Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36437133-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) admitir el recurso deducido por la actora y revocar parcialmente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en los términos y con el alcance supra expuesto, con costas en ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, primera parte); y b) diferir el tratamiento del recurso de apelación relativo a los honorarios regulados por el a quo de acuerdo a lo dispuesto en el considerando 5º supra.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
5863/2024 BEILINSON, DANIEL CARLOS (TF 36437133-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, junio de 2024.
Estos autos caratulados “Beilinson, Daniel Carlos (TF 36437133-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
rechazó la excepción de prescripción opuesta por el Sr. Beilinson, con costas; (ii) declaró condonada la multa aplicada en la resolución nº 21/23, con costas en el orden causado; y (iii) reguló en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el fisco nacional en relación a la excepción de prescripción resuelta. Para así resolver, y en lo que aquí interesa, sostuvo que la presentación del Formulario 408 NM es un aspecto formal superado en normas posteriores (leyes N° 27.541, 27.562 y 27.653), por lo que teniendo en cuenta que la obligación principal se encontraba cancelada en su totalidad y que el fisco nacional -informado del pago el 31/07/15- no había realizado objeción alguna al respecto, correspondía condonar de pleno derecho la multa apelada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley USO OFICIAL 27.541.
Estableció que las costas debían ser impuestas en el orden causado, atento a lo establecido en el artículo 61 de la resolución 5101/2021 y al criterio de esa Sala del Tribunal Fiscal en cuanto a que en las condonaciones de las multas no hay parte vencida. A su turno, la Dra. Gómez precisó que atento no existir controversia sobre la cancelación de la obligación que diera origen a la sanción aplicada, correspondía declararla condonada, ya sea por lo previsto en la ley 27.260 (cfr. art 56) o en la ley 27.541 [cfr. artículo 12 cuarto párrafo y RG (AFIP) 4816, art. 25 inciso a], dado que el fisco no había invocado causales de exclusión al respecto.
En lo que atañe a la distribución de los gastos causídicos, fijó las “[c]ostas en el orden causado, atento el criterio expuesto por esta Sala en cuanto a que en las condonaciones de las multas no hay parte vencida”.
2. Que, disconforme con dicha resolución, el 15/12/23 el actor interpuso y fundó su recurso de apelación, que fue contestado el 26/03/24.
Sostiene que la condena de costas tiene por objeto resarcir los gastos en que la conducta de la demandada lo obligó a incurrir; de ahí pues, que la exoneración de su pago reviste carácter excepcional y es de interpretación restrictiva.
Alega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que para apartarse del principio objetivo de la derrota y disponer la exención de costas al vencido, deben expresarse fundamentos suficientes, tales como la configuración de una situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio de las mismas y la ausencia de previsión legislativa.
En ese contexto, precisa que no se verifica ninguna de las circunstancias previstas por el CPCCN que permita librar a la demandada del pago de las costas, máxime cuando la sentencia no fundamenta dicha decisión.
Indica que el origen de las presentes actuaciones radica en el imprudente sumario infraccional cursado por la AFIP el 9/03/23, es decir casi 8 años después de que se hubiera realizado el acogimiento a la ley 27.260 que traía aparejado la condonación de pleno derecho de esa sanción “que fuera solicitada oportunamente por mi mandante” (conf. página 843 del deox nº 13544788).
Asimismo se agravia de los honorarios regulados a favor de los profesionales intervinientes por el fisco nacional en tanto conllevan una cabal desproporción respecto al monto del juicio y a las tareas efectivamente realizadas.
3. Que, conforme surge de las constancias de la causa, el 9/03/23 la AFIP resolvió aplicar una multa de $30.484,56 en los términos de los artículos 46 y 47 incisos a y c de la ley 11.683, correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales del actor por el período fiscal 2006. A partir de la lectura del acto sancionatorio se advierte que: (i) el 23/06/15 la AFIP dictó la resolución 341/15 que determinó de oficio la obligación fiscal del actor con relación al Impuesto sobre los Bienes Personales respecto del período fiscal 2006 y difirió la aplicación de sanciones; y (ii) el 31/07/15 el Sr. Beilinson informó la cancelación íntegra del ajuste practicado surgido de las resoluciones determinativas de oficio correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2006 con más los intereses correspondientes, bajo protesto y reservándose el derecho a solicitar la repetición de las sumas oportunamente ingresadas (conf. RE-2023-36436773-APN-SGAI#TFN y copia del escrito presentado en sede administrativa obrante en la página 391 y siguientes de las actuaciones incorporadas por deox nº 13544788).
El 3/03/23, el actor interpuso recurso de apelación ante el a quo y acompañó las constancias documentales destinadas a acreditar que “el grupo familiar procedió a exteriorizar bienes, en los términos de la ley 27.260, con fecha durante el año 2017. Entre dichos bienes se encontraban las sumas dinerarias sobre las que la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó de oficio la obligación fiscal de marras. Por tal motivo, resultan aplicables los beneficios establecidos en el art. 46 de la norma citada, debiéndome considerar librado del pago de las sumas que hubieran correspondido ingresar en relación a la cuenta bancaria sobra la cual la AFIP practicó CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5863/2024 BEILINSON, DANIEL CARLOS (TF 36437133-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la determinación de oficio, como así también de sus intereses resarcitorios y de las sanciones aquí pretendidas” (conf. RE-2023-36435244-APN-SGAI#TFN).
En ocasión de replicar los agravios deducidos, la demandada destacó que “en virtud que el Sr. Daniel Carlos Beilinson no cumplimentó los requisitos detallados `ut supra`, atento no haber presentado la declaración jurada del impuesto y período sobre el cual se le aplicó la multa, como tampoco, presentado el formulario F. 408 respectivo, corresponde rechazar los argumentos planteados en este punto. Tan palmario es el incumplimiento que además el Sr Beilinson se reservó el derecho de repetir oportunamente, las sumas ingresadas con más sus intereses” (conf. IF-2023-
68477734-APN-DTD#JGM).
4. Que, en primer término, corresponde destacar que, de acuerdo a la posición mayoritaria y los fundamentos coincidentes expuestos en la sentencia apelada, la multa aplicada al actor se encuentra condonada de pleno de derecho en los términos del artículo 12 de la ley 27.541 -reglamentado por el art. 25 inciso a, de la resolución general (AFIP) 4816/2020-. Para así resolver, el a quo consideró que la obligación sustancial vinculada a la sanción había sido cancelada el 31/07/15. Dichas circunstancias no se encuentran controvertidas ante esta instancia.
En este escenario y teniendo en cuenta que la resolución sancionatoria fue USO OFICIAL dictada el 9/03/23 y reseñó en sus considerandos el pago de la obligación sustancial supra referenciado, resulta claro que la multa aplicada se encontraba alcanzada por la ley 27.541 en el momento de su dictado. En consecuencia, el Fisco Nacional debió actuar de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la resolución general (AFIP) 4816/2020 en lugar de aplicar e intimar el pago de la sanción. Por lo tanto, asiste razón a la actora en cuanto a que el accionar fiscal motivó el litigio por lo que existen argumentos para apartarse de la distribución de costas fijada por el a quo en el punto 2º de la decisión del 5/12/23.
En nada modifica lo expuesto los presuntos incumplimientos de la alegada regularización en los términos de la ley 27.260 por cuanto, se reitera, no se encuentra controvertido que la condonación operó de pleno derecho y en el marco de la ley 27.541. Idéntica suerte corre la mención al pago bajo protesto y a la eventual reserva de repetición a la que aludió la demandada puesto que la resolución sancionatoria es posterior a la doctrina jurisprudencial de Fallos: 343:702 y la AFIP omitió indicar las normas que sustentarían su posición y, por ende, justificarían su proceder. Por lo demás, es dable distinguir las particularidades de esta causa respecto a aquellas en las que se resolvió declarar la condonación de multas que se configuraron mientras los expedientes se encontraban en trámite en sede del Tribunal Fiscal y/o de esta Alzada (cfr. esta Sala, in re “Saucedo SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/10/20).
Por último, no resulta ocioso señalar que, el significado de la locución “de pleno derecho” incorporada por el legislador en el art. 12, cuarto párrafo, de la ley 27.541 -y su modificatoria- es utilizada por la Corte federal para calificar los efectos de aquellas normas que no requieren “petición de parte” (cfr. Fallos: 277:347; 281:297; 295:729 y 815; 321:3160 y 330:4544) (cfr. esta Sala, in re “Telcom Ventures de Argentina SA (TF 81319010-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 10/06/21).
Por las consideraciones efectuadas, corresponde admitir el recurso interpuesto y modificar el punto 2º del pronunciamiento apelado en cuanto a la imposición de costas, que quedarán a cargo de la parte demandada.
5. Que, cabe aclarar que el punto 1º de la sentencia del 5/12/23 no fue objeto de controversia en esta instancia de modo que se encuentra firme y consentido. Sin perjuicio de ello y dado el modo en que se resuelve el resto de las cuestiones debatidas en esta Alzada, corresponde diferir el tratamiento de los honorarios vinculados a la excepción rechazada por el a quo (esto es, punto 3º de la sentencia apelada) para considerarlos conjuntamente con aquellos emolumentos referidos a la cuestión de fondo que deberán ser objeto de regulación por parte del organismo de origen.
Por las razones desarrolladas, SE RESUELVE: a) admitir el recurso deducido por la actora y revocar parcialmente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en los términos y con el alcance supra expuesto, con costas en ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, primera parte); y b) diferir el tratamiento del recurso de apelación relativo a los honorarios regulados por el a quo de acuerdo a lo dispuesto en el considerando 5º supra.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia