Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.593-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Res. AD LAPL N°339/11, que dictada en la Actuación N° 12646-202-2006, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero con relación al despachante de aduanas Sr. Alberto Belluscio. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-66244465-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Junio de 2022 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “BELLUSCIO, ALBERTO c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 30.593-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que a fs. 1/3 el despachante de Aduana, Alberto Belluscio, por derecho propio y con patrocinio letrado, interpone recurso de apelación contra la RES. AD LAPL N°339, dictada el 30/11/2011 en el trámite de la Actuación N° 12646-202-2006, notificada el día 08/02/2012, solicitando su revocación, en tanto dicha resolución determinó la aplicación de la sanción prevista en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero, por no haber cumplido con el acompañamiento del certificado de origen cuya ausencia fuere garantizada en oportunidad de documentar la operación. Hace mención de la procedencia de la vía elegida y cita jurisprudencia. Requiere se tenga por presentada la prueba y oportunamente, se revoque la Resolución antes citada, con costas.
II. Que a fs. 23/25vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido, acredita personería, solicita se confirme el decisorio, por las razones que expone. Fundamenta su postura en la responsabilidad del despachante de Aduana basada, entre otros, en lo dispuesto en los arts. 36 apartado 2°) del Código Aduanero. Cita jurisprudencia. Indica las obligaciones que surgen de la Res. MEyOySP N°763/1996 respecto de la presentación del Certificado de Origen. Solicita se dicte sentencia confirmado el decisorio, con costas a la actora.
III. Mencionado lo anterior, a fs. 28 se resuelve estar a la prueba documental obrante en las actuaciones administrativas que corren por separado. A fs. 36 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, llamándose a autos para sentencia a fs. 37.
IV. Que de las actuaciones se desprende que a fs. 11, se encuentra SIGEA 12646-202-2006 Sum. N°525/07 del 23 de marzo 2007 - Denuncia de la Región Aduanera La Plata, en relación a la destinación 06 033 ZFE1 003507 F al detectar al momento de la oficialización, garantiza tanto la falta de presentación del certificado de origen como la diferencia de tributos correspondientes entre el derecho ad-valorem y el especifico (DIEM) determinado para dicha posición arancelaria. Se detecta que el certificado de origen presentado no cumple los requisitos de la res. N° 763/96 MEyOSP, art. 17, garantizando entonces la falta de certificado.
V. Que el presente supuesto estriba en determinar la responsabilidad del despachante de Aduana en torno a la presentación del Certificado de Origen en el marco de la destinación oficializada 06 033 ZFE1 004905X, donde se declara “abrigos con relleno” provenientes de Corea. Ello en razón que la posición arancelaria de la mercadería requería dicho Certificado de Origen, y que el documento presentado a fin de satisfacer tal requisito no cumplía –según el Servicio Aduanero– con los lineamientos previstos en la Resolución MEyOySP N°763/1996, garantizándose la falta de presentación del certificado antes indicado. Sin embargo, vencido el plazo para la presentación del mismo en los términos de aquella norma, este no se había realizado. Por lo que se instruye sumario contencioso N°525/07 a fs. 11 de la actuación administrativa N° 12646-202-2006 en la que se expone la denuncia de la Región Aduanera La Plata, en relación a la destinación antes mencionada, al detectar al momento de la oficialización, que el Certificado de Origen presentado no cumple los requisitos de aquella Res. N° 763/96 MEyOSP, art. 17, garantizando entonces la falta de certificado; a fs. 13 se afora la mercadería liquidándose la exigencia tributaria; a fs. 55/63 se corre vista, a fs., 88 el funcionario verificador ratifica la denuncia, precisando la infracción; dictándose la RES. AD LAPL N°339/11 a fs. 102/105vta, condenando a la empresa y al despachante por la infracción prevista en el art. 954 del Código Aduanero, intimándoselos a abonar la suma indicada en el plazo de 10 días; a fs. 107 se notifica a la actora de dicha Resolución con fecha 08/02/2012; a fs. 111 presenta Recurso de Apelación por ante este Tribunal Fiscal de la Nación.
VI. Que, respecto a la dispuesto en la Resolución MEyOySP N°763/1996 que rige la cuestión del Certificado de Origen y su presentación, cuyo análisis exige el caso sub examine, debe recordarse que ya desde los considerandos se establece: “…que el origen de las mercaderías importadas debe demostrarse cuando las mismas estén favorecidas por tratamiento diferenciales…” seguido de lo dispuesto por su art. 1 que dispone que la Autoridad de Aplicación de dicha Resolución podrá disponer la presentación de un Certificado de Origen junto con el resto de la documentación aduanera exigible; indicando el art. 2 que la presentación de dicho certificado podrá ser dispuesta en los siguientes casos: a) cuando el origen de la mercadería cuya importación para consumo se solicita dé derecho a la aplicación de preferencias arancelarias o tratamientos diferenciales, incluso en las importaciones de mercaderías originarias de países sin derecho a recibir el trato de nación más favorecida (…); b) cuando la mercadería esté sujeta a la aplicación de derechos antidumping o compensatorios o específicos o medidas de salvaguardia, quedando también contempladas las importaciones sujetas a dichos tratamientos en razón de ser originarias de países a los que no se otorga el trato de Nación más favorecida; (…). El art. 13 de la Resolución dispone: “El certificado de origen tendrá una validez de SEIS (6) meses desde la fecha de certificación. Se presentará en original, no admitiéndose en ningún caso copia ni versión transmitida vía facsímil. (…)” y el art. 17 en su parte pertinente establece: “Ante la falta de presentación en forma del certificado de origen para los casos previstos en el Artículo 2º, inciso b), sólo procederá el libramiento de las mercaderías previa constitución de garantía de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del Artículo 453 del Código Aduanero, fijándose un plazo de DIEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante. Si vencido dicho plazo no se hubiera cumplido la obligación, dentro de los CINCO (5) días corridos se iniciará el correspondiente sumario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el Artículo 954, incisos a) o b) de mencionado Código. (…)”.
VII. Que, de una interpretación armónica de las mandas citadas, y de su sola lectura, se desprende que, conforme se indica, el Certificado de Origen tiene una validez de seis meses, debiéndose presentar en original, no admitiéndose copias ni otras versiones; estableciéndose también, que, ante la falta de su presentación, deberá constituirse garantías conforme el art. 453 inc. f) del Código Aduanero, debiéndose presentar dicho certificado en un término de 10 días. De no presentarse, en el plazo de cinco días –y es clara la manda–, se iniciará el correspondiente sumario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) o b) del Código Aduanero, tal como aconteció en el caso bajo análisis.
VIII. Que, dichos requisitos se presentan como esenciales para despachar la mercadería en forma. Por lo que su incumplimiento por parte del despachante aduanero lo hace responsable. Toda vez que, a mi criterio, en primer lugar, dicho auxiliar del comercio y del servicio aduanero ha incumplido con su deber de cuidado, al no lograr contar con el Certificado de Origen en tiempo y forma. A lo que debe adicionarse, que, al no tener dicho documento al momento de documentar la operación, asumió el riesgo de proseguir con la destinación.
IX. Que, a mayor abundamiento, puede traerse a colación lo expresado por los Dres. Enrique Carlos Barreira y Guillermo Vidal Albarracín, en su trabajo “La responsabilidad en las infracciones aduaneras”, La Ley T. 1989-A, pág. 925. Allí expresan que quienes actúan como importadores, exportadores, despachantes de Aduana y otros auxiliares del servicio aduanero: “(...) deben acreditar ante el servicio aduanero determinados recaudos de solvencia y profesionalidad. … Justamente, este conocimiento que el ordenamiento exige a los auxiliares del servicio aduanero, hace inexcusable el desconocimiento de sus deberes operativos.” A su vez, en la página 944, los autores citados expresan: “Teniendo en cuenta la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, lo que -como hemos visto- constituye una de las particularidades que ser reflejan en el régimen infraccional aduanero, debemos tener presente ese principio general del derecho, receptado en el art. 902 del Cód.
Civil conforme al cual “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Dicha regla se complementa con la ubicada en el art. 512 del mismo ordenamiento legal la que, con relación al cumplimiento de obligaciones, dispone que ella se debe apreciar atendiendo a las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar en que ocurren los hechos. Estos deberes se determinan conforme la situación jurídica y social de cada individuo y aunque la individualización del deber de cuidado no deba hacerse tomando en cuenta la capacidad individual del agente, si se torna más exigente para los especialistas (importadores, exportadores....etc) y mayor aún a aquellos que siendo especialistas, fueran más idóneos o expertos, ya que, por dicha razón, éstos tienen un conocimiento técnico que les otorga mayores condiciones para dominar y programar la causalidad.
En conclusión, el especial deber de conocimiento de las reglamentaciones aduaneras y de los mecanismos operativos del comercio exterior que, como hemos visto, el ordenamiento exige a los auxiliares del servicio aduanero, a los importadores y exportadores y a los usuarios de las mercaderías importadas, hacen plenamente aplicables tales pautas. Esa cualidad, que aumenta su deber de previsibilidad, consecuentemente hace menos excusable el error en que estos agentes pudieran incurrir en el curso de sus actividades. Se les exige desplegar, en presencia de los peligros ordinarios que los rodean, la máxima tensión espiritual de que son capaces con el fin de preverlos, y una vez previstos, prevenirlos y evitarlos.”
X. Que, en el supuesto sub examine, y conforme a lo expuesto en el apartado anterior, debemos interpretar el art. 36 del Código Aduanero, en concordancia con lo dispuesto en el art. 902 del Código Civil, que establece que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Ello en atención, a que el despachante de Aduana requiere una especial atención en el rol que cumple entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior. Conforme a ello, no pudo haber desatendido lo establecido en la Resolución MEyOySP N°763/1996 que establece los criterios y procedimientos que deben observarse en torno a la presentación de los Certificados de Origen, claramente incumplidos, alegando ser un mero mandante de su cliente y sosteniendo que: “entre sus obligaciones no corresponde apartarse de las instrucciones del importador”, postura que no puede prosperar.
XI. Que, conforme al argumento sostenido por la actora para deslindarse de responsabilidad, el despachante Aduanero sería un mero mandatario, interpretación reduccionista, que dejaría de lado las mandas antes citadas contempladas en el Código Aduanero en atención a lo previsto en el art. 36, mencionado. Dado que, conforme a lo sostenido, de confirmarse aquella postura, se estaría derogando tácitamente lo dispuesto en la segunda parte de dicho artículo. Ello en atención a lo dispuesto no solamente en el Código Civil y Comercial, sino en los principios generales del derecho que requieren por parte del juzgador una interpretación armónica del ordenamiento jurídico, según surge de los arts. 1° y 2° de dicho cuerpo legal, que establecen que las normas deben interpretarse según su finalidad, por un lado, y por el otro, que a fines de llevar a cabo dicha interpretación, deberá tenerse en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, requiriéndose una interpretación coherente de todo el ordenamiento, situación no contemplada de darse lugar a la interpretación que hace la actora en torno al mandato y en especial a su rol como auxiliar del comercio y del servicio aduanero.
XII. - Que, la actora esgrime como segundo argumento liberalizador, que el ordenamiento jurídico vigente impide la aplicación de sanciones a los despachantes de Aduana por la responsabilidad asumida por otra persona, en este caso el importador. Empero, y en este sentido, en los autos caratulados: Aceitera General Deheza c/D.G.A. s/recurso de apelación” expte. N° 32.993-A, sentencia del 03/05/2022, voto en disidencia, sostuve que, en efecto, en casos como el presente, y a diferencia del derecho penal, donde la regla general es que resulta menester un factor subjetivo de atribución, en el derecho administrativo bien podría resultar suficiente la inobservancia de la norma. Sobre el punto, conviene destacar que suele sostenerse que las normas sancionatorias administrativas presumen el actuar negligente del autor de la infracción. Ese galimatías se enuncia para seguir ligando al derecho administrativo sancionador con el principio de culpabilidad. Lo cierto es que no se alcanza vislumbrar que la sanción administrativa podría ser aplicada aun cuando el resultado o riesgo prohibido se hubiera producido más allá de la diligencia debida del obligado por la norma administrativa. Atiéndase que los deberes impuestos por las normas administrativas razonablemente pueden ir más allá de situaciones en que el peligro no pueda ser conjurado ni aun extremando los deberes objetivos de cuidado.
XIII. En ese orden de ideas, no puede dejar de señalarse que dicho criterio se alinea con la posibilidad que una sanción administrativa termine siendo impuesta por hechos de terceros. Situación, que menciona la actora, en atención a que “la firma que representé se comprometió a acompañar el certificado de origen en tiempo y forma”. Efectivamente, conviene subrayar que en el ámbito punitivo es proporcional a sus fines que se respondan por hechos propios, sin que quepa, con el fin de una más eficaz tutela de los intereses públicos, establecer responsabilidad alguna sancionable solidariamente por actos ajenos. Sin embargo, en el ámbito administrativo sancionador puede preverse la responsabilidad por el hecho de otro e inclusive establecer la responsabilidad solidaria. Sucede que no pocas veces quien ha cometido la infracción no es la misma persona obligada. Esa persona ha introducido un riesgo que motiva la activación de los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones. Como sucede en el caso de autos, pocas veces tiene sentido que la autoridad administrativa entrase a indagar si el obligado cumplió con la diligencia debida o bien incurrió en un error involuntario.
XIV. En orden a ello, debe considerarse que en el derecho tributario y en el derecho aduanero ha sido consagrada la responsabilidad sin culpa propia. Así la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), en el título I, capítulo VII, se ocupa de los Responsables de las sanciones. En el art. 54 se dispone la responsabilidad sancionatoria de las personas respecto de las cuales se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las leyes tributarias, sean o no personas de existencia visible, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes. Otro tanto puede hacerse notar respecto de la solución prevista en la legislación aduanera, ya que, en efecto, si bien el Código Aduanero se aparta del texto del art. 166 bis de la Ley de Aduana, en cuanto consagraba que las infracciones aduaneras son de responsabilidad objetiva, al reformárselo, se dispuso en el artículo 902 que no se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en el mismo código. Al respecto, no puede obviarse que las personas son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las infracciones aduaneras que éstos cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones, según el art. 903. Por su lado, el importador o el exportador será responsable por toda infracción aduanera que el despachante de Aduana, sus apoderados o dependientes cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones, en forma solidaria con éstos, conforme lo dispone el art. 907. En el mismo instrumento legal se dispone que el despachante de Aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el art. 36, apart. 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida, tal como expresa el art.908.
XV. Por ello, estimo que no resulta admisible el agravio del recurrente endilgando la responsabilidad al importador, toda vez que su responsabilidad va más allá de ser un simple mandatario, debiendo haber cumplido con lo dispuesto en la Res. MEyOySP N°763/1996 en torno a la presentación en tiempo y forma del Certificado de Origen requerido por dicha manda, ya que la sanción prevista puede aplicarse frente al incumplimiento involuntario. A mi entender, la inteligencia expuesta es la que mejor se concilia con el principio según el cual los alcances de las leyes deben determinarse computando la totalidad de las normas que las integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 295:755; 302:661; y 307:871, entre otros). Contrariamente a lo manifestado por el recurrente, todo el esquema del código, como no podría ser de otra manera, gira en torno al cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. Tanto así que al establecer la norma que la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de pena en materia de infracciones aduaneras, el legislador relativiza el principio de culpabilidad que se consideró incorporado al Código Aduanero. Todo lo cual, conduce a concluir que la imposición de una sanción administrativa puede justificarse más allá de no verificarse una acción típica, antijurídica y culpable.
XVI. En conclusión, y del análisis realizado en torno al actuar de la actora, respecto a la omisión de la presentación del Certificado de Origen en el caso de marras, no lo exime de responsabilidad el hecho de alegar que dicha carga se encontraba en cabeza del importador, por lo que debe confirmarse la RES. AD LAPL N°339/11, con costas.
Por ello, voto por:
Confirmar la Res. AD LAPL N°339/11, que dictada en la Actuación N° 12646-202-2006, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero con relación al despachante de aduanas Sr. Alberto Belluscio. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Sr. Vocal preopinante.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Res. AD LAPL N°339/11, que dictada en la Actuación N° 12646-202-2006, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero con relación al despachante de aduanas Sr. Alberto Belluscio. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2022.06.29 17:05:39 ART Date: 2022.06.29 22:13:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.30 15:35:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.30 15:35:17 -03:00
Fin de la sentencia