Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 4939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación incoado por la parte actora y, en consecuencia, modificar el fallo de grado con el alcance expresado en el considerando III del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de alzada a la citada en garantía en cuanto esgrimió réplica contra la apelación incoada y resultó perdidosa (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A; art. 274 del C.P.C.C).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Anexo único del Acuerdo S.C.B.A. n° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-4939-BB1 “TUCCIO, LILIANA Y OT. c. AGUAS BONAERENSES S.A. s. PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín, Riccitelli y Mora
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda indemnizatoria interpuesta por Liliana Tuccio y Oscar Torres contra Aguas Bonaerenses S.A. En consecuencia, condenó a la demandada y a la citada en garantía (en su caso, con el alcance establecido en la póliza n° 43741), a abonar a la actora, en el plazo de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación, la suma de pesos doce mil quinientos ($ 12.500). A ese monto adicionó la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días (conforme pautas fijadas por la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa B. 62.488 “Ubertalli”, sent. del 18-05-2016, por mayoría), desde el 10 de noviembre de 2009 hasta su efectivo pago. Impuso las costas del juicio a la vencida y postergó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad (sent. del 12-05-2022).
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 18-05-2022 (contestado por la citada en garantía en fecha 24-05-2022), y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. El juez de grado decretó la responsabilidad patrimonial de Aguas Bonaerenses S.A. por los daños y perjuicios sufridos por los accionantes, luego de tener por acreditado que el día 10 de noviembre de 2009 Liliana Tuccio y Oscar Torres protagonizaron un accidente en la vía pública, al impactar su vehículo marca Renault 12 (Dominio: UYN-871) con una tapa de tormenta que se encontraba peligrosamente sobresalida en medio de la calle.
Establecida la responsabilidad por falta de servicio de la demandada, se abocó al análisis de los daños reclamados.
1.1. Por un lado, en lo que respecta al daño emergente por los gastos de reparación del vehículo, valoró las fotografías acompañadas, la declaración del testigo Héctor José Silva y el presupuesto adjuntado del taller de “Chapa y Pintura” de Jorge J. Grandes e Hijos S.R.L. del 17 de Noviembre de 2009 (fs. 9). A partir de tales elementos, fijó el daño del vehículo en la suma de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500).
1.2. Por otra parte, por la privación de uso del automotor siniestrado determinó la cifra de pesos diez mil ($ 10.000), en ejercicio de las facultades previstas en el art. 165 del C.P.C.C.
1.3. Por último, en cuanto al daño moral, luego de sopesar “la acotada fundamentación expuesta en demanda del daño reclamado por los actores, circunstancia que no contribuye a una acabada ponderación del rubro”, estableció por tal concepto el importe de pesos tres mil ($ 3.000).
2. Disconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación. Se agravió de la estimación de daños practicada por el a quo en el fallo, la cual -a su juicio- resulta insuficiente.
Explicó que el proceso inflacionario imperante en nuestro país ha desactualizado el crédito indemnizatorio, por lo que corresponde aplicar alguna variable de ajuste que permita resguardar el principio de la reparación plena y oportuna de los daños sufridos por su parte como consecuencia del accidente que tuvo lugar el 10-11-2009.
Puntualizó que la indemnización de daños y perjuicios, como la que compone la pretensión de autos, constituye una deuda de valor, por lo que su estimación debe realizarse al momento más cercano al pago y no a valores históricos, como impropiamente lo hizo el juez de la instancia. Concluyó que la suma fijada en la sentencia deviene desajustada a la realidad económica, por lo que mantener su imperio vulnera gravemente los derechos de su parte. Por lo expuesto solicitó que, a los fines de reestablecer el equilibrio alterado por la inflación, se revoque parcialmente la decisión recurrida y se ordene la adecuación de los rubros indemnizatorios admitidos a valores actuales.
II. Asiste razón a los apelantes.
1. La indemnización por daños, en la persona o en los bienes de la víctima, ha sido considerada, por regla, como un supuesto típico de deuda de valor, cualquiera sea el deudor de dicha prestación (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas C. 87.704 “Gerez”, sent. del 14-11-2007; C. 120.536 “Vera”, sent. del 18-04-2018; C. 121.134 “Nidera S.A.”, sent. del 03-05- 2018; C. 121.649 “Valentín”, sent. del 26-12-2018; C. 121.190, “Loria”, sent. del 17-02-2021; C. 123.271 “Brizuela”, sent. del 31-03-2021 -del voto del doctor. Soria-).
A diferencia de las obligaciones de dar sumas de dinero en las que, desde el momento de su constitución, el deudor debe una cantidad de moneda determinada o determinable (cfr. art. 767 del Código Civil y Comercial de la Nación), el objeto prestacional de las obligaciones de valor se conforma con una pauta de referencia, que no está expresado en dinero al momento en que se genera, aunque luego su realización exige una traducción en tales términos de aquello que se debe (cfr. art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación).
La deuda de valor se caracteriza porque la prestación no está integrada por dinero sino por un valor (un quid y no un quantum), aunque se extinga la obligación pagándose una suma de dinero, y para ello se liquida el crédito o beneficio a fin de convertirlo en la moneda que será el medio de satisfacerla (conf. doc. S.C.B.A. causa C. 121.649, "Valentín”, cit). De esa forma, y sin perjuicio de que ambas configuran, en rigor, obligaciones de dar, en la obligación de dinero se debe cabalmente una suma de dinero y, en la otra, el deudor debe entregar al acreedor un valor determinado (un bien, una utilidad, etc). En la primera, el importe dinerario constituye el objeto propio de la obligación, mientras que, en la segunda, esa cifra ocupa el lugar del objeto de ésta y como representativo de aquel (conf. doc. esta Cámara causas A-12984-MP0E “Uría”, sent. del 15-02- 2024; A-12723-MP0E “Oneto”, sent. del 22-02-2024; entre otras). En otros términos, en la deuda de dinero el objeto de la prestación es la moneda misma. Desde su origen -y, obviamente, hasta su extinciónlo debido es una suma de dinero. Se dice, por ello, que éste esta in obligatione y, de ahí, in solutione. En cambio, en la deuda de valor, el dinero no es propiamente el objeto de la prestación, sino solo el medio que permitirá liquidarla y cancelarla; aparece in solutione, no in obligatione. Lo debido aquí es un valor abstracto, constituido por bienes, que el deudor debe procurar al acreedor; y el cual resulta patrimonialmente abstracto a ser determinado luego en dinero (conf. Méndez Sierra, Eduardo C; “Obligaciones Dinerarias¨, Ed. El Derecho, Buenos Aires 2016, pág. 260; en sentido similar, Lorenzetti, Ricardo L, (Director); “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Rubilzal Culzoni Editores, Santa Fe 2015, pág. 157). Esto es, se debe un valor pero se paga en dinero (conf. S.C.B.A. causa C.87.704, “Gerez”, cit).
En tal contexto, el temperamento referido inicialmente es el criterio de ponderación que, en lo sustancial, ha observado esta Alzada en su jurisprudencia reciente, a la hora de meritar bajo pautas de actualidad los daños reclamados en pretensiones de naturaleza resarcitoria, dentro del marco de conocimiento de cada causa y teniendo en consideración la naturaleza de la relación jurídica controvertida, el alcance de lo reclamado por las partes, la conducta asumida por éstas a lo largo del proceso y los límites impuestos por el principio de congruencia, entre otros factores de orden casuístico propios de cada asunto enjuiciado.
Así, a fin de garantizar el derecho de las víctimas a una reparación plena (arg. art. 17 de la Const. Nacional; cfr. doct. C.S.J.N. Fallos: 308:1160, 308:1118, 308:1109, 321:487, 327:3753), este Tribunal se mostró proclive a que, de acuerdo a la índole de los daños reclamados, y en la medida que el elenco de capítulos indemnizatorios así lo permita, la determinación del monto del resarcimiento pueda ser diferida para la etapa de ejecución de sentencia (liquidación), con arreglo a las directrices y pautas previamente determinadas en el fallo (cfr. arg. doct. esta Cámara en causas C-11968-BB1 “Guidobono”, sent. del 29-2-2024; C-12175-BB1 “Ramírez”, sent. del 14-03-2024; C-13062-BB1 “Maas Martínez”, sent. del 18-04-2024; entre otros).
Se trata de una herramienta concebida a fin de mitigar los vaivenes económicos que son de público y notorio conocimiento. Es que, de no acudirse a una solución que contemple el deterioro patrimonial que la depreciación monetaria provoca, el crédito quedaría protegido de la inflación solo hasta su cuantificación en la sentencia, y de allí en más se encontraría a merced de las vicisitudes económicas imperantes, sobre todo en aquellos pleitos susceptibles de arribar a la instancia extraordinaria, cuyo tránsito podría insumir un tiempo considerable susceptible de erosionar la indemnización al compás de la inflación. De allí que, a criterio de esta Alzada, la postergación de la conversión de la deuda de valor para la etapa de la liquidación opera, a priori, como un mecanismo útil y alternativo para proteger el crédito en épocas de crisis e inestabilidad económica.
Por ello, al no mediar impedimento para supeditar la cuantificación del daño al momento de la liquidación (dado que el art. 772 del Código Civil y Comercial no prescribe un momento rígido para la conversión de la deuda de valor, sino que genéricamente contempla el “momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda”, brindando de tal modo, a los jueces, la facultad de determinar, razonablemente, en qué ocasión definir el precio de mercado de la valía que compone el objeto de la obligación), tal solución -a criterio de este Órgano de apelación- permite que el contenido económico del resarcimiento mantenga su valor económico hasta que el fallo adquiera firmeza y se arribe a una instancia de pago.
El mecanismo propuesto, en fin, contribuye de mejor manera a resguardar los postulados vigentes en materia de reparación plena del daño y guarda coherencia con la doctrina del Superior Tribunal provincial, según la cual si el juez está facultado para fijar prudencialmente el importe debido en el acto de sentenciar, nada le impide -si median circunstancias que así lo impongan- que difiera tal determinación a las resultas del procedimiento que considere pertinente (cfr. arg. doct. S.C.B.A. en causas C. 101.107 “Arbizu”, sent. del 23-3-2010; C.117.926 “P., M.G.”, sent. del 11-2-2015; C. 116.674 “Malianni”, sent. del 13-12-2017; C. 116.233 “Suparo”, sent. del 13-12-2017; C. 110.648 “Siete de Diciembre S.A.”, sent. del 13-12-2017; C. 116.139 “Club Argentino de Merlo S.A.”, sent. del 21-2-2018).
Es un principio aceptado en materia de daños que la reparación debe ser integral, plena o íntegra, nociones equivalentes que trasuntan, en esencia, el imperativo constitucional de la reparación del daño, que no es otro que restituir, en lo posible, con la modalidad y amplitud que establece el ordenamiento, la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas A. 72.518 “Torino”, sent. del 16-3-2016; A. 72.673 “González”, sent. del 18-10-2017; A. 72.650 “E., G. B.”, sent. del 15-8-2018).
Así, la violación del deber de no dañar a otro genera la obligación de reparar el menoscabo causado y tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades, reparación que debe ser integral y que no se logra si los daños subsisten en alguna medida (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 335:2333; cfr. arg. doct. esta Cámara causa C-1226-AZ1 “Viñales”, sent. del 26-10-2023).
El art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación, pauta general aplicable a toda disciplina jurídica (cfr. arg. doct. C.S.J.N. Fallos: 308:118; 315:1731; 320:1996; 327:857; 327:3753) y de la que se desprende la reparación integral del daño, cuyo norte es procurar la justa reparación de todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio o en sus derechos o facultades (cfr. arg. doct. C.S.J.N. Fallos: 335:2333; 340:345; 340:1038; doct. esta Cámara causa C-10894-MP1 “Barrera”, sent. del 29- 6-2021).
Como colofón, corresponde destacar que el criterio de valoración adoptado por este Tribunal para garantizar la eficacia de tales postulados constitucionales sobre la reparación plena se muestra en armonía con los lineamientos trazados por la S.C.B.A. en la reciente causa C. 124.096 "Barrios”, sent. del 17-04-2024, en la medida que se trata de una solución que, previa ponderación de las “variables de la economía” (conf. consid. V.8 del fallo citado), provee una solución coherente con los intereses económicos en juego y no produce una “afectación al núcleo esencial de los derechos tutelados” (conf. consid. V.8 del fallo cit), sino que, antes bien, procura resguardarlos. Y máxime cuando, en lo que concierne a las obligaciones de valor, el precedente mencionado mantiene -en sustanciala doctrina legal establecida en las causas C. 120.536 “Vera” y C. 121.134 “Nidera S.A.”, ya citadas.
En tales circunstancias, y a la luz de las directrices trazadas por la jurisprudencia mencionada, es posible concluir que el “mecanismo específico de preservación del crédito” (conf. consid. V.17.c. del fallo cit.) adoptado por esta Alzada constituye, en las particulares circunstancias del presente, “el curso de acción más consistente con los intereses implicados” (conf. consid. V.17.), toda vez que se trata de una “medida de protección judicial efectiva” (conf. consid. V.11. del fallo cit.; arg. art. 15 de la Constitución provincial) -entre otras posibles-, escogida por este Órgano en ejercicio del razonable margen de acción que se le ha otorgado para la búsqueda del instrumento de preservación del valor del capital que, atento las circunstancias del caso, considere más idóneo para proteger el contenido económico del crédito controvertido (conf. consid. V.17.a. y V.17.c.), en aras de propiciar -de conformidad con el derecho de propiedad y la garantía de efectividad de la tutela judicial de los derechos de las personas (arts. 17 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución provincial)- que el reconocimiento patrimonial final del capital resulte acorde al valor real de la prestación debida (v. consid. V.16., arg. art. 772 del Código Civil y Comercial).
En suma, la solución escogida opera como una forma de preservación, garantizando la incolumidad del crédito indemnizatorio reconocido en sentencia, cuanto menos hasta la etapa de la liquidación, momento en que -como se expuso- operará la conversión de la deuda de valor a unidades dinerarias. Ahora bien, corresponde subrayar que las vicisitudes económicas que pudieran acaecer durante el tramo comprendido entre la aprobación de la liquidación y el efectivo pago de la condena (hoy meramente conjeturales e hipotéticas), podrán ser oportunamente planteadas y sometidas al escrutinio judicial, en caso de sobrevenir una hipótesis de conflicto constitucional de similares contornos a la evaluada por la Suprema Corte en “Barrios”, circunstancia que, eventualmente, y de verificarse análogos presupuestos formales y sustanciales, podría dar lugar a la adopción de alguno de los mecanismos de conservación del capital allí sopesados por el Alto Cuerpo, en pos de resguardar la integridad del derecho de propiedad del acreedor (conf. arg. consid. V.16.e. y ccds. del fallo citado).
Lo dicho, huelga aclarar, lo es sin perjuicio de la posibilidad de acudir a otras alternativas válidas para determinar la cuantía del crédito bajo estándares de actualidad, cuando por la naturaleza de las obligaciones u otras circunstancias no fuese posible utilizar la modalidad de resguardo del capital antes mencionado.
2. Hecha la introducción, corresponde adecuar la indemnización fijada en la instancia de conformidad con los lineamientos expuestos, toda vez que la valoración de los rubros realizada por el a quo, de acuerdo a valores históricos y sin sopesar la coyuntura existente, no se ajusta a las pautas mencionadas.
2.1. Gastos de reparación del vehículo siniestrado:
No se encuentra en discusión que, como consecuencia del accidente de marras (ocurrido el 10-11-2009), el vehículo de la parte actora (Renault 12, Dominio UYN-871) sufrió averías que debieron ser reparadas. Conforme se desprende del presupuesto de fecha 17-11-2009 del “Taller de Chapa y Pintura de Jorge J. Grandes e Hijos S.R.L”, acompañado por la reclamante a fs. 9 (y cuya autoría fue reconocida por la firma a fs. 229), los trabajos que debían realizarse en el vehículo como consecuencia del hecho fueron los siguientes: (i) reponer: guardabarro delantero izquierdo, trineo de largueros de chasis, frente marco radiador, parrilla de suspensión, travesaño superior de caja de cambio, semieje; (ii) enderezar: largueros de chasis, pasarruedas, torretas de suspensión; (iii) alineado general; (iv) desmontar motor tren delantero y parte eléctrica; (v) pintar partes afectadas por el choque; (vi) alinear y balancear tren delantero.
Consecuentemente, y a fin de satisfacer los principios expresados en el apartado introductorio de este voto, corresponderá que la cuantificación del costo de los mencionados trabajos de reparación del rodado sea realizada en la etapa de liquidación, una vez firme la presente sentencia. A tal fin, deberá oficiarse -en esa oportunidad- al Taller mecánico identificado en el apartado precedente para que, teniendo a la vista el informe de fs. 9 -y, para mayor ilustración, las fotografías obrantes a fs. 16/35-, brinde un presupuesto actualizado de los costos de reparación oportunamente detallados (comprensivos de materiales y mano de obra), para un vehículo de similares características al de la actora. En caso de imposibilidad comprobada de obtener la información de parte de la mentada firma, juez de la instancia deberá adoptar las medidas que estime pertinentes para munirse de aquella por otros prestadores o medios afines al rubro, previa audiencia de las partes interesadas.
Con respecto a los intereses, habiéndose fijado una pauta de actualidad para la evaluación del daño, por imperio de la doctrina que emana de los precedentes de la S.C.B.A. en las causas C. 120.536 “Vera”, sent. de 18-04-2018 y C. 121.134 “Nidera S.A.”, sent. de 3-05-2018, corresponde que los intereses sean liquidados aplicando la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho (10-11-2009) y hasta la fecha en que practique la liquidación del crédito -momento a tener en cuenta para la cuantificación del daño-. De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días –vigente en los distintos períodos de aplicación y calculados de conformidad a la doctrina sentada en la causa B. 62.488 “Ubertalli” (sent. del 18-5-2016). Con dicho alcance sugiero modificar la sentencia de grado en la parcela en examen.
2.2. Privación de uso del rodado:
2.2.1. La privación de uso de un automotor se dirige a resarcir aquellos gastos que el damnificado debió afrontar a fin de trasladarse por medios de transporte alternativos al vehículo siniestrado, durante el lapso en que persista la indisponibilidad de éste (arg. doct. esta Cámara en causas C-2581-MP2 “Aguilar”, sent. del 13-10-2011; C-7378-DO1 “De Urquiza”, sent. del 01-08-2017). Por tal senda, la sola circunstancia de haberse privado al actor del uso de su vehículo representa, por regla, un perjuicio indemnizable (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa Ac. 54.878 “Municipalidad de Ayacucho”, sent. de 25-11-1997; cfr. arg. doct. esta Cámara causas C-2754-MP2 “Bracciale Escalada”, sent. del 27-03-2012; C-6563-BB1 “Serenelli”, sent. del 2-8-2016; C-8941-MP1 “Lopez”, sent. del 11-06-2019).
Sobre el tema sub examine, esta Cámara ha señalado que, aunque los gastos relativos a transporte y honorarios médicos, entre otros, deben - por regla- ser probados por quien desee obtener una compensación o resarcimiento en virtud de tales conceptos (arg. art. 375 y ccds. del C.P.C.C; art. 77 del C.C.A), no lo es menos que, en ocasiones, no resulta aconsejable predicar un excesivo rigorismo formal en la apreciación de dichos extremos ni exigir una prueba absoluta de dificultosa consecución (cfr. arg. doct. este Tribunal causas C-3001-MP2 “Galbán”, sent. del 22- 05-2012; C-5304-NE1 “Steffen”, sent. del 20-11-2014; C-8707-BB1 “Monzón”, sent. del 11-6-2019, entre otros). En estos supuestos, entonces, no será menester una prueba concluyente o específica de su realización, reconociéndose un criterio flexible para su admisión, siempre que guarden una prudente relación de causalidad con la naturaleza del daño sufrido (arg. doct. esta Cámara en causas C-1394-MP2 “Blanco”, sent. del 30-10-2010; C-10895-DO1 “Torres García”, sent. del 27-12- 2022; C-12175-BB1 “Ramírez”, cit.).
Cabe tener presente, además, que, en estos supuestos, cobra virtualidad la regla del art. 165 del C.P.C.C, precepto que faculta a los jueces a ponderar las circunstancias y determinar el monto de la condena en aquellos casos que aparece acreditado el perjuicio mas no logra justificarse acabadamente su cuantía (cfr. doct. esta Cámara causas C- 3201-MP2 “Arnone”, sent. del 3-6-2014; A-10746-AZ1 “Reyes”, sent. del 29-3-2022).
2.2.2 En esa lógica, es plausible suponer que los accionantes incurrieron en ciertas erogaciones en concepto de gastos de traslados, a raíz del siniestro vehicular objeto de marras, que les impidió valerse de ese medio de transporte.
Ante la ausencia de mayores elementos de prueba, se estima prudentemente y con apego a las máximas de la experiencia que, dada la índole de las averías que sufrió el rodado (ya mencionadas), los accionantes pudieron resultar privados del uso del vehículo por espacio de cuarenta (40) días, término que se estima a priori como razonable para llevar adelante los trabajos de mecánica, chapa y pintura descriptos en el presupuesto ut supra referenciado. Dentro de ese lapso, es dable suponer que cada uno de los accionantes tuvo que utilizar el transporte público al menos dos (2) veces por día, ya sea para dirigirse a su trabajo y/o realizar sus actividades diarias, regresando finalmente al hogar al cabo de cada jornada. Se presume, por su parte, que también se han valido - complementariamente- de otros medios de transporte alternativos, para cubrir sus distintas necesidades. Por tal motivo, se fija por todo concepto y como justo resarcimiento del rubro en análisis, un valor equivalente a: (i) ciento sesenta (160) boletos de transporte público de pasajeros por colectivo (tarifa plana); y a (ii) treinta (30) bajadas de bandera del servicio de transporte de pasajeros en vehículos con conductores autorizados bajo la modalidad de taxi. Todo ello, de conformidad con los importes vigentes en el Municipio de Bahía Blanca (jurisdicción donde ocurrió el hecho) a la época de la liquidación. Los intereses deberán ser liquidados con arreglo a las pautas expresadas en el considerando II.2.1. precedente.
2.3. Daño moral:
2.3.1. En lo que a la cuantificación de este rubro indemnizatorio refiere, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia nacional ha sostenido que la evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior atento que ni el dinero cumple una función valorativa exacta, ni el dolor puede medirse o tasarse; se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a equivalencia. Empero, el Máximo Tribunal Federal recuerda que la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado; de allí es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (cfr. arg. doct. esta Cámara causa C-6825-BB1 “Mongi”, sent. de 10-11-2016). Ahora bien, la suma que en concepto de daño moral se determine no se encuentra sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, encontrándose de tal modo supeditado su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante (arg. doct. S.C.B.A. causas B. 56.525 “M., A.”, sent. de 13-2- 2008; B. 51.992 “P., A.”, sent. del 7-5-2008; B. 51.148 “C., H. L.”, sent. de 18-6-2008; A. 72.518 "Torino", sent. de 16-3-2016; esta Cámara causas C- 5328-DO1 "Curi", sent. de 24-5-2016; C-10691-BB1 “Lemos”, sent. de 29-4-2021; C-11152-AZ1 “Grimaldi”, sent. del 29-12-2022).
Por no ser susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del damnificado, proporcionándole una suma de dinero justa que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida (doct. C.S.J.N. Fallos 323:1779), pues no puede perderse de vista que la indemnización por agravio moral no es punitiva sino resarcitoria, debiendo por ello atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.751 “G., Y”, sent. de 18-VII-2007; doct. esta Cámara causas C-1624-DO1 “Ferrari”, sent. del 13-4-2010; C-5561-MP2 “Durante”, sent. de 2-6-2015; C-12736-NE1 “Moreira”, sent. del 7-03-2024).
2.3.2. Una adecuada evaluación del caso a la luz de aquellas pautas de juzgamiento propias del justo criterio de la lógica y basadas en la experiencia y observación a las que refiere el citado art. 384 del C.P.C.C, denota que la indemnización fijada en el fallo ($ 3000.- por todo concepto) luce sumamente exigua y no constituye una equitativa composición del detrimento moral sufrido.
Consecuentemente, luego de meritar detenidamente las constancias de la causa de conformidad con los lineamientos previstos por los arts. 163, 165 y 384 del C.P.C.C. (arts. 49, 50 y 77 del C.CA; art. art. 1741 in fine y ccds. del C.C.C), correspondería incrementar la indemnización otorgada en concepto de daño moral, fijándola en el equivalente en pesos a la suma de ciento cincuenta dólares estadounidenses (U$S 150.-) para cada uno de los actores (Liliana Tuccio y Oscar Torres), de conformidad con el criterio de ponderación seguido recientemente por esta Alzada en la causa C- 13217-BB1 “Croci”, sent. del 27-06-2024, importe que le permitirá a los damnificados acceder a las gratificaciones, bienes o servicios deleitables que posean aptitud suficiente para menguar el detrimento espiritual sufrido, considerando, para ello, que en nuestro país tales bienes y servicios son usualmente expresados en moneda extranjera (art. 384 del C.P.C.C.) y que la regulación vigente establece que la obligación de valor puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico (cfr. arg. art. 772 y ccds. del C.C.C).
En orden a asegurar el derecho de las víctimas a una reparación plena, la conversión a pesos de la deuda de valor aquí expresada en moneda sin curso legal ha de quedar postergada para la etapa de la liquidación de la condena, tomando como referencia la cantidad de moneda de curso legal equivalente para la adquisición de la cantidad de la divisa referenciada bajo el mecanismo de operaciones de valores negociables con liquidación en moneda extranjera en jurisdicción local -dólar MEP-, según la cotización vigente a ese momento (cfr. arg. doct. esta Cámara causas C- 9506-BB1 “Doddi”, sent. del 4-10-2022 y C-11548-BB1 “Aguirregabiria”, sent. del 22-02-2024).
El mecanismo supra escogido para la conversión de la divisa constituye una de las alternativas lícitas vigentes para la adquisición de moneda extranjera, y que -a la fecha de este voto- posibilita, en el peculiar contexto económico actual, acceder a un tipo de cambio que brinda al acreedor la posibilidad de mantener el poder adquisitivo de su crédito, en base a variables económicas con mayor apego a la realidad que aquellas que surgirían de realizar, sin más, la conversión al tipo de cambio oficial, circunstancia que podría lesionar su derecho de propiedad. Al presente, el "Dólar MEP" resulta la cotización más acercada a la realidad del mercado cambiario minorista, y si bien es cierto que no se trata técnicamente de una cotización de moneda extranjera tal como la que conocemos históricamente, sino que configura una operación bursátil de alguna complejidad, es uno de los únicos instrumentos que permiten adquirir la divisa estadounidense en la economía diaria de los particulares (cfr. arg. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Quilmes, Sala II in re “Gancedo”, sent. del 16-6-2022; Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata, Sala II in re “Pérez” y “Palacios”, sent. del 29-12-2022; Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial La Plata, Sala II, in re "G. E. c. Provincia De Buenos Aires, sent. del 9-5-2023; Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial San Nicolás in re “Ghelfi”, sent. del 14-9-2023).
Si al tiempo de liquidar el crédito dicha modalidad de adquisición de dólares no estuviera disponible, el juez de la instancia deberá reemplazarla por un tipo de cambio análogo determinado en base a variables económicas reales y transparentes —no meramente artificiales e hipotéticas— y que no suponga para el deudor una ventaja patrimonial sin justificación en desmedro de los derechos acordados al acreedor (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial. Mar del Plata, Sala II, in re "R., K. E.", sent. del 10-06-2021, voto del Dr. Loustaunau).
Por último, los intereses deberán ser calculados con arreglos a las pautas expresadas en el considerando II.2.1. precedente.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación incoado por la parte actora y, en consecuencia, modificar el fallo de grado con el alcance expresado en los considerandos II.2.1., II.2.2.2. y II.3.2. precedentes. Las costas de alzada deberían imponerse a la citada en garantía (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A; art. 274 del C.P.C.C).
Con todo, dejo aclarado que las consideraciones expuestas a lo largo de este voto resultan suficientes para abastecer aquellos postulados superiores que –en casos como el de marras- tornan operativa la figura de la llamada adhesión implícita a la apelación (argto. doct. S.C.B.A. causas C. 101.860 “Calió”, sent. de 11-3-2009; C. 99.315 “Greco”, sent. de 25-2- 2009; esta Cámara causa C-2202-MP2 “Martijena”, sent. del 12-4-2012; C-9695-BB1 “Fernández”, sent. del 4-6-2020).
Con el alcance indicado, doy mi voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, y con igual alcance, vota a la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli no suscribe la presente en tanto se halla en uso de licencia (arts. 47 y 48, ley 5827).
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación incoado por la parte actora y, en consecuencia, modificar el fallo de grado con el alcance expresado en el considerando III del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de alzada a la citada en garantía en cuanto esgrimió réplica contra la apelación incoada y resultó perdidosa (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A; art. 274 del C.P.C.C).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese electrónicamente conf. art. 10 del Anexo Único del Ac. 4013/21 –t.o. Ac. S.C.B.A. 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Fin de la sentencia