Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-107213839-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma pesos ciento diez millones ochocientos mil doscientos veinte con 85/100 ($110.800.220,85.-) por el EX-2025-107213839- -APN-TFN#MEC y la suma de veintinueve millones ochenta y siete mil doscientos dos con 73/100 ($ 29.087.202,73) por el EX-2025-102757871- -APN-TFN#MEC, en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por el EX-2025- 107213839- -APN-TFN#MEC fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 6.794.912 (pesos seis millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos doce) equivalente a 69,26 (sesenta y nueve con 26/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 16.987.279 (pesos dieciseis millones novecientos ochenta y siete mil doscientos setenta y nueve) equivalente 173,14 (ciento setenta y tres con 14/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-60438891-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Junio de 2026 TFN#MEC;BEATRIZ CABRERA VIAJES Y TURISMO S.A. s/incidente – beneficio de litigar sin gastos;
SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-107213839- -APN- TFN#MEC y su acumulado EX-2025-102757871- -APN-TFN#MEC; caratulado “BEATRIZ CABRERA VIAJES Y TURISMO S.A. s/incidente – beneficio de litigar sin gastos”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante IF-2025-108557205-APN-DTD#JGM e IF-2025-103132081-APN-DTD#JGM la firma Beatriz Cabrera Viajes y Turismo S.A. solicita que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, argumentando que carece de ingresos para afrontar el pago de la tasa de actuación devengada por las actuaciones iniciadas, en tanto sostiene que se encuentra en una situación económica y financiera altamente desfavorable producida por una merma en su actividad comercial desde el año 2024 y que el pago de dicha tasa afectaría el cumplimiento de compromisos salariales. Que, a fin de probar la situación económica que alega, la incidentista acompaña prueba documental y ofrece prueba pericial contable e informativa dirigida al Registro de la Propiedad del Inmueble de la provincia de Mendoza y a la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Por las razones que expone y la prueba que ofrece pide que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos. Hace reserva al caso federal.
II. Que a través de IF-2025-114014517-APN-DTD#JGM e IF-2025-106129201-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta los traslados conferidos y pone de manifiesto que las pruebas ofrecidas por la incidentista resultan dilatorias, alegando que se trata de una empresa en marcha y que la capacidad económica de dicha parte surge de los ingresos por la actividad desarrollada conforme se evidencia en los puntos de pericia propuestos. Solicita se rechace el mentado beneficio, con costas y deja planteada la reserva del caso federal.. Mediante IF-2025-117495550-APN-DTD#JGM e IF-2025-10451808-APN-DTD#JGM, toma intervención la Sección Impuestos Internos Sellos y Varios de la D.G.I.
III. Que a través de PV-2025-119095304-APN-VPCX#TFN se abre el presente incidente a prueba y se admite la prueba pericial contable e informativa ofrecida por la incidentista en el apartado II.- de su escrito de presentación (vide IF-2025-108557205-APN-DTD#JGM).
Que por PV-2026-46301928-APN-VOCX#TFN se tuvo por agregado el informe pericial realizado, mientras que por el PV-2026-53227374-APN-VOCX#TFN se dio por decaído el derecho de la incidentista a la informativa ordenada, dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Mendoza (Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial), y a la Administración Tributaria Mendoza (ATM) atento encontrarse cumplido el plazo para su producción, sin que se solicitara la reiteración de los oficios cursados y se clausura el período probatorio.
Que por PV-2026-53906231-APN-VOCX#TFN se tiene por agregada la presentación realizada por la incidentista mediante RE-2025-120356501-APN-DTD#JGM.
Por PV-2026-53906961-APN-VOCX#TFN se corre la vista dispuesta en el art. 81 CPCCN, la que es contestada mediante IF-2026-54053473-APN-DTD#JGM únicamente por la representación fiscal.
En dicha oportunidad el apoderado fiscal pone de resalto que la certificación contable es una prueba extraprocesal sin intervención de un perito desigando por el ente fiscal; en cuanto a la pericia contable rendida en autos detalla los montos y conceptos allí vertidos que indicarían que la incidentista cuenta con fondos suficientes para el pago de la tasa de actuación, reiterando su petición de que se deniegue el beneficio pedido.
Finalmente, por PV PV-2026-57698729-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala D.
IV. Que, el beneficio solicitado se encuentra enderezado a evitar sufragar la tasa establecida por la Ley 25.964 y demás gastos del juicio.
Que, dicha ley en su art 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con Beneficio de Litigar sin Gastos” y este beneficio que contempla el artículo 78 del C.P.C.C.N., se acuerda a aquellas personas que “carecieren de recursos” esto es, que se encuentren en una situación de pobreza tal que, al no poder afrontar el pago de la tasa de actuación, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que cabe aclarar que la falta de ingreso de la tasa de actuación, no obsta a la continuación del juicio ante este Tribunal, por lo que de ninguna manera es posible argumentar que el rechazo del pedido de beneficio de litigar sin gastos puede violentar o limitar de modo alguno el derecho de defensa en juicio.
Que así las cosas, la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. Vale aclarar que el legislador ha omitido referencias basadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver; y es por ello que en cada situación, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; Considerando 1° y sus citas; 315:276 y 1025).
De tal manera, como lógica consecuencia de lo destacado en el párrafo precedente, es posible observar la notable relevancia que adquieren las pruebas que pueda aportar la peticionante de un beneficio de litigar sin gastos, dada la particularidad que cada caso puede representar y principalmente debido al riesgo que implicaría conceder un privilegio tal como lo es el de litigar sin la carga de soportar algún tipo de costo, sin fundamentos y bajo ningún sustento fáctico. Aquella situación no haría más que colocar a una de las partes del litigio en una clara situación de ventaja por sobre la otra afectándose, de manera indudable, el principio constitucional de igualdad que debe regir para todo litigio.
V. Que, a la luz de la solidez probatoria que la concesión del beneficio de litigar sin gastos exige, cabe analizar las pruebas documental y pericial contable ordenadas en el presente incidente, haciendo notar que con relación a la informativa dirigida a la Administración Tributaria Mendoza (ATM), no obra en autos respuesta al mismo. Que, de los Estados Contables del ejercicio 2024 aportados por la incidentista como prueba documental, se observa que la firma cuenta con recursos suficientes en el Activo Corriente. En efecto, se verifican disponibilidades en “Caja y Bancos”, así como créditos por ventas y otros créditos de carácter recuperable que integran el activo a corto plazo. Asimismo, la empresa registra, entre otros, bienes de cambio y activos no corrientes, todos con saldo positivo. Sobre la certificación contable, el firmante dice que la empresa se encuentra en una situación económica desfavorable desde 2024, que le impide hacer frente a gastos de litigios, habiendo tenido que recurrir a préstamos bancarios y fondos propios de los socios para mantener su estructura.(vide IF- 2025-108557205-APN-DTD#JGM).
Respecto de la pericia contable realizada (vide IF-2026-46062196-APN-DTD#JGM), los expertos manifiestan que el último balance presentado por la firma es del período 2024; que conforme lo expresado por la empresa, y la información suministrada, indiquen si posee contratos vigentes y pendientes de concretar por ventas futuras. En este caso el perito a propuesta de la incidentista lista ocho de ellos, mientras que la perito del Fisco Nacional manifiesta que la información le fue brindada por mail, que dichos contratos son de tipo privado, sin certificación de firmas de ninguno de los intervinientes (representante del actor y el cliente), que se pacta que la única moneda de cancelación es Dólares Estadounidenses, que la sumatoria del valor del viaje de cada contrato individual arroja un total, por 10 contratos, de U$S 46.080 .- , tratándose de viajes con fecha de salida en el año 2026 (marzo a setiembre) y que no le es posible determinar fehacientemente si éstos son los únicos contratos existentes con fecha de viaje en el año 2026, ni tampoco que los montos y datos de los mismos sean verdaderos en tanto ninguno de ellos posee ninguna firma certificada por autoridad notarial, para así no generar dudas de su autenticidad. En relación a los montos de facturación mensual de la firma, el perito de la incidentista manifestó que la facturación correspondiente al periodo enero 2025 a febrero 2026 ascendió a la suma total de $2.137.856.646,05. Por su parte, la perito del Fisco señaló que no se aportaron registraciones contables rubricadas, sino únicamente hojas sueltas y libro digital IVA, indicando que ello impide verificar la autenticidad de la información, toda vez que no existe certeza si esos serán los estados contables definitivos. No obstante, indicó que las ventas del balance 2025 ascienden a $1.884.618.394,92 y las registradas en el libro digital IVA gravado y exento a $1.884.618.415,70, aclarando que los montos citados no contienen débito fiscal , es decir son montos netos (finales) y ya están restados los importes de las notas de créditos de ventas.
Respecto de si existen fondos suficientes para afrontar el pago de la suma fijada en autos, el perito de la incidentista -sustentando su respuesta en el “detalle suministrado sumas y saldos en formato balance al 31/12/2025 con ajuste por inflación (sin certificar)” (sic)- dice que en su “opinión, la empresa se ha visto disminuida económica y financieramente... la empresa no cuenta con los fondos suficientes para hacer gastos extras, en este caso las sumas fijadas en autos, ya que, el pago de dichos fondos agravaría la situación expuesta de la misma” (sic). En cambio, la perito del ente fiscal se remite a lo expuesto en la respuesta anterior respecto de lo datos consignados en los Estados Contables del ejercicio 2025 en tanto no es definitivo ni ha sido auditados por profesional independiente como así tampoco se ha aportado el Libro Diario rubricado, agregando que la relación entre facturación y gastos no permite por sí sola determinar la existencia de fondos disponibles, puesto que ello dependerá, en realidad, de la estrategia comercial que posea el actor en materia de Pagos y Cobranzas, el nivel de incobrabilidad de clientes como así también el nivel de mora en el pago de las obligaciones contraídas. Remarca que no corresponde que un perito determine cuáles son los “gastos necesarios”, debiendo limitarse a tomar la la totalidad de los que figuren en el Cuadro de Gastos de los Estados Contables pero sin opinar o concluir sobre su pertinencia, puesto que ello sólo sería posible si se efectuara una auditoría que excede el rol de un perito. Asimismo, destacó que en los estados contables 2025 el patrimonio neto pasó a ser negativo y señaló inconsistencias entre la inexistencia de paquetes turísticos al cierre del ejercicio 2025 y la existencia de contratos celebrados para viajes en el año 2026. Además, expone que conforme surge de los Estados Contables del ejercicio 2024, surge que se ha pagado o distribuido honorarios/dividendos por la suma de $ 75.545.599,46.-, siendo que el total del Patrimonio Neto al cierre (luego de la distribución) quedó en la suma de $ 1.175.471.941,22.- (positivo); y que en el ejercicio 2023 se Distribuyeron Honorarios/Dividendos por $ 233.968.759,30.-
Finalmente se les pidió a los peritos que, considerando la documentación e información aportada como prueba, ratifique o rectifique las conclusiones obrantes en el informe contable que se acompaña como prueba documental. Allí el perito de la incidentista dice que en su “opinión” concluye que la situación económica y financiera de la empresa no le permite afrontar gastos extraordinarios. Expone que, si bien la entidad presentaba una situación estable en ejercicios anteriores, el agravamiento de las condiciones adversas se manifestó críticamente a partir del ejercicio 2025, indicando que contaba con un “historial crediticio favorable que permitió el acceso a financiamiento bancario en el pasado” pero que el desequilibrio financiero actual se origina en una caída abrupta de la actividad operativa durante el periodo 2025. Por su parte, la perito del Fisco Nacional informa que no comparte la Manifestación obrante en la Certificación aludida en tanto, no pudo examinar Libros rubricados para emitir su opinión, allí se está considerando un Balance de sumas y saldos al 31 de agosto de 2025 cuando la fecha de cierre del ejercicio comercial es el 31 de diciembre de 2025, poniendo de relevancia que estáría opinando sobre un elemento que no ha sido aprobado por los accionistas de la sociedad y respecto al cual no indica que hubiera hecho un control con Libros rubricados; y remarca que en la certificación el firmante dice que las tareas realizadas no le permiten determinar la existencia de otros ingresos no declarados. Además informa las contradicciones que observa en la mentada certificación contable, respecto de la alegada disminución de actividad, la continuidad de la estructura empresaria, la obtención de préstamos bancarios a sola firma con garantía solidaria de dos socios, a devolver a los 60 días de la fecha de otorgamiento y la ausencia de paquetes turísticos al cierre de 2025, concluyendo además que las relaciones numéricas y porcentuales utilizadas carecen de respaldo técnico al no responder a los índices contables aplicables para evaluar la situación económicofinanciera de la firma.
Finalmente, la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Ciudad de Mendoza, en la respuesta incorporada por IF-2026-53455803-APN-DTD#JGM, informa que no se encuentran inscriptos bienes inmuebles a nombre de la incidentista, haciendo constar que la base de datos de titulares registrables se encuentra en formación, solicitando que denuncie los inmuebles no informados. Que de lo expuesto, queda evidenciado que lo alli manifestado no resulta categórico para poder afirmar que la rubrada no posee bienes registrables a su nombre, además que el pedido de informes se ha limitado a la Ciudad de Mendoza.
A tenor de lo expresado, cabe concluir que la prueba producida -en particular la pericia contable- surge que la incidentista posee recursos para afrontar el pago de la tasa debida en autos, en tanto mantiene su actividad comercial, posee contratos vigentes para el año 2026 y capacidad de acceso al crédito bancario, circunstancias que evidencian continuidad operativa y capacidad económica, por lo que las probanzas aludidas lejos están de demostrar que se imposibilitada de obtenerlos para así afrontar los gastos que irroga la presente causa. En este sentido es necesario remarcar que la situación de pobreza, no debe confundirse con dificultades financieras por las que podría haber atravesado la empresa, las que no se observan en el caso, debiendo remarcarse que el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos que irroga el juicio, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio. En esa línea cabe destacar que no surge de las constancias de autos que pesen sobre la firma embargos, ni inhibiciones ni otra traba que la impida acceder a un crédito a fin de solventar los gastos que irroga el recurso deducido por su parte ante este Organismo jurisdiccional, en tanto se observa que -conforme lo indicado en la Certificación Contable y de la pericia- no ha tenido inconvenientes para obtener préstamos bancarios a sola firma.
Así se ha sostenido que la iliquidez no es una circunstancia que habilite -por sí sola- la concesión de la dispensa impetrada, en tanto la eventual falta de liquidez constituye -en última instancia- un problema financiero que puede encontrar solución por otras vías alternativas que posibiliten acceder a condiciones económicas de litigar en reconocimiento o defensa de sus derechos, y que no involucren trasladar necesariamente sus consecuencias al sistema judicial o la eventual contraparte en el juicio (cfr. esta CNCom., Sala A, 04.08.11, "Acristal SA c/ Fundación p/ Lucha contra enfermedades neurológicas de la infancia s/ beneficio de litigar sin gastos"; íd., 18.04.2012, “Food Cleaning SRL c/ Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos”; en igual sentido: Sala C, "Forte, Miguel c/ Rabino, Jaime", ED 132-150).
En efecto, la exención que contempla el art. 78 CPCC no está prevista para asistir a empresas con "dificultades" en su giro, pues quienes asumen los riesgos de un negocio deben prever las consecuencias de sus emprendimientos, dentro de los cuales queda comprendida la de la necesidad de litigar en defensa de sus intereses y derechos (esta CNCom. Sala C, 28.09.77, "Salva, Eduardo c/ Ruiz Montes, Julio s/ ordinario"; 1511.99, "Dulce Hogar SA c/ Carrefour Argentina S.A.").
Además, no puede soslayarse que así como la incidentista debió prever los honorarios del profesional que lo representa, también debió considerar el arancel correspondiente a la tasa que establece la Ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surgió en forma intempestiva sino que son consecuencia de la decisión adoptada en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional. Que si bien, pesar de que la ley de Procedimiento Tributario (art. 160 t.o. vigente) prevé que “en la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...”, la incidentista concurre a esta instancia con 2 letrados que asumen el carácter de apoderado y patrocinante cada uno de ellos, lo que es un argumento más para tener en cuenta de que no se encuentra “carente de fondos”, ya que debe entenderse que la labor desarrollada por dichos profesionales se presume onerosa, ya que no obran constancias en autos que permitan sostener lo contrario.
Que en tal caso, el rigorismo con que debe ponderarse la declaración de pobreza se maximiza cuando el peticionante pudo contratar los servicios de dos letrados pues es dable inferir que ha podido afrontar erogaciones, lo que demostraría cierta disponibilidad patrimonial, que al menos, le ha permitido desenvolverse frente a los primeros gastos del juicio (conf. “Beprea S.A. c/Edesur” – CNCom. – Sala B – 09/05/2006).
Ello así, cabe concluir que “No se halla, -pues-, la actora, en la situación de quien por verse circunstancialmente privado de recursos, es merecedor de una franquicia que le permite litigar en defensa de sus derechos, hasta tanto su situación cambie. Es que la peticionante no ha demostrado una mínima intención de superar la indigencia, antes bien, pretende prevalerse de ella para eximirse de las erogaciones que a todo litigante le son impuestas” (ED Tº 135, pág.144).
Por todo lo expuesto y no encontrándose acreditada la hipótesis de pobreza argumentada por la incidentista, presupuesto ineludible a los fines que el beneficio de litigar sin gastos solicitado pueda prosperar, corresponde resolver su denegación, con costas.
VI. Como consecuencia de lo decidido, procede intimar al incidentista que en el plazo de cinco (5) días ingrese la suma de pesos ciento diez millones ochocientos mil doscientos veinte con 85/100 ($110.800.220,85.-) por el EX-2025-107213839- -APN-TFN#MEC y la suma de veintinueve millones ochenta y siete mil doscientos dos con 73/100 ($ 29.087.202,73) por el EX-2025-102757871- -APN-TFN#MEC; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma pesos ciento diez millones ochocientos mil doscientos veinte con 85/100 ($110.800.220,85.-) por el EX-2025-107213839- -APN-TFN#MEC y la suma de veintinueve millones ochenta y siete mil doscientos dos con 73/100 ($ 29.087.202,73) por el EX-2025-102757871- -APN-TFN#MEC, en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por el EX-2025- 107213839- -APN-TFN#MEC fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 6.794.912 (pesos seis millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos doce) equivalente a 69,26 (sesenta y nueve con 26/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 16.987.279 (pesos dieciseis millones novecientos ochenta y siete mil doscientos setenta y nueve) equivalente 173,14 (ciento setenta y tres con 14/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por el EX-2025- 102757871- -APN-TFN#MEC fijándolos para la representación procesal en la suma de 2.158.676 (pesos dos millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y seis) equivalente a 22 (veintidos) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 5.396.690 (pesos cinco millones trescientos noventa y seis mil seiscientos noventa) equivalente a 55,01 ( cincuenta y cinco con 01/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular a la perito contadora, Dra. María Angélica Gattorronchieri, la suma de $ 5.544.011 (pesos cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil once) equivalente a 56,51 (cincuenta y seis con 51/100) UMA por el EX-2025-107213839- -APN-TFN#MEC y la suma de $ 1.454.360 (pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta) equivalente a 14,82 (catorce con 82/100) UMA por el EX-2025-102757871- - APN-TFN#MEC, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y las labores periciales realizadas, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese a la incidentista y a ARCA - Dirección General Impositiva -Sección Coordinación de Impuestos Sellos y Varios y al Departamento Contencioso Judicial-.
Date: 2026.06.18 13:18:44 -03:00 Date: 2026.06.18 13:31:46 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.18 15:11:34 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.18 15:11:35 -03:00
Fin de la sentencia