Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 124.029 "TORRETTA JULIO CESAR C/ TORRETTA OSVALDO AMERICO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes revocó el fallo de origen que, a su turno, rechazara la solicitud de beneficio de litigar sin gastos incoada por Julio César Torreta, concediéndola parcialmente (v. fs. 8/11 vta. y fs. 13/17).
II. Frente a ello, el letrado apoderado del peticionante vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 78 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 8 inc. 1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 inc. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. de la Constitución nacional y 15 y 171 de su par local (v. escrito electrónico de fecha 29-IV-2020).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada a fs. 13/17 -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para revocar el fallo de primer grado y, en consecuencia, admitir parcialmente la pretensión actoral, sostuvo que "... si bien en el caso bajo análisis no estamos frente a un supuesto de "carencia total" de recursos -téngase los inmuebles-, de la prueba producida surgen elementos suficientes para considerar que el actor se encuentra igualmente comprendido en la situación descripta en el Considerando V del presente pronunciamiento. Ello así y teniéndose especialmente en cuenta para ello que, como se ha dicho, partiendo del criterio interpretativo amplio y flexible que aconsejan tanto la finalidad del instituto, como el carácter meramente provisional que tiene la decisión que se adopte -sea acordándolo o denegándolo, como ya ocurriera en el anterior trámite (expte. 84.242)-, resulta prudente, a la par que razonable, conceder la franquicia legal requerida, limitada al cincuenta por ciento (50%) ..." (v. fs. 16 vta.).
Tal basamento que se constituye en el eje central del fallo atacado, no logra ser conmovido por los escuetos reproches obrantes en las págs. 2/6 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la situación económica del solicitante, las erogaciones del pleito y la ponderación de los elementos probatorios) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre el alcance de la franquicia (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 1 del recurso (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo camino debe seguir la aducida transgresión a las garantías constitucionales citadas en la pág. 1 del escrito recursivo, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Tampoco puede ser atendida la infracción a las garantías constitucionales y Tratados internacionales expuestas en la pág. 1 del embate, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
III.4. Finalmente, respecto a la violación de la manda contenida en el art. 171 de la Constitución local (v. pág. 1 del recurso), es preciso recordar que ésta resulta extraña al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo propia de la vía anulativa (conf. doctr. causas C. 119.305, "Selvarolo", resol. de 27-V-2015; C. 120.642, "Aranda", resol. de 1-VI-2016; C. 120.959, "Freire Hnos. S.A.I.C.F.", resol. de 5-IV-2017; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/09/2020 15:57:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2020 16:26:56 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 19:43:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/09/2020 10:01:46 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 12:39:21 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia