Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 139.852
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza el recurso de apelación con costas a la apelante vencida (art. 68 del CPC).
II. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967.
Expediente n.° 139.852 - Juzgado Civil y Comercial n.° 6 En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "BENITEZ, Alejandro c. MONTAÑA, Marceliano (sus sucesores) s. Ejecución hipotecaria", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I. En la sentencia del 27 de agosto de 2025 la Señora Jueza de Primera Instancia rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, y reajustó el crédito utilizando como unidad de valor la bolsa de cemento de 50 kgs.
Con ese parámetro estimó que el monto original correspondía a 1107 bolsas de cemento que, a la fecha de la sentencia, tenían un valor de $ 11.993 cada una.
Fundó la decisión en la armonía de los principios de equidad, buena fe, equivalencia de las prestaciones y preservación del valor de las deudas, y dejó constancia que el crédito original había sido pesificado conforme el Decreto 214/2001 y resultó afectado por la pérdida de valor adquisitivo del dinero.
II: Apeló la demandada, y el recurso que le fue concedido libremente ha sido fundado y fue respondido.
Los agravios que ha presentado la apelante son los siguientes:
a) El pedido de declaración de inconstitucionalidad de la pesificación dispuesta por la Ley 25.561 y el Decreto 214, ya ha sido rechazado en este expediente el día 7 de marzo de 2012 (fs. 249/50) por sentencia del Juez Vidal, basada en los antecedentes de la CSJN allí citados (“Bustos, Rinaldi, Bezzi, “Longobardi”).
Esa decisión no fue apelada por la acreedora, y en consecuencia quedó firme.
b) Resulta ilógico que luego del proveído del 23 de noviembre de 2021 en el que se hace saber a la letrada (de la actora) que debe liquidar conforme las leyes de emergencia, y con el tope de intereses establecido en la sentencia, se dicte una interlocutoria contrariando ese antecedente.
c) La apelante considera que el cambio que califica como “violento”, se haya decidido con fundamento en doctrina de la CSJN y de la Sala II de la Cámara local, y se vaya a ejecutar una vivienda familiar “que hasta es ilegal según la Ley provincial 14432”, “sin dar explicación alguna”.
Finalmente, el apelante entiende necesario citar lo que llama la “teoría del absurdo jurídico” que en su entendimiento refiere a un vicio de la sentencia cuya conclusión es ilógica o inconsistente con las constancias de la causa, y pide que se deje sin efecto la sentencia con costas.
III: El recurso no prospera.
III.1: La resolución dictada a fs. 249/50 que, como bien afirma el apelante rechazó el planteo de inconstitucionalidad de las leyes de pesificación de las obligaciones en moneda extranjera, se fundó en la doctrina que la CSJN elaboró de modo general a partir de “Bustos” (B 139:XXXIX “Bustos, Alberto Roque c. Estado Nacional del 26.20.2004) y que — en relación a los mutuos hipotecarios inferiores a U$S 100.000 que afectaban la vivienda del deudor— trató con mayor detalle en los casos “Longobardi”
(R.320.XLII-Recurso de hecho- "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Roman y otra s/ ejecución hipotecaria"- CSJN 15/03/2007), “Rinaldi” (R.320.XLII-Recurso de hecho- "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzman Toledo, Roman y otra s/ ejecución hipotecaria"- CSJN 15/03/2007) y “Bezzi” (B.2087.XLII. "Bezzi, Ruben A. y otro c/ Valentin, Sixto Carlos y otro s/ ejecución hipotecaria- ejecutivo" CSJN -11/09/2007).
La Corte dijo allí que las medidas de orden público adoptadas por el Estado frente a la crisis económica y social "no resultan medios regulatorios desproporcionados con relación a la finalidad perseguida ni carecen de razonabilidad necesaria para sustentar su validez constitucional”, valorando en particular que el art. 11 de la Ley 25.561 (t.o. ley 25.820) luego de convertir las obligaciones pactadas en moneda extranjera a razón de un dólar igual a un peso y de prever la aplicación de un coeficiente de actualización, faculta a las partes a solicitar el reajuste equitativo del precio en los supuestos que la aplicación de los correspondientes coeficientes lleve a que el valor "resultante de la cosas, bien o prestación fuere superior o inferior al del momento del pago" (consid. 39, fallo "Rinaldi").
En este sentido, la Corte expuso que desde la primera ley que reguló la cuestión en examen como las posteriores, se tuvo como propósito perfeccionar el conjunto de la normativa de emergencia con espíritu conciliatorio, mediante el establecimiento de dispositivos legales y reglamentarios que se ocuparon de proporcionar herramientas y parámetros técnicos precisos —paridades, coeficientes, tasas de interés— a fin de que, mediante su implementación, pudiera lograrse una equitativa recomposición de las prestaciones obligacionales afectadas por las medidas de excepción en orden a una efectiva tutela de los derechos constitucionales (ver considerando 40 del caso "Rinaldi"), reiterado luego en el considerando 10 del caso "Bezzi" y 27 de "Longobardi". La Corte, además, en este último precedente destaca entre los arbitrios diseñados para alcanzar esa equitativa recomposición "que el legislador le asignó un papel fundamental al Coeficiente de Estabilización de Referencia" y que el sistema legal "admite senderos alternativos para alcanzar un único fin, es decir, una solución equitativa".
En esta línea la mayoría de este Tribunal dejó establecido en la causa "Buono" que si alguna de las partes se considerara perjudicada por los efectos de la "pesificación" podría obtener el reajuste equitativo del contrato (art. 8 del dec. 214/02; art. 11 de la Ley 25.561 en su redacción dada por la ley 25.820; este Tribunal, Expte. 135.604 de fecha 31 de agosto de 2006), de lo que se obtiene que la pesificación establecida en las normas de emergencia es constitucional, en tanto transitado el mecanismo que se prevé en las normas citadas para llegar al reajuste equitativo el acreedor no demuestre concretamente la afectación de un derecho constitucional (conf. causa cit.). III.2: No hay entonces contradicción alguna entre aquella decisión de fs. 249/50 y la que es objeto de este recurso, sino la aplicación del reajuste equitativo sobre la obligación pesificada previsto en las normas de emergencia, y en la interpretación que de ellas ha hecho la CSJN y este Tribunal, ante la manifiesta pérdida de valor adquisitivo del crédito pese a la aplicación del coeficiente legal.
De allí que, como bien dice la decisión recurrida, no resulte necesario declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en tanto las normas de emergencia establecieron expresamente la excepción al nominalismo (art. 5 del decreto 214/02) para las obligaciones pesificadas.
Tampoco advierto carencia de lógica, violencia de ningún tipo, ni absurdo en la resolución recurrida.
III.3: Sobre la unidad de valor elegida (la bolsa de cemento de 50 kgs.) y el método utilizado por la sentencia apelada para reajustar “equitativamente” el valor de la prestación adeudada, no corresponde que este Tribunal se pronuncie en tanto no ha sido materia de agravio (art. 266 del CPC).
Por las razones y citas legales expuestas a la primera cuestión voto por la AFIRMATIVA El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso de apelación.
Propongo que las costas se impongan a la apelante vencida (art.68 del CPC) y que se difiera la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos expuestos en el presente acuerdo, se dicta la siguiente sentencia: I) Se rechaza el recurso de apelación con costas a la apelante vencida (art. 68 del CPC). II) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967. Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21). Devuélvase
Fin de la sentencia