Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 30.831-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a las Ganancias, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 247.651 (pesos doscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y uno) por la representación procesal y de $ 619.127 (pesos seiscientos diecinueve mil ciento veintisiete) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 260.721 (pesos doscientos sesenta mil setecientos veintiuno), equivalente a 52,37 (cincuenta y dos con 37/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 651.803 (pesos seiscientos cincuenta y un mil ochocientos tres), equivalente a 130,94 (ciento treinta con 94/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercer etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-94251853-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Octubre de 2021 AGROPECUARIA s/recurso de ap" (VOC 12)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. 30.829 –I y su acumulado Expte. N° 30.831-I ambos caratulados “BELLA S.A. AGROPECUARIA s/recurso de apelación – Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a las Ganancias”, conforme a lo dispuesto en el Acta Acuerdo del 16/03/2020, la Res. 2020-13-APN-TFN#MEC, prorrogada por las Res. 2020- 17-APN-TFN#MEC y 2020-23-APN-TFN#MEC, lo establecido por el art. 12 de la Acordada de fecha 8/9/20 que obra como Anexo en la Res. 2020-44-APN-TFN#MEC y lo resuelto mediante el Acta Acuerdo Plenario de fecha 16/3/2021 que obra como Anexo en la Res. 2021-13-APN-TFN#MEC.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a fs. 30/34 y 139/144 Bella S.A. Agropecuaria, interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 244/2007 (DV MRR2) y N° 243/2007 (DV MRR2) ambas de fecha 27/11/2007 y suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP – Dirección General Impositiva, por las cuales se impugnaron las declaraciones juradas del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, por los períodos fiscales 2003 y 2004 en el primer caso y por la que se determinó de oficio con carácter parcial para el Impuesto a las Ganancias por los mismos períodos fiscales, estableciéndose la suma a ingresar, más sus intereses resarcitorios y una multa equivalente al 80% del tributo omitido con sustento en el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), para el segundo caso.
Dichos reclamos tienen origen en la venta realizada a la empresa RENK S.A. de doce fracciones de campo por un monto total de U$S 4.400.000.-
Declara que su actividad principal es la cría de ganado bovino, excepto en cabañas y para la producción de leche, y como secundaria el cultivo de cereales no clasificados.
Se agravia en una primera instancia, respecto de los fundamentos tenidos en cuenta por el Juez Administrativo, que sostiene que es aplicable el principio de la realidad económica incorporado en el art. 1° de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.). Que si bien en dicha instancia se dijo que el ajuste se apartaba de dicho principio, toda cuestión de hecho y de derecho acreditada con la prueba ofrecida, terminaría demostrando la inexistencia del hecho imponible, entendiendo que la venta del inmueble no se perfeccionó, por lo que la mutación patrimonial no se produjo.
Que en el caso en particular, existió un contrato de compraventa firmado por las partes, donde se estipuló una cláusula resolutoria, que una vez cumplida impidió el devengamiento del hecho imponible.
Relata que en la instancia administrativa, lejos de analizarse todas las cuestiones propuestas, se rechazaron tomando como sustento el inc. b) del art. 18 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), estableciendo que dicho criterio resultaría aplicable, “…salvo disposición contraria”. Que más específicamente, hace notar que en el art. 3 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, se establece una disposición específica, con relación al concepto de enajenación y en relación a los bienes inmuebles.
Para el caso del Impuesto a las Ganancias argumenta que el patrimonio de una persona está conformado por los bienes que posee incluyendo las cosas y derechos, pero para generar la mutación patrimonial no debe existir la posibilidad de que esa situación esté sujeta a una condición que vuelva esa mutación inexistente como sucede en este caso.
Explica que no ha recibido el pago pactado por la operación y que el “Juez Administrativo entiende que de las constancias obrantes en el sumario – Escrituras N° 37 del 3 de marzo de 2003 y 67 del 2 de abril de 2003 – surge que la contribuyente habría recibido la suma de U$S 400.000 y U$S 1.200.000 y que por tal circunstancia lo que sostiene la firma, no resulta ajustado a la realidad de los hechos.”.
En tal sentido, dichas escrituras aportadas a la inspección, acreditan que Bella S.A. Agropecuaria “se obliga” a transferir la propiedad de una cosa una vez cumplida la condición resolutoria y a su vez Renk S.A. “se obliga” a recibirla y pagar un precio, pero de ninguna manera puede sostenerse que con ello se acredite el cumplimiento y/o ejecución del contrato (sic). De ellos se advierte, que se recibieron sólo U$S 1.600.000 de los U$S 4.000.000 pactados y que la mencionada contraparte incumplió su obligación.
En tal sentido, destaca que la AFIP pretende crear una ficción al solo efecto de recaudar, imponiéndole a la fiscalizada una determinación de exponer contablemente un crédito con la empresa deudora en los periodos fiscales 2003 y 2004, lo cual es perjudicial para el contribuyente.
Sostiene que no basta con el simple rechazo de la prueba ofrecida, sino que es necesaria que tal decisión sea fundada, especialmente cuando se resuelve por la negativa, todo en razón de que pueda colisionar con el derecho al debido proceso adjetivo.
Por último se agravia de la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias y su encuadre típico alegando que la prueba ofrecida en instancia administrativa fue rechazada en su totalidad, y que surge de las constancias administrativas que desde el inicio del sumario se ha obrado conforme a derecho por lo que es la interpretación limitada y restrictiva de la AFIP la que lleva a impugnar las declaraciones juradas originales. Ofrece prueba informativa y pericial contable; y solicita que por las consideraciones señaladas se revoquen las resoluciones recurridas en todos sus términos, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 42/53vta. y 182/195 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos deducidos en autos. Que mediante Orden de Intervención N° 55.474, se inició el procedimiento de verificación a fin de determinar el grado de responsabilidad de la apelante. Que se detectó que el 03/03/2003, mediante Escritura Pública N° 37, la responsable vendió a la Sociedad Renk S.A. doce fracciones de campo por U$S 4.400.000.-, circunstancia que fue registrada en el Libro Diario N° 7, rubricado el 06/06/2003. En la citada escritura se dejó constancia que la compradora se encontraba en posesión real y efectiva de los bienes adquiridos y que la vendedora recibió la suma de U$S 400.000.- en efectivo a cuenta de precio y como principio de ejecución, estableciéndose que el saldo restante U$S 4.000.000.- debía ser cancelado dentro de los 30 días siguientes.
Por otra parte, con fecha 02/04/2003, mediante Escritura Pública N° 67, se dejó constancia que la responsable había recibido, en ese acto la suma de U$S 1.200.000.-, de la compradora, cancelándose parcialmente la deuda existente.
En ese escenario, quedó acreditado que la responsable celebró escritura traslativa de dominio de 12 fracciones de campo, entregando la posesión de los mismos, y cobrando en el momento de la venta la suma de U$S 400.000.- y luego U$S 1.200.000.-, quedando pendiente de cobro la suma de U$S 2.800.000.-, lo que de acuerdo a Escritura Pública N° 73 había quedado en consignación en la escribanía interviniente.
Por otra parte alega que la resolución dictada contiene todos los elementos propios del acto administrativo y que por tal situación no procede la nulidad articulada. Asimismo no existió violación alguna al debido proceso adjetivo ya que la recurrente tuvo posibilidad de ser oído y ofrecer pruebas.
Manifiesta que en lo que hace a la cuestión de fondo y conforme surge del informe final de inspección que obra en los Ant. Adm se encuentra probado que la recurrente vendió 12 parcelas de campo a RENK S.A. por la suma de U$S 4.400.000.- y que independientemente de las diferencias que surgieron de acuerdo al cumplimiento de las pautas contractuales, la posesión de las fracciones en cuestión se perfeccionó en cabeza de la compradora con su debida escritura traslativa de dominio, y que como consecuencia la apelante solicitó su restitución mediante carta documento.
Que de acuerdo a la venta del inmueble producida, hubiese correspondido la detracción de la base imponible del gravamen en trato, como así también del pasivo que se encontraba neteado de la base imponible del gravamen. Por lo que se debería haber incorporado el crédito en moneda extranjera que poseía la firma con la empresa RENK S.A. de U$S 2.800.000.-
Así es como quedó configurada la venta, razón por la que el resultado originado por dicha operación debió incluirse en la declaración jurada de la responsable correspondiente al período fiscal 2003 de Ganancias. Asimismo debió exponer también el crédito originado con la empresa RENK S.A. de U$S 4.000.000.- que luego se redujo a U$S 2.800.000. En tanto dicho crédito en moneda extranjera se mantuvo a la fecha de cierre de los ejercicios comerciales cerrados al 30/06/2003 y 30/06/2004, correspondía de conformidad con lo previsto en el art. 68 de la ley de dicho impuesto, computar las diferencias de cambio devengadas en cada período fiscal. Alega que sea cual fuere el uso utilizado de la palabra “restitución”, ninguno de ellos hace variar el hecho de que existió enajenación desde el punto de vista impositivo, existiendo un crédito que no fue computado como tal. Señala que es la propia ley de Impuesto a las Ganancias la que establece el momento en que se considera que existe mutación patrimonial en el caso de enajenación de bienes inmuebles, en el art. 3° de dicha ley. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y por los argumentos de hecho y de derecho que expone, pide que oportunamente se dicte sentencia confirmando en todas sus partes las resoluciones apeladas, con costas. Se tenga presente el caso federal.
III. Que a fs. 439 se hizo efectivo el apercibimiento de fs. 277 por el que se intimaba a la actora a comparecer por sí o nombre nuevo apoderado y en consecuencia se declaró a la recurrente en rebeldía.
IV. Que a fs. 252 se abre la causa a prueba admitiéndose la informativa y pericial contable. Que a fs. 290/417 obran las copias certificadas de las actuaciones “BELLA S.A. C RENK S.A. Y OTROS S/resolución de contrato” solicitadas mediante oficio librado al Juzgado de 1° Instancia en lo Civil N° 62.
A fs. 445 se da por decaído el derecho de la recurrente a producir la prueba informativa dirigida al Juzgado de 1° Instancia en lo Civil N° 80 y pericial contable y finalmente, se declara cerrado el período de instrucción. A fs. 447 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
A fs. 458/461 obran los alegatos del Fisco Nacional, sin haber ejercido su derecho la recurrente. Finalmente a fs. 462 se ponen los autos para dictar sentencia.
V. Que corresponde decidir en esta instancia si se ajustan a derecho las resoluciones apeladas. Que el tema que se debate en autos, es determinar si existió la enajenación de las fracciones de campo, y si se generaron los hechos imponibles que dieron origen a la impugnación de las declaraciones juradas y el ingreso de la obligación tributaria.
En efecto, del Informe Técnico (I.G. N° 11/02) que obra en los Ant. Adm. Cpo. Documento a fs. 21/36, el cual resultó obligatorio, surge para el Impuesto a las Ganancias que, independientemente de las diferencias que surgieron entre las partes en lo que hizo a su relación contractual, la posesión de las fracciones de campo en cabeza de la compradora se perfeccionó, como así también la confección de la escritura traslativa de dominio. Es por ello, que menciona al art. 3° de la Ley de Impuesto a las Ganancias que dispone “A los fines indicados en esta ley se entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso” y que “Tratándose de inmuebles, se considerará configurada la enajenación o adquisición, según corresponda, cuando mediare boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere u obtuviere —según el caso— la posesión o, en su defecto, en el momento en que este acto tenga lugar, aun cuando no se hubiere celebrado la escritura traslativa de dominio.” Por lo que en virtud de la norma transcripta, al haberse configurado la venta del inmueble, dicho resultado de la operación debió haberse incluido en la declaración jurada de la responsable, por dicho impuesto por los períodos fiscales 2003 y 2004.
En ese contexto, para el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta se menciona el art. 1° y 18° de su Ley N° 25.063 que citan: “Establécese un impuesto a la ganancia mínima presunta aplicable en todo el territorio de la Nación, que se determinará sobre la base de los activos, valuados de acuerdo con las disposiciones de la presente 1ey, que regirá por el término de diez (10) ejercicios anuales” y “Para los casos no previstos en los artículos precedentes y en su reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de su decreto reglamentario”.
En definitiva, errado es el criterio utilizado por la apelante al considerar la operación resuelta, lo que la hizo revertir en su contabilidad el asiento de venta oportunamente registrado y reclasificar la suma de U$S 1.600.000.- que correspondía a fondos recibidos como parte de pago de la operación de venta, como deuda a favor de la empresa RENK S.A., incorporando el inmueble nuevamente a su activo.
De lo expuesto precedentemente, y en base a lo normado por el art. 3° citado anteriormente, es que corresponde la detracción de dichos inmuebles de la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, y del importe correspondiente al pasivo neteado de la base imponible del gravamen, incorporando en su lugar el crédito en moneda extranjera que poseía la firma con la empresa RENK S.A. de U$S 2.800.000.- monto que fue evaluado conforme lo dispuesto por el art. 4° inc. d) de la Ley 25.063, por cada período fiscal.
VI. Que ello así cabe considerar los agravios planteados con relación a las determinaciones de oficio practicadas, junto con la prueba agregada a la causa.
Se agravia y sostiene que para el Juez Administrativo es aplicable el principio de la realidad económica incorporado en el art. 1° de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.). A lo que el Fisco Nacional respondió que la venta en cuestión se habría perfeccionado, teniendo en cuenta que mediante Escritura N° 37 de fecha 03/03/2003, la vendedora había dejado constancia de que había recibido la suma de U$S 400.000.- en efectivo a cuenta de precio y como principio de ejecución de la citada venta.
A su vez, la actora informa que existió en el contrato de compraventa firmado por las partes, una cláusula resolutoria, que una vez cumplida impidió el devengamiento del hecho imponible. Que el Fisco Nacional arremete contra este agravio afirmando que dicha cláusula realizada en forma privada luego de haberse realizado la Escritura Pública, carece de validez a los efectos impositivos (art. 1194 C.C), teniendo en cuenta que además dicho convenio no impidió que se trasmitiera el derecho de propiedad respecto del inmueble en cuestión. Que en la instancia administrativa, lejos de analizarse todas las cuestiones propuestas, se rechazaron, tomando como base el inc. b) del art. 18 antes citado, estableciendo que dicho criterio resultaría aplicable, “…salvo disposición contraria”. Que más específicamente, hace notar que en el art. 3 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, se establece una disposición específica, con relación al concepto de enajenación y en relación a los bienes inmuebles.
El Fisco Nacional niega el agravio de la recurrente que sostiene que el cargo formulado habría sido en base presunta y expone que el cargo formulado lo es en base cierta, en tanto no existe el uso de presunción alguna, sino que todo el procedimiento determinativo fue en relación a las circunstancias de hecho plasmadas en autos. Así afirma que al haberse efectuado la tradición del inmueble y luego haberse redactado la escritura traslativa de dominio, el derecho de propiedad fue trasladado a la empresa RENK S.A. quedando perfeccionado.
VII. Ante la falta de exposición de prueba y más allá de las conjeturas y explicaciones volcadas por la recurrente, lo cierto es que la venta se perfeccionó (escritura traslativa de dominio) y la entrega de la cosa (las parcelas) se produjo de forma voluntaria.
Que de las circunstancias apuntadas se desprende que son insuficientes los elementos probatorios incorporados en la instancia administrativa para demostrar que tal operación no se perfeccionó. A su vez la recurrente no produjo totalmente la prueba informativa que fuera admitida, aunque si la dirigida al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 agregada a fs. 291/417 de la que se desprende la causa “BELLA S.A. C/ RENK S.A. S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO” (Expte. N° 54389/2005), que contiene la sentencia dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62, que rechaza la demanda interpuesta por Bella S.A. contra Renk S.A. y Carmelo Miguel Nini, en la que se demanda a esta última por daños y perjuicios y se solicita se declare resuelto el contrato de compraventa de 12 fracciones de campo.
Que dicho fallo es apelado por “Bella S.A.” y llega a la Cámara Civil, Sala “C”, que confirma la sentencia por cuanto entiende “…no se dan en el caso los requisitos comunes que impone el Código Civil en los arts. 1203, 1204 y cc. para que progrese el pacto comisorio. En el caso, es la vendedora quien aparece incuestionablemente como la única responsable de que la compradora no haya aún podido cancelar el saldo de precio y por ello el rechazo de la acción aquí entablada ha de ser confirmada” (sic). En este mismo sentido tampoco se produjo la prueba pericial contable, la que se dio por decaída, lo que pone de resalto la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos. Por lo que considero adecuado confirmar los ajustes practicados, con costas.
VIII. En cuanto a la multa aplicada el art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) en su parte pertinente dispone que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionado con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, ... siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...”, es decir que se requiere de la concurrencia de dos elementos para su configuración: a) la omisión de pago del impuesto, b) mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la inexactitud de las mismas.
Que, en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 “Parafina del Plata S.A.” 02/09/1968).
Que la responsable no efectuó agravio alguno salvo manifestar que su conducta no encuadraba en lo que prevé el art. 45 de la Ley de rito, lo cual sumado a la falta de elementos probatorios que hagan posible entender la omisión analizada, es que se entiende acreditado el elemento objetivo en función de la omisión del pago del impuesto a través de la presentación de declaraciones juradas inexactas. En tanto respecto al elemento subjetivo, no se han encontrado circunstancias que hagan pensar que existió un error excusable que libere de responsabilidad a la actora.
IX. Con relación a los intereses resarcitorios, teniendo en cuenta que su liquidación responde a las pautas que al respecto dispone el art. 37 de la ley de rito y recordando que es criterio asumido de esta Sala que las deudas tributarias devengan intereses, corresponde disponer la confirmación de los mismos.
X. Por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O’Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Dr. Martín.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a las Ganancias, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 247.651 (pesos doscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y uno) por la representación procesal y de $ 619.127 (pesos seiscientos diecinueve mil ciento veintisiete) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 260.721 (pesos doscientos sesenta mil setecientos veintiuno), equivalente a 52,37 (cincuenta y dos con 37/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 651.803 (pesos seiscientos cincuenta y un mil ochocientos tres), equivalente a 130,94 (ciento treinta con 94/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercer etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese al Fisco Nacional y a la recurrente mediante edictos, a cuyo fin pasen los autos a Secretaría General Administrativa a sus efectos. Oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2021.10.04 08:52:56 -03:00 Date: 2021.10.04 11:59:32 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.04 12:32:20 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.04 12:32:21 -03:00
Fin de la sentencia