Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la Acción Contencioso Administrativa interpuesta por la Sra. Josefina Bellavia y Otros en contra del Estado Provincial (Poder Judicial de la Pcia. de Catamarca).
2Imponer las costas a la parte actora vencida.
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Corte Nº 011/2020
SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Dos
San Fernando del Valle de Catamarca, 31 de julio de 2025
Estos autos Corte N° 011/2020 "BELLAVIA, Josefina y Otros - C/ ESTADO PROVINCIAL (PODER JUDICIAL DE LA PCIA. DE CATAMARCA) s/ Acción Contencioso Administrativa", en los que a fs. 439 tiene lugar la Audiencia que prescribe el art.39 del Código Contencioso Administrativo, obrando a fs. 440/446, Dictamen N° 140/2024, llamándose autos para Sentencia a fs. 455.
En este estado el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
1)¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
2. Costas.
Practicado el sorteo conforme al Acta obrante a fs. 457 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JORGE RAFAEL BRACAMONTE, MARIA FERNANDA ROSALES ANDREOTTI, JOSÉ RICARDO CÁCERES, RITA VERÓNICA SALDAÑO, CARLOS MIGUEL FIGUEROA VICARIO, FABIANA EDITH GÓMEZ y NÉSTOR HERNÁN MARTEL.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Bracamonte dijo:
i.- A fs. 42/60 vta., el Dr. Lucio Montero, en su carácter de apoderado de los actores, promueve acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción contra el Estado Provincial - Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, solicitando se revoque la decisión denegatoria tácita del Reclamo Administrativo interpuesto y se ordene la aplicación de la Ley de Porcentualidad o Enganche N° 4016 y su ratificatoria, la Ley Provincial N° 4076.
Asimismo, requiere el pago de las diferencias salariales adeudadas, con sus respectivos intereses, desde años anteriores a la interposición del reclamo administrativo (07/10/2019) hasta la fecha de su efectivo pago.
Señala que el objeto del reclamo es obtener que el Poder Judicial de la Provincia liquide y abone los montos adeudados en forma retroactiva, con fundamento en el artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación, aplicando la tasa activa para préstamos del Banco de la Nación Argentina hasta la cancelación total de la deuda.
En cuanto a la competencia de la Corte de Justicia de la Provincia, sostiene que corresponde a este Tribunal el conocimiento del caso, en razón de ser la autoridad máxima del Poder Judicial y de que la pretensión se fundamenta en contratos de empleo público. De ello deriva, a su vez, la legitimación activa de sus representados, quienes invocan un interés legítimo, personal, directo y actual, toda vez que el incumplimiento de las leyes mencionadas les habría generado un perjuicio patrimonial.
En respaldo de la demanda, el actor expone el desarrollo cronológico de los actos administrativos relevantes: a.- 9 de mayo de 2019: Los actores interponen reclamo administrativo, que no es resuelto por la Corte de Justicia de la Provincia; b.- 7 de octubre de 2019: Ante la falta de respuesta, presentan pronto despacho, invocando el artículo 118 del Código de Procedimientos Administrativos, dando por configurada la denegatoria tácita y habilitando la competencia contencioso-administrativa; c.- 21 de octubre de 2019: La Corte de Justicia informa que, desde el 4 de octubre de ese año, el expediente se encuentra en el Ministerio Público Fiscal pendiente de dictamen; d.- En cuanto al cómputo de los plazos administrativos, indica que, desde la presentación del pronto despacho (07/10/2019), los sesenta días hábiles previstos en el artículo 118 vencieron el 5 de febrero de 2020. A partir de esa fecha, comenzó a correr el plazo de 20 días hábiles para interponer la acción contencioso-administrativa, el cual vencía el 5 de marzo de 2020.
Cita jurisprudencia de este Tribunal en autos Expte. N° 112/05 Corte Nº 011/2020
“Salas c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción”.- -
Luego, efectúa un desarrollo normativo en relación con el Poder Judicial de la Nación, desde la Ley N° 16494 hasta la Ley N° 24937, normativa a la que se remite en honor a la brevedad.
En el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, fundamenta su pretensión en el artículo 197 de la Constitución Provincial, el cual dispone que la remuneración de los magistrados y funcionarios judiciales será determinada por ley y no podrá ser disminuida mientras permanezcan en funciones, salvo por disposiciones legales de carácter general.
Sostiene que, en virtud de esta norma constitucional, deben aplicarse las Leyes Provinciales N° 4016 y N° 4076, las cuales encuentran su antecedente en la Ley Nacional N° 16494 (1964), que estableció la escala de porcentajes salariales para magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Nación, y en otras normas como las Leyes N° 16725, 16726, 20181 y el Decreto N° 2111/75.
Respecto de la Ley Provincial N° 4016, menciona que su artículo 1° implementa, a partir del 1 de noviembre de 1983, el sistema de porcentualidad salarial para la determinación de las remuneraciones del personal del Poder Judicial. Su artículo 2° establece que el cálculo de las remuneraciones se realizará tomando como base la remuneración total (excluidos adicionales particulares) de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableciendo que, desde enero de 1984, esa base sería del 100% de la remuneración de los jueces de la CSJN.
Por su parte, la Ley Provincial N° 4076, promulgada el 6 de febrero de 1984, fija en su artículo 1° las remuneraciones y adicionales para las autoridades superiores, funcionarios fuera de nivel, escalafón general y personal del Poder Judicial. En su artículo 10°, establece la aplicación progresiva del sistema de porcentualidad salarial.
Sobre la base de estas normas, el actor sostiene que: a.- La equiparación al orden nacional, en virtud del principio constitucional “a igual tarea, igual remuneración” (art. 14 bis de la Constitución Nacional); b.- El sistema de porcentualidad, basado en la remuneración de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, a partir de la cual se fija un porcentaje para determinar los sueldos del resto del personal; y c.- El principio de intangibilidad salarial de los jueces (art. 110 de la Constitución Nacional).
Afirma que las Leyes N° 4016 y N° 4076 nunca fueron aplicadas por la Corte de Justicia de Catamarca, aunque sus Acordadas han reconocido los adicionales contemplados en dichas leyes. Cita, en particular, la Acordada N° 3867/04, que estableció la liquidación del adicional por título a todos los magistrados y funcionarios judiciales, fijando como base de cálculo el 25% del sueldo básico de cada categoría, conforme lo previsto en la Ley N° 4076.
Postula la nulidad absoluta de toda resolución o acordada dictada por la Corte de Justicia en contraposición a las Leyes N° 4016 y N° 4076, con fundamento en el artículo 33 de la Constitución Nacional.
Asegura que estas leyes nunca fueron derogadas, por lo que su omisión configura un grave incumplimiento por parte del Poder Judicial, afectando el principio de igualdad.
Rechaza la teoría del desuetudo, sosteniendo que una ley solo puede ser derogada por otra ley y que la costumbre no puede privarla de vigencia.
Funda la acción en normas internacionales y constitucionales, incluyendo el Convenio Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y diversos artículos de la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Catamarca.
Ofrece prueba documental, informativa y pericial. Introduce la cuestión federal y reserva el derecho de recurrir a tribunales internacionales.
Corte Nº 011/2020 A fs. 81, se corre vista al Ministerio Público.
A fs. 82, obra el Dictamen N° 111 del Sr. Procurador General, quien considera admisible la acción.
A fs. 84/88 vta., se dicta la Sentencia Interlocutoria N° 25 (19/03/2021), que declara la jurisdicción y competencia del Tribunal.
A fs. 92, se inicia formalmente la acción y se confiere traslado a la demandada.
A fs. 99/106 vta., se presentan las Dras. Fabiana Meglioli y Claudia de la Barrera, en representación del Estado Provincial, contestando la demanda y solicitando su rechazo con costas.
En primer término, plantean la incompetencia del Tribunal, sosteniendo que la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo legal.
A continuación, niegan cada uno de los hechos alegados por la parte actora y formulan su defensa, argumentando que las normas invocadas por los accionantes han perdido vigencia por el paso del tiempo, por lo que carecen del derecho adquirido que alegan.
Sostienen que las Leyes N° 4016 y N° 4076 resultan inaplicables en la actualidad, ya que han sido desplazadas por normativa posterior y nunca fueron aplicadas efectivamente en la Provincia de Catamarca.
Afirman que, conforme surge de la propia demanda, el artículo 2° de la Ley N° 4016 nunca ha sido aplicado, lo que habría generado su derogación tácita por desuetudo.
A su vez, destacan que la falta de aplicación de dichas normas durante más de treinta años, sin que se haya formulado reclamo expreso ni por parte de los agentes judiciales ni por los órganos administradores, impide considerar su vigencia actual.
En este sentido, sostienen que el régimen de enganche nunca fue implementado en el ámbito provincial, sin que exista constancia de que los empleados del Poder Judicial hubieran efectuado reclamos oportunos al respecto.- -
Citan como precedente el fallo dictado por este Tribunal en los autos Expte. Corte N° 051/12 “Gordillo Mirta Nicolasa y otros c/ Estado Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa”, en el cual se rechazó una pretensión análoga, con fundamento en la pérdida de eficacia normativa de las leyes invocadas.
Asimismo, mencionan la Sentencia Definitiva N° 44/16, en la cual se resolvió un caso similar promovido por otro grupo de empleados judiciales, señalando que la legislación de porcentualidad nunca tuvo operatividad efectiva en el orden provincial.
En último término, formulan un planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley N° 4016, argumentando que la normativa pretendida por los actores viola la autonomía de la Provincia de Catamarca, al supeditar la determinación de los haberes del Poder Judicial provincial a las remuneraciones fijadas en el ámbito nacional, en contradicción con los artículos 1, 5, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Ofrecen prueba documental e informativa.
A fs. 107, se otorga participación de ley y se corre traslado de la excepción de incompetencia a la parte actora.
A fs. 112/113 vta., la parte actora presenta su contestación a la excepción de incompetencia, solicitando su rechazo.
A fs. 115, se corre vista al Ministerio Público.
A fs. 116/124 vta., se incorpora el Dictamen N° 113, en el cual el Sr. Procurador General se pronuncia respecto de la excepción.
A fs. 125, se llama autos para resolver.
A fs. 129/142, se dicta la Sentencia Interlocutoria N° 84, de fecha 3 Corte Nº 011/2020 de octubre de 2022, mediante la cual se rechaza la excepción de incompetencia.- - -
A fs. 149, se abre la causa a prueba, la que se provee a fs. 152.
A fs. 411 vta., por Secretaría se certifica el término probatorio, procediéndose a su clausura a fs. 412, fijándose fecha para la presentación de alegatos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A fs. 420/432, se incorpora el alegato de la parte actora, y a fs. 433/438 vta., el correspondiente a la parte demandada.
A fs. 439, se corre vista al Ministerio Público.
A fs. 440/446, se agrega el Dictamen N° 140 del Sr. Procurador General, quien dictamina por el rechazo de la acción.
A fs. 448, el suscripto se avoca a la causa.
A fs. 450, se avoca la Sra. Ministra Dra. Rita V. Saldaño.
A fs. 455, se llaman autos para sentencia.
A fs. 457, obra acta de sorteo, resultando el suscripto designado en primer término.
ii.- Expuestos los hechos, y previo a ingresar al análisis del fondo de la cuestión traída a decisión, corresponde expedirme sobre la jurisdicción y competencia de este Tribunal, a fin de determinar si la presente causa reúne los requisitos exigidos por el artículo 1° del Código Contencioso Administrativo (CCA) para la habilitación de la instancia contencioso-administrativa.
En este orden de ideas debe tenerse presente que dicha cuestión ya ha sido objeto de pronunciamiento en la Sentencia Interlocutoria N° 84, dictada en el marco de la presente causa, en la cual, por mayoría de votos, se resolvió rechazar la excepción de incompetencia opuesta por el Estado Provincial, con fundamento en que la vía administrativa se encontraba agotada y la demanda contenciosa administrativa se encontraba presentada en término, permitiendo así el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin perjuicio de lo resuelto en dicha oportunidad, corresponde precisar que el criterio del suscripto se alinea con la posición minoritaria que postuló que el agotamiento de la vía administrativa requiere la interposición de un recurso administrativo previo, conforme lo dispone el artículo 118 del Código de Procedimientos Administrativos, y que el mero silencio de la Administración ante un reclamo inicial no habilita automáticamente la instancia judicial.
Es decir que la denegatoria tácita solo puede configurarse en la etapa recursiva y no en la simple instancia de reclamo inicial, dado que el silencio administrativo frente a una petición originaria no puede ser considerado un acto denegatorio con efectos de agotamiento de la vía administrativa.
Ahora bien, más allá de que el suscripto coincide con la posición minoritaria sostenida en la Sentencia Interlocutoria N° 84, corresponde aclarar que, al momento del dictado de dicha resolución, no integraba esta Corte de Justicia, habiendo asumido funciones con posterioridad, para el dictado de la presente sentencia definitiva.
En este contexto, y sin perjuicio de no compartir el criterio mayoritario adoptado en la Sentencia Interlocutoria N° 84, en esta instancia ya no resulta posible revisar lo resuelto en relación al rechazo de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, en virtud del principio de cosa juzgada formal, que impide alterar lo decidido en una etapa anterior del proceso.
En consecuencia, corresponde declarar que la competencia de este Tribunal se encuentra habilitada para conocer en la presente causa, más allá de que el suscripto sostenga una interpretación distinta respecto del agotamiento de la vía administrativa.
iii.- Dicho ello, corresponde analizar la procedencia de la pretensión articulada en autos a la luz del instituto del desuetudo o desuso normativo, cuya operatividad ha sido objeto de debate tanto en doctrina como en jurisprudencia.
Corte Nº 011/2020
A fin de abordar la cuestión, resulta imprescindible determinar el alcance y las implicancias del fenómeno del desuetudo, entendido como la pérdida de vigencia de una norma jurídica debido a su falta de aplicación prolongada y la consolidación de una costumbre contraria a sus disposiciones.
La doctrina ha sostenido que la derogación de una norma puede ser expresa o tácita. En este último supuesto, opera ya sea por la aplicación del principio lex posterior derogat anteriori o por el progresivo abandono de su observancia, producto de la evolución social y la inactividad de los órganos encargados de su aplicación.
La postura tradicional del derecho nacional ha mostrado reticencia a admitir la eficacia derogatoria de la costumbre contra legem, con fundamento en el artículo 17 del Código Civil y Comercial, que restringe la operatividad de los usos y costumbres a los casos en que la ley los contemple o en situaciones no regladas legalmente.
Sin embargo, este argumento desconoce la dimensión sociológica del derecho y el principio de realidad, al circunscribir el orden normativo exclusivamente a la literalidad de la ley escrita.
Desde la perspectiva de la teoría egológica del derecho, desarrollada por Cossio, el derecho no puede desvincularse de la conducta social. La norma jurídica que ha sido desplazada por una costumbre consolidada deja de expresar el "deber ser" de la comunidad, perdiendo así su operatividad efectiva.
En este orden de ideas en el precedente "Gordillo Mirta Nicolasa y otros c/ Estado Provincia de Catamarca" esta Corte de Justicia abordó esta cuestión al analizar la viabilidad del desuetudo respecto de la normativa sobre porcentualidad salarial; y en aquella oportunidad se sostuvo que "Admitir que las leyes son susceptibles de perder vigencia por su falta de adecuación a los principios de la realidad jurídica y razonabilidad conlleva la saludable actitud de desmitificar a la ley como única y privilegiada fuente de regulación de conductas sociales. Junto a la potestad legislativa, emergen las reglas consuetudinarias con la fuerza que le otorga la conciencia jurídica colectiva, que ejerce espontáneamente el control de la razonabilidad de las leyes cuando las mismas, por su falta de aplicabilidad, se transforman en esquemas vacíos alejados de los sentimientos reales vividos por la sociedad”.
Por su parte, y en coincidencia con lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Casuso" (Fallos: 312:2252, 21/11/1989, Adla, 1990-A, 574), reconoció la posibilidad de la abrogación de normas por desuso al analizar la pérdida de vigencia de disposiciones contenidas en una convención colectiva de trabajo.
En dicho fallo, el Máximo Tribunal sostuvo que "Es jurídicamente viable la posibilidad de que ciertos preceptos normativos pierdan vigencia en la práctica por su falta de aplicación durante un período prolongado de tiempo, circunstancia que puede llevar a su ineficacia jurídica y material, sin que resulte necesario un acto formal de derogación".
El desuetudo no opera como un mecanismo de derogación expresa, sino como un fenómeno de evolución normativa que refleja la adaptación del derecho a las prácticas sociales consolidadas. Su reconocimiento responde a los principios de justicia, razonabilidad y operatividad de las normas.
iiii.- Ahora, en concreto a la cuestión relativa a la viabilidad de la aplicación de la Ley de Porcentualidad o Enganche N° 4016 y su ratificatoria, la Ley Provincial N° 4076 advierto que el Estado Provincial demandado ha sostenido en su contestación de demanda que dichas normas nunca fueron aplicadas en el ámbito del Poder Judicial.
Desde la sanción de la Ley N° 4016 en el año 1983 y su ratificación Corte Nº 011/2020
mediante la Ley N° 4076 en el año 1984, no se ha acreditado la efectiva liquidación de los haberes de empleados, funcionarios, magistrados o ministros de la Corte conforme a los parámetros establecidos en tales disposiciones.
El análisis de la prueba producida en autos permite concluir que las normas en cuestión no tuvieron vigencia efectiva en ningún momento, y tal circunstancia ha sido reconocida incluso por los propios accionantes en su escrito de demanda.
Por otra parte, el Sr. Procurador General en su Dictamen N° 140 (fs. 440/446), sostuvo que “Vale aclarar que la Ley N° 4076 (febrero de 1984) estableció que correspondía continuar con la aplicación progresiva del sistema de porcentualidad salarial (art. 10, 2° párrafo), sistema que los actores reconocen expresamente nunca se aplicó y sin que exista una sola prueba, siquiera indiciaria, de que sus haberes se hubieren liquidado bajo aquel sistema. Como nunca se aplicó, nunca hubo progresividad y mucho menos mengua salarial, porque nunca pudo dejarse de percibir lo que jamás se liquidó”.
La falta de reclamos oportunos por parte de los actores refuerza la conclusión de que la norma nunca tuvo aplicación efectiva. No se ha acreditado que los empleados de mayor antigüedad que promueven la presente acción hayan efectuado presentaciones en tal sentido al momento de su ingreso al Poder Judicial ni en años posteriores.
A su vez, tampoco existen constancias de que en casi cuatro décadas la legislación cuya aplicación se pretende haya regido en la práctica.
El análisis del caso del Sr. Julio César Ortega resulta ilustrativo en este sentido. Según la prueba acompañada por la parte actora, su ingreso al Poder Judicial data del 1 de enero de 1982, es decir, con anterioridad a la sanción de la Ley N° 4016 en el año 1983 y su ratificatoria, la Ley N° 4076 en el año 1984.
En consecuencia, si la normativa hubiese tenido aplicación efectiva, el mencionado actor habría percibido en algún momento su remuneración conforme a la regla de porcentualidad, lo que no ha ocurrido.
Tampoco se ha acreditado que el actor haya formulado reclamos en el año 1984 para exigir la aplicación de dicha normativa. Por el contrario, ha quedado demostrado que consintió voluntariamente, hasta el año 2019, la aplicación de la normativa vigente en cada período para la determinación de la liquidación de sus haberes.
La ausencia de prueba sobre la aplicación efectiva de la normativa reclamada, sumada a la inacción de los actores durante un lapso prolongado, permite concluir que la Ley de Porcentualidad o Enganche N° 4016 y su ratificatoria, la Ley Provincial N° 4076, han perdido su fuerza normativa por desuso.
Las normas están destinadas a regir una sociedad determinada y deben ser aplicadas por los órganos competentes. Cuando ello no ocurre y la ley queda relegada, puede perder vigencia si la comunidad o las autoridades responsables de su ejecución dejan de observarla.
En este caso, no solo ha existido un desuso prolongado, sino que el propio Poder Judicial, en ejercicio de sus facultades, ha determinado históricamente los porcentajes salariales a percibir a través de sus acordadas y resoluciones, en función de la partida presupuestaria correspondiente.
El hecho de que algunos ítems de la Ley de Porcentualidad hayan sido considerados en la liquidación de adicionales no resulta suficiente para sostener la vigencia de la norma en su conjunto, y como sostuve previamente, tal circunstancia ha sido expresamente reconocida por los demandantes en su presentación al afirmar que la ley nunca tuvo aplicación efectiva.
En este tópico el Dictamen del Sr. Procurador -al que me remito haciendo propio- reviste especial relevancia en este análisis, en tanto detalla con precisión la normativa aplicada por el Poder Judicial a lo largo de los años para la Corte Nº 011/2020 determinación de los haberes de su personal.
Las consideraciones expuestas conducen a la conclusión de que las Leyes N° 4016 y N° 4076 no tuvieron aplicación efectiva en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia.
Como señaló el Sr. Procurador en su Dictamen, la falta de aplicación de la norma impide hablar de progresividad salarial o de un eventual perjuicio patrimonial, en tanto jamás se liquidaron haberes conforme a dicha regulación.
De igual forma, la falta de elementos probatorios que demuestren la vigencia efectiva de la normativa reclamada, sumada a la ausencia de reclamos previos por parte de los actores, genera un vacío probatorio insalvable.
No solo no se ha acreditado que la ley haya sido aplicada en algún momento, sino que tampoco se han acompañado pruebas que permitan inferir su operatividad a lo largo del tiempo.
Así las cosas, el análisis del caso permite concluir que la norma invocada como fundamento de la acción promovida por los actores ha caído en desuso, toda vez que su falta de adecuación a la realidad social, la ausencia de intervención legislativa para su actualización y la generalizada inobservancia de su aplicación evidencian su desplazamiento por una costumbre contraria a su tenor literal.
En tal caso, sobre la base de dichos fundamentos, la pretensión de los accionantes no puede prosperar.
La inefectividad de la ley durante un período prolongado, sumada a la falta de aplicación por parte de los órganos responsables de su ejecución, permite concluir que la Ley N° 4016 y su ratificatoria, la Ley N° 4076, han caído en desuso y, por lo tanto, carecen de vigencia para sustentar el reclamo deducido en autos.
Finalmente, respecto del planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley N° 4016, formulado por la demandada, corresponde señalar que el mismo ha devenido abstracto ante la falta de aplicación efectiva de la norma, haciendo aplicación al caso lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “como órgano judicial, tiene vedado expedirse sobre los planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos: 341:122 y 912). También ha expresado que la desaparición de los requisitos jurisdiccionales que habilitan su actuación importa la de poder juzgar y que dicha circunstancia es comprobable aun de oficio”. (Fallos: 341:1356; 340:1433; 330:5064 y 3069; 329:5098).
Por todo lo expuesto, la acción promovida no puede prosperar, razón por la cual postulo su rechazo en los términos indicados.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Convocada a emitir mi voto en segundo lugar, conforme acta de sorteo de fs. 457, debo decir que adhiero a la relación de causa efectuada por el Ministro que me antecede, coincidiendo con el rechazo propiciado. Sin embargo, las razones que sustentan mi decisión son diversas a las expuestas, por lo tanto, procedo a desarrollarlas a continuación.
a. Preliminarmente, en lo que respecta al agotamiento de la vía administrativa cabe destacar que se trata de un requisito ineludible a los fines de obtener de la autoridad competente en última instancia el reconocimiento o denegación del derecho reclamado para que, posteriormente, proceda la demanda contencioso-administrativa. Incluso, aunque se trate de una resolución de carácter general, el o los interesados deben promover siempre la reclamación administrativa previa (artículo 5 del Código Contencioso Administrativo).
Por otra parte, no debemos obviar que el instituto mencionado tiene carácter constitucional, pues nuestra Constitución Provincial, en su artículo 204 al Corte Nº 011/2020 referirse a las atribuciones del Poder Judicial establece que: “La Corte de Justicia (…) decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso-administrativo, previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente, del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestionan por la parte interesada (…)”. Siendo, en consecuencia, el CCA coincidente con ello.
En el presente, dadas las circunstancias particulares advertidas y analizadas en su oportunidad, ratifico lo expuesto en Sentencia Interlocutoria N° 84/22 (fs. 129/142), a la cual me remito a los fines de evitar reiteraciones innecesarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b. Sentado lo anterior, corresponde avocarme a la cuestión traída para resolver.
En concreto, los accionantes peticionan la aplicación retroactiva de la Ley N° 4016 y su ratificatoria, Ley N° 4076, con el consecuente pago de las diferencias de haberes que resulten de los salarios adeudados, más los intereses desde los dos años anteriores al reclamo administrativo interpuesto (7/10/19) hasta la fecha de su efectivo pago.
Sostienen que la normativa mencionada nunca fue aplicada por la Corte de Justicia provincial pero que, sin embargo, las utilizó para fundamentar en sus Acordadas lo concerniente a los adicionales que menciona la ley de porcentualidad.
c. Así las cosas, con la finalidad de desandar el fondo de la cuestión, estimo conveniente recordar lo establecido en el art. 197 de la Constitución Provincial: “Los miembros del Poder Judicial recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y no podrá ser disminuida mientras permanecieren en funciones sino por disposiciones legales de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes”.
Teniendo presente la norma constitucional, es que considero que se debe llevar adelante el estudio de la causa.
En tal sentido, en primer lugar, cabe precisar si efectivamente las Leyes N° 4016 y N° 4076 no fueron aplicadas, como lo sostienen los demandantes en el escrito inicial.
A esos efectos, es pertinente reseñar la normativa que hace al objeto del caso. A saber: i) Decreto Ley N° 4016 del 23/10/83; ii) Ley N° 4054 de fecha 24/11/83 - no mencionada por ninguna de las partes, pero de relevancia para la causa- y, iii) Ley N° 4076 del 06/02/1984.
La Ley N° 4016, implementa -a partir del 01/11/83- el sistema de porcentualidad salarial para la determinación de las remuneraciones del personal del Poder Judicial provincial. Contempla que se efectuará tomando como base la remuneración total de lo percibido por los jueces de la Corte Suprema de la Nación, con las limitaciones porcentuales allí fijadas (art. 2) y acompaña listado con el nomenclador de los cargos y retribuciones del personal judicial -sólo agentes del poder judicial, no menciona magistrados/as ni funcionarios/as-.
Luego, casi un mes después, mediante la Ley N° 4054 se establecen las nuevas escalas salariales con la adecuación retributiva de los escalafones judiciales, de conformidad con la Ley N° 4016, lo cual se encuentra expresamente mencionado en el mensaje de elevación del Ministro de Economía (pág. 2619 del Boletín Oficial N° 101/83). Además, se adjunta planilla anexa con la aplicación del porcentual a partir del 01/11/83, contemplando todos los cargos del poder judicial y lo dispuesto por el gobierno nacional a través de la Ley N° 22979 -la cual fija la remuneración total para los jueces de la Corte Suprema de la Nación desde el 01/11/83-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De dicha planilla se advierte un incremento salarial en la medida del proporcional respectivo, de acuerdo al art. 2 de la Ley Nº 4016. - - - - - - - - - - - - Corte Nº 011/2020
Con posterioridad, lo que hace la Ley Nº 4076, es continuar con la aplicación progresiva del sistema de porcentualidad salarial para enero de 1984, teniendo como base de cálculo el 100% del sueldo percibido por los jueces de la CSJN (art. 10). Al igual que en el supuesto anterior, el anexo adjunto a la ley plasma los salarios con el aumento pertinente.
Así, lo que pretendo significar con este breve relato es que de allí surge que la ley fue evidentemente aplicada en su oportunidad, por los organismos competentes. En este punto, no está de más señalar que, en ese momento, la liquidación y pago de los sueldos del Poder Judicial estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
Entonces, dado que, de la compulsa de la legislación referida, se verifica la operatividad de la norma, considero erróneo afirmar que estemos ante un supuesto de acatamiento parcial -como lo sostienen los accionantes- o frente a una pérdida de vigencia por el paso del tiempo -postura asumida por las representantes del Estado-.
Por dichas razones, entiendo que las Leyes N° 4016, 4054 y 4076 sí fueron debidamente aplicadas en relación a la liquidación y pago de sueldos correspondientes a los integrantes del Poder Judicial provincial al momento de sus respectivas sanciones. Pues, reitero, no se verifica indicio ni respaldo probatorio alguno que sustente lo contrario.
d. Ahora bien, superado el cuestionamiento que antecede corresponde, a continuación, examinar la vigencia de la mentada legislación.
Como lo señalé previamente, los salarios de los miembros de la justicia provincial deben ser determinados mediante ley, de conformidad al mandato constitucional citado -art. 197-.
En esta inteligencia, tomando como punto de partida la fecha de sanción de la Ley Nº 4076, esto es, el 06/02/1984, advierto que a ella le continuaron sucesivas normas que regularon el régimen salarial del Poder Judicial. Es aquí donde se produce, a mi entender, la confusión.
Con posterioridad al sistema de porcentualidad establecido mediante Ley Nº 4016 - reconocido y aplicado por las Leyes Nº 4054 y 4076-, observo que las leyes que le siguieron determinaron una escala salarial con un mecanismo de cálculo diferente a aquél fijado en su oportunidad. De este modo, por ejemplo, la Ley N° 4168 que precisa las remuneraciones y adicionales al 01/09/84 de la administración pública provincial, docentes, poderes judicial y legislativo, entre otros, plasma directamente en las planillas anexas V y VI los montos pertenecientes al sueldo básico, compensación jerárquica y remuneración total del personal judicial, sin mencionar ni hacer referencia sobre la porcentualidad dispuesta anteriormente.
Otro ejemplo es la Ley N° 4187 por medio de la cual se determinaron nuevas escalas salariales, a partir del 01/11 y 01/12 de 1984, para personal de la administración pública, docentes, Poder Judicial y Obras Sanitarias de la provincia (planillas anexas V y VI y V-A y VI-A).
Lo expuesto, evidencia la configuración de una incompatibilidad material entre la legislación que dispuso la porcentualidad como pauta salarial y las leyes dictadas posteriormente, lo que devino, inexorablemente, en la derogación de las normas primigenias. Circunstancia que, consecutivamente, se fue corroborando en los años subsiguientes.
Es así que la vigencia de la ley cesa por su derogación expresa o bien, entre otros supuestos, cuando una ley posterior regula la materia reglada en la anterior de manera incompatible con aquella. Entonces, la derogación de la Ley Nº 4016 surge del contenido preciso de las normas posteriores que regularon la forma de cálculo salarial de una manera distinta, lo que la deja sin eficacia aunque no haya sido derogada expresamente.
Corte Nº 011/2020
Incluso, en la actualidad, se fija y aprueba anualmente el régimen salarial de los integrantes de la justicia provincial a través de la ley de presupuesto respectiva. Esto, en consonancia con lo reglado en la Constitución Provincial, la cual dispone que la Corte de Justicia “(...) elevará anualmente el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su consideración por la Legislatura, dentro del presupuesto general de la provincia, no pudiendo el primero ser modificado sin su efectiva participación” (art. 206, inc. 5).
Es decir que, respetando el mecanismo indicado en nuestra Constitución y con anuencia de quienes formaban parte del Poder Judicial en aquél momento -dado que no consta reclamo alguno-, las leyes que pautaron el sistema de porcentualidad con el objetivo de equiparar el cobro de los haberes al percibido por un ministro de la CSJN, fueron derogadas por la legislación subsiguiente, cuyo sistema de cálculo del régimen salarial fue modificado, lo que culminó en el sistema vigente para la determinación de los salarios.
e. Por ende, debido a lo explicado, expedirse sobre los demás planteos efectuados (afectación de derechos fundamentales, acatamiento parcial de la Ley N° 4076 -parte accionante- y el pedido de declaración de inconstitucionalidad -parte accionada-) se torna innecesario, pues he desarrollado los argumentos que dan sustento a mi decisión, la que, irremediablemente, derriba aquéllas posiciones.
f. En conclusión, por los motivos esgrimidos, me inclino por el rechazo de la acción contencioso-administrativa. Así voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cáceres dijo:
Convocado a emitir mi voto en tercer lugar, he de adherir a la relación de causa como a la conclusión final emitida por quien llega la voz en el acuerdo, en cuanto propone el rechazo de la demanda, más sin embargo, he de aclarar que otros serán los fundamentos para así decidir.
En primer lugar y en total conformidad con quién vota en segundo orden, he de apuntar en lo que respecta al agotamiento de la vía administrativa que la cuestión ha quedado zanjada mediante la Sentencia Interlocutoria N° 84/22, oportunidad en la que haciendo hincapié en las particularidades que presentaba el caso, al tratarse de un reclamo iniciado por un grupo de empleados judiciales, y habiendo este Cuerpo en ejercicio de la función administrativa tenido la oportunidad de conocer desde un principio la naturaleza del reclamo y la oportunidad de sustanciarlo y resolverlo, aun así había renunciado a tal posibilidad, guardando absoluto silencio. Dicha circunstancia, me inducia a pensar, que debía exceptuarse a los recurrentes de la necesidad de interponer el recurso de reconsideración, toda vez que no se trataba de una cuestión iniciada originariamente por este Tribunal, sino antes bien, de un reclamo concreto iniciado por ellos ante este Cuerpo con plena competencia decisoria final.
Aclarada dicha cuestión he de señalar respecto a la pretensión de los recurrentes de que se les liquiden las diferencias de haberes que supuestamente se les adeudan con fundamento en las Leyes N° 4016 y N°4076, que implementaron el sistema de porcentualidad salarial para la determinación de las remuneraciones del Poder Judicial, tomando como base la remuneración total de un juez de la Corte Federal, excluidos los adicionales particulares. He de señalar, compartiendo el criterio de mis colegas, que la pretensión debe ser rechazada, pues entiendo, que en la realidad que hoy nos toca juzgar el sistema de remuneraciones que establece aquella ley cuya aplicación por esta vía persiguen resulta de imposible cumplimiento.
Entiendo si y más allá de la discusión en torno a si la norma fue alguna vez aplicada o no, que la misma no pudo ni puede hoy tener ningún acatamiento, toda vez que como se dijo en la causa “Gordillo”, la aplicación de un sistema de poncentualidad atado a sueldos nacionales afecta el presupuesto del Corte Nº 011/2020
Poder Judicial, generando lógicamente un desequilibrio presupuestario.
Se afirma que los derechos constitucionales, en especial el derecho a una remuneración justa deben interpretarse con criterio armónico, sin desnaturalizar el equilibrio financiero del Estado ni imponer cargas no previstas. Y si bien el Poder Judicial tiene autonomía para fijar la política salarial de todo su personal y en su ámbito ha adoptado a través de acordadas un sistema propio, ello siempre ha sido respetando las leyes provinciales, como el presupuesto aprobado por los órganos competentes. Pues, la defensa de la independencia judicial incluye también la necesaria previsibilidad y suficiencia presupuestaria para garantizar su normal funcionamiento.
El análisis del caso, me lleva entonces a rechazar la pretensión por cuanto no veo afectado derechos adquiridos ni principios constitucionales que impongan su reconocimiento judicial. Y si bien como he sostenido, el Poder Judicial ejerce su autonomía en materia de política salarial, ello debe armonizarse con el marco del presupuesto vigente y con el principio de razonabilidad en el uso de los recursos públicos.
Las restricciones presupuestarias no pueden lógicamente desconocer derechos adquiridos, pero tampoco se puede obligar al Estado a adoptar medidas que excedan su capacidad real de cumplimiento sin norma legal expresa.- -
En consecuencia y si como vemos el acogimiento del presente reclamo comprometería de manera significativa el equilibrio financiero del Poder Judicial no otra conclusión cabe propiciar, dejando en claro, que ello en modo alguno importa convalidar intromisiones que afecten su autonomía funcional y administrativa, ni menos aún aceptar recortes presupuestarios que importen resignaciones en materia de autonomía financiera, que afecten el normal funcionamiento de este Cuerpo, más aun cuando este Poder Judicial ha sostenido históricamente una administración, prudente, austera y responsable de sus recursos, procurando garantizar siempre la continuidad del servicio de justicia sin generar desbalances fiscales. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Saldaño dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro Dr. Bracamonte, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Figueroa Vicario dijo:
Adhiero a la relación de causa y al voto inaugural del Señor Ministro, Dr. Jorge Bracamonte y a los votos de los Señores Ministros que me anteceden, sobre la improcedencia de la acción.
I. La improcedencia de la acción -sin perjuicio de mi decisión en oportunidad de expedirme sobre la inadmisibilidad de la acción por falta de agotamiento de la vía administrativa- se sustenta en la derogación de la ley por su no aplicación durante un periodo extenso en el tiempo, cuyo fenómeno se conoce como desuetudo o desuso de una norma.
Los votos emitidos, dan cuenta cronológicamente, como la ley que los actores pretenden su aplicación no se tuvo en cuenta para la liquidación de los haberes de los Señores Magistrados, Funcionarios y Empleados de este Poder Judicial, desde hace más de cuarenta (40) años, por lo que no es de recibo su aplicación.
II. Como lo dije en el numeral I) es de aplicación el principio del desuso de la norma por el largo tiempo transcurrido desde su vigencia, sin aplicación al caso concreto, como seria las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial.
Cabe aquí, traer a colación un trabajo de Gustavo Walter, publicado Corte Nº 011/2020
en Revista Semanario Jurídico Nro. 940, pág. 617, de fecha 8 de Julio de 1993, donde trata el tema de costumbre contra legem, que es el incumplimiento de la ley por parte de la sociedad como de los organismos responsables de aplicarla, que se manifiesta en el desuso de la ley y en una costumbre contraria a la ley.
El autor, parte de diferenciar dos pensamientos acerca del concepto de eficacia del ordenamiento jurídico, una, la doctrina clásica de Hans Kelsen y la teoría egológica de Carlos Cossio, para quien el objeto de la ciencia jurídica es la conducta del hombre, y la norma es el pensamiento de esa conducta, es decir, hay una relación entre conducta y norma.
Llega a la conclusión que la norma jurídica que ha dejado de tener vigencia por el desuso, no manifiesta el deber ser de la conducta de la sociedad, en consecuencia, ya no es positiva. Se produce así un continuo incumplimiento, y su solución no llega por parte del legislador. Hay una posición asumida por la comunidad, de alejarse de lo establecido en la norma, entonces llegamos a que es inevitable la aparición del desuso o la costumbre contra legem, de aplicación al caso de autos. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Gómez dijo:
Llegan a despacho los presentes autos a los fines de emitir el sexto voto conforme acta de sorteo obrante a fs. 457.
Que, comparto la relación de hechos efectuada por el Ministro Dr. Jorge Rafael Bracamonte, en el voto inaugural, y al resultado arribado en relación al rechazo de la acción entablada.
Que, la cuestión referida al agotamiento de la vía administrativa quedó definida, oportunamente, a través de la sentencia interlocutoria nº 84/2022 obrante a fs.129/142.
Ahora bien, en relación al fondo de cuestión traída a resolver, por este Tribunal, mediante la presente acción contencioso administrativa, y encontrándose configurada la mayoría para la conformación del rechazo de la misma, adhiero a los fundamentos expresados por el ministro que da inicio al acuerdo, Dr. Jorge Rafael Bracamonte y a las ampliaciones efectuadas por el Dr. Carlos Miguel Figueroa Vicario, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Martel dijo:
I. Comparto la relación de causa efectuada en el voto inaugural por el Dr. Bracamonte.
Coincido con los seis votos precedentes en el resultado arribado, en cuanto disponen el rechazo de la acción incoada.
En relación a la vigencia de las Leyes N° 4016 y 4076, comparto el criterio vertido en su voto por la Dra. Rosales Andreotti; ello, advertido que se encuentra cumplida la mayoría de fundamentos en relación a la aplicación al caso del principio de desuso de las normas o desuetudo.
En efecto, entiendo que las normas en estudio, cuya aplicación pretenden los actores, fueron derogadas por las sucesivas leyes que implementaron y aprobaron las remuneraciones y escalas salariales para empleados, funcionarios y magistrados del poder judicial hasta la actualidad. Las adecuaciones salariales determinadas por Acordadas son dictadas, a su vez, en el marco de la correspondiente ley anual de presupuesto. En función de lo expuesto, comparto también las consideraciones vertidas en su voto por el Dr. Cáceres; en el entendimiento que sin la correspondiente previsión presupuestaria resulta de cumplimiento imposible aplicar una norma que implique vulnerar el equilibrio financiero del Poder Judicial y afectar el servicio de justicia.
Por lo expuesto, considero que la acción debe ser rechazada. Así voto.
Corte Nº 011/2020 A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Bracamonte dijo:
Costas a la actora vencida. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Con costas.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cáceres dijo:
Costas a la actora vencida.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Saldaño dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto del Dr. Bracamonte votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Figueroa Vicario dijo:
Costas a los actores.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Gómez dijo:
Costas a la parte actora vencida.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Martel dijo:
De conformidad a lo resuelto, propongo imponer las costas a los accionantes vencidos.
Con lo que se dio por terminado el Acto, quedando acordada la ///
siguiente Sentencia, doy fe.
Fdo.: Dres. Néstor Hernán Martel (Presidente- Según su Voto), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Jorge Rafael Bracamonte (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro-Según su Voto), Maria Fernanda Rosales Andreotti (Ministra-Según su Voto), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).-
San Fernando del Valle de Catamarca, 31 de julio de 2025.-
El Acuerdo de Ministros que antecede,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Rechazar la Acción Contencioso Administrativa interpuesta por la Sra. Josefina Bellavia y Otros en contra del Estado Provincial (Poder Judicial de la Pcia. de Catamarca).
2. Imponer las costas a la parte actora vencida.
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Corte Nº 011/2020
4. Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.
Fdo.: Dres. Néstor Hernán Martel (Presidente- Según su Voto), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Jorge Rafael Bracamonte (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro-Según su Voto), Maria Fernanda Rosales Andreotti (Ministra-Según su Voto), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).- Fdo
Fin de la sentencia