Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio del 25/02/2022 y se deja establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor y sin perjuicio de lo que se resuelva oportunamente, la parte apelante goza de pleno derecho del beneficio de gratuidad previsto en los artículos art. 53 de la ley 24240 y 25 de la ley 13133, el que alcanza también a los gastos que se produzcan en la etapa de mediación prejudicial previa. Sin costas por tratarse de agravios generados de oficio y atento la falta de contradicción (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132084; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº11 - LA PLATA
JUSTICIA COLECTIVA ASOCIACION CIVIL C/ CREDIL SRL S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
La Plata, 16 de Agosto de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. El decisorio de fecha 25/2/2022, en cuanto desestima la petición formulada por la parte actora "Justicia Colectiva Asociación Civil", tendiente a que se efectivice el beneficio de justicia gratuita previsto en las normas del derecho de consumo y se la exima del pago del anticipo del jus arancelario regulado en el art. 31 del Decreto 600/2021 (reglamentación de la ley 13951, régimen de mediación en conflictos judiciales) en concepto de honorarios para el mediador que se designe, viene apelado por aquélla mediante escrito del día 06/03/2022. El remedio fue concedido a través del proveído del 10/03/2022, habiendo sido fundado en el memorial de agravios del 21/03/2022 -ver también copia digitalizada en formato “.pdf” del escrito en soporte papel con cargo al pie colocado en el juzgado de origen, adjunta a dicha presentación electrónica-, elevándose las actuaciones a esta Alzada el 30/05/2022. Con fecha 21/06/2022, obra dictamen del señor Fiscal de Cámaras (ver archivo adjunto en formato “.pdf”; todo conforme constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. La señora jueza de grado resolvió que conforme su postura ya asumida con anterioridad en el tema en cuestión, el jus dispuesto por el art. 31 del Decreto 600/2021 no se encontraba alcanzado por el beneficio otorgado por los arts. 53 de la ley 24240 (Normas de Protección y Defensa de los Consumidores -LDC-) y 25 de la ley 13133 (Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios), máxime cuando el mismo reviste en un juicio el carácter de costas (ver decisorio apelado del 05/02/2022, sist. Augusta).
Ese modo de resolver concitó la crítica del actor, quien al dar sus fundamentos, en prieta síntesis, se agravió por el rechazo aludido por entender que el mismo le restringe a la asociación actora el alcance del beneficio de justicia gratuita que le acuerdan tanto la ley 24240 como la ley 13133 (ver presentación electrónica y su archivo “.pdf” del 21/03/2022, sist. Augusta).
3. A. Liminarmente, cabe destacar que esta Sala ha entendido que el beneficio de gratuidad es otorgado por ministerio de la ley y no por el juez de la instancia, no precisando de una petición de parte para su otorgamiento (conf. causas 132029, RR 246-2022, sent. int. del 23/06/2022; 131531, RS 92-2022, sent. del 17/05/2022; 129206, RSD 84-2021, sent. del 15/04/2021; e/o).
Al respecto, se ha dicho que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma, pues ni el artículo 53 ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19; esta Sala, causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/2020).
B. Por otro lado, deviene menester señalar, como se expusiera en el párrafo anterior, que el beneficio de gratuidad es una figura autónoma y con características distintas al beneficio de litigar sin gastos. Es en ese entender, la ley 24.240 -ley nacional, LDC- como la ley 13133 -ley provincial, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- regularon en forma específica la mentada franquicia.
En efecto, en el presente cabe destacar que el artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que “…las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.”.
Por su parte, el artículo 25 de la ley 13133 prescribe que: “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica ...”.
Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, doct. Fallos: 338:1344). Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial. Asimismo, cabe señalar que un plexo jurídico debe ser interpretado -de modo coherente con todo el ordenamiento-, como acontece en especial con la normativa de orden público (art. 65, Ley 24240 -LDC-).
Conforme ello, no es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor (esta Sala, causa 126.699 ya cit.).
En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).
Sobre ese sendero, se advierte que el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que se refiere a toda “imposición económica”, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (esta Sala, causa 120738, sent. del 9/2/2017; causa 126.699 cit., Causa N° 129206, RSD 84/2021, sent. del 15/4/2021; Sala III, causa 117654, sent. del 14/10/2014; Sala I, causa 120958, sent del 29/11/2016; “La Gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo”, por Horacio L. Bersten, Diario L.L., 17 de marzo de 2009, págs. 4 y ss.).
4. Cabe enfatizar que la tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial).
En este contexto y conforme lo antes expuesto, si bien las leyes del consumidor reseñadas prescriben la gratuidad de las “actuaciones judiciales” que se inicien de conformidad a esa normativa (art. 53 de la ley 24240; art. 25 de la ley 13133), corresponde interpretar que dicha gratuidad, en los mismos términos ya mencionados, debe alcanzar a la etapa de la mediación previa establecida en la ley 13951.
Recientemente y con especial referencia a lo anterior, esta misma Sala, en causa 131450 (RR 158-2022, sent. int. del 03/05/2022), ha decidido que no resulta pasible de exigir -por vía reglamentaria- la tramitación del beneficio de litigar sin gastos (art. 31 decreto reglamentario 600/2021, último párrafo) a efectos de no abonar la suma equivalente a un (1) Jus arancelario en concepto de anticipo, a cargo de la persona requirente y a cuenta de la retribución total que le correspondiere al mediador, además del costo de las notificaciones (art. citado, primer párrafo).
Ello, en tanto se le exige al consumidor que previo al inicio del juicio, transite obligatoriamente esta etapa, como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia (art. 1, ley 13951), no pudiendo considerarse que aquél quede desprotegido a pesar de las normas constitucionales y legales tuitivas específicas que lo amparan por entender que la mediación es una etapa “prejudicial”.
Así, en la exposición de motivos de la ley 13951 se establece que la conciliación previa obligatoria tiene por único objeto, instaurar en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires un medio alternativo de resolución de conflictos, antes que el mismo sea llevado por las partes hasta los estrados judiciales.
Se expresa que “El proyecto que se formula refleja una clara voluntad política de institucionalizar nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que conlleven a solucionar los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas incoadas, que soporta el Poder Judicial.”
Más es claro en señalar que “Este sistema en ningún caso altera el derecho que cada persona tiene de recurrir ante la justicia, tampoco está destinado a sustituir la jurisdicción como una de las funciones esenciales del Estado. Sólo se pretende un medio alternativo para resolver la situación de conflicto” (el remarcado es propio).
Es decir que, si por la normativa de carácter general dictada por el Congreso de la Nación el consumidor se halla amparado en sus derechos para que estos puedan ser libremente ejercidos, entre ellos la gratuidad de las actuaciones judiciales, no puede considerarse que ese instituto no puede ser opuesto a la etapa previa que la Provincia de Buenos Aires dictó -con carácter obligatorio, art. 2 ley 13.951- para el posterior ejercicio de la acción ante la jurisdicción judicial (arts. 5, 14, 31, 42 Constitución Nacional; conf. causa 131450 citada).
Con más razón aún dichos postulados devienen aplicables si, como en este caso, la parte actora ha incoado las presentes actuaciones al único efecto de ser eximida de abonar el anticipo de mediación previsto en el art. 31 del Dec. 600/2021, solicitando al efecto se efectivice el beneficio de justicia gratuita que le otorgan las leyes nacional 24240 y provincial 13133 (en la etapa de mediación que manifiesta promoverá contra Credil SRL, cuestionando cobros abusivos a las y los consumidores, vinculados a la mora).
Adoptar en la especie el criterio establecido en el resolutorio atacado, conspira contra la efectiva concreción de la prerrogativa constitucional establecida a favor de los consumidores tendiente a posibilitar el acceso amplio a la jurisdicción -aun en la etapa previa de mediación- en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallo: 338:1344) y obstruye la vigencia de la garantía de Acceso a Justicia (art. 15 Constitución Provincia de Buenos Aires; causa 131450 cit.).
5. Por las razones precedentemente brindadas, corresponde revocar el pronunciamiento atacado y dejar establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor y sin perjuicio de lo que se resuelva oportunamente, la parte apelante goza de pleno derecho del beneficio de gratuidad previsto en los artículos art. 53 de la ley 24240 y 25 de la ley 13133, el que alcanza también a los gastos que se produzcan en la etapa de mediación prejudicial previa (arts. 260, 272, CPCC). De ese modo se concreta, sobre el particular aspecto en tratamiento, de forma efectiva su tutela constitucional (arts. 42, Const. Nac. y 38 Const. de la Prov. de Bs. As.).
POR ELLO, en virtud de las consideraciones que anteceden, se revoca el decisorio del 25/02/2022 y se deja establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor y sin perjuicio de lo que se resuelva oportunamente, la parte apelante goza de pleno derecho del beneficio de gratuidad previsto en los artículos art. 53 de la ley 24240 y 25 de la ley 13133, el que alcanza también a los gastos que se produzcan en la etapa de mediación prejudicial previa. Sin costas por tratarse de agravios generados de oficio y atento la falta de contradicción (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia