Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2655/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 1043.-
2Declarar mal concedido los recursos de casación articulados por la Dra. Sandra Marzzan en PE447695-2022 y por los Dres. Ricardo Litvachkes y Roberto Marcelo Saldivia en PE448500-2022, RCA00000041.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1637137-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2655/25-TSJ Interlocutorio N°: 3901 Actor: BEHERAN ROBERTO ALEJANDRO Demandada: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL Y OTROS Objeto: ORDINARIO Fecha: 25-09-2025 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3901 FOLIO Nº 7236/7240 PROT. ELECT. TSS1 052 I.251
Río Gallegos, 25 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “BEHERAN ROBERTO ALEJANDRO c/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL Y OTROS s/ ORDINARIO”, Expte. Nº B-17.410/14 (B-2655/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, la excusación formulada por la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 1043 expresa: “Excúsome de intervenir en los presentes por haber dictado sentencia como juez de esta Excma. Cámara de Apelación”.-
En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, vienen los presentes al Acuerdo, en virtud de los recursos de casación articulados por la Dra. Sandra Marzzan (cfr. PE447695-2022), y por los Dres. Ricardo Litvachkes y Roberto Marcelo Saldivia, todos por derecho propio (cfr. PE448500-2022, RCA00000041.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en lo relativo a la regulación de honorarios de dichos profesionales (cfr. PE425308-2022) por su actuación por las demandadas Administración General de Vialidad Provincial y Gotti Hnos. S.A..- La sentencia de la Cámara, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor, Sr. Roberto Alejandro Beheran, confirmando en todas sus partes la sentencia de Primera Instancia; reguló los honorarios profesionales de los letrados intervinientes: Dra. Sandra Marzzan, Dres. Ricardo Litvachkes y Roberto Saldivia, por su labor tanto en Primera como en Segunda Instancia, imponiendo las costas de la segunda instancia al vencido. También declaró nula la regulación de honorarios de fs. 1021/1022 (cfr. PE cit., pág. 75).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa interpuesta por la Administración General de Vialidad Provincial (A.G.V.P.) y, en consecuencia rechazó en todas sus partes la demanda por cobro de pesos interpuesta por el Sr. Roberto Alejandro Beheran contra la Administración General de Vialidad Provincial, Gotti Hnos. S.A.C.C.I.F.yA. Vido Construcciones S.A., imponiendo las costas al accionante vencido (cfr. fs. 990/1005).-
III. Que la Dra. Sandra Marzzan deduce recurso de casación en contra de la sentencia definitiva de la Cámara en lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley Nº 3330, y a la nulidad de la regulación de honorarios de Primera Instancia (cfr. PE447695-2022, pág. 1).-
Plantea en su recurso que el pronunciamiento impugnado viola tanto la ley de fondo como la ley procesal aplicable y que se vulneraron los artículos 16, 17 y 18 de la C.N. (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Afirma que: “…se advierte de la lectura de los considerados (sic) correspondientes a la tercera de las cuestiones propuestas al Acuerdo de V.V.E.E., que en los mismos se avoca el decisorio, como punto 1 a la declaración de inconstitucionalidad del art. 88 de la Ley 3330, conforme lo había planteado el apelante en el memorial de fs. 1021/22 vta.- La violación al debido proceso y al derecho de defensa aparece (sic) claramente configurados, a poco que se tenga en cuenta que, la primera vez que el apelante sostuvo que el régimen arancelario que debió aplicarse es el de la Ley nº 1519 fue en el Recurso de Apelación contra la regulación de honorarios, pero jamás planteó la cuestión ante el Juez de grado a través del remedio procesal del Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, o bien el de aclaratoria, como para que el mismo, previa sustanciación, pudiera admitir o desechar los mismos. Los Magistrados deben: '…Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia' (art. 34, inc. 4º C.P.C.C.) y constituiría una sentencia o interlocutorio 'ultra petita' si se acordara o denegara algo que las partes no plantearon oportunamente, con directo agravio a la bilateralidad del proceso y, por ende, al derecho de defensa del art. 18º Const. Nacional; más aún, no habiéndose regulado honorarios en la sentencia del 15 de abril de 2016, la demandante agraviada sabía perfectamente que los letrados de su contraparte, estaban habilitados para recabar dicha regulación y que, en tal hipótesis, debió haberse anticipado a señalar que a su criterio, dicha retribución debía efectivizarse conforme a las reglas de la Ley 1519 y no la actual Nº 3330, reitero, esto debió inexcusablemente articularlo 'antes' de la hoy recurrida regulación de honorarios.”. Agrega que la Cámara no estaba en condiciones de tratar el agravio del actor apelante, por vedárselo el artículo 276 del CPCyC; es decir, que el señalamiento del presunto error de juzgamiento deviene extemporáneo y por ello inatendible en esta instancia (cfr. PE y pág. cits.).- Sostiene que la Cámara no podía evadir el análisis sobre la pertinencia o temporalidad del planteo referido a la inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley Nº 3330 propuesto por la actora apelante, sin mengua del derecho de defensa y del debido proceso, garantizados en la Carta Magna Nacional (cfr. PE cit., pág. 6).-
Entiende que la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma resulta carente de fundamentos y, por ende, es descalificable esa porción del pronunciamiento, destacando que dicha declaración es la última ratio del orden jurídico, y que debe ser manifiesta e indubitable y no debe quedar más margen para resolver el caso que recurrir a esa declaración (cfr. PE cit. pág. 8).-
Manifiesta que: “En el decisorio recurrido no hay ni el menor intento por justificar la condición de 'inevitable' de la declaración de inconstitucionalidad del art. 88 de la Ley 3330 que se decreta; es decir, de fundamentar que no es posible lógicamente encontrar una interpretación que permita compatibilizar esta norma con los derechos y garantías constitucionales en juego y, ello es una omisión fundamental para invalidar la misma.-” (cfr. PE cit., pág. 9).- Plantea que la Alzada tendría que haber intentado interpretar el artículo 88 de la Ley Nº 3330 de una manera compatible con la Ley Fundamental. Agrega que: “…Eso no es lo que el camino que el decisorio recurrido ha adoptado, incumpliendo la doctrina de nuestro Tribunal Cimero, sin justificación válida que lo respalde, violándose, de tal suerte, la recta interpretación de la Constitución y de la ley bajo análisis, con lo que se produce una nueva vulneración de la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, que debe ser objeto de revisión en el ámbito del recurso de casación.” (cfr. PE y pág. cits.).- Argumenta que al monto base para calcular los honorarios se le tendrían que haber adicionado los intereses. Dice que la suma de los honorarios que se le regularon es inferior al mínimo arancelario posible: el 14%, y que es irrisorio e irrazonable en atención al trabajo realizado (cfr. PE cit. págs. 10/11).-
Señala que, si lo que se quiso aplicar era la Ley Nº 1519, se está desconociendo el mandato del artículo 22, el que establece que a los efectos de la regulación de honorarios, la depreciación monetaria integraría el monto del juicio. Agrega que hoy en día prohibir la indexación en forma absoluta implica menoscabar su derecho de propiedad (cfr. PE cit., pág. 11).-
Agrega sobre la prohibición de indexar el monto del proceso, a los fines de regular honorarios que: “Consecuentemente, no sólo se contradice la misma normativa que se afirma aplicar, sino que se produce una confiscación inaceptable del legítimo derecho al pago justo y equitativo de mí labor, haciendo soportar el peso de la prohibición únicamente en cabeza de quien honestamente y con total dedicación llevó adelante la función encomendada, liberando al deudor totalmente de las consecuencias de haber litigado sin derecho. Esto, nuevamente y como se ha visto, es una clara vulneración de garantías constitucionales: propiedad; igualdad; defensa en juicio y debido proceso, que debe ser objeto de remedio por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, conforme sus atribuciones, a tenor de lo que establece la ley 1687.” (cfr. PE y pág. cits.).- Advera que: “No es racional ni legítimo resolver la contradicción aparente que se daría si se efectúa la cuantificación de los honorarios de primera instancia por una ley anterior -la 1519- y los de la segunda instancia, volviendo a hacer el cálculo del capital aplicando los intereses a tasa activa, estableciendo a continuación cuál habría sido el monto de los honorarios por la instancia inicial, acorde la escala del art. 18º y con ese dato (valor), regular los emolumentos a tenor del art. 24º de la ley 3330. Más aún, de haberse seguido esta solución, se habría mitigado claramente el nocivo efecto confiscatorio que se extrae de la aplicación literal en su totalidad de la ley 1519, aunado a que si entendemos que si lo importante, como destaca la sentencia, es la fecha en que se efectuaron los trabajos profesionales, es evidente que para la segunda instancia debió aplicarse la ley 3330 y no la anterior derogada.
En este punto, la decisión atacada es autocontradictoria (sic) y omite la aplicación del régimen legal que correspondía, con agravio de las garantías constitucionales ya mencionadas en los párrafos precedentes, generando, reitero, un verdadero enriquecimiento sin causa del obligado al pago, por lo que es procedente la concesión del recurso de casación interpuesto.” (cfr. PE cit., pág. 12).- Sostiene que se le tendría que haber agregado a sus honorarios la adición por tener el doble carácter de letrada-apoderada de los firmantes, acorde con el artículo 9º de la Ley de Aranceles Nº 1519, esto tanto en Primera como en Segunda Instancia. Aclara que este petitorio no implica en modo alguno consentir la aplicabilidad de la Ley Nº 1519 para la regulación de honorarios (cfr.
PE cit., págs. 12/13).-
Formula reserva del caso federal, por cuanto el rechazo de la casación significaría el desconocimiento de las garantías de igual remuneración por igual tarea (arts. 14 y 14 bis de la CN), igualdad (art. 16 de la CN), de propiedad (art. 17 de la CN) y de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 de la CN) (cfr. PE cit. pág. 13).-
IV. Que paralelamente, los Dres. Ricardo Litvachkes y Roberto Saldivia también plantean recurso de casación contra la sentencia definitiva de la Cámara en lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley Nº 3330, y a la nulidad de la regulación de honorarios de Primera Instancia (PE448500-2022, RCA00000041.pdf, pág. 1).-
Sostienen en su recurso que el pronunciamiento impugnado viola tanto la ley de fondo como la ley procesal aplicable y los artículos 16, 17 y 18 de la C.N. (cfr. PE y pdf cits., págs. 5/6).-
Afirman que: “…advertimos de la lectura de los considerados (sic) correspondientes a la tercera de l as (sic) cuestiones propuestas al Acuerdo de V.V.E.E. que en los mismos se avoca (sic) el decisorio, como punto 1 a la declaración de inconstitucionalidad del art. 88 de la Ley 3330, conforme lo había planteado el apelante en el memorial de fs. 1021/22 vta.- La violación al debido proceso y al derecho de defensa aparecen claramente configurados, a poco que se tenga en cuenta que al momento de contestar tales planteos de la actora, los firmantes nos opusimos, entre otros razonamientos, a su tratamiento por la Excma. Cámara, por no corresponder; es así que dijimos en el escrito glosado a fs. 1062/67 vta.: 'Pero, más aún, el apelante sostiene que el régimen arancelario que debió aplicarse es el de la Ley nº 1519, pero héte (sic) allí que jamás planteó la cuestión ante el Juez de grado, como para que el mismo, previa sustanciación, pudiera admitirlo o desecharlo; es sabido también que los Magistrados deben: '…Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia' (art. 34, inc. 4º C.P.C.C.) y constituiría una sentencia o interlocutorio 'ultra petita', si se acordara o denegara algo que las partes no plantearon oportunamente, con directo agravio a la bilateralidad del proceso y, por ende, al derecho de defensa del art. 18º Const.
Nacional'.- 'Más aún, no habiéndose regulado honorarios en la sentencia del 15 de abril de 2016, la demandada sabía perfectamente que los letrados de su contraparte, estaban habilitados para recabar dicha regulación y que, en tal hipótesis, debió haberse anticipado a señalar que a su criterio, dicha retribución debía efectivizarse conforme a las reglas de la Ley 1519 y no la actual N° 3330, reitero, esto debió inexcusablemente articularlo 'antes' de la hoy recurrida regulación de honorarios.-'(sic). Agregan que la Cámara no estaba en condiciones de tratar el agravio de la accionada, por vedárselo el artículo 276 del CPCyC; es decir, que el señalamiento del presunto error de juzgamiento deviene extemporáneo y por ello inatendible en esta Instancia (cfr.
PE y pdf cits., págs. 6/7).- Manifiestan que la Cámara no podía evadir el análisis sobre la pertinencia o temporalidad del planteo referido a la inconstitucionalidad del artículo 88 de la ley Nº 3330 propuesto por la parte actora apelante, sin mengua del derecho de defensa y del debido proceso, garantizados en la Carta Magna Nacional (cfr. PE y pdf cits., pág. 9).-
Entienden que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley Nº 3330 resulta carente de fundamentos y, por ende, es descalificable esa porción del pronunciamiento (cfr. PE y pdf cits., pág. 12).-
Destacan que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica es la última ratio del orden jurídico. Añade que la inconstitucionalidad debe ser manifiesta e indubitable y no debe quedar margen para resolver el caso que recurrir a esa declaración (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Aducen que: “No hay el menor intento en el decisorio por justificar la condición de inevitable de la declaración de inconstitucionalidad del art. 88 de la Ley 3330; es decir, de fundamentar que no es posible lógicamente, encontrar una interpretación que permita compatibilizar esta norma con los derechos y garantías constitucionales en juego y, ello es una omisión fundamental para invalidar la misma.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- Expresan que la Alzada tendría que haber intentado interpretar el artículo 88 de la Ley Nº 3330 de una manera compatible con la Ley Fundamental. Agregan que: “…Eso no es lo que el camino que el decisorio que recurrimos ha adoptado, incumpliendo la doctrina de nuestro Tribunal Cimero, sin justificación válida que lo respalde, violándose, de tal suerte, la recta interpretación de la Constitución y de la ley bajo análisis, con lo que se produce una nueva vulneración de la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, que debe ser objeto de revisión en el ámbito del recurso de casación.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 13).- Argumentan que se tendrían que haber adicionado los intereses al monto base del juicio a fin de calcular los honorarios. Dicen que el monto de los honorarios que se le reguló es inferior al mínimo arancelario posible: el 14%, es irrisorio e irrazonable en atención al trabajo realizado (cfr. PE y pdf cits., pág. 14).-
Observan que si lo que se quiso aplicar era la Ley Nº 1519, se está desconociendo el mandato de su artículo 22, el que establece que a los efectos de la regulación de honorarios, la depreciación monetaria integraría el monto del juicio. Agregan que hoy en día prohibir la indexación en forma absoluta implica menoscabar su derecho de propiedad (cfr. PE y pdf cits., pág. 15).-
Expresan sobre la prohibición de indexar el monto del proceso, a los fines de regular honorarios que: “Consecuentemente, no sólo se contradice la misma normativa que se afirma aplicar, sino que se produce una confiscación inaceptable de nuestro legítimo derecho al pago justo y equitativo de nuestra labor, haciendo soportar el peso de la prohibición únicamente en cabeza de los profesionales que honestamente y con total dedicación llevaron adelante la función encomendada, liberando al deudor totalmente de las consecuencias de haber litigado sin derecho. Esto, nuevamente y como se ha visto, es una clara vulneración de garantías constitucionales: propiedad; igualdad; defensa en juicio y debido proceso, que debe ser objeto de remedio por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, conforme sus atribuciones, a tenor de lo que establece la ley 1687.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 16).- Adveran que: “No es racional ni legítimo resolver la contradicción aparente que se daría si se efectúa la cuantificación de los honorarios de primera instancia por una ley anterior -la 1519- y los de la segunda instancia, volviendo a hacer el cálculo del capital aplicando los intereses a tasa activa, estableciendo a continuación cuál habría sido el monto de los honorarios por la instancia inicial, acorde la escala del art. 18º y con ese dato (valor), regular los emolumentos a tenor del art. 24º de la ley 3330. Más aún, de haberse seguido esta solución, se habría mitigado claramente el nocivo efecto confiscatorio que se extrae de la aplicación literal en su totalidad de la ley 1519, aunado a que entendemos que si lo importante, como destaca la sentencia, es la fecha en que se efectuaron los trabajos profesionales, es evidente que para la segunda instancia debió aplicarse la ley 3330 y no la anterior derogada.
En este punto, la decisión atacada es auto contradictoria y omite la aplicación del régimen legal que correspondía, con agravio de las garantías constitucionales de los aquí recurrentes, ya mencionadas en los párrafos precedentes, generando, insistimos nuevamente, un verdadero enriquecimiento sin causa del obligado al pago, por lo que es procedente la concesión del recurso de casación interpuesto.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 16/17).- Sostienen que se le tendría que haber agregado a sus honorarios la adición por tener el doble carácter de letrado-apoderado de los firmantes, acorde con el artículo 9º de la Ley de Aranceles Nº 1519, esto tanto en Primera como en Segunda Instancia. Aclara que este petitorio no implica en modo alguno consentir la aplicabilidad de la ley Nº 1519 para la regulación de honorarios (cfr.
PE y pdf cits., págs. 17/18).-
Formulan reserva del caso federal, por cuanto el rechazo de la casación significaría el desconocimiento de las garantías de igual remuneración por igual tarea (arts. 14 y 14 bis de la CN); igualdad (art. 16 de la CN); de propiedad (art. 17 de la CN); y de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 de la CN) (cfr. PE y pdf cits., págs. 18/19).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos en PE1637137-2024.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1140157-2025.-
V. Que, en atención a que los recursos de casación atacan la misma sentencia, sus pretensos agravios son análogos y a fin de evitar repeticiones innecesarias, se analizarán en forma conjunta a efectos de verificar su admisibilidad.-
Que en esta etapa se debe efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad de los recursos intentados.-
Para ello no debe perderse de vista que, tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo: “…la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3545, Folio 6104/6109).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que los escritos portadores de sus recursos formulen una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que las piezas recursivas de PE447695-2022 y PE448500-2022 -RCA00000041.pdf- no satisfacen mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
VI. Que en efecto, las críticas expuestas por los recurrentes sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3172, Folio 5215/5218). Es que, para impugnar eficazmente una resolución judicial a través de un recurso extraordinario, no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué debe ser cambiada por lo que los casacionistas pretenden.- También, se verifica que los planteos de los recurrentes remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones fáctico procesales, como son las vinculadas a la regulación de honorarios, que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3799, Folio 6897/6899), circunstancia que no se vislumbra en la especie.-
Así, se advierte que los recursos considerados se limitan a mencionar circunstancias de hecho y prueba que son ajenas a esta instancia casatoria, sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, como se exige en esta instancia (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Reg. 183, Folio 303/305, entre otros).-
Queda claro, en base a los antecedentes normativos y jurisprudenciales enunciados, que las casaciones son inviables. Esto, en tanto y en cuanto los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial, respecto de los recursos extraordinarios ante este Alto Tribunal, no son solemnidades sacramentales que hubieren perdido su justificación procesal, sino que responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a dichos recursos su carácter de medios de impugnación verdaderamente extraordinarios, que supone por eso mismo, el cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya en desvirtuarlas (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1722, Folio 2502/2504).-
VII. En cuanto a la alegada violación de principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional, no podemos soslayar que los casacionistas sólo se han limitado a mencionar algunos de los artículos, principios y garantías que consideran quebrantados, sin explicar de qué manera la sentencia de la Cámara produjo esa violación.-
En síntesis, como reiteradamente ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido, pues: “…la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VIII. Que en virtud de lo expuesto, los recursos de casación articulados por la Dra. Sandra Marzzan en PE447695-2022; y por los Dres. Ricardo Litvachkes y Roberto Marcelo Saldivia en PE448500-2022, RCA00000041.pdf, no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlos mal concedidos y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1637137-2024, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 1043.-
2. Declarar mal concedido los recursos de casación articulados por la Dra. Sandra Marzzan en PE447695-2022 y por los Dres. Ricardo Litvachkes y Roberto Marcelo Saldivia en PE448500-2022, RCA00000041.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1637137-2024.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptadas las excusaciones del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani y de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1052I.251 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3901 Folio N°: 7236/7240 Secretaría: 1
Fin de la sentencia