Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 20314-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fojas 263/264;
2Imponer las costas a la demandada vencida (cfr. art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 46983/2022 “BEKENSTEIN, MIGUEL ANGEL (TF 20314-I) c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Buenos Aires, de diciembre de 2024.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 262/264, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso de apelación deducido por el Sr. Miguel Ángel BEKENSTEIN y, en consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución N° 284/01, emitida el 21/12/2001 por la División Revisión y Recursos II de la Región Microcentro de la AFIP-DGI. A través de esta última, se había establecido la responsabilidad solidaria del actor respecto del contribuyente Pesquera del Beagle SA - Fish Management S.A. UTE (en adelante, U.T.E.), por las obligaciones respecto del impuesto a las ganancias (retenciones a beneficiarios del exterior por pagos efectuados en los períodos fiscales correspondientes a los años 1993 a 1995, por $88.780,97, más intereses resarcitorios). En cuanto a las costas, fueron impuestas a cargo de la demandada vencida.
Para así decidir, dicho Tribunal consideró que existían vicios en el procedimiento por parte del Fisco Nacional, pues tanto la vista contemplada en el artículo 17 de la Ley N° 11.683, como la determinación de oficio dirigida a la U.T.E., no habían sido notificadas a su domicilio fiscal, lo que impidió que el contribuyente ejerciera su derecho de defensa y, como consecuencia, provocó defectos en el procedimiento respecto de su responsable solidario.
Al respecto, destacó que en el año 1994 la U.T .E. había modificado su domicilio fiscal mediante la presentación del formulario N° 561 ante el Fisco Nacional. A su vez, la fiscalización a dicha sociedad se había llevado a cabo en ese nuevo domicilio, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832 de esta ciudad. Sin embargo, las notificaciones de la vista y de la determinación de oficio fueron efectuadas en el domicilio fiscal anterior (Av. Roque Sáenz Peña N° 1142 de esta ciudad).
Sobre esa base, el Tribunal Fiscal consideró que no podía atribuírsele responsabilidad solidaria al actor, en la medida en que el contribuyente principal de la obligación no se hallaba notificado Alta en sistema: 06/12/2024 correctamente de la intimación a regularizar su situación, de conformidad con lo previsto por el entonces vigente artículo 8 de la Ley N° 11.683, que establecía esa intimación como requisito previo para exigir el pago del tributo a un responsable solidario.
II. Que contra esa decisión, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación a fojas 277, y a fojas 283/287 expresó agravios, los que fueron replicados a fojas 283/294.
En su recurso, sostuvo que aquel cambio de domicilio que había efectuado la contribuyente principal carecía de validez, en tanto se había denunciado a través de un formulario inadecuado para ello. Expresó que la denuncia se formuló a través del formulario de declaración jurada N° 561, y no por medio del formulario N° 560, que correspondía a dicha sociedad conforme lo previsto en la Resolución General DGI N° 3692/93. Por tal motivo, consideró que las notificaciones cursadas al domicilio fiscal de la UTE resultaban ajustadas a la normativa legal y que la resolución que atribuyó responsabilidad al aquí actor no presentaba vicios.
III. Que en este estado de las actuaciones, corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco tendiente cuestionar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto hizo lugar al planteo de nulidad de la Resolución N° 284/01.
III.1. Al respecto, conviene recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (conf. Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R .L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014, entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.).
En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de Alta en sistema: 06/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).
III.2. Por otro lado, cabe recordar que el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que de las constancias obrantes en el expediente surgía que el Fisco Nacional había practicado diligencias relativas al proceso de fiscalización a la U.T.E. en el domicilio fiscal denunciado por aquella contribuyente en el año 1994, sito en Av. Roque Sáenz Peña N° 832 de esta ciudad. Sin embargo, las notificaciones de la corrida de vista y la determinación de oficio se habían efectuado al domicilio anterior, sito en Av. Roque Sáenz Peña N° 1142 de esta ciudad.
Asimismo, dicho Tribunal señaló que el actor había aportado elementos de prueba que acreditaban aquella circunstancia. En efecto, aquel cambio de domicilio fiscal había sido denunciado al Fisco por parte de la U.T.E. mediante la presentación del formulario N° 561 -del que obra copia en estas actuaciones (v. fs. 4 de este expediente)-. Asimismo, se acompañó una copia de la declaración jurada de inscripción de la U.T.E. en el Registro de Exportadores de IVA en la que se había consignado como domicilio fiscal el de Av. Roque Sáenz Peña 832 de esta ciudad. Además, obra una constancia de la Orden de Intervención N° 806946/8 de la Dirección de Auditoría Fiscal emitida el 6 de marzo de 1997, donde la notificación allí practicada se había efectuado a este nuevo domicilio denunciado (v. fs. 14/19 de las presentes actuaciones).
El Tribunal Fiscal también expresó que aquella circunstancia (esto es, que las notificaciones durante el proceso de fiscalización y las posteriores fueron realizadas a domicilios diferentes) fue reconocida de forma expresa por la demandada, quien además, no desconoció el cambio de domicilio efectuado por la contribuyente principal en el año 1994.
Ahora bien, en el caso, la demandada se agravia por considerar que ese cambio de domicilio carecía de validez debido a que se habría efectuado a través de un formulario que no era el reglamentariamente previsto. Según manifestó dicha parte, para gestionar el cambio de su domicilio la U.T.E. había presentado un formulario N° 561, cuando debió haber presentado el formulario N° 560 (conf. Resolución General DGI N° 3692/93).
Al respecto, cabe poner de resalto que dicha Resolución N° 3692/93 -vigente al momento de los hechos- establecía ciertos requisitos y formalidades que debían seguir los contribuyentes a Alta en sistema: 06/12/2024 fin de solicitar la inscripción y altas, o informar sobre modificaciones de datos, en carácter de responsables de impuestos.
En lo que respecta a la modificación de datos, el artículo 6 de aquella resolución establecía, por un lado, y de manera genérica, que el formulario N° 560 debía ser utilizado por los sujetos inscriptos que “[…] soliciten altas o informen sobre modificación de datos de acuerdo con lo previsto en el artículo 1°”. Por otro lado, en su tercer párrafo, de forma específica establecía que “[e]n aquellos casos en que se comunique un cambio de domicilio del local o establecimiento, deberá presentarse un formulario de declaración jurada N° 561 […]”.
Según surge de la literalidad de la norma transcripta el formulario que debía presentar la U.T.E. a fin de comunicar el cambio de domicilio fiscal llevado a cabo en el año 1994 era el formulario N° 561; y este es precisamente el que utilizó en aquella oportunidad (ver constancia obrante a fojas 4 de esta causa). En efecto, la norma es clara en cuanto especifica la utilización de ese formulario para informar un cambio de domicilio.
En consecuencia, cabe concluir que no resulta ajustada a derecho la afirmación de la demandada relativa a que el domicilio denunciado por la U.T.E. en el año 1994 mediante dicho formulario N° 561 carecía de validez. Máxime, cuando la propia accionada había reconocido -tanto en la contestación del recurso inicial como en su expresión de agravios contra la decisión del Tribunal Fiscalque tenía conocimiento de la existencia de aquella circunstancia.
III.3. Más allá que lo expuesto precedentemente resulta suficiente a los fines de desestimar el recurso interpuesto por la demandada, cabe señalar que los requisitos y formalidades con que se cumple el acto de notificación deben garantizar la posibilidad efectiva de ejercer el derecho de defensa en juicio (conf. Fallos: 323:52; 327/5965; 332:2487 y sus citas, entre otros). Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “[…] nuestro ordenamiento privilegia la adecuada protección del derecho de defensa y, en caso de encontrarse controvertida la notificación […] debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional” (conf. Fallos: 340:212).
En lo que respecta al caso, cabe destacar que el artículo 8 de la Ley N° 11.683 -en su redacción vigente al momento de los hechos- establecía que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo: “a) Todos los responsables enumerados en los primeros CINCO (5) incisos del artículo 6º cuando, Alta en sistema: 06/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal.” En tal sentido, como señaló el tribunal a quo, la circunstancia de que el Fisco Nacional no haya notificado al domicilio fiscal -debidamente constituido- de la UTE la determinación de oficio implicó un obstáculo para atribuir responsabilidad solidaria al Sr. BEKENSTEIN, en la medida en que -como requisito previo- el contribuyente principal debió haber sido notificado de la intimación administrativa para cumplir con su obligación, y en su caso, ejercer su derecho de defensa.
IV. Que por los fundamentos vertidos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación obrante a fojas 262/264, en tanto declaró la nulidad de la Resolución N° 284/01 dictada por la División Revisión y Recursos II de la Región Microcentro de la AFIP-DGI, con costas a la demandada vencida (cfr. art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fojas 263/264; 2) Imponer las costas a la demandada vencida (cfr. art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 06/12/2024 Alta en sistema: 06/12/2024
Fin de la sentencia