Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-1.906/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 777/803 vta..-
2Declarar nula la sentencia de primera instancia obrante a fs. 647/661; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de la primera instancia a efectos que dicte un nuevo fallo, debiéndose tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo.-
3Imponer las costas por su orden atento a que ninguna de las partes ha sido causante de la nulidad.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-1.906/13-TSJ Sentencia N°: 581.-
Actor: BEHERAN ROBERTO ALEJANDRO Demandado: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL Y OTROS Objeto: ORDINARIO Fecha: 21-10-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 581.-
FOLIO Nº 3.318/3.322.-
PROT. ELECT. TSS1 020 S.141
Río Gallegos, 21 de octubre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “BEHERAN ROBERTO ALEJANDRO c/ ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL Y OTROS s/ ORDINARIO”, Expte. Nº B-20.074/03 (B-1.906/13-
TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento a los recursos de casación articulados por las codemandadas Administración General de Vialidad Provincial y Gotti Hnos. S.A.C.C.I.F. y A. a fs. 857/873 vta. y 875/897 vta. respectivamente, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 777/803 vta..- Roberto Beherán promovió demanda contra la Administración General de Vialidad Provincial, la U.T.E. Vido Construcciones S.A. y Gotti Hnos. S.A.C.C.I.F. y A., por cobro de pesos que, considera, le adeudan por la extracción de materiales de cantera que fueron utilizados para la pavimentación de la ruta provincial N° 7, y por impacto visual producto de tales canteras. Además impetra reclamo por los daños a las pasturas de su estancia y al paisaje, como consecuencia de la instalación de la planta de asfalto. Tanto en primera como en segunda instancia, el reclamo obtuvo favorable acogida. Al instar la casación, invocan las codemandadas las causales de violación de la ley, quebrantamiento de formas (arts. 2° y 3°, ley 1687) y arbitrariedad.-
II. Los hechos que motivaron esta controversia, sintéticamente fueron: El 13 de mayo de 1987, y a los efectos de la construcción de la Ruta Provincial N° 7, el actor donó una fracción de terreno de una estancia de su propiedad a la Administración General de Vialidad Provincial. Lo mismo hicieron otros titulares de las estancias por donde debía pasar el trazo de la ruta mencionada. La liberalidad, en la mayoría de los casos abarcó la fracción por donde iría el trazado de la mentada ruta. El actor, titular de la estancia “la Vanguardia”, donó, además, una parte para ser utilizada para la extracción de materiales de cantera para la construcción (confr. fs. 3 del Expte. admin. N° 461.449/94). Tiempo después (el 18 de noviembre 1994), hizo saber a la Administración General de Vialidad Provincial que revocaba esta última donación y que pretendía un pago por el movimiento de áridos de su propiedad (confr. fs. 1, Expte. admin. cit.). Esta última rechazó tal pretensión y continuó con la obra. Ello, finalmente, motivó la iniciación de la presente, donde Beherán -a través de su apoderado- reclama, además del pago por la extracción de materiales, la indemnización por “…los daños ocasionados al establecimiento de mi mandante por la ejecución de las canteras para la extracción de materiales y por los ocasionados a las pasturas, como consecuencia de la instalación de la planta de asfalto…” (confr. fs. 66 vta.).-
Por su parte la codemandada Gotti Hermanos SACCIF y A opone excepción de prescripción sólo con relación al reclamo de daños y perjuicios por impacto visual y contaminación de pasturas (confr. fs. 96); y excepción de falta de acción, esta última pues entiende que ella no tiene relación con el actor ya que no es el “dueño de la obra” sino sólo un contratista (confr. fs. 97 y vta.). A renglón seguido contesta la demanda donde niega los hechos expuestos por la actora y da su propia versión (confr. fs. 94/100).-
A su turno la Administración General de Vialidad Provincial, opone excepción de prescripción (confr. fs. 111/112). Argumenta que, de la forma en que la actora plantea la acción -extracción de minerales de tierras de su propiedad- se trataría de una responsabilidad extracontractual cuyo plazo de prescripción es de dos años desde que ocurrió el hecho. Plantea, asimismo, falta de legitimación pasiva (confr. fs. 112 y vta.), la que sostiene en base a que los terrenos sobre los que se extrajeron materiales habían sido donados por el actor a su parte, quien la había aceptado y por ende los minerales se obtuvieron en tierras de propiedad de la AGVP; por ello también opone excepción de falta de legitimación activa (confr. fs. 112 vta.) pues, a su entender, Beherán no es propietario de las tierras por las que reclama pues las donó al ente vial y por ello carece de legitimación para demandar. Seguidamente contesta demanda, oportunidad en que niega los hechos expuestos por la accionante y da su propia versión, siendo central en su defensa el argumento que las tierras en cuestión fueron donadas a su parte y que una vez perfeccionado dicho contrato éstas pasaron a su dominio (confr. fs. 112 vta. y sgts.).-
La pretensión actoral obtuvo favorable acogida en primera instancia, donde fueron rechazadas todas las excepciones opuestas por las coaccionadas y se hizo lugar a la demanda, condenándoselas a indemnizar a la actora por la suma de $ 411.202,38, con más los intereses que allí se establecieron y las costas del juicio. Dicha condena abarcó la extracción de materiales más el daño por impacto visual y fue rechazada respecto al daño en pasturas y aguadas (confr. fs. 647/661).-
Apelada dicha sentencia, falló la Cámara modificando parcialmente la sentencia anterior y en su consecuencia, “…condenando a la empresa Gotti Hnos. S.A.C.C.I.F. y A. a pagar a la actora la suma de pesos un millón ciento veintidós mil novecientos treinta con sesenta centavos ($ 1.122.930,60), por la cantidad de material de cantera de relleno y a la Administración General de Vialidad Provincial a abonar al actor la suma de pesos cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos tres con dieciocho centavos ($ 481.603,18) por el material de cantera utilizado en la Obra Pública y en consecuencia confirmando en lo demás fallado…” (confr. fs. 803 y vta.). Las costas se impusieron a las accionadas vencidas.-
III. Contra este último fallo interpusieron las coaccionadas sendos recursos de casación.-
A fs. 857/873 vta., lo hace la Administración General de Vialidad Provincial. En primer lugar se agravia por el rechazo a la falta de legitimación activa que había opuesto. Postula que tal decisión se tomó sin haber analizado documentación que había aportado su parte, la cual probaba que se había perfeccionado la donación de la parte de la estancia del actor a la AGVP y por lo tanto Beherán carecía de legitimación para accionar pues ya no era el dueño de las tierras ni del yacimiento por los que reclama (confr. fs. 866/867 vta.). Idéntico fundamento utiliza para agraviarse por el rechazo a la falta de legitimación pasiva, la cual se había basado en que “…la extracción de material de canteras que nos ocupan en autos han sido realizadas en virtud de donaciones efectuadas por parte del actor a favor de la institución vial, y por ende en tierras de propiedad de esta última. Vialidad Provincial no ha excavado ni sustraído material de cantera alguno de tierras de propiedad del actor, y que con los elementos de prueba obrantes en autos, sin necesidad de otros instrumentos puede determinarse esta ausencia de legitimación…” (confr. fs. 868). Asimismo impugna que se haya rechazado la prescripción (confr. fs. 869/871 vta.). Sostiene sobre el particular que la acción intentada encuadra en la responsabilidad extracontractual y por lo tanto prescribe a los dos años de haberse producido el perjuicio, sin embargo los juzgadores la ubicaron en el ámbito de la responsabilidad contractual y así el plazo prescriptivo se extendió a 10 años, lo que motivó el rechazo de la excepción que había opuesto. Seguidamente se agravia por la imposición de costas a su parte; por la cantidad del material de cantera que la Cámara consideró que se había extraído y sobre el cual fijó la indemnización por considerarlo excesivo. Alega sobre este punto que lo realmente utilizado fue notoriamente menor. Asimismo se agravia por el valor del material de cantera extraído; sostiene que el actor reclamó un peso por metro cúbico y la Cámara lo fijó en dos pesos por metro cúbico, excediendo lo reclamado en la demanda (confr. fs. 871 vta./872 vta.). Finalmente hace reserva del caso federal.-
A fs. 875/897 vta., presenta recurso de casación, Gotti Hnos.
SACCIF y A. Argumenta quebrantamiento de formas, basándolo en que el voto mayoritario de la Cámara se integró con los de la Dra. Fernández y la Dra. Núñez pero esta última no hizo un voto fundado, sino que se limitó a adherir al de la primera (confr. fs. 893). Lo cual a su entender contradice lo previsto en el artículo 43 de la Ley Uno, que exige que los votos de los camaristas sean fundados cuando hay disidencias. Funda su recurso en la violación de la ley. En este aspecto coincide con la AGVP al expresar que el fallo atacado contradice las constancias documentales del expediente, del cual surge que las tierras y materiales objeto de reclamo fueron donados por la actora a la AGVP y que este contrato se hubo perfeccionado. Por ende los bienes ya no pertenecían a la reclamante, por lo cual, debió prosperar la excepción de falta de legitimación activa que había opuesto. Se alza, también contra el rechazo a la excepción de falta de legitimación pasiva que opuso al expresar que “…no debía la empresa constructora responder frente a la actora, en la medida que la excavación y extracción de materiales de la cantera en cuestión, Progresiva 23.500, había sido conforme las instrucciones de los pliegos de bases y condiciones y restante documentación de la Obra Pública n° 11/94 y aprobada por la A.G.V.P., no siendo entonces el contratista el responsable de los eventuales daños y perjuicios e inclusive uso del material; más aún cuando en dichos pliegos la Administración aseguraba ser la propietaria de la totalidad de los terrenos en que se enclavaría el emprendimiento, por donación de los vecinos…” (confr. fs. 895). Expresa que estos argumentos no fueron tratados en los fallos cuestionados violándose, a su modo de ver, el principio de congruencia (confr fs. 896). También se agravia del rechazo a la excepción de prescripción parcial opuesta respecto al reclamo por impacto visual y contaminación de pasturas. Sostiene el plazo bianual de prescripción, mientras que en el fallo se consideró que correspondía al caso el decenal del artículo 4023 del C. Civil (confr. fs. 896). Finalmente impugna la determinación del valor del metro cúbico de los materiales extraídos para calcular el valor monetario del resarcimiento que otorga a la actora. Hace reserva del caso federal.-
A fs. 935/941, dictamina el Agente Fiscal ante este Tribunal, quien por las razones que allí esgrime y a los cuales remitimos “brevitatis causae” expresó “…opina este Ministerio Público Fiscal que es oportuno hacer lugar a los recursos de casación interpuestos… propiciando la revisión de la sentencia en crisis…”.-
A fs. 942 se llaman autos para sentencia.-
IV. Liminarmente debemos analizar una cuestión, de cuyo resultado dependerá que ingresemos o no al tratamiento de las casaciones interpuestas: La omisión de pronunciamiento respecto de uno de los codemandados.-
Surge del expediente de marras que la actora dirigió su acción, entre otros, contra la empresa Vido Construcciones S.A. en estado de quiebra (en su condición de integrante de la UTE Vido Construcciones S.A. – Gotti Hnos. SACCIF y A), respecto a la cual, el juez interviniente rechazó la aplicación del artículo 132 de la Ley de Concursos y Quiebras vigente en aquella oportunidad (fuero de atracción) y ordenó correr traslado de la demanda en el domicilio de la síndico, según lo denunciado por la actora (confr. fs. 69). Esta última contestó el traslado (a fs. 73) donde informó que “…la administración de la UTE VIDO SA-GOTTI SACIFIC (sic), desde que esta síndica asumió como tal, fue llevada por GOTTI SACIFIC (sic)…” y que “…en la quiebra de VIDO CONSTRUCCIONES SA, se ha procedido a la distribución final de los fondos líquidos resultantes del proceso de liquidación, dejando expresa reserva de los activos que pudiera lograrse por lo reclamado sobre las utilidades y bienes pertenecientes a la fallida por su participación en la UTE…” (confr. fs. 73).- Si bien se la tuvo por presentada a la síndica (confr. fs. 73 vta.) y no por contestada la demanda a la empresa Vido Construcciones S.A.; en la oportunidad de ordenar la apertura a prueba de las actuaciones (confr. fs. 182), se formó cuaderno de prueba de dicha parte y se ordenó su producción (confr. fs. 426/428). Asimismo, se le notificó la clausura del periodo de prueba y la puesta de los autos para alegar (confr. fs. 612). No obstante, la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse respecto a la codemandada Vido Construcciones S.A.. Posteriormente se le notificó la sentencia a dicha empresa (confr. fs. 677 y vta,), y se elevaron los autos a Cámara. Esta última, en su fallo, tampoco se expidió respecto a la mencionada accionada; no obstante se le notificó dicho veredicto a la empresa excluida (confr. fs. 805 y vta.).-
La irregularidad detectada en ambos decisorios, esto es la omisión de pronunciamiento respecto de uno de los demandados, es de una gravedad tal que lleva a la anulación, aun de oficio, de las sentencias de las anteriores instancias por violación de principios esenciales del procedimiento.-
Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre el particular señalando: “…se hace necesario rever las cuestiones que hacen a la estructura formal del pronunciamiento de segunda instancia -a su validez formal- en atención a que el mismo no reúne “prima facie” los requisitos establecidos en la ley ritual, lo que impide entrar al análisis de las objeciones formuladas por los quejosos, ya que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. TSJ Santa Cruz, Tº I, - Sentencia-, Reg. Nº 2, Fº 8/12). No en otro sentido es que se ha expedido nuestro más Alto Tribunal Nacional al referir que: “…Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada…” (cfr. CS, LL 1995-B, 32-92982; JA 2002-IV-720)…” (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 396, Folio 2149/2151). Dicha irregularidad -se expresa en el fallo citado- constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el principio del debido proceso y afecta directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso por lo que la nulidad examinada es de carácter absoluto, susceptible de ser declarada de oficio en cualquier estado y grado del proceso. En el caso que nos ocupa, tales premisas, acarrean, por ende, la nulidad de los veredictos de las instancias de grado.- Nuestro Código de forma establece como principio en el artículo 164, inciso 6º, que las sentencias definitivas de primera instancia deberán contener: “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte”. De su lado el artículo 165 hace extensivos dichos requisitos a la sentencia de Cámara.-
La sentencia ha de tener en cuenta forzosamente a los sujetos que figuran en la relación procesal, revistiendo legitimación. Se ha declarado que si el fallo ha de tener la decisión expresa, positiva y precisa; obviamente, el pronunciamiento ha de determinar cuáles son las personas físicas o jurídicas comprendidas por el mismo (confr. MORELLO, SOSA y BERIZONCE, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial. Prov. De Bs. As. y De La Nación, Tomo II-C, 2da. ed., Buenos Aires, LEP – Abeledo-Perrot, 1986, p. 78).-
En ningún caso pueden los jueces dejar de fallar, por lo que la sentencia tiene que contener una decisión condenatoria o absolutoria del reclamo. De acuerdo al principio de congruencia, es recaudo insoslayable que el pronunciamiento se dicte de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. El mismo alude a la necesaria correspondencia entre lo reclamado y lo decidido. La rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio (confr. HIGHTON, Elena y AREÁN, Beatríz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 3, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, págs. 471/472).-
Entre varias definiciones del principio de congruencia hallamos una que la describe como “…la conformidad de la sentencia con la demanda ha de ser refiriéndose exactamente a las personas que litigaron, al objeto sobre el que se litigó, al motivo que se expuso y a la razón que se dedujo…” (confr. ENDERLE, Guillermo J., La Congruencia Procesal, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2007, p. 57). No puede el Juez, al fallar, pasar por alto ninguno de los elementos que constituyen el objeto del proceso (pretensión y oposición) más los sujetos que en él figuran. Así, el artículo 34 inciso 4° del CPC y C dispone que es deber del juez “Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia”. Los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.-
Esta acción, ordinaria por cobro de pesos, fue dirigida contra tres codemandados: Administración General de Vialidad Provincial, Gotti Hnos. SACCIF y A y Vido Construcciones S.A. -como surge claramente de la lectura del escrito introductorio (confr. fs. 65/68 vta.)- no obstante ello, siendo que presentada la síndico de la fallida Vido Construcciones S.A. no ha existido en las sentencias de primera y segunda instancia ni un solo párrafo dedicado a analizar la situación que le cabe a dicha empresa en el litigio.-
Así, se ha producido entonces una grave violación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso (art. 18, CN) pues más allá de la procedencia o improcedencia de los reclamos, el pretendido cobro fue dirigido, también, contra dicha sociedad fallida, sin que el requerimiento contra ella hubiera sido materia de referencia ni de pronunciamiento.-
El ya mentado inciso 6° del artículo 164 del ritual obliga al Juez a declarar el derecho de los litigantes ya sea condenando o absolviendo en todo o en parte. Conteste con el mandato normativo cabe puntualizar que nadie debe quedar sin juzgamiento una vez que ha sido llamado a juicio, pues debe ser objeto, no sólo de un debido proceso, sino de una sentencia que ponga fin a la incertidumbre de su derecho, debidamente fundada en la ley vigente. Principio que se enraiza en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La sentencia que contiene tal vicio es nula, y dicha nulidad es absoluta pues carece de la decisión expresa, positiva y precisa, declarando el derecho de uno de los litigantes involucrados en el pleito.-
“Si la decisión judicial no se pronuncia sobre una situación o relación jurídica, declarando el derecho de las partes, no se está ante una sentencia válida y de apelársela, la cámara no puede confirmarla ni revocarla, porque contribuiría a dar forma a un acto procesal inexistente pero dado que la inexistencia no está regida en el ordenamiento procesal vigente, en el que la invalidez está contemplada como nulidad, debe declararse la nulidad absoluta de la resolución […] Si un litigante interviene en la litis como actor, demandado o tercero, constituye garantía constitucional insoslayable, un pronunciamiento judicial fundado en los hechos acreditados y en el derecho de vigencia, atendiendo para ello a los cargos que se le endilguen y a los descargos invocados, nadie debe quedar injuzgado… debiendo el juez decidir las pretensiones deducidas en el juicio en forma expresa, sin que puedan admitirse las decisiones implícitas” (confr. CCiv. y Com. de Morón, sala II, “Pérez, Cándida O. c. Bascone, Antonio A.”, 15/10/1996, Publicado en: LLBA 1997, 341, Cita online: AR/JUR/4166/1996).-
Ante una situación asimilable a la de autos, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires expresó: “Esta Corte tiene dicho que son cuestiones esenciales aquellas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución (conf. C. 93.740, sent. del 27-II-2008). Es cuestión esencial toda materia que integra la pretensión liminar y sobre la cual debió expedirse el a quo. La ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita), que conlleva a la nulidad del fallo” (confr. SCBA, LP C 103206, S, 14/09/2011, “Carrara, Orlando A. y otros c. Stuart, Norma Luis s. Daños y perjuicios”).-
En conclusión, la ausencia de tratamiento y resolución por parte de los jueces de grado sobre la responsabilidad que eventualmente pudo caberle, en el caso de marras, a una de las codemandadas; omitiendo de este modo tratar una cuestión esencial, cuando estaban obligados a evaluar su situación, incumpliendo con un cometido que la ley les manda, torna nulas las sentencias dictadas en las anteriores instancias (art. 2° de la ley 1687). Dichas nulidades son absolutas -por ende insusceptibles de convalidación- y deben ser declaradas aun de oficio; debiendo reenviarse las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de primera instancia a efectos que dicte una nueva sentencia de acuerdo a las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo (art. 14, ley 1687). Las costas se imponen por su orden, atento a que ninguna de las partes ha sido causante de la nulidad (art. 68 y ccds. del CPC y C).- En virtud de lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 777/803 vta..-
2. Declarar nula la sentencia de primera instancia obrante a fs. 647/661; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de la primera instancia a efectos que dicte un nuevo fallo, debiéndose tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo.-
3. Imponer las costas por su orden atento a que ninguna de las partes ha sido causante de la nulidad.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en razón de encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar y de haberse excusado el Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal a/c Presidencia-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1020S.141 Tomo: XVII Sentencia: 581.-
Folio N°: 3.318/3.322.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia