Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 287722 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la resolución apelada del 18 de marzo de 2026, se ajusta a derecho (arts. 68. 69, 78, 79, 80, 81, 84, 242, 246, 260 del CPCC).
POR ELLO , por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución apelada de fecha 18 de marzo de 2026. Las costas de alzada se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción.
En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2.026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación, Dra. Adriana B. MONTOTO y Dr. Juan Agustín SILVA, para dictar sentencia en la causa nro. 287.722/1 caratulada "C., B. S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" , se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía tener lugar en el orden siguiente: Dres. SILVA- MONTOTO.
1ra.- ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada del 18 de marzo de 2026?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. SILVA dijo:
1. En el decisorio del 18 de marzo de 2026 se desestimó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. B. C., para actuar en los autos "C., B. c/ DON ROGELIO S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA" (Expte LP 59714/2025).
1.1. El 25 de marzo de 2026 el actor apeló aquella resolución, fundando el recurso con el memorial presentado en el mismo acto, sin que hubiera merecido réplica de la contraria (arts. 242 y 246 CPCC).
En sustento de su impugnación, la parte apelante, alega que se ha rechazado el beneficio solicitado sin considerar los fundamentos desarrollados en el escrito de inicio del incidente, así como la totalidad de la prueba ofrecida, proveída y producida por su parte.
Señala que no se analiza el contexto económico social imperante, manifestando que carece de recursos suficientes, los que solo le permiten afrontar las necesidades básicas.
2. Planteado de tal modo el recurso, comenzaré por destacar que el beneficio de litigar sin gastos es entendido como la franquicia que se concede a ciertos justiciables, con el objeto de que estos puedan actuar en un determinado proceso sin hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en el concepto de costas, ya sea en forma definitiva o solamente provisional (cfr. Kogan, Hilda - Soria, Daniel - Torres, Sergio G., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Hammurabi, T.1, coment. art. 78, pto. 2).
El fundamento de la institución reposa en la necesidad de preservar la operatividad de la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN), asegurando el acceso a la justicia (conf. Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, 2015, cuarta edición ampliada y actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Tomo II, pág. 998).
Por ende, tal beneficio puede ser otorgado a todos aquellos que acrediten no estar en condiciones de sostener los gastos de un proceso en particular sin comprometer los medios de su propia subsistencia y de su familia, correspondiendo acreditarse debidamente su merecimiento (doct. art. 81 del CPCC).
3. Bajo tales premisas, corresponde señalar que el peticionario promovió el presente incidente a fin de obtener el beneficio respecto de una futura acción que identifica como "C., B. c/ DON ROGELIO SRL s/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA".
Sin embargo, de las constancias de autos surge que dicho proceso principal no se encontraba iniciado al tiempo de promoverse este incidente, ni tampoco al momento del dictado de la resolución recurrida, encontrándose únicamente acreditado que el conflicto transitaba la etapa de mediación previa obligatoria.
A ello se suma que ni del escrito inaugural ni de la restante prueba producida surge información concreta que permita individualizar el inmueble cuyo dominio se pretende adquirir por prescripción, omisión que reviste especial trascendencia para la solución del caso.
4. En efecto, la valoración que exige el régimen legal del beneficio de litigar sin gastos supone necesariamente una apreciación conjunta de la situación patrimonial del solicitante y de la entidad económica del proceso para el cual la franquicia es requerida.
La insuficiencia de recursos a la que aluden los arts. 78 y concordantes del CPCC no constituye una noción abstracta, sino relacional. No se trata de determinar si el interesado posee o no determinado patrimonio en términos absolutos, sino de establecer si dicho patrimonio resulta suficiente para afrontar las concretas erogaciones que demanda el litigio cuya promoción o defensa pretende encarar.
Existe, por ello, una vinculación necesaria entre el incidente y el proceso principal, puesto que la situación económica del peticionario sólo adquiere verdadera significación cuando es confrontada con la magnitud económica de la contienda respecto de la cual solicita la franquicia (cfr. Kogan, Hilda - Soria, Daniel - Torres, Sergio G., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Hammurabi, T.1, coment. art. 81, pto. 4).
Tratándose de una futura acción de prescripción adquisitiva, la individualización del inmueble involucrado constituye un dato indispensable para dimensionar la importancia económica del litigio, estimar razonablemente las erogaciones que su sustanciación puede generar y efectuar el juicio comparativo que exige la ley.
La ausencia absoluta de esa información impide realizar dicho examen.
No se trata entonces de exigir una acreditación anticipada de los extremos sustanciales de la futura demanda, sino simplemente de contar con los elementos mínimos que permitan apreciar si la situación patrimonial invocada resulta o no insuficiente frente a las exigencias concretas del proceso proyectado.
En tales condiciones, la pretensión revisora no puede prosperar, pues se desconoce uno de los extremos indispensables para efectuar la valoración que exigen los arts. 78 y siguientes del ordenamiento ritual.
6. A partir de las consideraciones expuestas, habré de proponer al Acuerdo que se rechace la pretensión revisora (arts. 78, 79, 81, 163, 266 y concs. del CPCC).
Por tales fundamentos,
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. MONTOTO adhirió al voto que antecede, aduciendo idénticos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. SILVA dijo :
Corresponde, por los fundamentos expuestos, confirmar la resolución apelada de fecha 18 de marzo de 2026. Las costas de alzada se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción (arts. 68, 69, CPCC).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. MONTOTO adhirió al voto que antecede, aduciendo idénticos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, dictándose la siguiente,
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la resolución apelada del 18 de marzo de 2026, se ajusta a derecho (arts. 68. 69, 78, 79, 80, 81, 84, 242, 246, 260 del CPCC).
POR ELLO , por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución apelada de fecha 18 de marzo de 2026. Las costas de alzada se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción. REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia