque más no sea indiciariamente- el rubro en examen (cfr. fs. 973 vta./976).
En fin, observo que, al momento de fijar la cuantía del perjuicio, el a quo efectuó un ejercicio mesurado de la prerrogativa judicial, que no ha sido suficientemente descalificado por los recurrentes (arg. arts. 165, 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
6.2.5. Finalmente, he de rechazar el agravio que plantean los restantes hijos del causante (María Fernanda Sposetti, Silvio Sergio Sposetti y Javier G. Sposetti), respecto de quienes la indemnización derivada de la pérdida de chance fue desestimada, en razón de la mayoría de edad que tenían al momento del suceso y, principalmente, por falta de pruebas que acrediten el sostén o ayuda económica que les proporcionaría su padre.
Los apelantes aducen encontrarse en un estado económico apremiante, que se acentuó con la muerte de su progenitor, de quien dependían económicamente pese a que eran mayores de edad. Sin embargo, dichas aseveraciones de los recurrentes no lucen respaldadas por las constancias de la causa, lo que me lleva a desestimar la queja que ensayan.
Observo, antes bien, que los apelantes realizarían algún tipo de actividad laboral por la que perciben ingresos mensuales y regulares (cfr. surge de la sentencia dictada en el incidente donde tramitó el beneficio de litigar sin gastos, del 23-10-2010, causa N° 10-583 de trámite ante el Juzgado de origen -cfr. www.scba.gov.ar.- Mesa de Entradas Virtual), que se encuentran casados y que no habitan en el hogar de su difunto padre al menos desde el año 2008 (conforme se colige de la información consignada en la demanda -fs.
9. y de la que obra en el poder judicial de fs. 24/26). Tales indicios, lejos de respaldar la tesis de los apelantes, permiten refrendar la postura del magistrado, en cuanto consideró que no se hallaría demostrado que, en el sub lite, el causante contribuía a la subsistencia de sus hijos mayores de edad (arg. arts. 1079, 1084 y ccds. del Código Civil -t.a.-; arg. arts. 375, 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
Si bien la adquisición de la mayoría de edad no constituye una circunstancia apta para neutralizar -per se- el reclamo del hijo que aduce que su padre le proporcionaba asistencia material (pues de verificarse, la privación de aquella ayuda constituiría un daño resarcible -conf. arts. 1079, 1084 del Código Civil, t.a.-), está claro que su situación no es la misma que la de aquellos otros hijos que, al encontrarse en un estado de total dependencia económica y afectiva en relación con sus progenitores, se presume que el deceso de uno de ellos importa privar a ese hijo de lo que resulta imprescindible para asegurar su subsistencia. En el caso de un hijo mayor de edad, por el contrario, cabe ser más cautos en la ponderación de los elementos de juicio y los antecedentes que se invocan para justificar el daño; es dable exigir -como lo hizo el a quo- un mínimo sustrato probatorio que demuestre la dependencia material con la persona fallecida. Es de toda razonabilidad analizar de manera particularizada la situación de los reclamantes, a fin de no generalizar aquellas variables que tienen que ver con sus condiciones personales (arg. doct. esta Cámara causa C-3591-AZ1 “Victorero”, sent. del 26-03-2013). El fallo de la instancia, por tanto, no resulta merecedor de reparos, lo que me lleva a proponer el rechazo del agravio en cuestión.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por el codemandado Oscar A. Redondo y confirmar la sentencia en cuanto fue materia de impugnación. Las costas del embate deberían ser cargadas por el apelante vencido (art. 51inc. 1° del C.P.C.A. -t. ley 14.437-). Por otro lado, sugiero hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por los actores y, en consecuencia: (i) acoger la demanda resarcitoria dirigida contra los codemandados Juan Carlos Orona y la Municipalidad de Patagones y revocar el fallo de la instancia en cuanto desestimó la pretensión entablada contra dichos sujetos; (ii) hacer extensiva la condena a la compañía aseguradora Federación Patronal S.A., en los mismos términos que ha sido dictada respecto del médico asegurado, y en la medida del seguro de responsabilidad civil; (iii) ajustar la condena en costas que porta la sentencia de grado respecto de las pretensiones aludidas precedentemente, las que deberán ser soportadas por los sujetos condenados, en su objetiva condición de vencidos (art. 274 del C.P.C.C.; arts. 51 inc. 1° y 77 del C.P.C.A.); (iv) modificar la sentencia atacada en lo concerniente a la cuantía del daño moral y, por consiguiente, elevar el importe de condena con el alcance indicado en el considerando “II.6.1.”; (v) condenar concurrentemente a todos los demandados a satisfacer la indemnización que, con el ajuste efectuado en el tópico anterior, fue dictada por el juez de la instancia; (vi) imponer las costas de alzada derivadas del embate a la citada en garantía, quien ejerció derecho a réplica y resultó vencida en lo sustancial (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. -t. ley 14.437-).
Con todo, dejo aclarado que las consideraciones expuestas a lo largo de este voto resultan suficientes para abastecer aquellos postulados superiores que –en casos como el de marras- tornan operativa la figura de la llamada adhesión implícita a la apelación (argto. doct. S.C.B.A. causas C. 101.860 “Calió”, sent. de 11-03-2009; C. 99.315 “Greco”, sent. de 25-02-2009; esta Cámara causa C-2202-MP2 “Martijena”, sent. del 12-04-2012, entre ots.).
A sí lo voto.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada en el mismo sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el codemandado Oscar A. Redondo y confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de impugnación. Imponer las costas del embate al apelante vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. -t. ley 14.437-).
2. Acoger el recurso de apelación deducido por la parte actora, con el alcance expresado en el apartado III del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de dicho embate a la citada en garantía (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. -t. ley 14.437-).
3. Diferir la regulación de honorarios por trabajos profesionales de alzada para su oportunidad [art. 31 y 51 decreto ley 8904/77, vigente al tiempo de la actuación letrada a retribuir] Regístrese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase la presente causa al órgano de origen por Secretaría.
ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ROBERTO DANIEL MORA JUEZ PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia