Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 35297
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución de fs. 95 y se imponen las costas al demandado Hectór Laguilhon.
Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad en que se fijen los correspondientes a la instancia de origen (arts. 31 y 51 de la ley 14.967; art. 7 CCCN).
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes Noviembre del año Dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “MERCADO LAURA LILIANA Y OTRO/A C/ LAGUILHON HECTOR MARCELO Y OTRO/A S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Sánchez y LLobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t ió n
¿ Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, la señora jueza doctora Sánchez dijo:
I. El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la exención de gastos solicitada por Laura Liliana Mercado a fin de litigar en los autos "Mercado, Laura c/ Laguilhon, Hector s/ ds. y ps." sin tener que satisfacer el pago de las costas y dispendios judiciales, en tanto no mejore su fortuna y con la salvedad establecida en el artículo 84 del CPCC (fs. 95).
Dicho pronunciamiento fue apelado por el demandado, fundando su recurso mediante presentación electrónica de fecha 10-9-2019.
Sostiene que la prueba aportada a efectos de sustentar la solicitud del beneficio, en modo alguno resulta idónea para ilustrar acerca de la real situación económica de la parte actora.
Señala que las declaraciones brindadas por los testigos, quienes expresamente manifiestan ser conocidos de Mercado y tener con ella un trato frecuente, no denotan un carácter objetivo y han sido prestadas dos años atrás, no acreditando de modo alguno que tal situación financiera se encuentre en idénticas condiciones en la actualidad.
II. El recurrente se agravia porque considera que las pruebas aportadas no resultan suficientes para conceder la exención solicitada.
En primer lugar, considero oportuno poner de relieve que las circunstancias que llevan a otorgar el beneficio de litigar sin gastos no son sólo la pobreza o indigencia del solicitante, lo cual se desprende de lo normado por los arts. 78 y 81, segundo párrafo, del CPCC. En efecto, la ley ha dejado librado a la apreciación judicial si en cada caso los recursos de quien peticiona son suficientes o insuficientes en relación con los gastos del proceso que emprenda o emprenderá. Se ha dejado de lado el concepto de pobreza, pues sólo exige que se demuestre la imposibilidad de abonar los gastos que irroga la promoción y conclusión de la causa sin grave perjuicio para la subsistencia del litigante (conf. Palacio, L.E., Derecho Procesal Civil, Tº III, págs. 478/9; CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 37.874, sent. del 14-8-2018).
En tal sentido, se considera procedente su concesión en tanto los medios probatorios incorporados al expediente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de la falta de recursos alegada (conf. CSJN 9-8-88, LL 1-2-89; CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 19.054/2010 sent. del 28-12-2016).
Ello es así, toda vez que el instituto del beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 Const. Nac.); y por lo tanto, por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a las circunstancias económicas de los contendientes (conf. CSJN, “Frigeri Lopez Mónica y otros c/ Provincia de Buenos Aires”, sent. del 20-03-2003).
No corresponde, por ende, exigir la prueba acabada de la carencia de recursos necesarios, para hacer frente a los gastos que origine la actividad jurisdiccional, siendo suficiente la testifical, reveladora de indicios, que basten para apreciar “prima facie” la capacidad económica del solicitante (conf. Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As. y de la Nación, 2ª ed. T° II-B, pág. 282).
III. Sentado el marco legal que rige el instituto, cabe mencionar que el presente beneficio de litigar sin gastos es solicitado por Laura Liliana Mercado, por derecho propio y en representación de su hijo menor Francisco Benjamín Fernández, para afrontar los gastos que se generen como consecuencia del proceso "Mercado, Laura c/ Laguilhon, Hector s/ ds. y ps.", en el que se demandó por la suma de $ 2.050.000 en virtud de un accidente de tránsito que habría sido provocado por el accionado, en el cual falleció el concubino de la actora (fs. 8/10).
Al iniciarse las actuaciones, la solicitante manifestó carecer de bienes que le permitan hacer frente a los gastos del proceso y mediante declaración jurada glosada a fs. 70, afirmó no poseer bienes registrables, tarjetas de crédito, cajas de ahorro u otras inversiones. Puso de manifiesto, asimismo, que la propiedad en la cual se domicilia es alquilada y que trabaja como empleada doméstica, percibiendo aproximadamente $2.300 mensuales (fs. 70).
A fin de acreditar sus dichos, ofreció las declaraciones testimoniales de Luciano Nahuel Penart (fs. 33), Claudia Marcela Palavecino (fs. 35) y Karina Alejandra Zega (fs. 57), quienes ratificaron sus dichos a fs. 50, 49 y 67, respectivamente.
El primero de ellos afirmó que tanto Mercado como su núcleo familiar "no son de una condición económica y social que permita solventar los gastos de la presente acción judicial" y que la actora no posee "propiedades ni bienes de alta gama". Por su parte, las testigos Palavecino y Zega fueron contestes con la manifestación del primero, no observándose contradicciones entre ellos que permitan apartarnos de sus declaraciones (arts. 456 y 79, inc. 2° del CPCC).
De la valoración de los testimonios ofrecidos así como de la declaración jurada de la actora, se desprende que aquella es una persona que no cuenta con bienes o recursos suficientes para afrontar los gastos del proceso aludido (arts. 456 y 79, inc. 2° del CPCC).
Resulta oportuno poner de relieve, asimismo, que a fs. 75 la Asesora de Menores e Incapaces departamental ponderó que en virtud de la condición económica de la requirente, se debía otorgar la exención solicitada.
Súmese a ello que, el demandado no aportó ninguna prueba que desvirtúe aquellas declaraciones ni elementos que me lleve a apartarme de lo afirmado por la actora en su escrito de inicio (doct. art. 375 CPCC).
En razón de todo lo expuesto y lo normado por los artículos 78, 79, 80, 82, 84 y conc. del CPCC, 16 y 18 de la Const. Nac. y 11 y 15 de la Const. Prov., ponderando que la concesión del beneficio garantiza la defensa en juicio y la igualdad ante la ley, es que entendemos propicio confirmar la resolución apelada de fs. 95, con costas al demandado por resultar vencido (art. 68 del CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez Dr. Llobera por los mismos fundamentos votó por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la resolución de fs. 95 y se imponen las costas al demandado Hectór Laguilhon.
Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad en que se fijen los correspondientes a la instancia de origen (arts. 31 y 51 de la ley 14.967; art. 7 CCCN).
Regístrese y devuélvase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Diego E. Bulnes
Secretario Adjunto
Fin de la sentencia