Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 13.040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación articulado por la firma Energen S.A., revocar el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, disponer la suspensión de los efectos de la Resolución registrada como del Directorio del CGPBB N° 54/22 -y su confirmatoria N° 58/22-. La empresa solicitante de la tutela deberá, en cumplimiento de lo exigido por el art. 24 inciso 1 del C.P.C.A., acompañar a autos como garantía de su responsabilidad por las costas y daños y perjuicios que pudiera irrogar al Ente accionado caución real equivalente a PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL [$ 1.500.000,00] la que podrá ser constituida mediante alguno de los medios previstos en el art. 199 in fine del C.P.C.C. y deberá ser acreditada por ante el Juzgado de origen, previo libramiento del oficio al accionado notificándolo del mandato jurisdiccional compelido a respetar.
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de alzada para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-13040-BB1E “ENERGEN S.A. c. CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA (INCIDENTE MEDIDA CAUTELAR)”
con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Riccitelli, Mora y Ucín.
I. Con fecha 04-07-2023 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Dpto. Judicial Bahía Blanca desestimó la medida cautelar peticionada por la firma Energen S.A.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación articulado por la accionante contra el pronunciamiento de grado [cfr. proveído de Presidencia del 03-08-2023] y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. A los fines de resolver el recurso articulado, resulta de buen tino, rememorar los antecedentes del caso.
1. La sociedad accionante, en el escrito que da inicio a la presente acción, promueve una pretensión en los términos del art. 12 inc. 1 del CPCA procurando se declare la nulidad de la Resolución N° 54 dictada por el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca de fecha 25-11-2022 [y su confirmatoria, Resolución N° 58-CGPBB/2022]. Resalta que “… conforme lo autoriza el Articulo 20 inc.2) del CCA finalizado el presente proceso de anulación, de estimarse favorable el mismo, deducirá la pretensión procesal de resarcimiento de los significativos daños y perjuicios que ha padecido ENERGEN S.A. …” y finalmente, peticiona “… en los términos del artículo 22 inc. 3 del CCA, se disponga -como medida cautelar- la suspensión de los efectos de los citados actos hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos y, consecuentemente, se ordene la restitución de ENERGEN a la posta de inflamables de puerto Galván a fin de que pueda retomar la prestación de los servicios que se encuentran a su cargo conforme el contrato oportunamente celebrado…”.
Al relatar los antecedentes del caso expone que: (i) en el marco de la licitación pública N° 01-CGPBB-2019 el Consorcio accionado y ENERGEN SA celebraron, con fecha 30-06-2019, un contrato de concesión de prestación de servicios en la posta para inflamables del Puerto Galván; (ii) el referido contrato involucró la prestación de los servicios asociados al suministro de agua potable a los buques que operan en el referido puerto, la operación de ocho (8) brazos cargadores de la posta para inflamables, la maniobra de los distribuidores ubicados en los brazos cargadores, la operación de la línea de nitrógeno y la operación y mantenimiento del sistema contra incendios; (iii) la concesión se otorgó por un plazo de cinco (5) años, contemplándose la posibilidad de que la Empresa solicitara su prórroga con una antelación mínima de doce (12) meses a la fecha prevista de vencimiento del Contrato. Resaltó que el PByC estableció como obligación a cargo del Concesionario, el mantenimiento y reparación de las estructuras de la posta para inflamables, las instalaciones y los equipos involucrados para realizar las actividades que se especifican en su Anexo X y todo otro elemento que resulte necesario para una eficiente prestación de los servicios a su cargo y que se realizaron consultas “… cuyas respuestas por parte del CGPBB generaban especificaciones vinculantes …” aclarándose el “… alcance de las obligaciones de mantenimiento que se encuentran a cargo del concedente -CGPBB- y del concesionario …”. Explica que existieron desacoples en ocasión de perfeccionarse la nueva concesión pues mediaron inconvenientes entre el CGPBB y el anterior concesionario (TEGRAL SA).
Refiere la existencia de estudios e informes que darían cuenta del incumplimiento del anterior concesionario Tegral S.A. con respecto a sus responsabilidades contractuales inherentes a las tareas de mantenimiento de las Postas de Inflamables y que forman parte del proceso, caratulado “CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA C/ TEGRAL y otros S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS” Expediente Número 27.016, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca-. Explica que el CGPBB “…prácticamente durante 10 años, no realizó control, verificación ni seguimiento alguno de los 39 informes trimestrales de mantenimiento, hasta que en Abril de 2019 -2 meses antes de la entrada en vigencia del nuevo contrato de concesión de servicios que llevaría a cabo Energen-, al recibir el informe de Ingena, se percata del calamitoso estado que presentaban muchas estructuras de las Postas de Inflamables …”.
En suma, advierte que “… la manifiesta falta de mantenimiento de la posta para inflamables al momento de entrega de la tenencia a ENERGEN era muy bien conocida por el propio CGPBB e incluso sus conclusiones y constataciones constituyeron el sustento principal que dio lugar al reclamo indemnizatorio que promovió contra Tegral S.A. …”. Seguidamente referencia las licitaciones convocadas por el CGPBB y concluye que “… las tareas de mantenimiento a cargo del Concesionario previstas en el Anexo X del Pliego implicaban exclusivamente el mantenimiento preventivo de las instalaciones, en atención a lo cual toda otra reparación, mejora y/o modificación quedaba a cargo del CGPBB …”.
Entre otras cuestiones a ponderar, resalta: (i) los efectos de la pandemia ocurrida en concomitancia con el comienzo del contrato; (ii) la supuesta existencia de un delito de extorsión cometido por el Presidente del CGPBB [en trámite ante la UFIJ 10 -delitos complejos- del Departamento Judicial de Bahía Blanca I.P.P. 02-00-023013-22/00] quien habría requerido la transferencia de “parte” de la empresa y que, de lo contrario, “…la empresa transitaría penurias durante su gestión en el puerto, si no acataba sus exigencias…”; (iii) la existencia de maniobras sindicales y conflictos laborales “… inducidos por un Director del CGPBB…”.
Con apoyatura en tales antecedentes, postula la existencia de graves vicios en el procedimiento sancionatorio llevado a cabo contra ENERGEN SA y que culminara con el dictado de la Res. N° 54/22 mediante la cual se dispuso: a) rescindir el Contrato que lo vinculaba con ENERGEN, b) ordenar la desocupación y restitución inmediata de las instalaciones objeto del Contrato bajo apercibimiento de desalojo; c) liquidar las multas diarias establecidas en la cláusula decimosexta del Contrato; d) intimar a ENERGEN SA a pagar las multas; e) asignar al CGPBB el mantenimiento y la explotación de la prestación de servicios de la posta para inflamables de Puerto Galván hasta tanto se adjudiquen tales tareas a terceros; f) facultar a la Presidencia del Ente y al Gerente General a llevar a cabo las medidas necesarias y dictar los actos que resulten útiles para dar cumplimiento a la rescisión dispuesta, facultando a su Presidente a dictar las disposiciones complementarias o aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación de la Resolución 54. Como cuestión agravante, expone que el CGPBB “promovió un proceso de desalojo anticipado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 de Bahía Blanca a fin de obtener el dictado de una medida cautelar que ordene el inmediato desalojo de ENERGEN de la posta para inflamables” y que si bien inicialmente el magistrado allí interviniente dictó medida cautelar [ordenando a ENERGEN SA la entrega provisoria de las instalaciones, equipos e inmuebles, así como todos aquellos elementos necesarios para garantizar la correcta operatoria de las postas de inflamables de Puerto Galván], lo cierto es que la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental la revocó.
Finalmente, centra su desarrollo argumental en los -en su visióndefectos nulificantes que portaría la Res. N° 54 -y su confirmatoria-, a saber:
(i) vicio en el proceso de integración de la voluntad. Ausencia de quorum. Refiere que las actas n° 1024 y 1025 “…fueron firmadas por tres de los ocho directores que se encontraban presentes, por el Gerente General y por el Sub Gerente General del Consorcio…” y que tal proceder violenta el art. 21 de la ley 11414 que exige mayoría de dos tercios (2/3) de votos de los miembros presentes para la adopción de medidas como la que porta la Resolución N° 54. A fin de acreditar que las actas fueron suscriptas únicamente por tres de los ocho directores, ofrece como prueba la producción de una pericia caligráfica.
En otra línea argumental, destaca que -para el caso de considerarse que las mayorías estuvieron cumplidas- “…siete de los nueve directores del Consorcio se encontraban con mandato cumplido a la fecha de celebración de las actas de directorio n° 1024 y 1025…”. Con todo, concluye que “…resulta evidente que las actas de directorio (1024 y 1025) y en consecuencia la Resolución 54, no acreditan la actuación conforme a derecho de los suscribientes…”.
(ii) vicio por inobservancia del orden del día de la citación a la reunión del Directorio a concretarse el 24 de noviembre de 2022. Entiende que se omitió ponderar en ese llamado la existencia de “…denuncias penales en plena investigación, que afectan concretamente a algunos miembros del cuerpo que votarán, entre los que se encuentra nada menos que su Presidente…”.
(iii) Inaplicabilidad del Reglamento interno Res. Nro. 8/1994 para justificar el proceder del CGPBB pues “…es de destacar (que) en ningún lugar del pliego, ni del contrato es citado como oponible a esta parte, ni se encuentra publicado en el portal web del CGPBB, y que subrepticiamente se ha querido traer al ámbito judicial para justificar jurídicamente lo injustificable. Se ha intentado subsanar un vicio notable, con esta remisión inconducente, que como se expresó tampoco abastece la mínima imagen de legalidad de la Resolución 54…”.
(iv) ENERGEN SA no incurrió en incumplimientos a sus obligaciones contractuales. Explica que “…al momento de resolver la rescisión y aplicar las sanciones, el CGPBB pasó por alto, de manera incomprensible, la grave falta de mantenimiento que padecía la posta para inflamables al momento de la entrega de posesión a la Empresa…”. Sostiene que el CGPBB “…ignoró completamente las distintas circunstancias que afectaron a la ejecución del contrato, principalmente el mal estado de mantenimiento de las instalaciones al momento de la celebración del Contrato, y decidió aplicar de manera arbitraria las cláusulas contractuales referidas al mantenimiento y a la imposición de sanciones…”.
(v) Postula la inexistencia de cada uno de los incumplimientos imputados. Sostiene que del informe técnico realizado por el Ing. Sergio R. Val tras su visita a la posta para inflamables el 30 de noviembre de 2022 surge que ENERGEN SA “…dio cabal cumplimiento a las obligaciones de mantenimiento que tenía a su cargo conforme al Anexo X del Contrato …”.
Puntualmente, la empresa actora descarta los incumplimientos que se le endilgan, a saber: Cargo1, incumplimiento al Anexo X, puntos 3.1., 3.2. y 3.4 ““Estructuras metálicas”; Cargo 2, incumplimiento al Anexo X: punto 3.6 “Bitas”; Cargo 3, incumplimiento al Anexo 10 punto 4.1.“Juntas de dilatación de viaducto”; Cargo 4, incumplimiento al Anexo X: puntos 5.1. y 6.1. “supuesta falta de mantenimiento del sistema de agua potable; Cargo 5, incumplimiento al Anexo X: puntos 7, 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.2.1., 7.2.2., 7.3., 7.3.1., 7.4.1., 7.4.2. y 7.5.“Brazos de carga”; Cargo 6, incumplimiento al Anexo X: puntos 10.1., 10.1.1., 10.2., 10.3. y 10.4.“Sistema RCI: Cumplimiento parcial de tareas de mantenimiento en sistema de bombas, red de incendio e instalaciones edilicias”; Cargo 7, incumplimiento al Anexo X: puntos 2, 2.1. y 2.1.1. “juntas de dilatación de viaducto en mal estado”; Cargo 8, incumplimiento al Anexo X: punto 2.2.1.“Sala eléctrica de ingreso: puerta de ingreso afectada por corrosión”; Cargo 9, incumplimiento al Anexo X: puntos 2.2.4., 3.2.7., 4.1.3. y 4.1.4. “Estructuras metálicas del viaducto y plataformas”; Cargo 10, incumplimiento al Anexo X: punto 3.2.8.“Brazo de carga: mantenimiento inexistente sobre lazos de control y seguridad del brazo FMC y mangueras back up sin evidencia de mantenimiento y controles de integridad”; Cargo 11, incumplimiento al Anexo X: punto 4.1.2.“mantenimiento deficiente, sin cumplir los requisitos de los ganchos de disparo rápido”; Cargo 12, incumplimiento al Anexo X: punto 4.1.6 “supuesto mantenimiento deficiente de la iluminación.
La inexistencia de los incumplimientos endilgados se traduce, tal lo que asevera, en la existencia de un vicio por falta de causa. (vi) Resalta que los conflictos laborales ponderados por el CGPBB fueron consecuencia de las medidas extorsivas sufridas por ENERGEN SA y que “…resulta evidente que la rescisión contractual no puede sustentarse válidamente en una serie de maniobras extorsivas desplegadas por trabajadores, bajo órdenes del sindicato y de directivos del CGPBB …”.
(vii) Asevera que no es cierto que el proceder de ENERGEN SA fuera causal de riesgo de accidentes a la seguridad y medio ambientales. (viii) La resolución N° 54 incurre en un exceso de punición.
Sostiene que incluso en el supuesto caso que se arribara a la conclusión de la existencia de incumplimientos por parte de ENERGEN SA resulta evidente que las sanciones impuestas son desproporcionadas y que el CGPBB omitió ponderar “… el calamitoso estado de los bienes y de las instalaciones al momento de su entrega a ENERGEN, la incidencia de la pandemia de COVID-19 y el impacto real de las sanciones sobre el patrimonio de la Empresa …”.
(ix) Asimismo, expone que “… la Resolución 54 está viciada en su motivación, en tanto en sus considerandos no se justifica en forma alguna la graduación del exorbitante monto de las sanciones impuestas …”. (x) Asevera que, en el caso de marras, la indemnización tarifada dispuesta en los términos del inciso c) de la cláusula vigésima del Contrato luce errada pues “…ENERGEN puso en conocimiento del Consorcio las gravísimas deficiencias que existían en el mantenimiento de la posta para inflamables al momento de tomar posesión de los bienes y solicitó, oportunamente, que se lleven adelante las reparaciones necesarias que se encontraban a cargo del CGPBB…”.
(xi) Agrega que la actuación impugnada porta un vicio en su finalidad en tanto es evidente que el CGPBB obró con desviación de poder. En el caso -asevera- “…el desvío de poder obedece claramente a la intención de presionar al Presidente de ENERGEN para que se someta a las extorsiones del Sr. Susbielles -Presidente del CGPBB-, con el fin de que se le cediera a este último parte de la Empresa…”.
Ofrece profusa prueba. A saber: documental, informativa, pericial de ingeniería, pericial caligráfica, testimonial (más de 20 testimonios). Finalmente, peticiona una medida cautelar que disponga la suspensión de los efectos de la Resolución N° 54/22 -y su confirmatoria-. Funda la verosimilitud en el derecho argumentado que “… los actos administrativos impugnados presentan graves vicios que conllevan indefectiblemente su nulidad absoluta e insanable, por lo que deben ser dejados sin efecto, que se ha acreditado la ausencia de quorum para celebrar las reuniones de directorio y que se ha puesto en evidencia que ENERGEN no incurrió en ninguno de los incumplimientos que le fueron imputados…”.
En cuanto al perjuicio inminente destaca que “…en virtud de la rescisión anticipada del contrato y producto del desalojo, la empresa fue privada de sus ingresos económicos abruptamente, de su personal, obligada a retirar sus bienes y todas las consecuencias devastadoras que como empresa se derivan de la forma en que se interrumpió ilegalmente el contrato…”.
Finalmente, descarta que la medida urgente requerida afecte el interés público.
2. El juez de grado dictó pronunciamiento y dispuso desestimar la tutela cautelar urgente peticionada.
Para sí disponerlo, destacó que “…el análisis de la verosimilitud en el derecho debe conjugarse con el peligro en la demora y sopesarse de tal forma que se nivelen ambos de las diferencias de grado subyacentes…”.
Recordó que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que aquéllos gozan, que cede ante supuestos de actos irregulares, injustificados o abusivos. Con ello en miras, puso de resalto que la cuestión debatida presentaba una complejidad que excedía lo meramente superficial y que, por tanto, no resultaba posible analizar en esta etapa liminar. Así, ponderando los vicios sustanciales que la empresa le endilga a la actuación estatal (vinculados a determinar la existencia -o no- de incumplimientos contractuales, desvío de poder, ausencia de mandato vigente de los Directores) y a los defectos formales atribuidos (impropia formación de la voluntad estatal, ausencia de quorum para sesionar, vicios en la convocatoria), concluyó que correspondía efectuar un juicio más profuso y en un marco de mayor amplitud de debate y prueba. Hizo notar que era la propia contratista la que ponía de resalto la complejidad del asunto al postular -con la mira puesta en “argumentar la verosimilitud del derecho invocado”- la necesidad de materializar diversos medios probatorios.
Finalmente, el juez de grado advirtió que la circunstancia que el CGPBB hubiera iniciado un procedimiento de desalojo en la causa “CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA c/ ENERGEN S.A. s/ DESALOJO ANTICIPADO" (causa N° 116532)” no resultaba una razón de peso para disponer el mandato cautelar requerido pues, en el referido pleito, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de Bahía Blanca había revocado la medida de desalojo dispuesta por el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5.
Con todo, concluyó que “… los vicios endilgados al acto administrativo atacado contienen prima facie aristas que no resulta posible analizar en esta etapa liminar siendo necesario cumplir con las etapas posteriores del proceso en un ámbito de mayor amplitud de debate y prueba…”.
Ausente entonces el primer recaudo de procedencia para la medida cautelar solicitada, dispuso desestimar la tutela solicitada.
3. Contra el referido pronunciamiento se alza la parte actora. Inicialmente, reitera los antecedentes volcados en el escrito de demanda -que se relevaran en el pto. I.1 de este voto-.
Refiere que los vicios que porta la actuación impugnada son notorios “…y que se pueden apreciar a simple vista y no requieren de un profundo análisis para su apreciación…”.
Explica que “… sólo basta contar las firmas volcadas en las actas y leer los Artículos 15 y 21 de la ley para concluir con la semi certeza de estar ante una manifestación de la voluntad no imputable al órgano DIRECTORIO …” y agrega que se ha “… explayado sobre esta anomalía …” en el escrito inicial.
Sostiene que ante el juez de grado se solicitó la intervención de un notario para que constate las anomalías de las actas, ofreciendo incluso hacerse cargo de los costos o cualquier otra medida que “… con similar objeto …” resolviera el juez de grado; empero, nada de ello ocurrió. Reitera que el acto impugnado violentó el quorum exigible para adoptar la medida extintiva del contrato y agrega que “… si se hubiere producido la prueba requerida o cualquier medida de mejor proveer, rápidamente se concluiría en que dos de las firmas coinciden con los autores de la Resolución en crisis, otras dos son iguales a las del Gerente General y Subgerente General, la tercera no tenía aclaración y habría que consultar a los integrantes del Directorio a quién pertenece…”. Finalmente, expone que “… con el fin de no avanzar en la sustanciación de una causa que demandará un desgaste judicial de envergadura y no resultando gratuito para los justiciables el prolongar más allá de lo razonable y necesario los procesos judiciales, solicitó que si de la documental acompañada persistiera duda sobre la irregularidad de la Res.54/2022 como acto emitido por el Directorio del Ente, [se] disponga para mejor proveer la medida probatoria que despeje cualquier vacilación sobre si efectivamente se constituyó válidamente el Directorio en la reunión del Viernes 25 de Noviembre …”
Refiere que la Resolución N° 54/22 violenta el art. 22 de la ley 11.414 pues hubo una impropia configuración del “orden del día” y, para más, las actas fueron firmadas por directores que tenían su mandato vencido.
Desde el punto de vista sustancial, sostiene que los incumplimientos endilgados no son tales y que los informes técnicos adjuntados [elaborados por MICSER y la UTN] patentizan que la falta de mantenimiento que se le imputa era preexistente a la firma del contrato. Bastaría -según aduce- “consultar las actuaciones a través del sistema de Mesa de Entrada Virtual” para verificar que el propio Consorcio inició un proceso contra la ex concesionaria [Tegral SA] “… a raíz de la falta de mantenimiento de las instalaciones…”.
En otra parcela de la crítica, destaca que “…la extorsión sufrida por el Presidente de ENERGEN” y la existencia de conflictos laborales inducidos por un Director del CGPBB son hechos verificables a partir del cotejo de “… la denuncia penal realizada por el Presidente de la Empresa, la que se encuentra en trámite ante la UFIJ 10 -delitos complejos- del departamento judicial de Bahía Blanca I.P.P. 02-00-023013-22/00…”. Manifiesta que el juez de grado soslayó analizar que ha sido el propio CGPBB el que, con su proceder, ha creado las situaciones de riesgo que se le endilgan a ENERGEN SA. Basta observar -asevera- “… el reciente desmoronamiento de parte de la posta 1, sucedido el 30 de Junio del corriente año, debido exclusivamente a la falta de concreción de las tareas de sustitución de todas las instalaciones que se comprometió a realizar el CGPBB y que irresponsablemente no ha cumplido, sin que exista ninguna razón atendible …”.
Tampoco ha examinado el a quo -tal lo sostenido por el quejoso- “… el exceso de punición y falta de motivación de las sanciones impuestas por el Consorcio a ENERGEN …”. Así, entiende que “… para comprobar el exceso de punición alegado por esta parte, no hace falta más que la simple lectura de los estados contables acompañados por esta parte a la demanda, a fin de compararlos con el monto total de las sanciones y la indemnización tarifada…”. Y en cuanto a la desviación de poder “… luce cabalmente acreditada y encuentra sustento en las diferentes pruebas que se acompañaron a la demanda, así como en la denuncia penal incoada frente a las extorsiones sufridas por el Presidente de ENERGEN…”.
Con todo, concluye que “…en atención a los argumentos expuestos, ha quedado en evidencia que yerra el magistrado de grado al indicar que requiere de un mayor debate y prueba para analizar la configuración del requisito de verosimilitud del derecho, pudiéndose advertir a través de un análisis sencillo de las constancias obrantes en el escrito de demanda y la prueba documental que se encuentran reunidos cabalmente los requisitos para el dictado de la medida cautelar solicitada…”.
Consecuentemente, solicita se revoque la resolución recurrida y se disponga -como medida cautelar- la suspensión de los efectos de las Resoluciones 54/2022 y 58/2022 dictadas por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos.
Finalmente, también postula -reiterando lo expuesto en el escrito de demanda- que en la especie se encuentran también presentes los restantes recaudos de admisibilidad de la medida cautelar, a saber: la existencia de un perjuicio inminente y la ausencia de “…afectación del interés público en la ejecución de la medida cautelar…".
II. El recurso se atendible.
1. Como punto de partida, y con el objeto de precisar el alcance del planteo que habrá de ser sometido al análisis de esta Alzada, observo que la accionante (ENERGEN S.A.) persigue -en el marco de la pretensión anulatoria cuyo contenido he relevado en el pto. I.1 de los antecedentes del voto- el dictado de una providencia cautelar tendiente a obtener la suspensión de la ejecución de la Resolución N° 54 registrada como emitida por el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca con fecha 25-11-2022 -y su confirmatoria N° 58-CGPBB-, por la que se decidió: (i) rescindir el Contrato de Concesión de Prestación de Servicios de la Posta para Inflamables de Puerto Galván suscripto el 30-06-2019 en los términos de la cláusula 16, 18 y 19 y con los efectos del art. 20 del contrato de concesión [art. 1]; (ii) ordenar la desocupación y restitución inmediata de las instalaciones objeto del Contrato bajo apercibimiento de desalojo [art. 2]; (iii) liquidar las multas diarias establecidas en la cláusula 16 del Contrato [art. 3]; (iv) intimar a ENERGEN SA a pagar las multas que resulten de la liquidación y al pago de la indemnización tasada en el inciso c) de la Cláusula 20 dentro del plazo de diez (10) días [art. 4]; (v) asignar al CGPBB el mantenimiento y la explotación de la prestación de servicios de la posta para inflamables de Puerto Galván hasta tanto se adjudiquen tales tareas a terceros [art. 5]; (vi) facultar a la Presidencia del Ente y al Gerente General a llevar a cabo las medidas necesarias y dictar los actos que resulten útiles para dar cumplimiento a la rescisión dispuesta [arts. 6 y 7].
En sustento de tal solicitud denuncia que la decisión de rescindir el contrato en cuestión fue emitida inobservando las formas exigidas para su dictado. Puntualmente, explica que las actas del Directorio N° 1024 y N° 1025 -de fecha 24 y 25 de noviembre de 2022 [antecedentes de la Res. N° 54/22] se encuentran viciadas pues se habrían inobservado los procedimientos exigidos por la ley 11.414 para elaborar el orden del día y, más grave aún, tales reuniones del Directorio se celebraron -según argumenta- sin observar los recaudos del quorum mínimo exigido para adoptar la medida extintiva del contrato de concesión.
Por fuera de los defectos en la conformación para sesionar, agrega que tampoco se observaron los recaudos de mayoría [2/3 de los miembros presentes] previstos por la ley 11.414- para resolver, en el marco de las mentadas actas N° 1024 y N° 1025 la rescisión del contrato. Las referidas actas de Directorio N° 1024 y N° 1025 son las que -asevera la firma recurrente- fueron ponderadas en los Considerandos de la Resolución N° 54/22 registrada como dictada por el Directorio del CGPBB.
Por otro lado, también proyecta objeciones sustanciales respecto de la Resolución N° 54/22 pues, según explica, se habría dictado sin respetar el debido proceso legal; agrega que la decisión resulta inmotivada, en cuanto ninguno de los incumplimientos contractuales endilgados lucen acreditados; viciada por resultar falsas e inexistentes las circunstancias fácticas que sirvieron de antecedente a la medida sancionatoria adoptada e irregular por sustentarse la decisión en una desviación de poder [la que surgiría de la denuncia penal efectuada contra -entre otros- el Presidente del CGPBB] y portar, a la vez, un exceso de punición.
El magistrado de grado, rechazó el anticipo cautelar solicitado por entender que en el sub examine no se encuentra presente la verosimilitud en el derecho invocada por la peticionaria. Tal decisión motivó el agravio de la parte actora, quien se alza en grado de apelación con la pretensión de revertir lo allí resuelto.
2. Recuerdo en primer término que el ordenamiento ritual contencioso administrativo delinea los presupuestos esenciales que habilitan el despacho de medidas cautelares, estableciendo que: (i) el derecho invocado debe ser verosímil en relación con el objeto del proceso (cfr. doct. esta Cámara causa C-12359-BB1E “Soler”, sent. de 07-02-2023); (ii) debe existir la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (cfr. doct. esta Cámara causa C-9795-BB1 “Bordoni”, sent. de 23-06-2022) y, (iii) la tutela requerida no debe afectar gravemente el interés público [cfr. esta Cámara causas C-5522-MP1 “Hondeville”, sent. de 27-03-2015; C-12291-MP2E “Ocaña”, sent. de 29-12-2022]. Estos recaudos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir todo juez para otorgar la tutela precautoria, exigiendo una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos, empero, sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual [doct. S.C.B.A. causa B 64.769 “C.,d.”, sent. de 8-11 -2006; doct. esta Cámara causa C-11624-BB1E “Bertoncelli”, sent. de 17-03-2022], pues, ausente alguno de los presupuestos necesarios para su otorgamiento, deviene innecesario analizar la existencia de los restantes (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 65.043 “Trade”, res. de 4-08-2004; Q. 70.775 “Oberti”, sent. de 14-08-2013; doct. esta Cámara causas C-3728-AZ1 “Crisafulli”, sent. del 26-02-2015;
C-8938-MP2 “Altavilla SRL”, sent. de 04-06-2019).
Mal no viene recordar que la interinidad del juzgamiento en el terreno cautelar no es equivalente a la liviandad en su tratamiento. No hay, por regla, una relación de absoluta dependencia, influencia o subordinación de un recaudo sobre el otro. Todos deben ser justificados; el interesado en la tutela no se encuentra relevado de probar la bondad de su derecho y el riesgo que emana de las circunstancias, debiendo arrimar los elementos idóneos para producir la convicción en el ánimo del Tribunal acerca de la apariencia y probabilidad de cada uno de ellos. Hay verosimilitud o no la hay. Y hay temor de daño o este último no existe [doct. S.C.B.A. causa I. 67.706 “Domínguez Arregui”, res. de 10-09-2014]. Entonces, sin desconocer que en el marco del juicio cautelar es dable efectuar un prudente balance en punto a la concurrencia de los presupuestos legales -de forma tal de ponderar la configuración de cada uno aminorando, en su caso, el rigor en la nitidez de la presencia de cualquiera de ellos cuando la del otro luzca incontrovertible- (doct. S.C.B.A. causa I. 1.949 “Guerrero”, res. del 6-09-2006), en el ejercicio de tal labor el intérprete judicial ha de encontrar límites precisos, puesto que mal podría trazar una diagonal en la que soslaye, por completo, la justificación independiente de cada uno de los extremos [art. 22 y ccds. del C.P.C.A.; cfr. doct. esta Cámara causas C-5892-BB1 “IACA Laboratorios S.A.”, sent. de 20-10-2015; C-6214-NE1 “Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano”, sent. de 22-12-2015].
3. Ingresando al tratamiento de los cuestionamientos articulados por la accionante en su pieza recursiva, se impone señalar que acierta la apelante cuando postula que el magistrado de grado ha omitido ponderar las constancias probatorias arrimadas al pleito y de las que, tal como expondré a continuación, surgen elementos de convicción suficiente para tener por verificados los recaudos que habilitan la medida precautoria peticionada (arts. 22 y 25 del CPCA).
3.1. Verosimilitud en el derecho. Advierto que la firma actora apuntala el recaudo bajo escrutinio postulando graves defectos formales en la conformación de la voluntad del Directorio en ocasión de celebrar las reuniones que dieran lugar a las Actas N° 1024 y N° 1025 y que conforman el antecedente de la Resolución N° 54/22.
Sobre el punto, la firma actora identifica lo que considera un vicio grave en la constitución de las reuniones del Directorio de fecha 24 y 25 de noviembre, que se plasman con la suscripción de las actas N° 1024 y N° 1025, en particular, con relación a esta última en la que se trató la cuestión atinente a la rescisión del contrato de concesión que aquí se debate.
Concretamente, la accionante denuncia la inobservancia por parte de la autoridad del Consorcio Portuario de las previsiones contenidas en los arts. 15 y 21 inc. c) del Anexo I de la ley 11.414 [de creación del CGPBB].
Aprecio liminarmente que el referido art. 15 establece que el Ente será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por 9 miembros. El art. 21 inc. c), por otro lado, define y regula las condiciones para el funcionamiento (quorum) y para la adopción de decisiones (mayorías). En lo que aquí interesa, dispone que: “El Directorio deberá reunirse como mínimo una vez cada treinta (30) días, siendo el quórum para constituirse válidamente el de la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de miembros presentes, computándose, en caso de empate, doble voto el del Presidente, o el de quien legalmente lo reemplace. Se exigirá mayoría de dos tercios (2/3) de votos de los miembros presentes, en los supuestos que se determinan seguidamente: inc. c) Otorgamiento y rescisión de concesiones, locaciones y permisos de uso de las terminales portuarias en su ámbito de actuación”. Con lo anterior en mira, verifico someramente que, a tenor de lo que refleja el contenido de las Actas del Directorio del CGPBB N° 1024 y N° 1025, los mentados instrumentos fueron suscriptos por solo cinco (5) de las personas mencionadas como presentes al momento de llevarse a cabo el acto deliberativo y que, tales firmas no cuentan con la pertinente aclaración identificatoria.
En efecto, observo que si bien al inicio del debate se refiere la presencia de 10 participantes [a saber: Presidente (Sr. Susbielles), 7 directores (Sres. Cafasso, Sosa, Compagnoni, Forte, Gonzalez Martinez, Gurrado y Osores), Gerente General (Sr. Linares) y Sub gerente General (Sr. Carnevale)] y que -tal lo consignado en el acta- todos ellos son “firmantes al pie”, no puedo soslayar que al efectuarse el repaso del cierre de cada una de las actas [N° 1024 y N° 1025], solo se aprecia la presencia de cinco (5) firmas ológrafas respecto de las cuales no obra aclaración ni adjudicación puntual a ninguno de los sujetos [esto es, no se identifica a los firmantes con sus cargos, nombre y apellido]. La discordancia apreciada y la omisión de aclaración en las firmas olografas plasmadas revisten trascendencia en este examen liminar. Frente a ello, no cabe pasar por alto que la accionante efectúa una “identificación de firmas estampadas en Libro Rubricado Acta de Directorio 1024” de la que se desprende que esas cinco firmas obrantes al pie del Acta 1024 serían atribuibles a: Fabian Gurrado (director); Carlos Sosa (director), Juan Linares (Gerente General), Alberto Carnevalli (Sub Gerente) y Federico Susbielles (presidente). Asimismo, la interesada luego formula una “identificación de firmas estampadas en Libro Rubricado Acta de Directorio 1025” de la que se desprende que esas cinco firmas obrantes al pie del Acta 1025 se corresponderían con: Fabian Gurrado (director); Carlos Sosa (director), Juan Linares (Gerente General), Alberto Carnevalli (Sub Gerente) y Federico Susbielles (presidente).
Y no cabría desentenderse que la empresa, para identificar las firmas ológrafas insertas en las actas [N° 1024 y N° 1025], acompaña un conjunto de documentos suscriptos por los referidos Fabian Gurrado (director); Carlos Sosa (director), Juan Linares (Gerente General), Alberto Carnevalli (Sub Gerente) y Federico Susbielles (presidente) de los que, prima facie, podría reputarse la autoría de las firmas en cabeza de quienes denuncia la firma actora.
Entonces, puede afirmarse que la peticionante de la tutela llevó a cabo un encomiable esfuerzo procesal para apuntalar la patencia de irregularidades esenciales en lo que se refiere a la ausencia de recaudos legales referidos al modo de conformación de la voluntad de un ente administrativo colegiado, falencias que mal pudieron ser soslayadas por el a quo, cuando -para más- poner en cabeza del administrado la carga de acreditar y probar la efectiva inexistencia del quorum necesario para funcionar por parte del órgano directivo del Ente resulta una conducta supererogatoria al menos en esta etapa de análisis, puesto que ni la reunión del quorum ni la existencia de mayorías agravadas podrían presumirse a partir de las Actas de deliberación reseñadas, cuando allí en el encabezado se denuncia la firma de 7 Directores, 1 Gerente, 1 Subgerente y 1 Presidente y únicamente obran insertas cinco (5) firmas sin su pertinente aclaración.
Y esta patente irregularidad se agrava, a partir del esfuerzo probatorio de la firma accionante, cuando se verifica -reitero, solo en el marco provisional que habilita el juicio cautelar- que las Actas N° 1024 y N° 1025 al parecer fueron rubricadas únicamente por dos (2) de los Directores [Sres. Sosa y Gurrado], el Presidente del Ente, el Gerente y el Subgerente, lo cual desencadena, a la vez, otra conclusión que apuntala la denunciada verosimilitud en el derecho, esto es, que prima facie el Directorio no habría satisfecho la exigencia de las mayorías que impone el art. 21 inc. c) de la ley 11.414 y que exige el voto de al menos los 2/3 de los miembros presentes para disponer la rescisión de contratos de concesión.
En suma, el relevamiento liminar de las constancias obrantes en la causa me permite formar convicción suficiente en cuanto a que las reuniones del Directorio del CGPBB (cuyas existencias en los aspectos formales se vuelcan en las actas N° 1024 y N° 1025) fueron prima facie llevadas a cabo inobservando: (i) las exigencias del quorum necesario para habilitar el debate y; (ii) las mayorías que exige el art. 21 inc. c) de la ley 11.414 [2/3 de los miembros presentes] para disponer la rescisión contractual.
En otro orden de análisis, tampoco puedo pasar por alto que la parte actora acompaña constancia de denuncia penal por “extorsión” contra el Presidente del CGPBB (puntualmente expone que el Sr. Susbielles le manifestó al Presidente de Energen SA que “la empresa transitaría penurias durante su gestión en el puerto, si no acataba sus exigencias”) todo lo cual permite avizorar prima facie la existencia de razones que hubieran exigido al funcionario mencionado materializar salvedad alguna sobre la cuestión y/o, en su caso, excusarse de suscribir las actas N° 1024 y N° 1025 y la Resolución N° 54/22, máxime cuando con relación a esta última surge de manera expresa -en tanto obrar sello aclaratorio- que efectivamente el Sr. Susbielles suscribió el acto que dispone la rescisión contractual.
En consideración a todo lo relevado hasta aquí, juzgo –con el grado de provisionalidad propio de este estadio procesal-, comprobado en la especie la verosimilitud en el derecho para justificar la medida requerida [art. 22 inc. 1, ap. a) y 25 del CPCA].
3.2. Continuando con la verificación de la presencia del recaudo de peligro en la demora, he de decir que las circunstancias acreditadas por la solicitante de la tutela permiten apreciar su configuración en la especie. Sabido es que este elemento de admisibilidad cautelar debe ser meritado mediante una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el propósito de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar puedan restar eficacia -o virtualidad- al ulterior reconocimiento del derecho pretendido, originado por la sentencia de mérito dictada como acto final y extintivo del proceso (doct. C.S.J.N. Fallos 329:803; 2111; 3890; 4161; 5160). Por tal razón, la concurrencia de este recaudo deberá resultar en forma objetiva, del examen sobre los distintos efectos que podrían provocar las conductas, actos o acciones que se pretenden evitar con el mandato precautorio, entre ellos, su potencial y grave incidencia económica y social [argto. doct. C.S.J.N. Fallos 331:108, esta Cámara causas V-1104-MP2 “Intermar Bingo S.A.”, sent. de 25-08-2009; C-10734-BB1 “Bertola”, sent. de 23-12-2021]. En suma, el examen del recaudo del peligro en la demora exige que se sopesen las consecuencias gravosas de una potencial lesión que reclama auxilio jurisdiccional con cierta premura [cfr. esta Alzada causa D-8916-MP “Fideicomiso San Martín 3060 y otro”, res. de 04-07-2019].
Como bien resalta la apelante, no es una mera hipótesis o probabilidad incierta que el Consorcio accionado pretenda o procure poner en marcha acciones tendientes a recuperar la tenencia de las instalaciones [esto es, ordenando la desocupación y restitución inmediata de ellas en cuanto objeto del Contrato, bajo apercibimiento de desalojo y con la mira puesta en reasumir el Ente la prestación del servicio de la posta de inflamables de Puerto Galván].
Así, tal lo que denuncia la accionante, el Consorcio Portuario demandado con posterioridad al dictado de la Resolución N° 54/22 -y su confirmatoria N° 58/22- “promovió un proceso de desalojo anticipado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 de Bahía Blanca a fin de obtener el dictado de una medida cautelar que ordene el inmediato desalojo de ENERGEN de la posta para inflamables”.
Con la individualización del referido proceso de desalojo [en cuyo contexto el Consorcio actor postula la ejecutoriedad impropia de la Resolución N° 54/22 y reclama el acompañamiento jurisdiccional para efectivizar materialmente la extinción de la concesión y el consecuente recupero de la prestación del servicio], más una exhaustiva lectura de la información que arroja la Mesa de Entradas Virtual [de la que se desprende que inicialmente el magistrado civil dictó medida cautelar ordenando a ENERGEN SA la entrega provisoria de las instalaciones, equipos e inmuebles, así como todos aquellos elementos necesarios para garantizar la correcta operatoria de las postas de inflamables de Puerto Galván y que luego la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental la revocó], puedo verificar que aquel temor expuesto en el escrito de inicio para fundar este recaudo cautelar, a la postre, se ha materializado en los hechos frente al impulso por parte del CGPBB de acciones tendientes a materializar el lanzamiento de la concesionaria.
Juzgo, entonces, que el peligro en la demora se halla presente en la especie para justificar el dictado de una tutela como la pretendida por la solicitante [art. 22 inc. 1, ap. b) y 25 del CPCA].
3.3. No visualizo, que el acogimiento de la medida solicitada altere en forma grave el interés público que pudiera estar comprometido en el caso.
Siguiendo el test que para este tipo de casos ha acuñado esta Alzada [cfr. doct. causas C-5751-MP1 “Godoy”, sent. de 23-06-2015; C-6785-MP2 “Vespa”, sent. de 08-11-2016; C-7139-MP2 “Artiles”, sent. de 23-05-2017, C-9739-MP2 “Arcor SAIC”, sent. de 09-06-2020;
C-8921-MP2 “Favacard”, sent. de 23-09-2021 entre otras], la decisión jurisdiccional que aquí habrá de proponerse adoptar: (i) únicamente irradia efectos respecto de la continuidad de la relación contractual en las condiciones establecidas por el PByC y el contrato oportunamente suscripto en el año 2019, (ii) bajo las particularísimas circunstancias alegadas, demostradas y sopesadas en autos y de las que se desprenden prima facie la existencia de defectos en la conformación de la voluntad del órgano [ausencia de quorum e inobservancia de las mayorías necesarias para disponer la extinción contractual] que dispusiera la rescisión de la concesion, (iii) sin aptitud para paralizar en la generalidad de los casos, directa o indirectamente, las amplias prerrogativas de control y dirección que ostenta el CGPBB y (iv) sin que se advierta una palpable situación de peligro o riesgo comunitario que desaconseje el otorgamiento de la tutela pretendida.
4. Finalmente, resta abordar la temática de la contracautela exigible para que la tutela provisoria que se adopte sea eficaz (art. 24 del CPCA).
Teniendo en cuenta los intereses económicos en juego, considero de toda razón exigir a la solicitante de la tutela acompañe a autos como garantía de su responsabilidad por las costas y daños y perjuicios que pudiera irrogar a la entidad accionada caución real equivalente a PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL [$ 1.500.000,00] la que podrá ser constituida mediante alguno de los medios previstos en el art. 199 in fine del C.P.C.C. y deberá ser acreditada por ante el Juzgado de origen, previo libramiento del oficio al accionado notificándolo del mandato jurisdiccional que aquí se dispone.
5. No me desentiendo de las potenciales perniciosas consecuencias que se derivarían de mantenerse de manera indefinida la tutela cautelar dispuesta (cfr. doct. C.S.J.N. in re G.456.XLVI “Grupo Clarín y otros S.A. s. medidas cautelares”, sent. de 5-10-2010; esta Cámara causas C-2112-MP2 “Angio”, sent. de 13-10-2010; C-2278-BB1 “Gioventu”, sent. de 5-05-2011; C-7386-NE1 “Borda”, sent. de 7-09-2017; C-7625-BB1 “Sociedad de Fomento Barrio Universitario y Biblioteca Popular Daniel Aguirre”, sent. de 20-03-2018;
A-12416-DO1E “Gomez”, sent. de 28-03-2023), por lo que estimo pertinente recomendar al juez de grado dar trámite al presente proceso con celeridad, economía y eficacia ritual, a los fines de obtener una sentencia definitiva que ponga fin al litigio en un tiempo prudencial.
III. Por las razones expuestas, he de proponer al Acuerdo acoger el recurso de apelación articulado por la firma Energen S.A., revocar el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, disponer la suspensión de los efectos de la Resolución registrada como del Directorio del CGPBB N° 54/22 -y su confirmatoria N° 28/22-. La empresa solicitante de la tutela deberá, en cumplimiento de lo exigido por el art. 24 inciso 1 del C.P.C.A., acompañar a autos como garantía de su responsabilidad por las costas y daños y perjuicios que pudiera irrogar al Ente accionado caución real equivalente a PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL [$ 1.500.000,00] la que podrá ser constituida mediante alguno de los medios previstos en el art. 199 in fine del C.P.C.C. y deberá ser acreditada por ante el Juzgado de origen, previo libramiento del oficio al accionado notificándolo del mandato jurisdiccional compelido a respetar.
Las costas de alzada se deberían imponer el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1°, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Voto, consecuentemente, por la afirmativa.
Los señores doctor Mora y doctor Ucín, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, votan a la cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación articulado por la firma Energen S.A., revocar el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, disponer la suspensión de los efectos de la Resolución registrada como del Directorio del CGPBB N° 54/22 -y su confirmatoria N° 58/22-. La empresa solicitante de la tutela deberá, en cumplimiento de lo exigido por el art. 24 inciso 1 del C.P.C.A., acompañar a autos como garantía de su responsabilidad por las costas y daños y perjuicios que pudiera irrogar al Ente accionado caución real equivalente a PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL [$ 1.500.000,00] la que podrá ser constituida mediante alguno de los medios previstos en el art. 199 in fine del C.P.C.C. y deberá ser acreditada por ante el Juzgado de origen, previo libramiento del oficio al accionado notificándolo del mandato jurisdiccional compelido a respetar.
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente, cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Fin de la sentencia