Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 39389
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA. Revocar la resolución de fecha 5-10-2019, dejando sin efecto lo requerido respecto del libramiento del oficio a la Unidad Penitenciaria n° 48.
B. No imponer costas.
San Isidro, 17 de Diciembre de 2019.
I. Mediante escritos electrónicos de fecha 26-9-2019 y 3-10-2019 la Defensora Oficial a cargo de la Unidad Funcional de Defensa Civil n° 3 departamental, en representación de Adrian Julio Muñoz, solicitó que, teniendo en cuenta la prueba rendida en autos, se dicte sentencia. Manifestó que la obtención del presente beneficio resulta necesario para recurrir por vía de Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ante dicho requerimiento la Juez interviniente expresó que previamente se debía encontrar diligenciado y contestado el oficio dirigido a la Unidad Penitenciaria n° 48, donde se encuentra detenido el peticionante (proveído electrónico de fecha 4-10-18).
Lo decidido fue apelado por la Defensora Oficial (11-10-2019), fundando su recurso mediante escrito electrónico de fecha 25-11-2019.
En primer lugar, manifiesta que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha producido la prueba informativa dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y de CABA, mediante la cual se demostró que el causante no es titular de bienes inmuebles.
Por otro lado, afirma que hasta el momento resultó de imposible cumplimiento la obtención de la declaración jurada, como asimismo los datos de los testigos que prevé el artículo 79 del CPCC, ya que el Servicio Penitenciario no contestó los oficios librados.
Al respecto, señala que Julio Adrián Muñoz se encuentra privado de su libertad y que este beneficio de litigar sin gastos se inició a petición del Defensor ante el Tribunal de Casación Penal, Dr. Mario Coriolano, a fin de que Muñoz sea eximido del depósito para recurrir ante la Corte Suprema Federal, razón por lo cual, considera que esta causa merece un tratamiento especial, privilegiando normas de raigambre superior, como la Constitución Nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía por sobre las procedimentales.
En función de lo expuesto, considera que existen elementos suficientes como para que la Juez haga una valoración sobre la situación económica del causante y no demore el dictado de la sentencia.
II. En primer lugar, es preciso indicar que el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos queda librado a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los Códigos Provinciales, tercera edición, T° I, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 481).
En efecto, la ley ha dejado librado a la interpretación judicial si en cada caso concreto los recursos de quien peticiona son suficientes o insuficientes en relación con los gastos del proceso que emprenda o emprenderá. Se ha dejado de lado el concepto de pobreza, pues sólo exige que se demuestre la imposibilidad de abonar los gastos que irroga la promoción y conclusión la causa sin grave perjuicio para la subsistencia del litigante (conf. Palacio, L.E., Derecho Procesal Civil, Tº III, págs. 478/9; CACC San Isidro, Sala I, Causa n° 739/2013, sent. del 7-7-2015).
En idéntico sentido, no debe soslayarse que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que la garantía constitucional de acceso a la justicia (art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), natural derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 10 y 15 de igual ordenamiento normativo), se concreta en diversos estadios del proceso, a saber: derecho a acceder al órgano judicial, de deducir pretensiones, de ofrecer y producir prueba, de obtener un pronunciamiento justo, y de recurrir a las instancias superiores (SCBA, Ac.78.015 del 5-11-2000).
En efecto, la interpretación de las normas procesales no debe ser realizada de modo que se frustren las garantía de los justiciables, cercenando sus derechos sustanciales.
En la especie, a los fines de acreditar la situación económica de Muñoz, se encuentran acompañados oficios contestados por los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, de los cuales surge que el peticionante no cuenta con bienes registrables a su nombre (fs. 14/16).
Ello así, ponderando las dificultades manifestadas por la Defensora Oficial para que la Unidad Penitenciaria N° 48 conteste los oficios librados, siendo que la concesión del presente resulta necesario para que el peticionante pueda interponer un recurso de Queja por la denegatoria del Recurso Extraordinario Federal, a los fines de garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia y de obtener un pronunciamiento judicial dentro de un plazo razonable, entendemos que, atento la situación del justiciable, cabe prescindir de la prueba en cuestión. Máxime, teniendo en cuenta que es la propia Defensora Oficial quien solicita que se la exima de su producción.
Por ello, en caso de encontrarse en condiciones, deberá procederse al dictado de la correspondiente resolución con los elementos obrantes en la causa (arg. art. 80 y cc. del CPCC; arts. 10 y 15 Const. Prov. Bs. As; art. 18 CN ).
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada, dejándose sin efecto lo dispuesto con relación al oficio la Unidad Penitenciaria n° 48, sin costas atento a la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68 del CPCC).
III. Por todo ello este Tribunal, Resuelve:
a. Revocar la resolución de fecha 5-10-2019, dejando sin efecto lo requerido respecto del libramiento del oficio a la Unidad Penitenciaria n° 48.
b. No imponer costas.
Regístrese y devuélvase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia