Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-09976309-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confimar la resolución apelada en cuanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con costas.
2Confirmar la multa aplicada la que queda reducida a su mínimo legal (50%), con costas a cargo de la actora en la porción que se confirma y en el orden causado en la que se reduce.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $88.599 (pesos ochenta y ocho mil quinientos noventa y nueve) equivalente a 9,84 (nueve con 84/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $221.496 (pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos noventa y seis) equivalente a 24,61 (veinticuatro con 61/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-92089586-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 1 de Septiembre de 2022 SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2020-09976309-APN- SGAI#TFN, caratulado “BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANÓNIMA s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2020-09975840-APN-SGAI#TFN BBVA Banco Francés S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 19/12/2019, por la que se determina de oficio el impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2013, con más intereses resarcitorios y también se le aplica una multa equivalente al 70% del impuesto dejado de ingresar en dicho período, conforme lo normado por el art.45 de la ley 11.683 (t.o. vigente)
Comienza su relato refiriéndose a las sanciones aplicadas al BBVA Banco Francés S.A. y a sus directores por parte del Banco Central de la República Argentina y analiza la normativa aplicada a tal fin. Explica que fue multado por haber incumplido, en el ejercicio de su actividad financiera, con determinados parámetros relacionados con la confección de legajos de ciertos clientes en el marco de la normativa antilavado, extendiendo dicha responsabilidad a sus directores en el ejercicio de las funciones a su cargo. Destaca que la totalidad de las sanciones fueron afrontadas por el banco, en el entendimiento que tales multas resultaban deducibles del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2013 por tratarse de gastos inherentes al giro del negocio.
Remarca que en la resolución apelada se indica que las multas aplicadas derivan de incumplimientos en los servicios financieros y de inversión que presta a sus clientes, es decir, que se trata de hechos derivados de la explotación de su actividad comercial y el giro habitual del negocio, agraviándose que en dicho acto se postule que las sanciones -cuya deducibilidad se pretende- se encuentra vedada por el ordenamiento jurídico del tributo. En tal sentido, manifiesta que de las ganancias se deben deducir todos los gastos o pérdidas directas o indirectas en las que se incurrió para obtener tales ganancias.
Explica que la deducción a la que hace referencia alcanza no solo a las multas impuestas al BBVA Banco Francés S.A. sino también a sus directores y que fueron afrontadas por la entidad en el marco del compromiso que asume con sus empleados y dependientes de resarcirlos de los daños que sufrieran en el ejercicio de sus funciones, las que tienen un idéntico sentido en cuanto se vinculan estrictamente con la actividad de la sociedad y por lo tanto han servido para la obtención y mantenimiento de las ganancias gravadas, Se agravia de la interpretación de la representación fiscal en punto a que las multas aplicadas a los directivos y afrontadas por el banco constituirían una liberalidad, y que se las asimila a una donación, alterando los hechos. Sostiene que la responsabilidad de quienes representan a una sociedad, tiene su razón de ser en que estos deciden por ella dentro de las facultades que le son otorgadas. Destaca que la normativa financiera aplicable prevé el cobro coactivo de las sanciones por vía de apremio, por lo tanto de ningún modo podía mantenerse ajeno e indiferente por responder.
Manifiesta que el ordenamiento del impuesto a las ganancias permite las deducciones de todo lo que sea representativo de la renta bruta, a fin de arribar a la renta neta; y es por eso que si se quiere asimilar dicho desembolso a una mayor remuneración por parte de los directores, de igual modo resulta ser también un gasto deducible por el BBVA Banco Francés S.A. Se refiere puntualmente alo establecido en el art.145 del Decreto Reglamentario de la ley del impuesto y señala que no resulta aplicable, ya que -reitera- solo se impide la deducción de las sanciones de naturaleza fiscal, hecho que no ocurre en autos. Asimismo, remarca que al surgir del decreto reglamentario, no puede exceder la ley puesto que ello vulneraría el principio de legalidad vigente en materia tributaria. Para el caso en que así no se considere deja planteada la inconstitucionalidad de la norma reglamentaria y su aplicación al caso por vulnerar principios y garantías constitucionales.
Afirma que lo hasta aquí manifestado en nada se ve modificado por las circulares 1/2015 y 2/2015 emanadas de la AFIP a las que el juez administrativo pretende dotar de carácter aclaratorio, ya que la interpretación que allí se hace adolece de las mismas deficiencias que el acto que se apela.
Por otro lado, plantea como una defensa más de fondo la nulidad de la resolución apelada, argumentado que carece de causa y motivación al no exponerse fundamentos ciertos y concretos de hecho y derecho que respalden la impugnación de los gastos cuya deducción se pretende. Así considera que con tal acto el Organismo Fiscal no respetó la garantía de defensa en juicio y el debido proceso adjetivo.
Respecto de los intereses resarcitorios reclamados, entiende que de acogerse a los planteos efectuados, los mismos resultan improcedentes y de no ser así también corren igual suerte, ya que se encuentra en una circunstancia excluyente de cualquier tipo de subjetividad. Hace notar que la mora del contribuyente se configura siempre y cuando se verifiquen ciertos elementos que son: el vencimiento del plazo establecido por la autoridad fiscal para el pago sin el ingreso del gravamen y que además lo mismo responda a un actuar doloso o culposo, que se le pueda imputar al deudor por ese retardo; cita la jurisprudencia de nuestro mas Alto Tribunal en la causa “IKA RENAULT SAIC y F” de fecha 25/02/1982. Señala que la causal exculpatoria en este caso para eximirla de responsabilidad radicaría en que BBVA Banco Francés S.A. cumplió con sus obligaciones tributarias en materia de impuesto a las ganancias en el período bajo examen y lo liquido conforme con la legislación vigente. Sostiene también la improcedencia de la sanción aplicada alegando que la entidad cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales conforme la normativa vigente, y que no existe una deducción de gastos improcedentes, por lo tanto el elemento objetivo no se cumple. En lo que respecta al elemento subjetivo, manifiesta que no surgen de autos indicios que permitan sostener la culpabilidad en el accionar, ya que de confirmarse aún el ajuste en discusión, la conducta desplegada denota que actuó con la diligencia, cuidado y previsión que se requiere y partiendo de una razonable interpretación de la ley del gravamen.
Por otro lado hace notar que igualmente la aplicación de la sanción en los términos del artículo 45 de la ley de rito fiscal, ni siquiera cumple con las pautas que surgen de la Instrucción General Nº 6/2007. Por lo tanto solicita de rechace la misma, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional. Subsidiariamente plantea existencia de error excusable, justificado en una razonable y fundada interpretación de la normativa aplicable y la complejidad de las cuestiones bajo análisis.
Cita variada doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba y formula reserva del Caso Federal. Solicita que oportunamente se revoque la resolución recurrida, con costas al Fisco Nacional.
II. Que bajo la presentación IF-2020-61873422-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. Señala que la determinación se basa en que en la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2013, se dedujeron como gastos montos originados en multas dispuestas por el Régimen Penal Cambiario aplicadas por el Banco Central de la República Argentina a la institución bancaria y a sus directores, lo que es considerado improcedente para el ente fiscal con basamento en lo regulado por el impuesto en cuestión en los arts.17, 80 y 88 inc i), y el art.145 del Decreto Reglamentario Nº 1344/98, convalidado por las circulares Nros. 1/2015 y 2/2015 (AFIP).
Destaca que los argumentos expuestos por la recurrente reiteran las consideraciones vertidas al momento de contestar la Vista administrativa y que en la resolución apelada se valoraron aquellas pruebas que fueron esenciales y decisivas para el caso concreto, sin tener el Juez Administrativo la obligación de hacer mérito de todas las pruebas aportadas, sino solo aquellas que resulten conducentes para resolver la cuestión planteada. Analiza la normativa referida a la deducción de los gastos y concluye que para que una erogación resulte deducible es necesario que se vincule con la actividad fuente generadora de la ganancia que grava la ley, es decir que exita una correlación de la renta imponible. Es por eso que en este caso, la falta de pago de las multas no impide ni altera la generación de la ganancia gravada por la entidad bancaria, ni la fuente productora de renta, entendiendo así que no se encuentran vinculadas necesariamente con esa ganancia.
Se refiere a los pagos efectuados por la recurrente de las multas aplicadas a sus directivos, señalando que la entrega de dichos montos son un acto voluntario, tratándose de una liberalidad de la entidad bancaria, ya que los empleados que recibieron dichas sumas lo hicieron con el fin de saldar las multas impuestas. Por lo tanto dichas liberalidad no resultan deducibles en la liquidación del impuesto a las ganancias, por no guardar relación con la obtención del rédito.
Sobre los agravios expuestos por la recurrente en punto al art.145 del Decreto Reglamentario de la ley del impuesto, sostiene que las multas en análisis no se encuentran vinculadas a la obtención ni conservación de ganancias gravadas por el impuesto en trato, ya que se corresponden a gastos no originados en su actividad bancaria y financiera propia. En tal sentido, destaca la improcedencia del planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, atento lo dispuesto por el artículo 185 de la ley procedimental, la cual es plenamente vigente y de aplicación al presente proceso.
Acerca de la nulidad de la resolución apelada opuesta como una defensa más de fondo, pide su rechazo argumentando que el acto en cuestión resulta ajustado a derecho y que de ningún modo cercenó, violentó o afecto garantía o derecho de la recurrente y en el caso de autos la falta de determinación de la materia imponible estaría creando una excepción o privilegio a favor de ella. Destaca que la motivación del mismo surge de la prueba colectada y que forman parte de los antecedentes que se acompañan y que la apelante no aportó pruebas suficientes, ni elementos nuevos que permitan conmover la posición fiscal.
Sobre los intereses aplicados señala que los mismos se ajustan a lo previsto en el art.37 de la ley de rito, teniendo el carácter resarcitorio de daños y perjuicios, por lo que de ningún modo se puede confundir el carácter reparador con una sanción ya que los primeros se devengan por la mora en el pago del impuesto adeudado al Fisco, mientras que la multa se impone por la comisión de un ilícito tributario, por lo tanto la naturaleza de ambos no es la misma. Asimismo, sostiene que tampoco puede apartarse del sistema de devengamiento de los intereses resarcitorios instituido por la ley 11.683 (t.o. vigente), con fundamento en normas de derecho privado sobre intereses moratorios civiles, cuando ambos difieren.
Por último se refiere a la sanción aplicada en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. vigente), poniendo de resalto que la actora actuó en forma lesiva para el patrimonio fiscal y que no se configura el supuesto de error excusable al que se refiere en su recurso. Agrega que la eximición de sanción estaría creando una excepción o privilegio a favor de la apelante, por lo que solicita se confirme la multa impuesta.
Por las razones de hecho y de derecho que expone, la doctrina y jurisprudencia que cita, pide que oportunamente se dicte sentencia rechazando el recurso, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal. III -Que atento no haber prueba pendiente de producción es que mediante PV-2020-68763611-VOCX#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y por IF-2022-89213209-APN-VOCX#TFN se pasan los mismos a sentencia.
IV – Corresponde en forma preliminar recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros)
Según surge de los antecedentes el cargo se origina en antecedentes remitidos por el Departamento de Fiscalización de Operaciones Financieras, a fin de analizar el tratamiento contable e impositivo aplicado en el impuesto a la ganancias correspondiente al período 2013, respecto de las sanciones aplicadas por el Banco Central de la República Argentina a la recurrente y a sus directivos.
Que a pedido de la inspección, el BBVA informó que el monto total de la sanción impuesta por el Banco Central a la entidad y a los directores y/o representantes de la misma, en el marco del expediente 100661710 Sumario 1309, fue imputada contablemente como “pérdidas diversas” en dicho ejercicio, y deducidas del resultado impositivo del gravamen, haciendo notar que para cancelar las multas se destinaron fondos propios de la firma (vide cpo I antecdentes aportados a través del IF-2020-61880387-APN-DTD#JGMA, en especial copia de la registración contable obrante a fs. 15 y 16, composición detallada de la multa a fs. 34 y 35).
Frente a ésto el Fisco consideró que, por aplicación al caso de lo normado por los arts. 80 y 88 inciso i) de la ley del gravamen, el art. 145 de su decreto reglamentario (t.v para el período bajo trato), la deducción del gasto referido a las multas aplicadas por el Banco Central de la República Argentina a la sociedad y a sus directivos y/o representantes es improcedente, en tanto sostiene que no es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la fuente como en su conservación o mantenimiento y en consecuencia, impugna tal deducción arrojando una diferencia de impuesto a ingresar. Asimismo, se hace constar que los ajustes proyectados se confeccionaros sobre la declaración jurada rectificativa presentada el 30/3/2017 en el marco de un ajuste relacionado con otra inspección en curso.
V. Que como se dijo, el cargo surge de la impugnación de gastos que el fisco considera que no son deducibles en la declaración jurada del período 2013. Al respecto, explica la actora que las erogaciones cuya deducción se cuestiona responden a multas impuestas por el Banco Central de la República Argentina en el sumario sustanciado tanto a la sociedad como a las personas que corrrespondía atribuirles responsabilidad -por contar con poder de decisión suficiente, esto es los integrantes del Directorio-, con fundamento en el incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero, vulnerando el principio ´conozca a su cliente´, con fundamento en que se infringieron las normas cambiarias aplicables Puntualmente sobre las multas impuestas a los integrantes del directorio de la sociedad sostiene que lo fueron en su carácter de representantes de la misma y por lo tanto por el cumplimiento de las funciones a su cargo, que hacen al giro natural y habitual del negocio, tildándo de gastos inherentes y necesarios para el mantenimiento y conservación de las ganancias de la sociedad. Sostiene que esos gastos tienen una estrecha vinculación con la obtención de los ingresos de la sociedad (generadoras del impuesto) y, por lo tanto, considera que se aplica lo establecido en el inciso a) del art 82 de ganancias que establece “la deducción de los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias”.
Al respecto, cabe señalar que la erogación cuya deducción se pretende es consecuencia de una infracción a las normas cambiarias, por lo que corresponde atenerse, en este caso, al principio general que exige la normativa que rige el gravamen bajo análisis, esto es que para su cómputo debe existir un nexo causal con la utilidad real o potencial para obtener la renta gravada, es decir que la misma se realiza en beneficio de ésta. Que en efecto, frente al incumplimiento que originó el sumario y ante la posibilidad de que la entidad bancaria fuera pasible de sanciones -que es lo que ocurrió en el caso puntual-, no puede sostenerse válidamente que el gasto impugnado responda al giro natural y habitual del negocio ni que éste sea necesario, y por lo tanto no responde claramente a estrategias comerciales o al emprendimiento de nuevas inversiones o negocios, sino que debe entenderse que son consecuencias de un obrar negligente o de una impericia y por ende pudo evitarse.
En ese orden de ideas, podemos acercarnos al concepto de gastos necesarios y afirmar que son aquellos que se conectan con la utilidad real o potencial necesaria para la obtención de renta gravada. No deben vincularse con su carácter de imprescindible ni obligatorios, como tampoco se relacionan con la libertad del contribuyente para llevar adelante el gasto, sino que se entrelazan con el propósito que persigue con su realización (vide sentencia de la Sala “A” de este Tribunal Fiscal in re “Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.”, de fecha 18 de junio de 2014 en la cual la suscripta intervino como Vocal subrogante). Que, por otro lado debe tenerse presente que “dentro de la economía, las empresas adecuarán sus políticas, asumirán riesgos, costos y gastos en búsqueda del beneficio y, en la medida en que tales costos y gastos se realicen en la consecución de tal objetivo como elemento que coadyuva a la obtención del rédito, los mismo adquieren la calidad de gastos necesarios” (cfm. “El impuesto a las ganancias y los créditos dudosos. Gastos necesarios”, Víctor J. Aramburu, DTE, T° XVI, pág. 939 y sgtes.). Que en tal sentido, si bien no es materia de debate que el pago de la multa existió, y representa una pérdida para la sociedad recurrente, ello no implica per se que el gasto sea deducible en el impuesto de marras, en tanto considero que su pago constituye una erogación suplementaria -a partir del riesgo asumido al no cumplir con la normativa del Banco- que, ya sea como gasto no recuperable o un costo no puede oponerse a terceros, en este caso el Fisco Nacional (cfr. criterio seguido por este Tribunal desde larga data en la causa “ITESA Industria Textil SA s/recurso de apelación en materia de impuesto a los réditos y Multa”, sentencia del 29/3/1963, y en igual sentido el fallo “Eduardo Goldstein” de fecha 28/5/2004). Que una solución contraria a la que aquí se propicia llevaría que se produzca la neutralización del efecto de la penalidad que le fuera impuesta. Que tampoco puede considerarse que la infracción que motiva el gasto participe de los conceptos previstos en el inciso a) del art 82 de la ley del impuesto a las ganancias como propugna la actora.
Que, también la actora se agravia que el Fisco llegara a la conclusión de que las sumas que la entidad financiera desembolsó a fin de que sus directores y gerentes hagan frente a las multas impuestas por el Banco Central de la República Argentina, no resultaban deducibles del impuesto a las ganancias. Para ello el Fisco sostiene que ese gasto -en consonancia con el criterio seguido en el caso para la sanción aplicada a la sociedad-, tampoco se vincula con la obtención, mantenimiento y conservación de la ganancia gravada y considera que ello implicó una liberalidad por parte de la Entidad, sin que pueda o deba otorgársele a dicho gasto el carácter de imprescindible o necesario en los términos del artículo 80 de la ley del gravamen y señaló que si la recurrente le asignara a tales sumas el carácter de remuneratorio a favor de sus directores y gerentes, ello significaría una renta gravada en cabeza de estos, debiendo el empleador efectuar la retención respectiva en ocasión del pago e ingresar los aportes previsionales correspondientes.
Sobre ésta cuestión la actora indicó que no hizo retención alguna por entender que le corresponde al banco hacerse cargo de las multas aplicadas a los directivos por ser una consecuencia de su desempeño bajo subordinación técnica, negando que se trate de una liberalidad y en tal sentido sostiene que no resultaría de aplicación el art 145 del decreto reglamentario, en cuanto impide la deducción solo de multas que posean la condición de ser fiscales.
Que la decisión del banco de hacerse cargo de las sanciones impuestas a los directores y/o representantes de la firma, resulta razonable en tanto se les aplicó por la función que desarrollan en nombre y representación de la sociedad y no por actos realizados en forma personal. Que lo dicho no obsta en que tal proceder deriva de un acto voluntario de la apelante y por lo tanto obedece a una decisión de política empresaria pero que no encuentra basamento legal para que su deducción sea viable a fin de disminuir la ganancia sujeta a impuesto, puesto que esta erogación participa de las consideraciones ut supra expuestas, en tanto no todo costo derivado de incumplimientos por parte del contribuyente o sus dependientes resulta deducible (conf. Criterio (Enrique Reig. "Impuesto a las Ganancias". Ediciones Macchi, novena edición actualizada, Buenos Aires, página 337) y lo dispuesto por el art. 88 inciso i) de la ley del gravamen.
Que como apoyo a su posición, la actora cita autorizada doctrina que sostiene que toda sancion pecunaria debida a la falta de cumplimiento de contrato u obligaciones de cualquier índole es deducible dado que ello puede responder a errores voluntarios o inadvertidos del contribuyente o de sus dependientes, pero este no es el caso, puesto que la normativa infringida era conocida por los directivos de la sociedad recurrente y en todo caso el gasto incurrido fue consecuencia de la impericia o actuar negligente, sin que haya prueba alguna que pueda indicar que no se siguió la normativa por encontrarse frente a una imposibilidad de cumplimiento o conveniencia financiera de hacerlo de ese modo.
Que sobre la queja que formula la actora de que se habría aplicado de manera retroactiva las Circulares (AFIP) 1/2015 y 2/2015, cabe señalar que ello no puede prosperar toda vez que, de la lectura del acto apelado se advierte que el juez administrativo sustenta la determinación en lo establecido en las normas que rigen el gravamen y si bien hace mención a las citadas Circulares lo hace como apoyo a su posición en tanto reconoce que han sido dictadas con posterioridad al período fiscal en trato y dice que “las mismas sólo vienen a aclarar y reforzar el criterio sostenido por este Organismo respecto al tema en cuestión y que dimana de la misma Ley sustantiva” (sic, hoja 17 de la resolución).
En cuanto a la inconstitucionalidad que opone la recurrente cabe resaltar que el art. 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998) veda a este Tribunal la posibilidad de pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, en tanto previamente no lo haya hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyo caso lo autoriza a seguir la interpretación del Alto Tribunal, por lo que tal planteo no puede prosperar en esta instancia.
Por otro lado, sobre la nulidad opuesta como un argumento más que hace a la cuestión de fondo, con fundamento en que la resolución apelada carece de causa y motivación y que no respetó la garantía de defensa en juicio y el debido proceso adjetivo, cabe remarcar que del examen de las actuaciones no se evidencia que la actora haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso. Que los argumentos vertidos como fundamento de la nulidad intentada, resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad , integran la cuestión litigiosa que este Tribunal está llamado a resolver. En tal sentido corresponde desestimar tal defensa a tenor de las consideraciones expuestas a lo largo del presente decisorio.
Por lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste tratado en este punto.
VI. Que cabe referirse a los intereses resarcitorios impuestos por el impuesto que resulta confirmado. Cabe recordar que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por la recurrente en este caso (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor y que deben ser restrictivamente analizadas -las cuales definitivamente no se presentan en el caso concreto- resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Que puntualmente la actora sostiene la improcedencia de la liquidación de intereses resarcitorios debido a demoras en la verificación. Al respecto cabe señalar que del cotejo de las no se advierte dilación alguna a lo largo de la inspección desarrollada, sino que el Fisco dentro de las atribuciones conferidas por los arts. 33 y 35 de la ley de rito fiscal realizó una actividad que derivó en la resolución determinativa, que no ofrece reparo alguno, debiendo apuntarse que la actora no aporta elementos que acrediten que el accionar del Fisco se ha extendido en el tiempo por un proceder arbitrario.
Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados con relación al ajuste confirmado.
VII. Que resta pronunciarse sobre la multa impuesta al recurrente con sustento en el art. 45 de la ley de rito, graduada en un 70% del impuesto atribuido como dejado de ingresar, ello en la proporción del ajuste que aquí se admite.
Que el art. 45 de la ley N.º 11.683 (t.o. 1998 y modif.), en su parte pertinente dispone que: “el que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionada con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar ... siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...”, es decir que el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es la omisión del pago, mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o su inexactitud. Que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), y el artículo 45 de la ley N.º 11.683 no exige una intención dolosa, sino que para que se configure la conducta allí contemplada resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998).
Que ello así y de acuerdo con las circunstancias expresamente analizadas en el presente decisorio, no se advierte la existencia de causal exculpatoria alguna, remarcando que la recurrente en el caso de tener alguna duda relativa al concepto ajustado pudo recurrir al régimen de Consulta Vinculante previsto por la ley de rito fiscal para salvar dicha incertidumbre y no lo hizo. Que en cuanto a la aplicación de la Instrucción General (AFIP) N° 6/2007, tal norma no resulta vinculante para esta Juzgadora, correspondiendo señalar que acuerdo con las circunstancias analizadas en el presente decisorio, han concordado elementos suficientes para tener por configurada el tipo previsto en el art. 45.
En cuanto a la graduación que aplica el juez administrativo a la sanción aplicada en un 70% considero que la misma debe reducirse al mínimo legal que fija el mentado art. 45, atento que no han sido expuestas por el Fisco circunstancias que posibilitaran agravar el mínimo legal previsto por dicho artículo. Las costas en este aspecto se imponen a la actora en la porción que se confirma y en el orden causado, en la que se reduce.
V. Por todo ello, voto en el sentido de confimar el ajuste efectuado por el ente fiscal respecto de la deducción de sanciones a tenor de lo expresado en el presente voto con más intereses, con costas y confirmar la multa aplicada la que queda reducida a su mínimo legal (50%), con costas a cargo de la actora en la porción que se confirma y en el orden causado en la que se reduce.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Martín dijo:
1. Que adhiero al relato de los hechos que efectúa la Vocal Instructora en los Considerandos I a IV de su voto.
2. Que en definitiva la litis se encuentra trabada en torno de la deducción, en la determinación del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2013 que hiciera BBVA Banco Francés S.A, de multas aplicadas en el ámbito del Banco Central de la República Argentina, tanto a la entidad financiera como a determinados directivos de la misma, por incumplimientos a las normas de prevención de lavado de dinero.
Que el concepto general que rodea la temática de las deducciones en el Impuesto a las Ganancias está consagrado en los artículos 17, 80 (gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancia gravadas) y especialmente en el art. 87 de la LIG (t.o. en 1997 y sus modificaciones) ya que su inciso a) para los sujetos de la tercera categoría prevé que serán deducibles “los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio”. Claro está que a este último concepto lo precede una introducción –copete- con el siguiente contenido: De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley también se podrá deducir:…..
Como se puede visualizar el legislador no firmó un cheque en blanco, sino que se encargó de recordar que existen otras normas que pudieran condicionar, morigerar o inclusive neutralizar por completo los criterios generales, entre otras, las definiciones que efectúa en los incisos siguientes. De todas maneras considero que el precepto previsto en el artículo 87 es un concepto más elástico que el contenido en el artículo 80, pero de ninguna manera de alcance infinito o a cielo abierto atento que resguarda la relación, con otros principios también recepcionados en la ley del gravamen, inclusive, superponiéndose con definiciones y/o reglas que respetan patrones específicos (v.g. artículo 87, 88, t.o. en 1997 y modif) Dado que existen otras normas puntuales que pueden relacionarse con el tema, me detengo en la anterior redacción del artículo 88 inc. j) de “deducciones no admitidas”, ya que la Ley 27.430 le otorgó un nuevo texto, que temporalmente no resulta de debate en las presentes circunstancias, como así tampoco la modificación introducida al artículo 227 (ex artículo 145 DR. 1344/98) y en este caso si posee o no calidad de reglamentaria, interpretativa u aclaratoria. La vinculación que propicio analizar es con la no deducibilidad de quebrantos netos provenientes de operaciones ilícitas.
Que no existe, a mi entender, un criterio cerrado que permita resolver sin más, que las “multas” son deducibles o no en el Impuesto a las Ganancias. Es necesario profundizar la naturaleza de las sanciones que se aplican en cada caso y su efectiva y razonable consonancia con las actividades de la empresa y el resto de los artículos del cuerpo legal.
Que en las actuaciones se advierte que se trasladó a los Bancos, entre otros, una responsabilidad que busca coadyuvar con el otorgamiento de seguridad al Sistema Financiero, creando en el ámbito de aquellos determinadas tareas dirigidas a este fin. La ocupación asignada más allá de ser obligatoria es realizada adicionalmente a su actividad principal (ej. Bancaria) y no existirían dudas que los recursos humanos y materiales asignados y puestos a disposición por las distintas instituciones para la confección de legajos y antecedentes de los inversionistas, requeridos por la normativa, constituyen un gasto inherente al giro del negocio y por ende deducibles en el Impuesto a la renta, a los fines de obtener la base imponible del gravamen. Sin embargo, la deducción hoy en debate excede aquellos gastos de mantenimiento del sistema de seguimiento y control que implica cumplir con la tarea asignada por las autoridades regulatorias.
Que en ese marco resulta sustancial conocer los antecedentes que rodearon la aplicación de multas aplicadas al BBVA Banco Francés S.A. y sus directivos. Que para ello se ha recurrido al análisis de la Resolución 566 de fecha 14 agosto de 2013 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que además de dar por finalizado el sumario Financiero N° 1309, aplicó las sanciones, cuya deducción aquí se debate.
Que sin el objetivo de reproducir íntegramente los cargos, los descargos y los agravios generados en dicho proceso, y mucho menos de emitir juicio sobre la decisión final adoptada por la autoridad de aplicación, resulta de suma relevancia conocer los hechos atribuidos a los sumariados, la importancia y trascendencia de los incumplimientos en orden a comprender si la eventual deducción de las sanciones aplicadas colisionan con otras normas legales en derredor del Impuesto a las Ganancias.
Que de los considerandos de la Resolución citada, surge que el primer cargo imputado es el incumplimiento de las normas de prevención del lavado de dinero, donde se habría vulnerado el principio “conozca s su cliente”. Que en el marco de una fiscalización por parte del BCRA con el objetivo de evaluar las medidas adoptadas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se solicitaron 12 legajos de clientes-inversores. Entre los requerimientos efectuados sobre estos últimos se exigió información económica y/o jurídica que justificara el origen de los fondos, como así también la exhibición de declaraciones juradas que identificaran el origen y la licitud de los fondos. Se señala que la información fue requerida el 20 de octubre de 2009 y estaba referida al período iniciado en enero 2005 hasta esa fecha. En el capítulo de conclusiones de la Resolución N° 566 se destacan las siguientes afirmaciones: “El incumplimiento normativo que dio origen al presente sumario debe ser considerado una falta grave, toda vez que la normativa violada,,,,”; “incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero, vulnerando el principio conozca a su cliente”, es el instrumento con el cual el sistema financiero busca combatir el blanqueo ilegal de capitales o lavado de dinero”; “Cabe tener presente que la regla transgredida, es decir la Comunicación “A” 3094, fue dictada por el BCRA en adhesión a las 40 recomendaciones dictadas por el Grupo de Acción Internacional sobre blanqueo de Capitales, organismo intergubernamental integrado por 34 países, y que tiene como objetivo elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales provenientes de la comisión de distintos delitos de trascendencia mundial como: terrorismo, narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de órganos y seres humanos.”; “El período infraccional se extendió por 59 meses; entre enero de 2005 y noviembre de 2009”.
Estas conclusiones se basan en antecedentes aportados por la aquí actora que resultaron insuficientes y/o desactualizados para acreditar la situación económica y financiera de los clientes-inversionistas con relación a los montos que habrían operado con BBVA Banco Francés S.A. Entre las observaciones realizadas por la fiscalización se destacan a) ingresos que no justificarían el origen de los fondos de las inversiones realizadas (plazos fijos), b) los montos que surgen de la comparación de ingresos e inversiones, por sí solos son indicadores de la alta significatividad de las operaciones efectuadas al margen de los controles que, en cumplimiento de la política de prevención de lavado de dinero, la entidad sumariada estaba obligada a realizar; c) la falta de documentación y carencia de legajos evidenciaría otros apartamientos a la normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Otras actividades ilícitas concomitantes, d) resultando insuficiente la documentación presentada y siendo abismales las diferencias entre ingresos declarados y las inversiones involucradas, no obstante continuaron operando con los nombrados en forma normal, e) la falta de confección de los legajos es una irregularidad que se venía incurriendo reiteradamente a pesar que la fiscalizada había elaborado un plan de re-documentación que estaba cumplimentando, sin perjuicio los incumplimientos señalados, f) con dicho accionar la entidad no había adoptado los recaudos suficientes para alcanzar un acabado conocimiento del cliente, previo a la realización de cualquier operación, incumpliendo, en forma continua y reiterada, los requisitos que exige la normativa de aplicación. Entre los principales descargos efectuados por los sumariados se identifica el rechazo del carácter penal de la imputación y la ausencia de dolo. Sobre ello se le ha hecho saber a los involucrados que las sanciones tienen carácter administrativo y no penal, citando jurisprudencia en la que se dijo que el artículo 41 de la Ley 21.526 no conmina con penas determinadas conductas, sino que éstas quedan configuradas por las acciones u omisiones contrarias a la ley o a su reglamento. También ratifica que tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de medidas represivas.
Como se puede apreciar son variadas las aristas que permitieron abordar y comprender los incumplimientos. Por un lado la violación de la norma que exige la realización de determinada tarea, puesta en manos de la aquí actora, la que tiene la connotación de recurrencia y falta de reacción para enderezar los incumplimientos, facilitando el normal desarrollo de inversiones y no permitiendo que el sistema de control creado para prevenir la realización de operaciones ilícitas no se pusiera en funcionamiento para los casos bajo fiscalización y por ende habilitando operaciones en las que si bien no se ha registrado perjuicio contra terceros ni beneficio para el infractor (pag. 21 Resolución 566/2013), lo cierto es que la adecuada observancia de la normativa, bien pudieron haber evitado eventuales irregularidades o ilícitos que no fue posible verificar por el mecanismo de prevención atento los incumplimientos producidos –no casualmente ni esporádicamente ni de rápida solución-, tal como lo señaló la fiscalización. Esa potencialidad estaba presente en las observaciones primigenias que había realizado la fiscalización (v.g. Ingresos declarados $ 427 e inversiones por $ 2.443.000 y U$S 3.300.000; jubilada ingresos $ 400, plazos fijos $ 5.600.000). Así las cosas, los incumplimientos no significaron violación en primera persona por parte del Banco en operaciones de lavado, pero su inacción o acción insuficiente ha convalidado una situación totalmente irregular, poniendo en riesgo el sistema de control de prevención de lavado de dinero.
Lo expuesto pone en evidencia que se trata de un gasto que se origina en una actividad irregular, cuya prestación forma parte de una ilicitud real como sinónimo de la no observancia o incumplimiento de las normas y una ilicitud potencial en el marco preventivo de cara a los terceros involucrados.
Todos estos antecedentes a mi entender deben ser analizados en el marco del inciso j) del artículo 88, el que incluye como deducción no admitida “los quebrantos netos de operaciones ilícitas”. Resulta a mi entender el término “operaciones” comprensivo de toda actividad desarrollada por el sujeto alcanzado por la norma, tanto en las prestaciones finales que brinda como en la faz de la elaboración y/o etapas intermedias. Ello involucra tanto su actividad principal, accesoria o los actos o hechos necesarios para llevarlas a cabo. En síntesis considero que la actividad incumplida y sancionada participa de esta característica. Por su parte la inobservancia de la normativa aplicable y su trascendencia inmediata sobre la tarea de prevención y el potencial riesgo sobre el sistema convierte la ilicitud en determinante para contrarrestar y neutralizar el concepto de mero gasto inherente al giro del negocio. A mi entender el peso específico de los incumplimientos le otorgan preeminencia sobre el criterio general consagrado en el artículo 87 inc. a). (t.o. En 1997), A su vez no se ha acreditado en las actuaciones ningún ingreso que pudiera ser apareado con el gasto cuestionado, a los fines de obtener el quebranto neto.
Por todo lo expuesto voto por confirmar el ajuste propuesto por el Fisco Nacional, por el cual se impugnan las deducciones computadas en el Impuesto a las Ganancias en concepto de multas aplicadas a BBVA Banco Francés S.A con más los intereses resarcitorios correspondientes.
3. El segundo agravio está referido a la impugnación de idénticos gastos pero referidos a las multas aplicadas por el BCRA a parte del elenco directivo que tuvo algún grado de intervención en los incumplimientos que se le atribuyen al Banco y que este último soportó. Los mismos argumentos expuestos anteriormente les son aplicables ya que si bien el sumario en este caso estuvo centrado en el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de los involucrados, los incumplimientos y sus efectos serían los mismos, no siendo atendibles los agravios esbozados en cuanto a que no se trató de una liberalidad y la solución dada al caso resultaría equivalente a una mayor remuneración en favor de los directores. Ello no encuentra correlato con los hechos y el despliegue impositivo plasmado por la recurrente en sus declaraciones juradas ya que no haberla considerado oportunamente como tal, impidió que el Fisco verificara, dentro de los plazos con los que cuenta para ejercer sus facultades, el tratamiento que estos le hubieren otorgado a ese mayor valor, resultando hoy de imposible verificación el cómputo de las multas asociadas, actualmente cuestionadas en las declaraciones juradas de los directivos. En consecuencia voto por confirmar el presente ajuste con más sus intereses resarcitorios.
4. Por su parte entiendo que existiendo elementos suficientes para enmarcar la conducta de la recurrente en los supuestos del artículo 45, y no existiendo error excusable, voto por confirmar la sanción y en especial su graduación, aplicada por el juez administrativo.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confimar la resolución apelada en cuanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con costas.
2. Confirmar la multa aplicada la que queda reducida a su mínimo legal (50%), con costas a cargo de la actora en la porción que se confirma y en el orden causado en la que se reduce.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $88.599 (pesos ochenta y ocho mil quinientos noventa y nueve) equivalente a 9,84 (nueve con 84/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $221.496 (pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos noventa y seis) equivalente a 24,61 (veinticuatro con 61/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.09.01 09:25:03 -03:00 Date: 2022.09.01 13:34:06 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.01 13:54:14 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.01 13:54:16 -03:00
Fin de la sentencia