Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131152
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución apelada de fecha 25/11/2021, con costas de Alzada a la parte demandada apelante que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N°131152; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº23 - LA PLATA
GIMENEZ VANESA LAURA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
En la ciudad de La Plata, a los tres días del mes de Mayo de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131152, caratulada: "GIMENEZ VANESA LAURA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 25/11/2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Contra el decisorio del día 25/11/2021, en cuanto concede el beneficio de litigar sin gastos a la actora señora Vanesa Laura Giménez, interpone recurso de apelación el apoderado de la firma citada en garantía “ESCUDO SEGUROS S.A.”, el día 29/11/2021, concedido el 7/12/2021, que resultó fundado el 9/12/2021 y que mereciera contestación de la actora el día 21/12/2021.
La resolución apelada prescribe: “…POR ELLO, RESUELVO: Conceder a Vanesa Laura GIMENEZ el beneficio de litigar sin gastos, con el alcance que determinan las citadas disposiciones y art. 84 del mismo código, para actuar en los autos "GIMENEZ VANESA LAURA C/ ARANA DANIEL MARCELO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Expte. n° LP-50849-2018, sin tener que satisfacer el pago de las costas o gastos judiciales, en tanto no mejore de fortuna, con la salvedad establecida en el art. 84 del ritual. REGISTRESE…”
2. Se agravia el recurrente por entender que lo que en el caso debe evaluarse no es la carencia de medios económicos sino de recursos para afrontar el proceso.
Considera que debe meritarse el monto del juicio y su razonabilidad, argumentando que, si el reclamo demandado resulta en sí mismo un despropósito y de haber sido estimado correctamente, éste sería jurídicamente razonable y entonces el actor se habría encontrado en perfectas condiciones de afrontar con sus recursos personales los gastos de juicio.
Por otra parte, respecto de la testimonial considera que las declaraciones deben ser categóricas, amplias, con razones de los dichos y no deben dejar lugar a dudas, destacando que en el caso que aquéllas resultan un calco unas de las otras. Se pregunta qué capacidad probatoria tienen dichas declaraciones que no son ratificadas por ante los estrados del juzgado, ni del juez de grado.
Alega que debe descartarse –entonces- la prueba de testigos en cuanto la misma se encuentra fuera de todo tipo de fiscalización y que cabe analizar la pretensión en la función del resto de la prueba rendida para determinar la insuficiencia de los recursos del solicitante del beneficio de litigar sin gastos; considerando que en el caso la prueba aportada en modo alguno resulta idónea para ilustrar acerca de la real situación económico-financiera presente de la parte actora.
Argumenta que no puede indicarse que su parte no desvirtuó en principio la prueba de la requirente en atención a que la carga efectiva de probar la imposibilidad recae sobre el requirente, imponiéndose en el caso la denegatoria del beneficio solicitado evaluando el déficit probatorio destacado.
Vuelve sobre la prueba testimonial y manifiesta que las declaraciones brindadas por los testigos, éstos expresamente manifiestan ser conocidos de la actora y tener con ella un trato frecuente, lo que no denotan un carácter objetivo y en total concordancia con la realidad. Indica que se ve reflejada en las mismas una actitud tendiente a beneficiar a la actora, dando como resultado una serie de imprecisiones que no se corresponden con hecho alguno que la misma parte actora hubiese acreditado en las actuaciones.
3. A. Es sabido que la posibilidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos no se agota en quien es indigente o pobre de solemnidad, pudiendo aprehender a todo aquél que demuestre que no está en condiciones de sostener los gastos de un proceso o, en su caso, que no puede procurárselos (arts. 79 y 81 del CPCC).
Resultan aplicables las pautas generales establecidas en los artículos 384 y 456 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, y deben confrontarse las pruebas que puedan haberse adjuntado o producido en el expediente por las partes. Es necesario crear en el ánimo del juzgador la convicción de que se configura la situación de hecho que fundamenta el instituto en estudio, para ser otorgado.
La actividad tendiente a demostrar dicha situación corresponde al peticionante que pretende beneficiarse con la prerrogativa en examen, resultando inadmisible la postura de derivar en la contraria la tarea de desvirtuar el estado de carencia. El artículo 375 del Código ritual impone a la actora demostrar los hechos constitutivos de su pretensión, mientras la contraparte debe acreditar los hechos impeditivos o modificativos de ese derecho que haya opuesto como defensa o excepción (conf. arg. art. 375, CPCC; esta Sala, causa 126188; RSD 317/19, 03/12/2019).
B. Establecidas las pautas generales precedentemente reseñadas, es dable resaltar que, en el caso particular, al iniciarse el beneficio de litigar sin gastos, el juzgado ordenó, el 21/8/2018 (v. fs. 5), que “…previo a proveer lo solicitado, hágase saber al peticionante que deberá denunciar con carácter de declaración jurada: 1. Su ocupación actual y remuneración que percibe. a. En caso de trabajar de forma registrada, adjuntar copia del último recibo de sueldo percibido. b. Si trabaja por cuenta propia, denunciar Nº C.U.I.T. y acompañar copia de las dos últimas declaraciones juradas presentadas. c. Si participa de una sociedad, adunar copia del último balance aprobado. d. Si resulta jubilado o pensionado, adunar copia del último recibo de haberes percibido. 2. En qué carácter ocupa actualmente su vivienda (propietario, locatario, comodatario u otro) y acompañar documentación respaldatoria de tal circunstancia. 3. Si posee otros bienes registrables. En caso afirmativo, aporte documentación respaldatoria. 4. Si posee tarjeta de débito, crédito o compras; y si posee cuenta corriente bancaria, caja de ahorro o depósito a plazo fijo. 5. Si tiene otros bienes de capital. 6. Composición del grupo familiar, ocupación y remuneración percibida por cada miembro…”
Asimismo, ordenó el libramiento de oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios a los fines de que informen sobre la existencia de bienes a nombre de la requirente.
En su presentación del 4/6/2019, con documentación adjunta en PDF (v. proveído del 5/6/2019, fs. 9/10), la peticionante acredita no poseer bienes inmuebles en la Provincia de Buenos Aires.
De la compulsa online que el Juzgado efectuara de conformidad con la Res. 2654/19 de la SCBA en los Registros Nacional de Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios para constatar sobre la existencia de bienes registrables a nombre de la peticionante GIMENEZ VANESA LAURA, DNI 25.275.068, se informa que de la misma no se arroja resultado positivo (v. despacho del 13/11/2019 y ver informe de fs. 20).
Obra declaración jurada presentada por la interesada (v. archivo PDF acompañado a escrito del día 26/11/2019, fs. 22), de la que surge que la requirente es desocupada (manifestando estar tratando de laborar en casas de familia), que no posee inmueble y que se encuentra viviendo en la casa de su madre; que no posee bienes registrables, solo una tarjeta de débito en el carácter de apoderada de su madre no teniendo otra de ningún tipo, ni plazos fijos ni bienes de capital; que vive con su madre -que es jubilada- con su pareja, con su hija y nieta; y declara que como único sostén de su hogar le es imposible obtener recursos para costear los gastos del juicio. Por último, declara que no presenta declaración jurada de ganancias ni al patrimonio.
El 10/8/2020 peticionó la señora Giménez, atento las dificultades suscitadas producto de la pandemia del COVID 19, la posibilidad de acompañar a los presentes: los interrogatorios de los testigos y su declaración en los términos del CPCC, firmada por ellos y para el supuesto caso de oposición se fije la audiencia pertinente -para cuando el contexto de ASPO lo permita- a fin de su ampliación. Ello no fue admitido (v. despacho del día 19/8/2020).
El 28/7/2021 se presenta el apoderado de la citada en garantía, “Escudo Seguros S.A.”. El 23/9/2021 se señalan audiencia a celebrar de modo telemático, la que se efectuó el día 21/10/2021, no habiendo comparecido los codemandados y citada en garantía. Declararon los testigos Alejandro Ayala Areco y German Osvaldo Esparza, quienes dieron testimonio, todo lo cual quedó videograbado y adjuntado al acta, que fue meritado por la señora Juez de grado en el resolutorio apelado (art. 456 del CPCC).
El día 29/10/2021 se ordenó correr la vista que dispone el artículo 81 del CPCC, dictándose la sentencia que viene ahora apelada.
C. Nótese que la magistrada de la instancia anterior, con los elementos probatorios obrantes en el expediente, concedió a la requirente la franquicia en los términos del art. 84 del CPCC. Déjese constancia -además- que el ahora quejoso hubo consentido el proveído de fecha 29/10/2019, que confiere vista de la prueba producida con cita del art. 81 CPCC, guardando silencio ante la misma (arts. 133, 150, 155, CPCC).
No asiste razón al apelante en cuanto a la impugnación de carácter formal que realiza a la capacidad probatoria de las declaraciones testimoniales, en tanto las mismas –como se dijo- se celebraron ante el Juzgado y no por acta presentada por la requirente, no habiendo comparecido a ese acto el ahora recurrente. Es decir, no ejerció su derecho de fiscalizar ni repreguntar en su caso (art. 150, 155 del CPCC).
Las críticas a los dichos de los testigos son genéricas y no se efectúa un análisis concreto de esas declaraciones para quitarles su carácter acreditativo, por lo que el embate queda carente de real sustento (arg. art. 260 del CPCC). No obstante, debe decirse que la exigencia en la apreciación de la prueba testimonial no busca demostrar la exactitud de los dichos de los deponentes en torno los ingresos concretos del peticionante del instituto, sino la percepción que ellos tengan de la situación económica de la pretensa beneficiaria y si sus dichos pueden acreditar –justamente- la carencia de recursos y la imposibilidad de generarlos. En ese orden de ideas, no debe requerirse de la prueba testimonial precisiones en cuanto a los montos de los ingresos, pues la entidad de los mismos puede inferirse de otros tipos de circunstancias que los testigos manifiesten y que configuren, en el ánimo del juzgador, la convicción relativa a la existencia del estado de pobreza (art. 384, 456 del CPCC)
D. Constituye presupuesto del beneficio de litigar sin gastos que la situación patrimonial del peticionario le impida conseguir los medios necesarios para hacer frente a las erogaciones que devengue el juicio. Se trata, pues, de una cuestión de hecho que queda librada al prudente arbitrio judicial, mediante la valoración que haga el propio juzgador, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica del pleito, a la vez que las pruebas arrimadas por el requirente (arts. 79 inc. 2 y 81, CPCC; esta Sala, causas 120456; RSD 229/16, sent. del 03/11/2016; 121750; RSD 134/17, sent. del 07/08/2017; 130099, RSD 189/21, sent. del 09/09/2021; e/o).
Al analizar las probanzas instrumentales, testimoniales y declaración jurada acompañadas y que no fueron desconocidas (art. 81 del CPCC), concluyó la señora Juez de grado que la incidentista había logrado abastecer los requerimientos del art. 78 del Cód. Procesal (384 del CPCC), no habiendo rebatido adecuadamente el apelante los fundamentos dado para otorgar la franquicia (arg. art. 260 del CPCC).
No encuentro en el caso –tampoco- fundamentación alguna al argumento efectuado por el apelante de que debe meritarse el monto del proceso y su razonabilidad, en tanto -dice- que el reclamo demandado resulta en sí mismo un despropósito y que de haber sido estimado correctamente, este sería jurídicamente razonable y entonces el actor se habría encontrado en perfectas condiciones de afrontar con sus recursos personales los gastos de juicio. Así formulado el agravio, deviene hipotético, pues el propio apelante no alega ni demuestra los asertos que en forma meramente subjetiva propone, efectuando -por ejemplo- detalles numéricos (arts. 260, 261 del CPCC).
En el supuesto bajo análisis, de la prueba reunida en el expediente y precedentemente reseñada se infiere que la situación económica de la señora Giménez no es lo suficientemente holgada como para hacer frente a los costos y costas derivados de los obrados en los que pretende hacer valer el beneficio de litigar sin gastos peticionado (conf. arts. 78, 79, 80, 81, 375, 384, y concs. CPCC).
El ser eximido de la obligación de correr con los gastos del proceso -actuales o eventuales- deviene una cuestión circunstancial, librada al mesurado arbitrio de los jueces. Los principios generales que gobiernan el instituto indican que la interpretación de los hechos que lo fundan debe ser elástica, de modo que no lleguen a afectarse los medios con que cuenta el peticionante para subvenir a su propia subsistencia. Si bien no cabe al respecto exigir prueba sobre la carencia absoluta de medios para responder por los gastos causídicos, basta acreditar idóneamente sobre su insuficiencia, situación que se encuentra configurada en estos obrados (arts. 163, 375, 384 CPCC; esta Sala, causas 120456, 121750, 130099, citadas).
E. En consecuencia, siendo que al analizar el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos no sólo ha de meritarse el nivel de vida, ingresos y bienes del solicitante sino también la magnitud del monto del juicio en el cual requiere hacerlo valer, considero que en el caso deviene ajustado a derecho conferir a la actora incidentista el 100% de la franquicia solicitada, conforme lo resuelto en este sentido por la señora jueza de grado (arts. 78, 79, 81, 82, 84, 375, CPCC).
Máxime teniendo en cuenta que la finalidad del instituto radica en asegurar a quien lo requiere, las garantías constitucionales de defensa en juicio y acceso a la justicia (arts. 18 Constitución Nacional; 15 Constitución Provincia de Buenos Aires).
Atento ello, propongo confirmar la resolución apelada de fecha 25/11/2021, con costas de Alzada a la parte demandada que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
. En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución apelada de fecha 25/11/2021, con costas de Alzada a la parte demandada apelante que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución apelada de fecha 25/11/2021, con costas de Alzada a la parte demandada apelante que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia