Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el cargo tratado en el Considerando VI y revocar el ajuste que fue objeto de consideración en el Considerando VII del voto del Vocal Instructor.
2Confirmar los intereses resarcitorios y la multa en la proporción correspondiente.
3Costas según los respectivos vencimientos.
4Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-108511131-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 14 de Septiembre de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 49.221 -I caratulado “BEKAERT TEXTIL ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 164/192 Bekaert Textil Argentina S.A.interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 236/2018 (DV SRR1) de fecha 5 de septiembre de 2018 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la A.F.I.P.-D.G.I, por la cual se determinó su obligación Impositiva en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2013 con más intereses resarcitorios y se le aplicó una multa equivalente a una vez el importe del gravamen dejado de ingresar en conformidad con el art. 45 de la ley N° 11.683 -t.o. 1998 y mod.-
Hace saber que es una empresa de capitales europeos (Bélgica y Países Bajos) dedicada a la industria textil e indica que las observaciones realizadas por la fiscalización se refirieron a intereses devengados por un préstamo otorgado por Bekaert Textiles Holding B.V. residente en Países Bajos y por servicios -regalías- generados por diversas prestaciones provenientes de la firma Bekaert Textiles N.V., residente en Bélgica.
Entiende, y así lo manifestó al contestar la vista en sede administrativa, que dado que nuestro país tiene tratados para evitar la doble imposición con los países mencionados a los efectos del análisis de las operaciones y actos cuestionados se debió en primer lugar aplicar dichas normas y luego las disposiciones de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Con relación al cargo por la impugnación de los intereses del préstamo señala que el ente fiscal consideró que no hubo pago y en el caso de la impugnación de parte de los gastos por los servicios devengados expresa que la impugnación residió en el registro tardío de los contratos y en las previsiones del art. 18 inc. b) de la ley del gravamen que exige el pago en el año de devengamiento o al menos hasta la fecha de presentación de la declaración jurada.
Realiza un análisis de las cláusulas de los Convenios de Doble Imposición (CDI) y de la cláusula de “no discriminación” para sostener respecto del primer ajuste que no existió controversia sobre la existencia del contrato de mutuo celebrado con Bekaert Holding B.V., residente en Países Bajos, el que preveía una tasa de interés fundada en la tasa BAIBOR del B.C.R.A., por lo que apunta que se debe revisar el art. 12 del CDI con dicho país sobre el tipo de “renta”, lo que le permite concluir que la deducción no esta condicionada por el pago, como pretende el Fisco.
En el supuesto de las regalías, aclara que incluye dentro del término a la retribución reconocida a favor de Bekaert Textiles N.V., sociedad residente en Bélgica, también alega que se debe examinar al amparo del art. 12 del CDI, según el cual no hay ninguna norma que limite la deducción con motivo del incumplimiento a la Ley de Transferencia de Tecnología, Nº 22.426. Al respecto, deja planteada la inconstitucionalidad del art. 9º de la mencionada ley al entender que es violatorio de los principios de razonabilidad y no confiscatoriedad. Menciona la causa “Pirelli Neumáticos” y su relación con el cargo.
Concluye que los intereses devengados a favor de un sujeto residente en Países Bajos y las regalías generadas a favor de un sujeto residente en Bélgica, con motivo de la cesión de derechos de uso de marcas, licencias, asesoramiento técnico y transferencia de tecnología, resultan plenamente deducibles en cabeza de la empresa residente en Argentina, en la medida que las prestaciones respondan a prácticas normales de mercado (“arm´s lenght), lo que advierte encuentra sustento en los arts. 27 y 24 de los CDI de Países Bajos y Bélgica, ambos de rango superior a la ley del Impuesto a las Ganancias.
Aduce que las exigencias basadas en la ley del gravamen o en otras regulaciones de derecho interno no son aplicables con relación a igual tipo de prestaciones entre empresas locales, al ser discriminatorias y por lo que deben ser ignoradas al momento de analizar la deducibilidad del gasto.
Se agravia debido a que durante la fiscalización no fue consultada sobre la aplicación de las normas sobre precios de transferencia con relación a las prestaciones recibidas de sus vinculadas en Bélgica y Países Bajos, lo que afecta su derecho de defensa.
Sobre la multa aplicada afirma que no omitió suma alguna de impuesto. Asimismo, dado la complejidad de la cuestión debatida pide que se considere un error excusable por la liquidación incorrecta del impuesto, al tratarse de una mora no culpable. Por otro lado, pide la reducción al mínimo legal de la multa y asegura que solo se puede aplicar una ley penal posterior, como es la ley Nº 27.430, si resulta más benigna, lo que no ocurrió en este caso al no haberse previsto un mínimo en la graduación de la sanción.
Por último, ofrece prueba documental, pericial contable e informativa y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte sentencia revocando la resolución apelada. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 203/224vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos. Explica que la fiscalización interviniente determinó que había pasivos que se habían incrementado en el ejercicio según información surgida del balance comparativo presentado por la recurrente, y que del examen efectuado se evidenció un mayor incremento de los pasivos comerciales derivados de préstamos y por prestaciones de servicios brindadas por empresas vinculadas del exterior.
Ilustra que el pasivo no comercial de mayor relevancia lo constituía el préstamo celebrado con la empresa controlante Bekaert Textiles Holding B.V., por un monto de u$s 1.437.954,57; los que transformados en moneda nacional al acreditarse en su cuenta bancarias se convirtieron en $ 6.631.000; que devengó intereses. Puntualiza que sobre dicho préstamo la actora no aportó documentación que acredite pagos al exterior, por lo que en virtud de lo normado por los arts. 18 e inc. c) pto. 2) del 93 de la ley del Impuesto a las Ganancias se impugnó la deducción de intereses de los pasivos consignados al no surgir pagos durante el período fiscal 2013 o en el plazo previsto para la presentación de la declaración jurada.
Expone que con relación a los préstamos por prestación de servicios, acompañó copia de los contratos celebrados con Bekaert Textiles Holding N.V., pero que los mismos al encuadrar en la transferencia de tecnología, art. 1 de la ley Nº 22.426, debían ser registrados ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual), lo que recién se hizo en el año 2014 por lo que se consideró que no correspondía la deducción de los intereses ni de la diferencia de cambio en el ejercicio 2013. Ello así, menciona que se impugnó la deducción en el balance impositivo de los gastos derivados de los contratos de prestación de servicios con empresas vinculadas. Afirma que los ajustes provienen de conductas contrarias a normas especificas que regulan la liquidación del Impuesto a las Ganancias, al haberse alterado su base y en consecuencia el monto a ingresar.
Rechaza la nulidad al asegurar que las irregularidades invocadas son artilugios que no invalidan la resolución dictada ni la eficacia de las normas aplicadas, y destaca que de la misma surge el fundamento de los cargos efectuados como sus antecedentes de hecho.
Pone de resalto que la apelante reitera las manifestaciones vertidas al contestar la vista conferida pero sin rebatir los argumentos considerados en el acto apelado, es decir que no desarrolla planteos sólidos para desvirtuar los ajustes, lo que demuestra la debilidad del recurso presentado.
Menciona que en ningún momento probó o intentó acreditar haber abonado los intereses y regalías deducidas, sino que solo se limita a sostener que la normativa no exigía el pago para habilitar tal deducción, lo que es incorrecto conforme se reputó en el acto apelado.
Indica que tanto de la jurisprudencia citada como de las normas internacionales a las que refiere la empresa se desprende que la deducción de los conceptos aludidos requiere del efectivo pago previo de los mismos, y señala que así también surge tanto de la ley argentina como de los convenios que ella pretende hacer valer. Refuta la inconstitucionalidad planteada con relación a la ley de transferencia de tecnología debido a lo dispuesto por el art. 185 de la ley de procedimiento fiscal.
En lo que hace a la multa considera que su aplicación está justificada debido a la presentación de la declaración jurada original con datos falsos y engañosos, al haber declarado la deducción de intereses y regalías improcedentes, lo que demostró su conducta negligente, sin que pueda ser atribuida a un error excusable. Sobre los intereses resarcitorios pide su confirmación al haber sido calculados según el art. 37 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) y revestir carácter automático por el retardo en el pago de la obligación tributaria. Por último, se opone a la prueba ofrecida y por las razones de hecho y de derecho que desarrolla, peticiona que se dicte sentencia confirmando la resolución apelada en todas sus partes, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 234 se admitió la prueba pericial contable, la que fue agregada a fs. 238/238vta., por lo que a fs. 249 se declaró cerrado el período de instrucción.
A PV-2022-78641806-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. A IF-2022-
86741037-APN-DTD#JGM obran los alegatos del Fisco Nacional y a fs. 456/269 los de la recurrente. Finalmente a IF-2023-107149454-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que cabe establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que en el marco de la verificación se solicitó a la recurrente documentación de respaldo de las operaciones de comercio exterior, entre ella los contratos celebrados que justifiquen los pasivos con el exterior, las constancias de los pagos e ingreso de fondos, los saldos con Bekaert Textiles NV y el mayor analítico de la cuenta, método de cálculo de intereses con pasivos del exterior y copia de los contratos concertados con las vinculadas. Que en cumplimiento acompañó Acta de Asamblea, Actas de Directorio, papel de trabajo exhibiendo el destino de la suma de $ 6.632.560,22 recibida como préstamo, mayor de la cuenta 105375 del 01/12/2011 al 31/12/2013, copias de los contratos y copia de las facturas de servicios recibidos desde el exterior, lo que permitió al personal actuante analizar la veracidad y cuantía de los pasivos que se incrementaron en el período fiscal 2013. Que entre los pasivos cotejados, se encuentra un pasivo no comercial celebrado con la empresa controlante Bekaert Textiles Holding BV -Países Bajos- respecto del cual la empresa proporcionó copia del contrato junto con su traducción y los movimientos de fondos. Se observó que se trató de un préstamo original de u$u 1.437.954,57, que transformados a moneda nacional ascendió a $ 6.631.000 cuando se acreditó en su cuenta bancaria, y devengo además intereses, sin embargo de la documentación de respaldo no surgió que la recurrente haya efectuado pagos al exterior en el período fiscal 2013, ni hasta el año 2016.
Por ello, por aplicación de los arts. 18 e inc. c) pto. 2 del art 93 de la ley del Impuesto a las Ganancias se impugnó la deducción de intereses de los pasivos expuestos al no existir pagos, y se aclaró que los intereses impugnados surgían del Balance aportado en el que se informaron intereses por el monto de $ 3.222.075,28.
Por otro lado, se examinaron los préstamos por prestación de servicios con Bekaert Textiles Holding NV - Bélgica-, sobre los que se entendió que al encuadrar en la ley Nº 22.426 de transferencia de tecnología debían ser registrados ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual). Que la recurrente recién cumplió con dicho recaudo en el año 2014 por lo que se consideró que no correspondía la deducción ni de los intereses ni de la diferencia de cambio en el ejercicio fiscal 2013, por lo que en virtud del último párrafo del art. 18 de la ley del Impuesto a las Ganancias se impugnaron los gastos derivados de los contratos de prestación de servicios con empresas vinculadas.
V. Que en la presente controversia se encuentra en discusión la procedencia de la impugnación de las deducciones realizadas por intereses y regalías originados, según la actora, en préstamos contraídos con sus sociedades controlantes del exterior radicadas en Países Bajos y Bélgica, respectivamente.
Que en el caso de los intereses según el Fisco deben ser impugnados debido a la falta de constancia de pagos, mientras que las regalías por los préstamos por prestación de servicios fueron cuestionados con motivo de la falta de registración del contrato, por su parte la recurrente en ambos supuestos considera que deben prevalecer las normas internacionales de los convenios suscriptos para evitar la doble imposición sobre las disposiciones de la ley del Impuesto a las Ganancias con fundamento en la cláusula de “no discriminación”.
VI. Que por lo tanto, cabe abordar el primero de lo cargos involucrados consistente en el pasivo declarado con la firma controlante Bekaert Textiles Holding BV de Países Bajos, sobre el cual agregó en los antecedentes administrativos el “Loan Agreement” con el cual respalda la suscripción del préstamo (act. adm., cpo. Nº 2, fs. 263/268).
Sin embargo no aportó constancias sobre el pago de los intereses que pretende deducir en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2013 y alega como único argumento en su defensa, tanto en sede de la Administración como ante este Tribunal, que el Convenio suscripto con el Reino de los Países Bajos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital (aprobado por ley Nº 24.933), en función de su art. 12 donde comprende este tipo de renta y el art. 27 sobre “no discriminación”, no condiciona la deducción del interés a su pago, sino que son plenamente deducibles cuando las prestaciones cumplan con las prácticas normales de mercado. Pero aquí le asiste razón al Fisco Nacional cuando hace notar que la actora no abonó ni el capital ni los intereses supuestamente generados, por lo que no se han observado prácticas normales de mercado, a pesar de lo que sostiene, sin que ante esta instancia intente refutar las observaciones del ente fiscal mediante documentación fehaciente que demuestre el pago de los conceptos a deducir ya que articula su planteo defensivo sobre las normas del convenio y no sobre elementos concluyentes que le permitan practicar la deducción.
A ello se suma que los puntos periciales producidos en sede del organismo fiscal y luego ante este Tribunal tampoco permitieron aseverar que el pago se haya efectuado, ya que éstos versaron sobre aspectos contables no relevantes para la cuestión de hecho y prueba involucrada.
Que la ley del Impuesto a las Ganancias es contundente en su art. 18 último párrafo al disponer que “Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancias de fuente argentina para personas o entes del extranjero con los que dichas empresas se encuentren vinculadas o para personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, la imputación al balance impositivo sólo podrá efectuarse cuando se paguen o configure alguno de los casos previstos en el sexto párrafo de este artículo o, en su defecto, si alguna de las circunstancias mencionadas se configura dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en la que se haya devengado la respectiva erogación” (texto vigente a los hechos).
Que la orfandad probatoria es incluso puesta de resalto por el representante fiscal al responder el recurso deducido en autos y sostener que Bekaert Textiles Argentina S.A. pretende forzar lo establecido por las normas aplicables al caso con llamativas interpretaciones, lo que demuestra la debilidad del recurso presentado, a lo que se agrega que, conforme el análisis que surge de la resolución apelada, el convenio invocado por la actora refiere a intereses pagados.
Que por lo tanto, al no obrar en autos elementos certertos que acrediten el pago de los intereses, las meras argumentaciones de la recurrente carecen de sustento suficiente para contradecir el criterio fiscal seguido, lo que hace aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que ello así resulta corresponde convalidar el ajuste objeto de tratamiento en el presente Considerando.
VII. Que en el otro de los cargos sometidos a consideración el Fisco Nacional impugnó la deducción del importe de las regalías originadas en los préstamos por prestación de servicios con Bekaert Textiles Holding NV, sociedad controlante ubicada en Bélgica, con fundamento en la falta de registración ante el INPI del contrato de transferencia de tecnología que dio lugar al pago de tales conceptos, mientras que la apelante afirma que al amparo del art. 12 del Convenio suscripto con el Reino de Bélgica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital no resulta correcto condicionar la deducción al cumplimiento de tal recaudo.
Que conforme surge de la traducción de los contratos agregados en los antecedentes administrativos estaban involucrados los siguientes conceptos: licencias de marca, suministro y abastecimiento, soporte informático y consultoría planificación servicios empresariales, servicios ENGIPI -mejora proceso e ingeniería global y licencia sobre propiedad intelectual, agregando también la empresa los movimientos de fondos (act. adm, cpo. Nº 2, fs. 290/375 y 238/243).
Que en lo que aquí interesa el art. 1 de la ley Nº 22.426 estableció que “quedan comprendidos en la presente Ley los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio, la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina”. Que el art. 2 agregó que los actos jurídicos contemplados en el art. 1° que se celebren entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidos a la aprobación de la Autoridad de Aplicación.
Y al respecto el art. 9 dispuso que “la falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el artículo 2° o la falta de presentación de aquellos contemplados en el artículo 3, no afectarán su validez pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor”. Que el Convenio en su art. 12 pto. 1 estableció que “las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado si dicho residente es el beneficiario efectivo de la regalías”, y luego el pto. 2 aclaró que “dichas regalías también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y conforme a la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es un residente del otro Estado Contratante”, y estableció límites que el impuesto exigido no podrá exceder.
Que en lo que hace a la deducibilidad de las regalías como gastos de la base imponible del impuesto a la renta a cargo del sujeto pagador, el art. 24 pto. 5 del Convenio, bajo el título de no discriminación-, indicó que “A menos que se apliquen las disposiciones del apartado l del artículo 9, del apartado 7 del Artículo 11 o del apartado 6 del Artículo 12, los intereses, regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados, a un residente del primer Estado. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado Contratante relativas a un residente del otro Estado Contratante son deducibles para la determinación de capital imponible de esta empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del primer Estado”.
Que aquí cobra relevancia lo resuelto por el Máximo Tribunal mediante sentencia del 09/05/2017 en la causa “Pirelli Neumáticos SAIC (TF 24.943-I) y otro c/DGI y otro s/recurso directo a Cámara” en la que sostuvo: “…12) Que esta Corte tiene establecido que la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042; 320:61 y 305; 323:1625, entre otros), ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (Fallos: 313: 1007) .
13. Que, asimismo, también cabe recordar que las convenciones internacionales que versan sobre materia fiscal deben ser interpretadas de acuerdo a la doctrina general de hermenéutica en materia de tratados y de normas tributarias teniendo particularmente en cuenta los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, aprobada por la ley 19.865. Ellas consagran el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto (confr. doctrina de Fallos: 321:1031).
14. Que sobre la base de las citadas pautas interpretativas, cabe advertir que, tal como surge del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, mientras el apartado 2 ° del art. 12 del Convenio prevé en forma expresa el cumplimiento del requisito de aprobación del contrato que da lugar al pago de regalías, por parte de la autoridad competente de la República Argentina con sujeción a las disposiciones de la ley de transferencia de tecnología - con la finalidad de que resulte viable la limitación de la tasa del gravamen fijada sobre tales conceptos-, en cambio, el apartado 3° del art. 25 del Convenio carece de una restricción similar para la deducción de tales erogaciones resultando de aplicación al caso el claro principio hermenéutico conforme el cual no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
15. Que, en tales condiciones, resulta inadmisible la pretensión del Fisco Nacional de extender la restricción del apartado 2° del art. 12 del Convenio más allá de su letra, toda vez que ello implicaría sustituir al legislador en su tarea, aspecto vedado a los tribunales (Fallos: 273:418), quienes no pueden juzgar el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos las concibieron (Fallos: 277:25; 300:700).”
Que también expresó que “…que el pago de las prestaciones a favor del proveedor domiciliado en el exterior (Italia) pueden ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor domiciliado en el país sin necesidad de la aprobación o presentación de los actos jurídicos a que se refiere la ley de transferencia de tecnología (arg. arts. 1°, 2°, 3° y 9° de la ley 22.426), toda vez que la regla del art. 25 no deja margen de duda al respecto. Y en virtud de lo establecido en dicha cláusula, resulta inobjetable lo aseverado por la alzada en el sentido de que las disposiciones de la ley 22.426 no resultan de aplicación cuando el proveedor tiene domicilio en el país (arg. arts. 1° y 9°) Y que la ley de impuesto a las ganancias tampoco contempla una restricción similar a los efectos de la deducción de tales conceptos respecto de los sujetos de la tercera categoría residentes en el país (t.o. en 1997 y modif., arts. 81, 82, 87, 88).”
Que ello así, no se advierte impedimento alguno para considerar que las regalías abonadas a Bekaert Textiles Holding NV, de Bélgica, son deducibles en las mismas condiciones que si hubieren sido pagadas a un residente de la República Argentina, más aún cuando no fue objeto de discusión que fueron gastos efectuados para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas en los términos de los arts. 17 y 80 de la ley del tributo.
VIII. Que sin perjucio de la forma en la que se resuelve en el Considerando precedente, cabe recordar, en lo que hace al planteo de inconstitucionalidad respecto del art. 9º de la Ley de Transferencia de Tecnología -Nº 22.426-, que el art. 185 de la ley fiscal impide a este Tribunal pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias, a no ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado su inconstitucionalidad, en cuyo caso podrá seguirse tal interpretación.
IX. Que por lo expuesto, voto por confirmar el cargo tratado en el Considerando VI y revocar el ajuste que fue objeto de consideración en el Considerando VII. Que en consecuencia, procede ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
X. En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), cabe su disponer la confirmación en la proporción del ajuste que resultó confirmado.
XI. Por último, cabe referirse a la multa aplicada con sustento en el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), respecto de la cual se encuentran acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la recurrente en dicha figura al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, en razón de que omitió el ingreso del impuesto en su justa medida, sin que se haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar ni que se trato de un error excusable, por lo que la misma debe ser confirmada en la proporción correspondiente al ajuste confirmado en el Considerando VI.
XII. Costas según los respectivos vencimientos Las Dras. Gómez y O’Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Que, en virtud de los votos efectuados, SE RESUELVE:
1. Confirmar el cargo tratado en el Considerando VI y revocar el ajuste que fue objeto de consideración en el Considerando VII del voto del Vocal Instructor.
2. Confirmar los intereses resarcitorios y la multa en la proporción correspondiente.
3. Costas según los respectivos vencimientos.
4. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.09.13 14:12:33 -03:00 Date: 2023.09.13 15:48:07 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.14 13:36:50 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.14 13:36:51 -03:00
Fin de la sentencia