Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín · Causa 964
Lo que resolvió el tribunal
I. Dejar sin efecto la resolución de primera instancia en lo que ha sido materia de apelación y agravio. Sin costas.
Expte. Nº JN-964-2021: "BECERRA, GRACIELA ARACELI S/ ROBO"
Junín, a los 18 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Luis Alberto Beraza y Carlos Mario Portiglia (artículo 440 del C.P.P.), bajo la Presidencia del primero, se trajo a despacho para pronunciar Sentencia la Causa Nº JN-964-2021, caratulada "BECERRA GRACIELA ARACELI S/ ROBO".
Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden: Doctores Portiglia y Beraza.
Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿ Es justa la resolución apelada ?
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Carlos Mario Portiglia dijo:
El Juez titular del Juzgado Correccional 1 rechazó la solicitud de conceder a la imputada Graciela Araceli Becerra el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (arts. 404 del CPP y 76 bis del Código Penal). Para así decidir, se hizo eco de la oposición exteriorizada por el Ministerio Público Fiscal a fs. 99 en los siguientes términos: "...que ha escuchado a la víctima de autos Fernando Mario Lohidoy...y explicado sobre el beneficio que solicitó la imputada le manifestó que no prestaba conformidad a la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba en favor de Becerra, en consecuencia, dictamina negativamente...toda vez que resultan atendibles las razones esgrimidas por la víctima especialmente por el daño sufrido en sus bienes y los perjuicios personales que le ha acarreado este hecho desde el punto de vista emotivo y psicológico...".
El fallo ha sido motivo de impugnación por parte del defensor oficial de la nombrada, Dr. Gerardo G. Doyle, poniendo de manifiesto aspectos relevantes acerca de la cuestión debatida -ignorados por el juez de grado- tales como: que la opinión de la víctima en modo alguno puede ser vinculante para el Juez; que hay en el proceso una conducta contradictoria de parte de ésta en la medida que en un momento estuvo de acuerdo con la alternativa de la mediación y ahora se opone al instituto de la suspensión del juicio a prueba; que los elementos denunciados como sustraídos los ha recuperado en su totalidad; y que el modo de resolver contradice los más elementales principios del derecho penal de fondo y de forma siguiendo la doctrina que sentara el máximo Tribunal Federal en los fallos "Acosta" y "Norverto".
Un detenido y pormenorizado análisis de la cuestión traída para resolver me lleva a adelantar opinión en sentido coincidente con la postura que muestra el letrado defensor recurrente.
Así, está claro que el punto estriba en analizar si la oposición del Ministerio Público Fiscal al otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba -en la especie- es o no vinculante para el juzgador, cerrando así las puertas a cualquier debate.
Tengo dicho que la postura negativa del fiscal debe ser acompañada pero también que la misma debe ser lo suficientemente fundada y motivada -como todo su accionar durante el curso del proceso por el deber de actuar con objetividad- y que en el marco propio del sistema acusatorio el Juez tiene la facultad y el deber de revisar los argumentos del oponente en punto a su razonabilidad, ya que la disyuntiva entre suspender el juicio o seguirlo adelante acarrea consecuencias demasiado serias como para que el órgano jurisdiccional se mantenga como un mero espectador de la contienda entre las partes.
Es añeja la doctrina y la jurisprudencia que definen al Derecho Penal sancionatorio como un derecho público de excepción aplicable siempre como "última ratio" y porque en casos donde puede vislumbrarse, como el presente, que la pena en expectativa puede resultar de ejecución condicional, es dable no perder de vista que el fin preventivo general o especial, según se mire, puede perfectamente cumplirse de igual manera a partir de la aplicación de las reglas establecidas en el art. 27 bis -según el 76 ter- del Código Penal, máxime, si como surge de las actuaciones los elementos denunciados como sustraídos por la imputada han sido recuperados en su totalidad (ver fs. 3, 7 y acta de allanamiento de fs. 19/vta. llevado a cabo a menos de 48 hs. de la denuncia).
En esa senda, bueno es memorar la copiosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que la primera regla de interpretación de la norma es darle pleno efecto a la intención del legislador y que la primaria fuente para bucear en ella es la letra de la ley, en la inteligencia de que los jueces no deben suplantar la voluntad del legislador (Fallos 300:700 y 302:973 entre otros). También las leyes deben ser interpretadas por el propio sentido de las palabras que expresan cuando concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (cfr. Fallos 295:376), para lo cual deben tenerse presente todos sus preceptos de manera que armonicen con el orden jurídico restante y con los principios y garantías que marca la Constitución Nacional (Fallos 312:11), por lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 307:1018).
No pueden soslayarse para el presente caso los clásicos estándares interpretativos que nacen de los criterios literal, auténtico, sistemático y teleológico al momento de averiguar el sentido y alcance de la unidad textual contenida en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal. En esa línea, menester resulta destacar que con la directriz que nos guía el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional que recepta el bloque de Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, se infiere que la configuración legislativa y la aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas de la libertad han de ajustarse al cumplimiento de sus exigencias que reclaman, en concreto, un Derecho Penal que sea mínimamente intenso, es decir, lo menos aflictivo y estigmatizante para los que infrinjan los mandatos y las prohibiciones penales, por lo que cualquier intervención estatal debe obedecer a los postulados constitucionales de la resocialización. En orden al sentido auténtico de interpretación, no puede obviarse la discusión parlamentaria al momento de la sanción de la ley 24.316 en donde se sostuviera: "...lo que pretende este instituto es atender a cada delincuente primario, ocasional, o que comete un delito una sola vez en la vida. Por eso, existe una política social del Código Penal que apunta a contemplar la situación de aquellos delincuentes que en determinados delitos terminan siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a la condena siendo que tal vez nunca más esa persona vuelva a cometer un delito...Debe tenerse en cuenta que esa es la política criminal a la que apunta este instituto y en esa dirección va encaminado..." (ver "Antecedentes Parlamentarios", 1994 n° 2, ley 24.316, ed. La ley). Desde lo teleológico, no abrigan dudas los postulados político-criminales que orientaron la sanción de la ley 24.316 que incorpora el art. 76 bis al fondal y que diáfanamente se expresan en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación que, para no ser reiterativo, se condice con lo dicho precedentemente.
Por otro lado, obsérvese que el fin preventivo debe necesariamente atender que puede hallarse satisfecho con la imposición de las reglas de conducta que cabe adoptar junto con el otorgamiento del beneficio, en cada caso en particular y atendiendo a las circunstancias concretas de la imputada, en el marco de lo reglado por los arts. 76 ter, primer párrafo y 27 bis, anteúltimo párrafo, del Código Penal.
Aún pecando de reiterativo: estamos ante una denuncia de robo simple, es decir, sin que pueda aplicarse ninguno de los agravantes previstos para la figura legal de que se trata (art. 164 del Código Penal, cfr. acta de declaración en términos del art. 308 del CPP y requisitoria de elevación a juicio de fs. 57/62vta.); el hecho sucedió el 30 de octubre del año 2020 aproximadamente a las 17 hs. en la vivienda de calle Chávez 493 y, como dijera más arriba, el día 2 de noviembre del mismo año se recuperaron las cosas según da cuenta el acta de allanamiento que ha sido agregada a fs. 19/vta. La incusada carece de antecedentes penales condenatorios y de procesos penales abiertos. La pena en expectativa, de resultar acreditada la autoría y responsabilidad, es evidentemente de ejecución condicional con aplicación de la reglas previstas en el art. 27 bis del Código Penal.
De ahí que la oposición al progreso del instituto exteriorizada por el representante del Ministerio Público Fiscal no luce ni fundada ni razonable para el caso y se aparta de la letra y el espíritu de los arts. 56, 56 bis y cc. del CPP.
Desde ya que comulgo plenamente con los principios y postulados que dieron lugar en la Provincia de Buenos Aires a la sanción de la ley 15.232 (cfr. ley nacional 27.372), pero en supuestos como el de autos, en donde tampoco la víctima se constituyó en calidad de particular damnificado, su postura no puede neutralizar hasta su aniquilamiento los principios rectores que dan vida al Derecho Penal y que recepta el Código de Procedimiento Penal como su brazo ejecutor, trastocando en parte la esencia misma del sistema acusatorio que lo tiene al Fiscal -en el presentecomo el verdadero titular de la acción pública (art. 6 y cc. de ese ordenamiento legal). Sin que por otro lado resulte ocioso resaltar que el instituto de marras está inserto y regulado en el Código Penal, es decir, en lo que se ha dado en llamar derecho penal de fondo, por lo que mientras mantenga su vigencia es plausible de aplicación de conformidad con las pautas establecidas para ello.
En síntesis, por lo expuesto, soy de opinión que la resolución de primera instancia que rechaza el pedido de suspensión del juicio a prueba en favor de la imputada Graciela Araceli Becerra debe ser dejada sin efecto y así lo propongo concretamente al acuerdo, debiendo devolverse las actuaciones al origen a fin de que se dicte una nueva con arreglo a la presente. Sin costas (arts. 1, 3, 106, 404, 434, 439, 441, 530, 531 y cc. del CPP).
VOTO POR LA NEGATIVA.
Dio su voto en el mismo sentido, aduciendo análogas razones, el Señor Juez Dr. Luis Alberto Beraza.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Dejar sin efecto la resolución de primera instancia en lo que ha sido materia de apelación y agravio. Sin costas.
II. Registrar, notificar y devolver al origen a los fines indicados.
Fin de la sentencia