Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 36.396-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-138588452-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Diciembre de 2022 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación), Claudio Luis (Vocal de la 8°Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal de la 9° Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N° 36.396-I y sus acumulados Nros. 36.397-I y 36.398-I, todos caratulados “BELANDO ADRIANA SILVIA s/recurso de apelación- impuesto a las ganancias y al valor agregado-”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 33/41 vta., 116/124 vta. y 213/221 vta. se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por la Jefa (inf) de la División Jurídica- Dirección Regional Mercedes- de la AFIP-DGI-, por las que se aplican a la Sra. Adriana Silvia Belando multas en relación con: a) impuesto a las ganancias por el año fiscal 2009 (resolución 676/12 ), b) impuesto al valor agregado de los períodos fiscales febrero a diciembre de 2007, enero a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009 y enero a marzo de 2010 (resolución 675/12) y c) impuesto a las ganancias de los ejercicios fiscales 2007 y 2008 (resolución 674), con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683.
Que en primer lugar la recurrente invoca haber sido víctima de la utilización abusiva y espuria de su clave fiscal y demás datos privados, tales como su número de C.U.I.T., cuenta bancaria y clave bancaria uniforme por terceros ajenos a ella, y que habiendo llevado a cabo averiguaciones por ante la Agencia Zárate de la AFIP-DGI, le fue informado que en el mes de diciembre de 2010 se efectuaron presentaciones de declaraciones juradas rectificativas de los gravámenes y períodos aquí controvertidos en virtud de supuestas inexactitudes detectadas en el marco de una fiscalización, cuyos resultados afirma que no le fueron notificados.
Niega haber conformado los ajustes proyectados por los inspectores actuantes en dicha verificación, ya sea por sí misma u otra persona, destacando que a tales efectos no otorgó poder o autorización a ninguna otra persona que no sea a favor de los Dres. María Florencia Adrados y Marcelo Oscar Aún, y por ello desconoce la autenticidad de cualquier rúbrica cuya grafía se le atribuya a su nombre.
Asimismo, explica que no ha presentado, autorizado, prestado su consentimiento u ordenado la presentación de las aludidas declaraciones juradas rectificativas que dieran origen a las multas apeladas en los presentes autos. Seguidamente remarca que, mediante el uso espurio de sus claves fiscal y bancaria por un tercero ajeno a su persona, se efectuó en el mes de marzo de 2011 el acogimiento al plan de facilidades de pago Nº D866794, que tampoco ordenó ni autorizó.
Relata que con fecha 20 de mayo de 2011 solicitó al Fisco Nacional que declare la nulidad de las declaraciones juradas rectificativas presentadas, así como también el acogimiento al citado plan de facilidades de pago, que a su criterio resultarían nulos de nulidad absoluta por la ausencia de discernimiento, intención y libertad en la presentación y formulación de los mismos, de acuerdo a los hechos relatados precedentemente. En esa inteligencia, concluye que el ente recaudador no puede sostener que se hayan presentado declaraciones inexactas ni cometido infracción de ninguna índole, dado que ella como contribuyente o por intermedio de persona válidamente autorizada, no realizó la conducta en que se basa la imputación fiscal.
Se agravia de que a pesar de sus intentos por acreditar que tales declaraciones juradas no reflejan su verdadera situación fiscal, el organismo fiscal se niega sistemáticamente a rectificarlas, de conformidad con el artículo 13 de la ley de rito, que prohíbe la presentación de declaraciones juradas rectificadas en menos, salvo en el caso de errores de cálculo, colocándola de tal suerte en un serio estado de indefensión.
Entiende que respecto de los ilícitos tributarios resultan aplicables los principios que rigen el derecho penal, particularmente el principio de culpabilidad que implica que además de la realizacion del hecho descripto por la norma, requiere que el sujeto haya actuado con culpa o dolo para que la conducta resulte punible. Siendo entonces culposa la figura prevista por el artículo 45 de la ley de rito, la misma exige negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de las prescripciones del arte o profesión, características que no se hallarían presentes en su accionar, dado que a su entender no ha realizado la acción o conducta típica que se le reprocha, razón por la cual solicita que se la exima de toda sanción.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a sus dichos y finalmente peticiona que se tengan por interpuestos y fundados en legal tiempo y forma los recursos y se dejen sin efecto la aplicación de las multas recurridas. Ofrece pruebas pericial caligráfica scopométrica e informativa y hace reserva de caso federal.
II. Que a fs. 53/60, 139/146 y 230/237 el Fisco Nacional contesta los traslados conferidos por este Tribunal y plantea como cuestión de previo y especial pronunciamiento, la improcedencia formal de los recursos, por considerar que las presentaciones fueron realizadas extemporáneamente.
En cuanto al fondo de la cuestión, manifiesta que la actora fue objeto de una verificación por parte del Fisco Nacional, en la que se efectuaron una serie de controles sobre diversos aspectos de su actividad, comprobándose que la misma había presentado sus declaraciones juradas consignando montos inferiores a los reales respecto de transacciones de venta en sus locales comerciales, los que fueron confrontados con las retenciones practicadas en compras, consumos relevantes de servicios, acreditaciones bancarias, tarjetas de crédito y otros elementos susceptibles de revisión.
Señala que en el transcurso de la inspección la contribuyente no pudo desvirtuar los cargos formulados por la verificación actuante y que las divergencias apuntadas dieron lugar a una diferencia de impuesto calculada por los inspectores y conformada en todos sus aspectos por la apelante, lo que determinó la sustanciación de tres sumarios mediante el procedimiento previsto por los artículos 71 y siguientes de la ley procedimental. Explica que los agravios referidos a la improcedencia de las sanciones aplicadas resultan inconducentes por carecer de todo sustento probatorio, ya que se arguye inexistencia del elemento subjetivo requerido por la norma, en la inteligencia de que las declaraciones juradas rectificativas han sido confeccionadas por los agentes fiscalizadores. Al respecto, advierte sobre la gravedad institucional que implican los argumentos expuestos por la contribuyente.
Afirma que los referidos actos gozan de una presunción general de legalidad y que para desvirtuarlos procede el juicio de redargución de falsedad, vía procesal que no ha tenido lugar en el caso de autos.
Agrega que del cotejo de las actuaciones administrativas se observa de manera indubitable que la actora presentó declaraciones juradas inexactas, que tal inexactitud surgió a raíz de la verificación oportunamente practicada y que los resultados de la misma han sido enteramente conformados por la apelante.
Señala que en base a dicha conformidad de la contribuyente respecto del ajuste realizado y la rectificación de las declaraciones juradas, el elemento objetivo contemplado por el artículo 45 de la ley de rito fiscal se encuentra acreditado.
Respecto del elemento subjetivo, afirma que se configuran las infracciones a título de culpa, habida cuenta que los extremos alegados por la Sra Belando no harían mérito suficiente para erigirse en atenuantes o eximentes de las multas, por considerar que se hallaba en pleno conocimiento de que sus declaraciones juradas habían sido presentadas en forma incorrecta.
En virtud de las consideraciones expuestas peticiona que se confirmen las resoluciomes apeladas, con costas. Introduce cuestión federal.
III. Que a fs. 81/81 vta, 162/162 vta y 256/257 obran los pronunciamiento por los que se rechazan las defensas opuestas por el organismo recaudador.
A fs. 171 y vta. y 259 y vta. por decisiones del Tribunal en Pleno se acumulan las causas que originariamente tramitaran bajo los Nros. 36.398-I y 36.397-I.
A fs. 266 y fs. 269, previo a resolver sobre la admisibilidad de la prueba, se requiere a la recurrente para que informe sobre qué documentación se realizaría la pericia caligráfica oportunamente solicitada; ante su incumplimiento se resuelve tenerla por desistida de dicho medio probatorio. A fs. 276 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la informativa, de la que también se la tiene por desistida a fs. 279 ante la falta de libramiento del oficio ordenado.
A fs. 293 y 297 el organismo recaudador, frente a la requisitoria de este Tribunal a los fines de la aplicación de las leyes 27.260 y/o 27.541, informa que las obligaciones principales que dieran origen a las multas controvertidas no han sido ingresadas.
Finalmente a fs.306 se elevan los autos a consideración de la Sala, la que a fs 310 los pasa para dictar sentencia.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre la procedencia de las multas aplicadas con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif), teniendo en consideración que las infracciones tributarias tienen una indiscutida naturaleza penal, por lo que debe analizarse si en el caso de autos se encuentran configurados los elementos del tipo penal y el proceder culposo.
Dicho artículo 45 -en su texto vigente al momento de producirse la conducta considerada punible- establece que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable.”.
En el caso de autos, la conducta que se le reprocha a la apelante es el ingreso en defecto del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales febrero de 2007 a marzo de 2010 y a las ganancias por los ejercicios 2007 a 2009, como consecuencia haber consignado datos inexactos en sus declaraciones juradas originales, las que habrían sido objeto de posterior rectificación, receptando el criterio fiscal (conf. 4, ant. adm., cpo. impuesto a las ganancias y fs. 4/7, cpo. impuesto al valor agregado de los antecedentes administrativos).
Como defensa la contribuyente niega la autenticidad de cualquiér rúbrica cuya grafía se le atribuya, destacando que “jamás he prestado consentimiento ni ordenado la presentación de tales declaraciones juradas rectificativas, que dieran origen a la multa aquí recurrida” Agrega que de igual manera, es decir mediante el uso espurio de la clave fical y bancaria por un tercero ajeno en el mes de marzo se efectuó el acogimiento a un plan de pagos que tampoco ordenó, autorizó y mucho menos, consintió.
Que en tal sentido, dicha parte no ha presentado en autos prueba alguna tendiente a sustentar sus alegaciones, convirtiendo a sus dichos en meras afirmaciones dogmáticas. Ello así, toda vez que no se advierte denuncia o actuación alguna realizada en relación con el alegado uso indebido por terceros de su CUIT y clave bancaria; asimismo respecto de la pericia caligráfica ofrecida, cuya producción ordenara este Tribunal, la misma no pudo producirse por inacción de la propia recurrente, a pesar de las oportunidades que al efecto se le brindaron. Idéntica situación se produjo en relación con la prueba informativa, oportunamente solicitada.
En razón de lo expuesto, cabe considerar que ha quedado acreditada la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa.
Que debe entonces examinarse la configuración del elemento subjetivo. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha expresado que “...si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en la descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente” (“Wortman, Jorge y otros”, sent. del 8-6-1993).
Ahora bien, el artículo 45 de la ley de rito, sobre el que se fundamentó la sanción recurrida, sólo prevé como eximente de responsabilidad la existencia de error excusable, el que se produce, entre otros supuestos, cuando media una razonable oscuridad de las normas o criterios interpretativos diferentes que coloquen al contribuyente en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en tal infracción (cfr. CNACAF Sala IV, “Ecohabitat S.A.” 07/05/2009), o frente a una situación de caso fortuito o fuerza mayor.
Es menester destacar que la Sra Belando tampoco ha acreditado circunstancia alguna tendiente a evidenciar un obrar diligente al liquidar el impuesto o acreditar la existencia de alguna de las causales referidas, a fin de eximirla de responsabilidad.
En tales condiciones, corresponde admitir la pretensión fiscal y confirmar las multas aplicadas, las que se consideran adecuadamente graduadas. Costas a la vencida.
Los Dres Luis y Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.15 14:26:51 -03:00 Date: 2022.12.16 15:25:34 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.26 16:13:57 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.26 16:13:59 -03:00
Fin de la sentencia