Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129563
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129563; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA
GIGLI CESAR GABRIEL S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129563, caratulada: "GIGLI CESAR GABRIEL S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 16/03/2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de resolver los recursos de apelación incoados el 29/03/2021 por el incidentista doctor Gigli por su propio derecho y el 09/04/2021 por la letrada apoderada del señor Gaviña incidentado, contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021, en cuanto concede parcialmente el beneficio de litigar sin gastos solicitado por Cesar Gabriel Gigli para actuar en el expediente “Gaviña Horacio Americo c/ Gigli Cesar Gabriel s/ Reivindicación”, en un 30% de los gastos que irrogue el litigio, con el alcance que determina el artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no mejore de fortuna (ver sentencia del 16/03/2021, sistema Augusta).
Cabe destacar que el recurso de apelación incoado por el doctor Gigli fue fundado el 12/04/2021, mereciendo réplica de la contraria el día 26/04/2021. El memorial de agravios del señor Gaviña fue articulado -a través de su representación letrada- el 23/04/2021, siendo respondido por el peticionante de la franquicia mediante presentación electrónica del 05/05/2021 (según constancias obrantes en el sist. Augusta).
2. A. En prieta síntesis, el doctor Gigli incidentista manifiesta que inició este expediente ante su falta de recursos económicos para poder afrontar el depósito de la suma requerida por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC- como requisito de admisibilidad para el recurso de inaplicabilidad de ley que interpusiera (que asciende a la suma de $527.545,40 según proveído del 10/08/2020 en la causa principal), como así también los demás gastos y honorarios que pudieren derivarse de dicha instancia para la continuación del remedio procesal. Luego de reseñar las pruebas producidas, se agravia por el rechazo de la franquicia en un 70%, cuando entiende que de dichas probanzas se desprende que debió serle concederlo en su totalidad, pues considera acreditados la importante merma de sus ingresos (agudizada durante el transcurso del año 2020, fundamentalmente por las causas que son de público conocimiento y que han impedido a los abogados ejercer la profesión durante largo tiempo pero, además, por la situación personal de separación conyugal).
Se duele pues estima que no se analizó debidamente la prueba producida, especialmente las declaraciones juradas y constancias de AFIP.
Refiere que las declaraciones testimoniales ratifican esas probanzas, siendo contestes en afirmar conocer su difícil situación económica.
Relaciona la entidad de sus recursos con la importancia de los gastos que debe afrontar para acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -SCBA- y alega que no dispone de las sumas necesarias para ello.
Sostiene que para llegar a su errónea conclusión el juzgador realiza una arbitraria apreciación de las probanzas con base en su contestación de demanda reivindicatoria y en conjeturas con relación a cuáles deberían ser sus ingresos
Expresa que no posee otro inmueble mas que la casa familiar de Villa Elisa, una camioneta del año 2006 y unos ingresos modestos, y que recae sobre sí una inhibición general de bienes trabada por el actor del juicio de reivindicación.
Cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura. Solicita se revoque la sentencia de primera instancia, concediéndosele en forma íntegra el beneficio de litigar sin gastos, con imposición de costas (ver memorial de agravios del 12/04/2021, sist. Augusta).
B. Por su parte, el incidentado señor Gaviña, centra sus embates desde dosángulos: que la sentencia de primera instancia estableció que no deben considerarse los bienes e ingresos de la cónyuge del doctor Gigli a los efectos determinar su capacidad económica (con fundamento en el art. 467 del Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante, CCyC-), y que concedió el beneficio de litigar sin gastos en el 30% cuando considera que el solicitante no ha logrado acreditar de forma suficiente que carece de recursos.
En torno al primer tópico, se agravia pues repara que no debe confundirse la posibilidad de ejecución de un tercero por una deuda contraída por uno de los cónyuges sobre la masa ganancial, con la manifestación económica objetiva que produce la pertenencia a la sociedad conyugal, sea la deuda atribuible o no dicha masa ganancial. Aduce que se debe valorar la suficiencia o insuficiencia de los recursos del requirente y la posibilidad de obtenerlos en futuro para afrontar los gastos del proceso, y que ello implica la valoración de los ingresos y bienes del cónyuge.
Respecto de la segunda cuestión y luego de formular un análisis de las constancias agregadas al expediente, sostiene que el incidentista no ha logrado acreditar que carece de bienes de fortuna para afrontar los gastos y costas que puedan devengarse en el litigio principal, por lo que considera que el juez de grado ha incurrido en error al conceder la franquicia en el 30%, pues solamente funda su decisión en que el hecho de que deba afrontar la totalidad de los gastos causídicos haría peligrar su estabilidad económica, al tener que hacer frente de forma eventual a la totalidad de dichas erogaciones. Manifiesta que no se individualizan qué elementos de prueba le han dado la pauta para dudar acerca de la capacidad económica del requirente y esgrime que la prueba producida da cuenta de una persona con ingresos holgados y suficientes para afrontar las costas del litigio principal. Insiste en que deben tenerse en cuenta también los bienes e ingresos de la cónyuge del solicitante, que detalla brevemente (ver memorial de agravios del 23/04/2021, sist. Augusta).
3. A. Ahora bien, sentadas las posturas de las partes, cabe señalar que es sabido que la posibilidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos no se agota en quien es indigente o pobre de solemnidad, pudiendo aprehender a todo aquél que demuestre que no está en condiciones de sostener los gastos de un proceso o, en su caso, que no puede procurárselos (arts. 79 y 81 del C.P.C.C.).
El proceso de beneficio de litigar sin gastos tiene un trámite especial, reglamentado en los artículos 78 a 86 del Código de rito. Ha establecido el legislador la valoración de una prueba tasada para su concesión, cual es la declaración de tres testigos. Ello, sin perjuicio que no es la única prueba de la que los peticionantes puedan valerse, ya que pueden ofrecer las que consideren necesarias a los efectos de acreditar los extremos alegados (art. 79 inc. 2do. C.P.C.C).
Lo expuesto no importa que al momento del análisis del material probatorio, el juez deba establecer reglas especiales de valoración. Resultan aplicables las pautas generales establecidas en los artículos 384 y 456 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, y deben confrontarse las declaraciones con todo otro tipo de prueba que pueda haberse adjuntado o producido en el expediente por las partes. Es que es necesario crear en el ánimo del juzgador la convicción de que se configura la situación de hecho que fundamenta el instituto en estudio, para ser otorgado (conf. esta Sala, causa 125305, RSI 181/19, sent. int. del 16/07/2019).
La actividad tendiente a demostrar dicha situación corresponde al peticionante que pretende beneficiarse con la prerrogativa en examen, resultando inadmisible la postura de derivar en la contraria la tarea de desvirtuar el estado de carencia. El artículo 375 del Código ritual impone a la actora demostrar los hechos constitutivos de su pretensión, mientras la contraparte debe acreditar los hechos impeditivos o modificativos de ese derecho que haya opuesto como defensa o excepción (conf. arg. art. 375, CPCC; esta Sala, causa 126188; RSD 317/19, 03/12/2019).
B. Establecidas las pautas generales precedentemente reseñadas, en forma liminar y por una cuestión de buen orden procesal, corresponde abordar el primer agravio esgrimido por la parte incidentada.
En este sentido, debe resaltarse que adviene ajustada a derecho la solución propuesta por el señor juez de la instancia anterior en cuanto dispuso que únicamente serán evaluados los bienes del señor Gigli, a fin de acreditar la capacidad económica para solventar los gastos que se devengaren en el proceso principal, con basamento en el art. 467 del CCyC.
Ello así, además de la situación de encontrarse separado de su cónyuge referida por el incidentista y que fuera relatada por los tres testigos ofrecidos en el expediente (ver declaraciones -respuestas segunda y quinta- en tres archivos formato “.pdf” adjuntos al escrito electrónico del 04/10/2020, ratificadas en audiencia realizada por medios telemáticos de fecha 28/10/2020 -y dirección “url” agregada a dicho trámite-; sist. Augusta), lo cierto es que no corresponde analizar las posibilidades económicas del grupo familiar de quien peticiona el beneficio de litigar sin gastos, por ser específico para un proceso determinado, personal e intransferible, quedando el beneficiario exento total o parcialmente de los gastos o costas judiciales en relación al mismo (arts. 79 y cctes., CPCC; esta Sala -con anterior integración-, causa 119494, RSD 54/16, sent. del 11/03/2016).
A su vez, habida cuenta que la incidentada apelante pretende que se tomen en cuenta para arribar a la decisión los ingresos y bienes de la cónyuge del requirente de la franquicia, es de hacer notar que el sistema jurídico vigente establece un régimen de administración separada de bienes por cada cónyuge, así como también de separación de deudas (conf. arts. 5 y 6 ley 11.357 -sobre derechos civiles de la mujer- y 1261 y 1276 Código Civil ley 340 y modif. -ordenamientos ambos hoy derogados-, y arts. 467, 470 Código Civil y Comercial de la Nación).
Es decir, resultando el real alcance de la ganancialidad el derecho en expectativa que tiene el cónyuge no titular de percibir el cincuenta por ciento de los bienes denominados gananciales una vez disuelta la comunidad (conf. esta Sala, causa 125866, RSD 202/19, sent. del 13/08/2019), deviene improcedente pretender que se computen los ingresos y los bienes de la esposa del incidentista, máxime cuando ni siquiera se encuentra legalmente obligada a contribuir en los gastos que irrogue la tramitación del juicio principal por no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos por el art. 455 del CCyC; por lo que el agravio en cuestión debe ser desestimado.
4. A. Ahora bien, habida cuenta que los restantes agravios de ambas partes apelantes se refieren a la extensión del beneficio bajo análisis, pretendiendo el incidentista que se le conceda en forma íntegra y, por el contrario, la incidentada, que sea rechazado en su totalidad, cabe adentrarse a su tratamiento en forma conjunta.
En la tarea propuesta, debe resaltarse que la presente franquicia fue peticionada para poder afrontar el depósito de la suma requerida por el art. 280 del CPCC como requisito de admisibilidad para el recurso de inaplicabilidad de ley que interpusiera, como así también los demás gastos y honorarios que pudieren derivarse de dicha instancia para la continuación del remedio procesal.
Es que quien solicita el beneficio de gratuidad se encuentra eximido desde la petición misma de abonar costas en el proceso, derecho que se consolida cuando aquél es otorgado en los términos y con el alcance previsto en el art. 84 del Código ritual, no pudiendo retrotraerse a una fecha anterior al referido requerimiento que, en el caso particular, coincide con el inicio de este incidente -ver escrito electrónico del 22/07/2020; sist. Augusta- (conf. doct. arts. 78, 83, 84, CPCC).
Es decir, la finalidad de la solicitud consiste en la eximición del pago del aludido depósito (que, en su totalidad, importa el monto de $527.545,40) y de las costas que eventualmente deba soportar el peticionario por la tramitación del mencionado recurso extraordinario.
Dicha circunstancia puntual deviene de significativo relieve para el análisis del caso que nos convoca, pues da cuenta de la magnitud económica del proceso, frente a la cual el incidentista apelante manifiesta carecer de los medios para responder.
B. Constituye presupuesto del beneficio de litigar sin gastos que la situación patrimonial del peticionario le impida conseguir los medios necesarios para hacer frente a las erogaciones que devengue el juicio. Se trata, pues, de una cuestión de hecho que queda librada al prudente arbitrio judicial, mediante la valoración que haga el propio juzgador, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica del pleito, a la vez que las pruebas arrimadas por el requirente (arts. 79 inc. 2 y 81, CPCC; esta Sala -con diferente integración-, causa 119494 ya citada; causa 120456; RSD 229/16, sent. del 03/11/2016).
Al analizar los dichos de los testigos Bergerot, Gonzalez Torga y Vitale, se extrae que los tres son contestes en afirmar que el doctor Gigli atraviesa problemas económicos, que vive de su profesión de abogado que constituye su ingreso, no poseyendo otro trabajo (nivel de vida normal o sencillo, de clase media, ajustado en la actualidad por la pandemia); que su único inmueble es la vivienda de Villa Elisa que tiene con su mujer, aunque no está habitando la misma por hallarse separados, durmiendo en la actualidad en su estudio jurídico el cual comparte con su hermano y es propiedad de este último, en el que no tienen empleados (estudio chico o que trabaja con clientes de la zona de La Plata); que solamente posee un automóvil (camioneta Ford Ranger de 15 años de antigüedad aproximadamente); que durante el año 2020 y como consecuencia de las medidas dispuestas en torno a la pandemia ocasionada por el Covid-19, su trabajo profesional se ha visto muy afectado (ver declaraciones testimoniales obrantes en tres archivos formato “.pdf” adjuntos al escrito electrónico del 04/10/2020, ratificadas en audiencia realizada por medios telemáticos de fecha 28/10/2020 -y dirección “url” agregada a dicho trámite-; sist. Augusta),
Para que las declaraciones testimoniales sean fundantes a los efectos del otorgamiento del beneficio, es necesario que aquéllas sean concordantes e idóneamente relevantes (arts. 79 inc. 2°, 384, 456 del CPCC).
Sentado ello, cabe señalar que las respuestas brindadas en las mencionadas declaraciones dan cuenta de que los testigos conocen de qué vive el doctor Gigli, con quién, dónde, si tiene vehículo, estudio y propiedades, aunque ninguno de ellos precisó -siquiera aproximadamente- el monto o caudal de los ingresos del letrado requirente, sin perjuicio de haber señalado problemas económicos a la fecha (conf. arts. 78, 79, 80, 81, 375, 384, y concs. CPCC).
A su vez, en lo que aquí interesa destacar, de la restante prueba surge que el incidentista: a) resulta titular de 1/1 de la parcela 4A (partida 055-101567) y de 1/2 de la parcela 4C (partida 055-243072) -ver índice de titularidad del Registro de la Propiedad Inmueble obrante en el segundo archivo “.pdf” adjunto al escrito electrónico del 03/12/2020-, habiendo manifestado en su declaración jurada de fecha 08/09/2020 que ambos lotes constituyen su vivienda, detentando una titularidad del 60% (porcentaje este que no se refleja con total exactitud en la documental prealudida); b) tiene registrados a su nombre 3 automotores (100% del dominio FZK736 -Ford Ranger modelo 2006-; 100% del dominio DHD443 -Ford Ranger con inscripción inicial en el año 2002-; 16,66% del dominio B0194829 -sin especificar marca y modelo, con inscripción inicial en el año 1967), de los cuales el único que posee es el primero de ellos -habiendo manifestado en su declaración jurada del 08/09/2020 que era de su propiedad en un 50%-, coincidiendo la marca y modelo con lo declarado por los testigos, resultando los dos restantes objeto de robo y cobro de seguro en el año 2003 la camioneta, y de venta denunciada en el expediente sucesorio de su padre el automotor allí consignado como Renault-Torino (ver índice de titularidad del Registro de la Propiedad Automotor y constancias alusivas a expediente sucesorio y denuncia de siniestro obrantes en el archivo “.pdf” adjunto al escrito electrónico del 21/10/2020); c) en la actualidad ostenta impositivamente la categoría “E” del monotributo (ver constancia de inscripción acompañada al primer archivo “.pdf” adjunto al escrito electrónico del 03/12/2020), habiendo denunciado anteriormente ser responsable inscripto frente el IVA como surge, por ejemplo, del escrito de inicio de este incidente de fecha 27/07/2020.
El peticionante ha adjuntado también al escrito de declaración jurada del 08/09/2020, certificación contable de parte del año 2020 y liquidación impositiva del período 2019 de las que surgen ingresos inferiores a la aludida categoría vigente como monotributista del estamento “E”.
Por su parte, las adquisiciones de moneda extranjera informadas en fecha 17/09/2020 (segundo y tercer archivos “.pdf”) por Casa de Cambio Los Tilos y La Moneta Cambio S.A., no resultan actuales, ya que datan de los años 2010 y 2015, no siendo ello indicativo de solvencia económica. Por otra parte, el cobro del seguro informado por Federación Patronal Seguros en fecha 21/12/2020 se remonta al año 2003 habiendo el incidentista manifestado que el mismo se aplicó a la compra de su vehículo actual, lo que se condice con lo expresamente declarado al respecto por el testigo Vitale (ver declaración -respuesta séptima- en tercer archivo formato “.pdf” adjunto al escrito electrónico del 04/10/2020, ratificada en audiencia realizada por medios telemáticos de fecha 28/10/2020, a partir del minuto uno y treinta segundos -y dirección “url” agregada a dicho trámite-; sist. Augusta),
C. En la hipótesis, si bien de la prueba reunida en el expediente y precedentemente reseñada se infiere que el doctor Gigli puede (o ha podido) mantener un nivel de vida digno y decoroso, en tanto tiene un inmueble (de su propiedad en un porcentaje indiviso integrado por dos lotes) sito en la localidad de Villa Elisa de este Partido de La Plata aunque sin haberse adjuntado valuación fiscal actualizada de ambas partidas, un automóvil -camioneta- marca Ford Ranger modelo 2006, y es profesional de la abogacía ejerciendo en forma independiente, es lo cierto que ello no es lo suficientemente holgado (y especialmente en el marco de situación actual, no sólo por las derivaciones de la pandemia del Covid-19 sino por su situación personal de separación de su cónyuge) como para hacer frente a la totalidad de los gastos y costas -incluido el depósito previo- derivados del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto en las actuaciones principales en las que pretende hacer valer el beneficio de litigar sin gastos peticionado.
En dicha orientación y en función de lo dispuesto por los arts. 34 inc. 5º (dirigir el procedimiento) y 36 inc. 2º del CPCC (ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos), cabe traer a colación al proceso la información impositiva pertinente extr
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