Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 163.215
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI: Se rechaza el recurso de la actora, con costas (art. 68 del CPC). II: Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 del decreto ley 8904.
REGISTRO N° 187-R FOLIO N° 958/66
Expediente nº 163.215– Juzgado nº12 En la ciudad de Mar del Plata a los 13 días del mes de Julio del año dos mil diecisiete, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “BELMONTE, Luis Mamerto c. Poder Ejecutivo s. Daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I: En la sentencia que obra a fs. 250/308, el Sr. Juez de primera instancia desestimó la demanda promovida por Luis Alberto Belmonte contra la Provincia de Buenos Aires, impuso las costas en el orden causado y difirió la regulación de honorarios.
La acción que inició Belmonte, tenía por objeto obtener el resarcimiento de los daños sufridos a consecuencia de la detención que se le practicó en la IPP a pedido de la fiscal y con orden del Sr. Juez de Garantías. Se lo detuvo el día 12 de Abril de 2002 y el Juez de Garantías dispuso su libertad el 19 de Diciembre del mismo año.
Para decidir como lo hizo, el Sr. Juez consideró que ni la tarea investigativa previa, ni en el auto de prisión preventiva o la requisitoria de elevación a juicio pueden calificarse de irregulares, y “ni siquiera fueron dejados sin efecto” (en negrilla), pues “…el auto de prisión preventiva fue refrendado por el Juez de Garantías y por la Cámara de Apelaciones”, y “… consentido expresamente por Belmonte, quien tampoco cuestionó la requisitoria de elevación a juicio, como sí lo hiciera el coimputado Vázquez” (en negrilla).
Atendiendo a que “la indemnización por privación de la libertad durante el proceso penal no debe ser reconocida automáticamente, sino solo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario (…) la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal desarrollada en numerosos precedentes respecto del tema en discusión se expresa en igual sentido”, concluyendo que corresponde rechazar la pretendida responsabilidad estatal por error judicial en tanto las medidas restrictivas adoptadas durante el proceso penal resultan lícitas, pues no se constata en el caso la existencia de un actuar desidioso, negligente o arbitrario del Estado.
Luego de declarar que no entiende por qué motivo los jueces Trogu y Adler cargaron las tintas sobre la Fiscal, cuando tal desempeño fue convalidado por el Juez y la Cámara de garantías, el Juez razonó que si dichos magistrados afirmaron que en el debate se produjo un “desmoronamiento estrepitoso de las pruebas recogidas durante la investigación ”, reconocen que tales elementos existían en la primera etapa del proceso, para luego insistir en su opinión ya vertida en casos similares (causa nº 158.714 Sala II), “que no corresponde al fiscal “controlar la regularidad del procedimiento, y el respeto de los derechos fundamentales y garantías del ciudadano”(la negrilla no es original).
II: Apeló la parte actora a fs. 314, el recurso que le fue concedido libremente a fs. 315, ha sido fundado a fs. 332 y respondido a fs. 350.
Los agravios son los siguientes:
a) El actor no ha fundado su reclamo en la existencia de un error judicial – en el sentido que parece darle el Sr. Juez Dr. Novelli- , pues en toda la demanda se relata claramente que el fundamento es el accionar irregular del representante del Ministerio Público Fiscal, sin cuestionar las resoluciones judiciales propiamente dichas adoptadas durante aquel proceso.
b) Señala que el Fiscal no es un organismo autárquico, e integra el Poder Judicial de la Provincia, por lo que su actividad -que tacha de irregular o ilícita- indujo a groseros errores a los distintos jueces que tomaron decisiones a lo largo del proceso, pese a lo cual, afirma a continuación que “los jueces fallaron como correspondía de acuerdo al conjunto de pruebas que, aunque falsas, existían escritas en el expediente”.
Por ello es que el Sr. Letrado, actuando como defensor, no cuestionó ninguna de las decisiones adoptadas durante la Investigación Penal Preparatoria. c) Indica que la orden de detención fue dictada a pedido de la Fiscal “en base a un contundente e impresionante plexo probatorio”, cuyo análisis estuvo a cargo de la Fiscal, y que fueron valoradas por el Juez de garantías para ordenar la detención y convertirla en prisión preventiva, pero que la diferencia entre la actuación de los jueces y de la Fiscal radica en la inmediación con la prueba.
Explica que el único funcionario con facultades para tomar decisiones teniendo inmediación con las pruebas, es el Fiscal, “como director del proceso de investigación” (art. 56 texto según ley 13.943), mientras los jueces solo ven lo que está escrito, carecen de “inmediación”. d) En un capítulo que titula sugestivamente “Omnipotencia del Agente Fiscal”, el apelante acusa a la funcionaria de sostener una postura “caprichosa” frente a sus planteos como defensor, despreciando (usa otro término – con puntos suspensivos - que prefiero no reproducir por resultar impropio de un escrito judicial) las declaraciones del testigo Blanco Rio, desatendiendo a que Belmonte eligió declarar incorporando elementos que confirmaron acabadamente sus planteos defensistas, relativizando las declaraciones de Cotignola y Cid, desechando la objetividad con la que debe actuar al volver a tomarle declaración a Bernardi, desconsiderando la pericia psicológica hecha sobre Belmonte, su edad y ausencia de antecedentes penales. Señala también que la Fiscal omitió considerar sus pedidos de tomar nuevamente declaración a los testigos y – con soltura – la acusó también de omitir “constatar la calidad de prostituta de la denunciante”, para luego señalar que estas negativas le permitieron advertir un cambio de una conducta errónea a una actitud “soberbia”.
e) Relata que cuando el expediente se encontraba en el juzgado de garantías, la denunciante y su pareja, fueron detenidos en otra causa por el delito de extorsión (entre los hechos se contaba haber amenazado a la víctima con denunciarla falsamente por violación), ante lo cual, el Juez de garantías dispuso la liberación de los detenidos en esta otra.
Sostiene que en esa etapa se adjuntó otra causa en la cual Encina (la denunciante) había realizado un reclamo administrativo falso a una aseguradora, y que en ese momento la conducta errónea o soberbia de la Fiscal se convirtió en malicia, pues a su entender no hay manera de que un fiscal con honestidad intelectual desconozca lo relatado y continúe hostigando a quienes por error persiguió.
Explica que la Fiscal debió “levantar la acusación”, desistir del pedido de detención, interrogar nuevamente a los testigos, y en modo alguno sostener la acusación mediante el pedido de elevación de la causa a juicio, apoyándose para estas conclusiones, en los dichos de dos de los jueces que integraron el Tribunal oral que juzgó y absolvió al actor. Las palabras de los jueces son trascriptas y repetidas por el apelante en cuanto aluden al desmoronamiento de las pruebas acumuladas en la etapa de investigación, a la falta de valoración crítica de esas pruebas, de objetividad, a la necesidad de extremar la precaución acusatoria, y a que la “hidalguía debió llevar a la Fiscal a retirar la acusación”.
Luego, el apelante pregunta si es lícito el obrar de la Fiscal que se deja engañar de forma grotesca por una denuncia falsa, en base a pruebas falsas, que no considera la “calidad de prostituta de la denunciante en un tipo de delito como la violación”, que basa su imputación en la declaración de un testigo cuyo principal interés en reemplazar la denunciado en su puesto de trabajo, entre otras perplejidades que le ha provocado la causa penal.
f) Sostiene que es inaplicable al caso la doctrina de la CSJN recaída en “Balda” o en “Robles”, entiende que el procedimiento fue irregular y por lo tanto ilícito. Critica las expresiones del sentenciador en torno a la actuación del Ministerio Público Fiscal. Entiende que la Fiscal debió actuar con objetividad porque así se lo prescribía el art. 56 del CPP, vigente a la época de los hechos.
Advierte que la Fiscal no actuó de ese modo, incurrió en desidia y negligencia, pidió la aprehensión y luego detención, en forma irregular y arbitraria En cuanto a la falta de impugnación de la prisión preventiva, el apelante indica que, a su modo de ver, hubiera resultado inútil pues no existía irregularidad en la decisión judicial tomada en base a lo que se lee en el expediente, pero sí en la actuación de la Fiscal que cuenta con inmediación frente a los testigos.
Lo que se acreditó, dice el recurrente, es que la detención fue excesiva y arbitraria, y que el Ministerio Público Fiscal no actuó con el criterio objetivo que le exigía la normativa vigente. III: En mi opinión, el recurso no puede progresar.
a) Sin perjuicio de volver a disentir con la opinión del Sr. Juez de primera instancia, relativa a que el Ministerio Público Fiscal, no tiene obligación “…de controlar la regularidad del procedimiento ni el respeto de los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos” (sic fs. 307), pues tal tarea está a cargo del Juez de garantías, lo cierto es que la demanda ha sido correctamente rechazada.
Sobre ese tema – relevante en la consideración de la acción promovida en esta causa - y con independencia de que el Juez de garantías cumpla aquella función, me sigue pareciendo indudable que el Fiscal debe “cumplir con su función primordial de resguardar los intereses de la sociedad y la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. A la sociedad le interesa tanto que el castigo le sea impuesto al culpable como que no le sea impuesto al inocente, razón por la cual el Fiscal debe atender, en el curso de la investigación, a todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles (art. 273 del CPPBA) arbitrando las “diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad” (art. 266 inc.1º), con prescindencia de que las puedan resultar favorables o desfavorables para el sospechoso. Buena muestra de ello es que la ley expresamente faculta al fiscal a peticionar – conforme este criterio objetivo - aún a favor del imputado (arts. 56 y 321 del CPPBA), destacando así que no se trata de un órgano persecutor a ultranza solo destinado a conseguir condenas sino que, por el contrario , debe velar por el respeto de la legalidad durante el proceso, evitando el planteo de acusaciones infundadas que además de lesionar los derechos del encausado provocan innecesarios dispendios para el sistema judicial penal.” (Falcone, Roberto y Madina, Marcelo A., “El proceso Penal en la Provincia de Buenos Aires”, edit. Ad-Hoc, Bs.As. Mayo de 2013, 3ra. Edición actualizada y ampliada, página 47 punto 4.1. “Criterio de actuación” y 48).
Todo funcionario debe velar por la protección de los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos, y el actor sostiene que la Sra. Fiscal no lo ha hecho.
b) La cuestión referida al agotamiento de los remedios dentro del proceso penal es el primer escollo que el recurso no sortea, y que el recurrente no despeja, al centrar su crítica en la actuación del fiscal.
El Sr. Juez ha sido absolutamente claro respecto a que la doctrina de la CSJN exige “como principio que el Estado solo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que ocasiona el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto”, y que “si para obtener el resarcimiento de eventuales daños derivados de un pronunciamiento judicial firme –por hallarse consentido, confirmado, ser irrecurrible o no haber sido atacado por los limitados medios que autorizan su revisión- pudiesen otros jueces valorar nuevamente las circunstancias de la causa para determinar si hubo error en la anteriormente tramitada no se verían estos últimos exentos de la posibilidad de cometer un nuevo error. Ha dicho este tribunal en recordado fallo que ... “si para escapar al peligro del error posible hubiera de concederse recurso de las decisiones de la Corte, para escapar a idéntico peligro, habría que conceder recurso de las decisiones del Tribunal que pudiera revocar las decisiones de la Corte, y de éste a otro por igual razón, estableciendo una serie de que jamás terminaría porque jamás podría hallarse un tribunal en que no fuera posible el error. Habría que establecer, por consiguiente, la eterna incertidumbre del derecho con la impotencia de los poderes sociales para poner fin a los pleitos; y por temor de un peligro posible se caería en un peligro cierto, y sin duda alguna más grave, de una permanente anarquía“(Fallos: 12:134)” (Balda, Miguel La Ley del 25 de Abril de 1996 considerando 6).
La sentencia señala que si lo que se pretende con la demanda, por vía de la acción de daños, es que el Juez Civil se convierta en el revisor de las decisiones tomadas por Magistrados de otros fueros, (penal; contencioso administrativo; laboral, etc.) y el juicio de daños en una suerte de recurso contra un pronunciamiento firme, no admitido ni previsto por la ley (CSJN Fallos: 311:1007; 318:1990: 321:1712), entonces debe rechazarse.
Estas premisas – es cierto- han tenido alguna evolución, y hoy puede decirse siguiendo a Pizarro (“Responsabilidad del Estado y del funcionario público” edit.Astrea, Bs.As.2013, p.60 tº II) que el criterio de exigir el agotamiento de los recursos se ha flexibilizado en los últimos tiempos en la doctrina de la CSJN, en la medida en que la detención cautelar carece de aptitud para adquirir firmeza, y muchas veces no se trata de resoluciones recurribles en los ordenamientos adjetivos.
La CSJN se ha mostrado igual renuente, dice Pizarro (ob.cit.p.54), “…a acordar el derecho a la reparación por los perjuicios experimentados por quien es detenido preventivamente, y luego sobreseído o absuelto, por entender que el derecho de gozar la libertad, cede frente a la necesidad de sufrir la prisión preventiva, para facilitar la investigación delictual y asegurar la función punitiva del estado (con cita de la CSJN 17.05.05 “Lindoro ICSCA y Otro c. Administración Nacional de Aduanas”)
De aquel criterio establecido por la mayoría en “Balda” se ha ido virando al de la minoría en la misma causa (Petracchi, Belluscio y Fayt consid. 6 de su voto) que- repitiendo que la indemnización no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución- requiere al menos que “el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado, o arbitrario (Lema) , o se muestre como irracional (Pouler), lo que no sucede cuando los elementos existentes en la causa llevaron a los Juzgadores al convencimiento (relativo, dado la etapa del proceso en que se dicta) de que medió un delito y de que existía probabilidad cierta de que el imputado fuese su autor (CSJN 5.9.06 “Andrada”, con voto en disidencia del Juez Dr.Raúl Zaffaroni; , Cura , fallos 327:1738; Lema, 326:820; Muñoz Fernández 328:2780; Gerbaudo 328:4175; Pouler, 330:2112 consid.,4 citados por Cerda., Luis F “La responsabilidad del Estado-Juez” Abeledo Perrot, Bs.As.2008 p.92, criterio este que la CSJN ha reiterado, y la SCBA repetido en “R., M.C. y Otro c. Provincia de Buenos Aires” del 10.12.2008, en “H., S.A. c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires”, causa 95.635 ). “Incuestionable”, es aquello en lo que puede encontrarse inmediato acuerdo entre personas razonables, es ostensible, es evidente, palmario y manifiesto. Lo infundado y lo arbitrario es lo caprichoso, lo inmotivado, lo injustificado, autoritario, ilegítimo (de la sentencia de primera instancia Juzgado nº13 MdP, causa 27.399 del 20.5.2012).
Esta doctrina de la CSJN “habilita al tribunal a que intervenga para efectuar el test de legitimidad o regularidad de la actividad cautelar, y a reconocer el derecho a obtener reparación en caso de revelarse la medida incuestionablemente infundada, arbitraria o irracional, sin exigir para ello la descalificación del acto lesivo” (Cerda, Luis F., ob.cit.p.93). c) El apelante ha concentrado sus esfuerzos en demostrar que la conducta del Fiscal debe ser juzgada de ese modo, pese a que el Juez de garantías dictó el auto de prisión preventiva, y él no lo recurrió, pues a diferencia de los otros funcionarios, el Fiscal gozaba de “inmediación”.
Varias objeciones tengo ante el rumbo propuesto por el recurrente:
i. La inmediación, explica el Tribunal de Casación Penal de la Provincia (Sala III, causa 20.477) no es, en sí misma, un método de convencimiento del Juez ante el que se ha practicado la prueba, sino la forma que la prueba se presenta ante el Juez” ( del voto del Dr. Borinsky), y “…no excluye la motivación fáctica, la explicación de credibilidad que se confiere a la declaración de la persona concernida, en definitiva la fundamentación razonable y razonada del proceso de decisión, pues de otro modo no sería posible efectuar el control del razonamiento cuando la causa la conozca otro Tribunal vía recurso y la casación perdería el carácter de recurso efectivo en el sentido de los artículos 8.2. de la CADH, y 14.5. del PIDCyP…”.
Para que el auto de prisión preventiva estuviera debidamente motivado (art.106 CPPBA) y la decisión fuera razonada y razonable, tenía que haber un “predominio de los elementos incriminatorios de cargo sobre los de descargo” (Falcone-Madina “El proceso Penal en la Provincia de Buenos Aires”, edit.Ad-Hoc, Bs.As.p.890 con cita de Vélez Mariconde”); y peligro de fuga interpretado en sentido cautelar, además de otros requisitos no menos trascendentes que señalan los autores citados.
En el caso en análisis, la inmediación que haya tenido la Sra. Agente Fiscal, no permite inferir que su decisión de pedir la prisión preventiva haya omitido el fundamento razonado, o que su “inmediación” modifique el análisis de ese pedido realizado por el Juez de garantías, no solo por el “plexo probatorio” referido y admitido como “contundente” por el mismo apelante, sino también porque el actor estuvo fuera de su casa y de su trabajo por un espacio de cinco días posteriores a la denuncia.
Los motivos provisionales que fundan las medidas tomadas en el curso de la investigación penal preparatoria, se basan a su vez en evidencias que aún no han sido contrastadas.
No se advierte arbitrariedad en la negativa de la Fiscal a una nueva declaración del testigo Bernardi en la etapa investigativa, pues el testigo tuvo oportunidad de ser confrontado en el debate, y mucho menos puede encontrarse en la “acusada” conducta de la funcionaria que se negó a restarle credibilidad a la denunciante porque ejerciera la prostitución, pues cumplió así con la protección igualitaria que la justicia debe brindar.
ii. Tampoco puede escindirse la actividad de la Fiscal respecto del auto de prisión preventiva dictado por el Juez de garantías, pues –como vimos – la “inmediación” no es suficiente para que el Juez que no ha estado presente en las declaraciones testimoniales de Bernardi, o de los testigos circunstanciales, se vea impedido de conocer y decidir, razonada y razonablemente.
La exigencia de motivación “…obedece al propósito de evitar la arbitrariedad en las decisiones judiciales, permitiendo la revisión por los órganos que tienen facultad de control sobre ellas” (Falcone-Madina, ob.cit.p.70)
Los autores que vengo citando señalan que en el pedido de prisión preventiva no cabe “…exigirle mayor recaudo al fiscal, solamente deberá ser preciso a la hora de describir la materialidad, el hecho, a fin de ir delimitando el objeto del proceso, pero no es necesario un análisis detallado de las pruebas con que cuenta, ya que las exigencias del art. 158 del ritual son para el Juez que la dicta” (Falcone y Madina, ob.cit.p.142), quien puede cambiar la calificación del hecho, y aunque no pueda disponer de oficio medidas de coerción, si puede hacerlas cesar de oficio cuando han cambiado una o más condiciones de las que fueron tenidas en cuenta para dictar la medida (autores y ob.cit.p.147).
iii. La prisión preventiva sufrida por el actor que se atribuye a la agente fiscal, no hubiera sido posible sin el concurso de la decisión tomada por el Juez de garantías, y la sola “inmediación” con un testigo que se mantuvo firme hasta en el mismo debate, no parece suficiente razón para atribuir la autoría del hecho dañoso a la exclusiva y supuestamente “arbitraria” actuación de la fiscal, deslindándola de la decisión del Juez de garantías. Menos aún, cuando expresamente el actor reconoce que con los elementos existentes la prisión preventiva ha sido correctamente dispuesta - a tal punto - que juzgó inútil recurrirla.
iv. Las pruebas utilizadas en el pedido de prisión preventiva, no han sido diferentes de las que fueron presentadas al debate. Al Sr. Juez Alemano no lo convenció el testigo Bernardi, porque no pidió el auxilio de terceros o de la policía al ver un hecho de semejante violencia, y porque quería el puesto de trabajo de Belmonte. Le parecieron sospechosas algunas discordancias, y no pudo evitar discriminar a la denunciante desmereciéndola porque ejercía la prostitución, estigmatizándola aún más al señalar implícitamente disminuida su credibilidad por hallarse detenida sospechada de extorsión, o negándole la oportunidad del pudor ante un ataque sexual, en razón de su oficio. El Juez Trogu, juzgó relevante la edad (60 o más)
de los acusados y su falta de antecedentes, y el Juez Adler, advirtiendo –afortunadamente- que una prostituta merece la misma protección jurídica que cualquier otra persona, y en un claro “obiter dicta” señaló lo que el apelante repite como argumento central de su derecho a la reparación del daño: “durante el debate se produjo un estrepitoso desmoronamiento de las pruebas recogidas durante la investigación. La fiscal no reconoció esta situación objetiva e insistió en pedir penas a quienes incorrectamente persiguió. Omitiendo practicar una valoración crítica de lo sucedido en las audiencias…”
No obstante el Tribunal no consideró que Bernardi – quien mantuvo sus declaraciones anteriores en las que decía haber visto como Belmonte estaba con los pantalones bajos sobre la Srta. Encina, mientras Vázquez la inmovilizaba sosteniendo sus brazos (sentencia a fs.416 vta.punto tercero) – hubiera incurrido en falso testimonio, y solo difirió la posible denuncia de ese delito a la consideración de las partes (fs.480 vta. punto 3 de la causa penal agregada), lo que evidencia que ninguno de los jueces estaba seguro de que Bernardi afirmara una falsedad, o callara una verdad, al punto de que no dieron cumplimiento al art. 287 del CPPBA que los obliga a denunciar el delito de acción pública del que tomen conocimiento en ejercicio de sus funciones.
Si los jueces en la sentencia final, y con toda la prueba producida, dudaron si Bernardi mentía, cabe preguntarse de qué modo puede sostenerse que – en la etapa inicial – la Sra. Fiscal fue “fácilmente engañada”.
No tenemos noticias en este expediente y sus agregados, de que Bernardi haya sido denunciado por falso testimonio por Belmonte o Vázquez, o que haya ocupado el lugar de trabajo de Belmonte. Los testigos Lombardo y Belatínez convencieron al tribunal de que “algún incidente” acaeció entre los encausados y la denunciante (sentencia a fs. 478 punto séptimo), y solo acompañaron parcialmente los dichos de la denunciante (fs.477 vta.5º), la que por otra parte repitió su relato de los hechos (fs.477 4º).
v. El ejercicio de la prostitución por parte de la denunciante, y la “ausencia de pudor” o la pretendida duda sobre la veracidad de sus dichos en razón de su oficio, no son admisibles ante este Tribunal.
Los sociólogos señalan que la estigmatización de la prostitución cumple diversas funciones, como la de constituir el anti modelo de lo que la mujer debe ser, y la de mantener en silencio a las prostitutas, (Juliano Corregido, María Dolores. cap. I p.45 “El peso de la discriminación: debates teóricos y fundamentaciones”, en “Trabajadoras del sexo: derecho, migraciones y tráfico en el siglo XXI”, coord. Raquel Osborne, Edit. Bellaterra,España, 2004). Pues bien, en lo que hace al ámbito judicial, ese señalamiento con el fin de desvalorizar su denuncia, no debe ser tolerado cuando claramente importa vulnerar su derecho a contar con igual protección jurídica que la que tiene cualquier persona.
c) En síntesis, que el testimonio reiterado de Bernardi no haya convencido a los jueces, o que los otros testigos solo acompañen parcialmente a la denunciante, no parecen razones suficientes para tornar la prisión preventiva, o el pedido de elevación a juicio, en “incuestionablemente infundados, arbitrarios o irracionales”.
La agente fiscal cumplió suficientemente con lo necesario para pedir la prisión preventiva, las pruebas que sostuvieron este pedido no eran “falsas”, o al menos no lo eran manifiestamente de modo tal de que hubiera resultado “fácilmente engañada”, o hubiera despreciado arbitrariamente las dudas sobre la prueba, como se pretende. La Sra. Agente Fiscal no omitió en su pedido de prisión preventiva ninguna prueba, y la decisión la tomó el Juez de garantías por cuya resolución, no solo no se demanda, sino que se consiente.
A este razonamiento se suma que el auto que dispuso elevar la causa a juicio fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, y que en consecuencia ningún tramo del trabajo realizado por la Sra. Agente Fiscal constituye una actuación “incuestionablemente infundada, arbitraria o irracional”.
Por las razones y citas legales expuestas voto por la AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión, el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso de la actora.
Propongo que las costas por los trabajos de esta instancia sean impuestas al actor perdidoso (art. 68 del CPC) y diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.51 del decreto ley 8904.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I: Se rechaza el recurso de la actora, con costas (art. 68 del CPC). II: Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 del decreto ley 8904. Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.
Roberto J. Loustaunau Ricardo D. Monterisi Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia