Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27624
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio recurrido en cuanto rechaza el beneficio de litigar sin gastos, concediendo parcialmente el MISMO , exclusivamente en lo que respecta al pago de la tasa de justicia, si no lo hubiera efectuado y a los honorarios del letrado del peticionante.-
Costas de ambas instancias, en el orden causado, atento los fundamentos dados en la votación.-
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
“ TAMAY JUAN JOSE C/ DOS SANTOS CECILIA RAQUEL S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS ”
Causa Nº MO-27624-2013 R.S.97/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 16 de Mayo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "TAMAY JUAN JOSE C/ DOS SANTOS CECILIA RAQUEL S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", Causa N º MO-27624-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. Contra la resolución dictada a fs. 118/119 por la Sra. Juez a cargo interinamente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 Departamental se alzó el actor Juan Tamay el 24/11/17 interponiendo el respectivo recurso de apelación -conforme lo actuado a fs. 138vta.-, siendo el mismo concedido en relación a fs. 138vta. y se fundó con el memorial de fs. 141/144 vta. -a cuya lectura me remito brevitatis causae- , confiriéndose a fs, 146 el respectivo traslado, no mereciendo réplica.-
2. A fs. 154, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Liminarmente debo destacar que no corresponde acceder al ofrecimiento de prueba que realiza el recurrente en su memorial; dado que ello está vedado por la letra del art. 270 del C.P.C.C., para los recursos de apelación que se conceden en relación, como el presente.-
Despejada tal cuestión pasemos al tema convocante, para lo cual resulta necesario recordar conceptos genéricos relativos al instituto del beneficio de litigar sin gastos, y luego ya transitar sobre las arenas del caso concreto.-
Así hemos destacado que es la franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en el concepto de costas sea en forma definitiva o solamente provisional (cfr. Morello – Sosa - Berizonce. Códigos Procesales..., T II-B, págs. 262/263).-
Definido así el concepto del instituto aquí analizado he de recordar los argumentos expuestos en las causas nro. 43.199, R.S. 99/00 y 50.674 (R.S. 897/04) en donde se ha expresado que " el fundamento del instituto del beneficio de litigar sin gastos o "carta de pobreza" reposa en la necesidad de garantizar el acceso a la jurisdicción, preservando de esta manera, garantías de orden constitucional y principios enmarcados en el derecho transnacional -arts. 18 y 75, inc. 22, C.N.- Por ello, es coincidente la jurisprudencia elaborada en relación a que la apreciación de la prueba sobre la condición patrimonial del solicitante debe ser valorado con criterio amplio, pues privar del derecho a reclamar judicialmente por imposibilidad de afrontar los gastos de justicia, significaría consagrar una flagrante desigualdad, en tanto la garantía constitucional en la materia, no se agota en la mera igualdad jurídica formal de las partes, sino que exige una igualdad en concreto cuya premisa, ante la justicia, está constituida por el libre acceso a la jurisdicción (...). El presupuesto fáctico del beneficio de litigar sin gastos, es la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos, entendidoséstos no en el sentido que quien lo peticiona se encuentre en estado de indigencia, sino que basta con que sus entradas no alcancen para afrontar los gastos que la entidad del proceso interpuesto -o a interponerse- les pudiera ocasionar (art. 81, 2do. párrafo, del C.P.C.C.) ”.-
Pero por otra parte, hemos dicho también, no debemos perder de vista que el beneficio implica una franquicia para uno de los litigantes en cuyo otorgamiento se debe resguardar la igualdad procesal de estos e incluso los intereses del Estado impedido, ante el otorgamiento, de percibir las gabelas que hacen al servicio de administración de justicia; y de ello se colige la objetividad y prudencia con que debe manejarse el tema; es tal vez, uno de los aspectos de la actividad jurisdiccional, donde con extremo cuidado deben examinarse la específica casuística y de cada caso contemplando aquel objeto del beneficio y el caso concreto a juzgar en función de las exigencias económicas del pleito y la posibilidad del justiciable de satisfacerlas (esta Sala en causa nro. 50.558 R.S. 621/06).-
Sentado de ello, y para abordar el caso concreto, debemos efectuar una breve reseña del trámite de autos.-
A fs. 5/6 el Sr. Juan José Tamay promueve el presente beneficio de litigar sin gastos, contra Cecilia Raquel Dos Santos.-
El presentante destaca que carece de medios de fortuna "para afrontar el pago de la tasa de justicia y de los gastos causídicos", motivo por el cual se ve imposibilitado de cumplir con tal carga.-
Asimismo manifiesta que en la causa principal se reclama el pago de un pagaré sin protesto, por la suma de dólares estadounidenses cincuenta mil (U$S 50.000).-
Destaco, ya desde este momento, que el único gasto concreto del que nos habla el recurrente es de la tasa de justicia; lo restante lo menciona de manera genérica y sin estimar, para nada, cuál sería el monto de los gastos a los que hace referencia.-
El juzgado de origen a fs. 7, provee la demanda y previo a todo trámite manda a que efectúe la respectiva declaración jurada, cuyo ítems allí detalla.-
A fs. 11 obra glosada la declaración jurada presentada por la actora.-
En la misma, el accionante destaca que "... me encuentro divorciado hace 7 años y tengo 3 hijos, actualmente todos mayores de edad. Actualmente me encuentro desocupado debido a mi condición de diabético grado 2, lo que no me permite realizar actividad laboral. Me encuentro en pareja quien me ayuda económicamente . (...) Poseo un bien inmueble a mi nombre, esto es, un departamento de un ambiente. ¡\
Asimismo, soy titular registral de un vehículo automotor, el cual vendi pero no hice la transferencia dado que es un plan de compra FIAT.
Que actualmente no poseo caja de ahorro ni cuentas bancarias".-
A fs. 24, 25 y 26 nos encontramos con los testimonios de los Sres. Adriana Saffaroti, Valeria Rodriguez y Isabel Batista.-
Los declarantes son coincidentes en señalar que el actor:
* no tiene trabajo estable, hace changas.
* vive con la mamá en Mar del Plata, en una zona alejada del centro en una casa común.
* lo ayuda económicamente la madre que es jubilada y los hijos que son mayores.-
* no tiene auto.-
* tiene diabetes grado dos.-
A fs. 34/36 se presenta en autos la Sra. Cecilia Raquel Dos Santos.-
A fs. 50 el registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal informa que no le consta titularidad registral a nombre de Juan Jose Tamay.-
A fs. 67 la Inspección General de Justicia informa que no surge la persona nombrada -el peticionante- como integrante del Órgano de Administradores de ninguna sociedad.-
A fs. 74 la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de créditos prendarios, no registra localización de dominios, en relación con el D.N.I. del actor.-
A fs. 89/90, el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Provincia de Buenos Aires informa la titularidad de un inmueble en cabeza del actor -teniendo en cuenta el D.N.I. del mismo-.-
Así llegamos al dictado del decisorio cuestionado de fs. 118/119., donde se resolvió rechazar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por Juan José Tamay, imponiéndose las costas a la actora vencida, generando tal decisión el embate recursivo del accionante.-
Finalizamos así la reseña del trámite de autos.-
Analicemos el caso.-
En primer lugar quiero destacar que no configura causal de rechazo del beneficio intentado los diversos cambios de domicilios de actor, dado que -ante las características del caso y la ausencia de prueba- en contrario no observamos que tales cambios de radicación tengan implicancia alguna en la eventual fortuna o situación patrimonial del Sr. Tamay.-
Por lo demás, el hecho de modificar el lugar de residencia puede explicarse en contextos procesales donde la tramitación se extiende por varios años.-
De la prueba colectada en autos (art. 384 y 456 del C.P.C.C.), sabemos que el actor:
* no tiene trabajo estable, hace changas.
* vive con la mamá en mar del plata, en una zona alejada del centro en una casa común.
* lo ayuda económicamente la madre que es jubilada y los hijos que son mayores.-
* no tiene auto.-
* tiene diabetes grado dos.
* es titular registral de un inmueble
* no registra localización de dominios, en relación con el D.N.I. del actor, la Dirección Nacional de los Registros nacionales de la Propiedad Automotor y de créditos prendarios.-
Por lo demás, no hay elementos de convicción allegados al proceso y que contradigan tales postulados.-
Observando los elementos colectados, la coincidencia del relato de los testigos y mas allá de los formalismos observados por la Sra. Juez a quo, me llevan a discrepar con el rechazo del beneficio de litigar sin gastos incoado, toda vez que -ante lo remarcado anteriormente- considero que el accionante ha cumplido la manda del art. 79 del C.P.C.C., en cuanto a los requisitos allí detallados por el legislador, visualizándose la situación del actor tanto laboral como habitacional.-
Cabe poner de resalto la valoración que efectúo de la contestación del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, por sobre lo requerido originalmente a fs. 7 en el punto.-
Previo a concluir -y frente a lo manifestado por la parte demandada- debo destacar que no resulta el momento y ni el carril procesal idóneo efectuar análisis alguno sobre el monto reclamado por el actor a la misma.-
También he de reparar en una circunstancia.-
De la compulsa del sistema informático se observa que el 1 de diciembre del 2015, esta alzada, en los autos "TAMAY JUAN JOSE C/ DOS SANTOS CECILIA RAQUEL S/COBRO EJECUTIVO", Causa N º MO-27621-2013, confirmó el decisorio recurrido en cuanto recepta la excepción de inhabilidad de título y rechaza la demanda, ello con costas de alzada al apelante atento a su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Esta circunstancia estimo que debe ser tenida en cuenta en orden a calibrar, y balancear, los alcances de nuestra decisión; a fin de que la presente tramitación no se torne -como se lo indicaba- en una franquicia que habilite al reclamante la litigación sin riesgos, o que coloque a su contraparte en una situación de desventaja indebida.-
En tal sentido, teniendo en cuenta lo antedicho (en cuanto a los alcances del planteamiento liminar) entiendo que dado que allí solo se refirió -en concreto- la tasa de justicia y de los demás gastos se habló, pero solo de manera genérica e inespecífica, nuestra decisión debe limitarse en tal sentido.-
Y añadir, a ello, los honorarios de su propio letrado.-
Es que, desde mi punto de vista y dadas las circunstancias concretas del caso, con la franquicia así acordada, se garantiza -suficientemente- la posibilidad de acceso a la justicia.-
Pues si a ello aditáramos, también, los honorarios del letrado de la contraria, en el caso el beneficio se transformaría no ya en un garante del acceso, sino en un factor favoreciente de la litigación sin consecuencias jurídicas e incluso vulneratorio de los derechos de la contraparte (quien, aún habiendo ganado el pleito, debería abonarle los honorarios a su propio letrado).-
En consecuencia, a tenor de todo lo dicho y en virtud de lo expuesto, he de proponer a mi colega de integración que se revoque el decisorio recurrido en cuanto rechaza el beneficio de litigar sin gastos, concediéndose parcialmente el mismo, exclusivamente en lo que respecta al pago de la tasa de justicia (art. 84 del C.P.C.C.) si no lo hubiera efectuado y a los honorarios de su propio letrado.-
Ello con costas de ambas instancias en el orden causado, teniendo en cuenta el éxito solo parcial del embate y los alcances del presente (arts. 68, 71 y 274 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA el decisorio recurrido en cuanto rechaza el beneficio de litigar sin gastos, CONCEDIENDO PARCIALMENTE EL MISMO , exclusivamente en lo que respecta al pago de la tasa de justicia, si no lo hubiera efectuado y a los honorarios del letrado del peticionante.-
Costas de ambas instancias, en el orden causado, atento los fundamentos dados en la votación.-
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia