Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122070
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 576/577, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007 CSJN) y 2) conceder el recurso federal interpuesto a fs. 562/573 vta. (art. 256 y 257 CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 20 de Marzo de 2019.
I. El doctor Mawiel Jorge Alonso Armesto deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley ante la falta de definitividad de la cuestión traída a discusión (art. 278, CPCC; v. fs. 562/573 vta. y 542/543, respectivamente).
En el caso, en el marco de un incidente de beneficio de litigar sin gastos incoado por el impugnante, la Cámara interviniente revocó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había concedido el pedido de la franquicia. En consecuencia, rechazó la pretensión articulada (v. fs. 458/461 y 514/520).
II. En la vía ahora articulada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional (v. fs. 566, 567, 569 vta., 570 vta., 571 vta. y 573).
II.1. Aduce, que la sentencia en crisis es nula dado que se apartó de la exigencia de voto individual que impone el art. 168 de la Constitución provincial. Ello -afirma- le impide saber con certeza y seguridad lo opinado por cada juez. En consecuencia, denuncia que debe anularse el acto y dictarse un nuevo pronunciamiento con otra integración (v. fs. 566 y 569 vta./570).
II.2. Cuestiona, por otro lado, que -contrariamente a lo decidido por este Tribunal- el caso es un supuesto excepcional por tener varios recursos extraordinarios en trámite, tanto ante esta sede como en la Corte federal.
En ese sentido afirma que la confirmación del fallo del Tribunal de Alzada que rechazó la franquicia de gratuidad le genera un gravamen de imposible reparación ulterior, puesto que implicaría la declaración de deserción de los remedios mencionados (v. fs. 566 vta. y 572 y vta.).
II.3. Asevera, también, que la decisión atacada infringe -aplicando un excesivo rigor- el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial local, así como la Acordada 1.790 y la propia doctrina de esta Corte que establece que, no obstante el incumplimiento de algún recaudo formal para la admisibilidad de los recursos, éstos deben ser tratados al afectar garantías constitucionales, tal como -entiende- acontece en el supuesto de marras. Cita, al respecto, precedentes de la Corte nacional y de este Tribunal que denuncia como aplicables al caso (v. fs. 564 vta., 566/567 y 569 vta./573).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 575), el mismo fue contestado por el apoderado de María del Carmen Aita (v. fs. 576/577).
En relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito vinculado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones a fs. 576; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P.720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX). En razón de ello, se lo tiene por no presentado, reputándose inoficiosa esa actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.).
IV. La apertura de la instancia extraordinaria federal exige valorar los agravios planteados. En el sub lite se observa que se encuentran - prima facie - cumplidos los requisitos que autorizan conceder el recurso intentado (arts. 14 y 15, ley 48).
En efecto, cabe ponderar las denuncias formuladas por el recurrente a fs. 566 vta. y 572 y vta. respecto a la existencia de trámites en sede federal -corroborados de oficio por este Tribunal- en los cuales se difirió el estudio de los recursos presentados hasta tanto se acredite la concesión del beneficio de litigar sin gastos. A tal fin, la Corte federal requirió a la parte interesada que informe periódicamente acerca del trámite y resolución de dicha franquicia, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la instancia (v. expedientes 563/2008, 626/2008 y 983/2018 en el sistema de consulta web del Poder Judicial de la Nación).
En ese sentido, corresponde estimar los cuestionamientos relacionados con la excepcionalidad del caso con sustento en que, de confirmarse el rechazo de la franquicia de gratuidad, se configuraría un gravamen de imposible reparación ulterior por la declaración de caducidad de los remedios que tramitan ante la sede federal. Dichos argumentos, con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad y en la afectación de garantías fundamentales (arts. 17 y 18, Const. nac.) cuentan -en principio- con fundamentos suficientes para tener por acreditada la condición de la habilitación de la referida instancia (v. fs. 566 vta. y 572 y vta., cits.; doctr. causas Ac. 70.623, "Lima", resol. de 9-VI-1998, Ac. 76.447, "Texeira", sent. de 29-VIII-2001 y Ac. 93.275, "Vázquez", resol. de 30-III-2005 y CSJN fallos: 322:2259 y 329:3059).
De allí que, toda vez que los planteos traídos se relacionan en forma directa e inmediata con el objeto del pleito y devienen hábiles e idóneos para dar sustento a la pretensión de que sean considerados por la vía extraordinaria federal, cabe admitir el remedio interpuesto (arts. 14 y 15, ley 48; 256 y 257 CPCCN). Así, en el marco de verificación que es propio de esta instancia de admisibilidad, encontrándose cumplidos los demás recaudos formales, corresponde conceder el recurso intentado (arts. 14 y 15, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 576/577, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007 CSJN) y 2) conceder el recurso federal interpuesto a fs. 562/573 vta. (art. 256 y 257 CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia