Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 10 de La Matanza · Causa LM-19218-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda instaurada por el actor, Sr. BENITEZ DAVID DE JESUS y en consecuencia, condenar al Sr. ROCHA JUAN MACARIO , extensiva a la aseguradora citada en garantía "ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." , ésta en la medida de la cobertura contratada, a abonar dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($36.569.000) , con más los intereses establecidos en el considerando IX) y hasta su efectivo pago.
2Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado; 4º) APLICAR el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho hasta que adquiera firmeza la presente, momento en que se estiman los daños a valores actuales (arts. 724, 726, 768, Inc. "c", 772, 886, 887, 888 y 1.748 del CCC). Y partir de allí, APLICAR un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de primera instancia- y hasta su efectivo pago .
3Imponer las costas del proceso a la demandada Rocha Juan Macario y su citada en garantía "ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." en su calidad de vencidos ( art. 68 del CPCC). …
LM - 19218 - 2023
San Justo, en fecha y hora de referencia..-
Estos actuados en estado de dictar sentencia definitiva, de cuyas constancias;
Con fecha 7/12/2023 se presenta la Dra. Claudia Elizabeth Lesbegueris, en su carácter de apoderada del Sr. Benitez David De Jesus, a iniciar demanda por daños y perjuicios contra el Sr. Rocha Juan Macario, en su carácter de conductor, asegurado y titular registral de la camioneta marca Renault modelo Kangoo dominio AA307GL y contra quien resulte civilmente responsable al día del siniestro que infra se menciona por la suma de pesos trece millones ochocientos cincuenta mil ($ 13.850. 000), a la fecha de presentación de la demanda, con más sus correspondientes intereses, costos y costas, desvalorización y/o depreciación monetaria producida, todo ello desde la producción del daño y hasta la fecha de su efectivo pago, y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse.
Afirma que por tener conocimiento cierto que el rodado marca Renault modelo Kangoo dominio AA307GL se encontraba asegurado en "ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." , solicita se la cite en garantía en los términos del art. 118 de la Ley 17.418, a fin de hacerse extensiva la totalidad de la condena a la misma o, subsidiariamente, en el marco de la cobertura vigente al momento del efectivo pago.
Sostiene que a raíz del accidente vial que diera origen a las presentes actuaciones, tomó debida intervención la Policía de la Provincia de Buenos Aires por intermedio de la Comisaría La Matanza Oeste 4º - Lomas del Mirador, instruyéndose la causa penal caratulada "Rocha Juan Macario s/ Lesiones Culposas - Víctima Benítez David De Jesus", IPP nro. 05-00-033277-22/00, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 11, del Departamento Judicial de La Matanza.
Relata que la demanda obedece al siniestro de tránsito ocurrido el día 13 de agosto de 2022, siendo aproximadamente las 10:40 hs., en circunstancias en que el Sr. Benítez David de Jesús se encontraba circulando al mando de la motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser, dominio 018IBU, por la arteria Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3), de la localidad de Lomas del Mirador y partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, con sentido desde Av. Monseñor Bufano (Ruta 4), hacia Av. Gral. Paz. Dice lo hacía a velocidad reducida, en forma atenta y prudente, con las luces encendidas, el casco reglamentario colocado, y respetando todas y cada una de las disposiciones vigentes en materia de tránsito. Manifiesta que, circulando en las circunstancias descriptas, al aproximarse a la intersección de su vía de circulación con la calle Dra. Alicia Moreau de Justo, es que se produce de manera sorpresiva y violenta la colisión con la camioneta marca Renault, modelo Kangoo, dominio AA307GL, la cual era conducida en la oportunidad por el Sr. Rocha Juan Macario. Sostiene que el demandado se encontraba circulando por la misma avenida que su mandante y en idéntico sentido, ubicado a la derecha del mismo. Es así que, al llegar a dicha intersección, dice que el Sr. Rocha sin poner luz de giro, ni dar aviso o señalización alguna, ni advertir la presencia de su representado, dobla repentina y velozmente hacia la izquierda, con clara intención de tomar la calle Dra. Alicia Moreau de Justo, interrumpiendo la línea de marcha del motovehículo en que se desplazaba su mandante y provocando el impacto del mismo contra el lateral izquierdo de su conducido. Postula que la parte demandada circulaba desatenta a las contingencias del tránsito, a elevada velocidad y sin tener el debido control y dominio sobre su rodado, razón por la cual desencadena las circunstancias propicias para que se produzca el violento accidente de marras. Afirma que a raíz del fuerte impacto su representado salió despedido de su motocicleta y cayo bruscamente a la cinta asfáltica sufriendo lesiones de grave consideración, por lo que debió ser trasladado de urgencia, al Policlínico Central de San Justo, en donde recibió las primeras atenciones médicas.
Imputa la exclusiva responsabilidad del siniestro de marras a la parte demandada, en tanto quien conducía el rodado era quién guiaba y llevaba adelante la dirección de la cosa riesgosa. Ello sin perjuicio de su desaprensión para con las normas viales, su desatención a las contingencias del tránsito y su inhabilidad para mantener el debido control y dominio sobre el rodado. Funda su derecho en los artículos 1769 y 1757 del C.C.C.N., aduciendo que la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito es de naturaleza objetiva con motivo de la intervención de cosas riesgosas, de forma tal que la víctima sólo debe probar la existencia del hecho dañoso y la relación de causalidad entre el mismo y los perjuicios padecidos. Cita jurisprudencia. Sostiene que, sin perjuicio de la presunción de responsabilidad que pesa sobre el dueño y/o guardián de la cosa riesgosa, las circunstancias en las que ha ocurrido el siniestro se encuentran debidamente relevadas de la causa penal.
Aduce que, el demandado debió, en el caso de que su intención fuera realizar un giro hacia su izquierda a fin de tomar la calle Dra. Alicia Moreau de Justo, anticipar la maniobra con las luces correspondientes, y, fundamentalmente, respetar la circulación de los vehículos que se desplazan por la arteria de forma rectilínea. Concluye que el demandado se ha conducido al momento del hecho de marras con total imprudencia, falta de cuidado y previsión, en un accionar que lo hace responsable del acontecimiento ventilado, y en violación a la normativa de tránsito vigente, materializada en el Código de Tránsito de la Pcia. De Buenos Aires Ley 13.927, la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con sus actualizaciones y modificaciones, en plena vigencia.
Peticiona como rubros indemnizatorios: A) DAÑO FÍSICO E INCAPACIDAD SOBREVINIENTE: Postula que las lesiones sufridas a raíz del accidente de marras fueron médicamente diagnosticadas, presentando su mandante en la actualidad: Politraumatismos. Traumatismo de columna cervical; limitación funcional. Traumatismo de hombro izquierdo; limitación a la abdoelevacion y rotación del miembro. Traumatismo de muñeca izquierda; inflamación. Traumatismo de rodilla derecha; limitación al flexo extensión. Traumatismo de tobillo derecho; limitación en la flexión dorsal y plantar, inversión y eversión. Múltiples lesiones contuso-escoriativas. Síndrome vertiginoso postraumático; Cuadros de neurosis, fóbicos, depresivos; Depresión postraumática.
Reclama por este rubro una indemnización de $ 6.500.000 (pesos seis millones quinientos mil) a la fecha de presentación de la demanda, y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos. B) TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN: Sostiene que a raíz de las lesiones sufridas, su mandante debió y deberá someterse por prescripción médica a tratamientos de rehabilitación, durante tiempo indeterminado, según la evolución que presente. Estima y reclama en este rubro una indemnización de $ 450.000 (pesos un cuatrocientos cincuenta mil) a la fecha de presentación de la demanda, y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos. C) GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, FARMACIA Y TRASLADO: Solicita por este rubro la suma de $ 300.000 (pesos trescientos mil) a la fecha de presentación de la demanda, lo que aquí se reclama, y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.
D) DAÑO PSÍQUICO: Postula que como consecuencia del hecho de marras, su mandante presenta un daño psíquico evidenciable con características patológicas médicamente comprobables, configurándose así una lesión de carácter orgánico que ha ocasionado incidencias desfavorables en la vida laboral de esta parte, provocando en consecuencia un desmedro patrimonial cierto que deberá ser justamente indemnizado. Reclama por este rubro una indemnización de $ 2.600.000 (pesos dos millones seiscientos mil) a la fecha de presentación de la demanda, y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos. E) TRATAMIENTO PSICOLÓGICO: A los fines de evitar el agravamiento o empeoramiento de las secuelas psíquicas descriptas, rclama en este rubro una indemnización de $ 500.000 (pesos quinientos mil) a la fecha de presentación de la demanda, y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.
F) DAÑO MORAL: Reclama por este rubro una indemnización de $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil) a la fecha de presentación de la demanda, y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.
Solicita aplicación del artículo 1746 Del Código Civil y Comercial. Funda en derecho. Ofrece prueba.
Peticiona que se declare, para el caso de autos, la inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25.561, en tanto y en cuanto, modifica los arts. 3, 7 y 10 de la Ley 23.928, manteniendo la prohibición de indexación de créditos.
Plantea inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial De La Nación.
Reserva caso federal. Solicita, oportunamente se dicte sentencia, haciendo lugar a la demanda en todas sus partes y condenando a los demandados al íntegro pago del capital reclamado, con más sus intereses, costos y costas, tomando en cuenta la pertinente corrección atento la desvalorización y/o depreciación monetaria producida, todo ello desde la producción del daño y hasta la fecha de su efectivo pago, y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, haciéndose extensiva la totalidad de la condena a la citada en garantía o, subsidiariamente, en el marco de la cobertura vigente al momento del efectivo pago.
Con fecha 22/12/23, se dispone dar traslado de la demanda. Asimismo, atento lo peticionado en el punto XV y a tenor de lo normado por los arts. 326 y 327 del CPCC, se hace lugar a la prueba anticipada requerida a los fines indicados, autorizándose el libramiento de los oficios solicitados a: Policlínico Central de San Justo y al Consultorio de la Dra. Lorena P. Figueroa.
Con fecha 20/2/2024, se presenta la Dra. Maria Soledad Cachaza, en su Carácter de Letrada Apoderada De Antartida Compañía Argentina De Seguros S.A., y contesta la citación en garantía deducida por la parte actora, asumiendo la misma en los términos de la póliza contratada. Informa que a la fecha del siniestro 13/08/2022 mediante póliza N° 4.398.371 tenía vigente un contrato de seguro que cubría los riesgos de responsabilidad civil (C3 Anta Plus), por los daños ocasionados por el vehículo marca RENAULT KANGOO.2 1.6 EX 2 PLC FURGON, año 2016, dominio AA307GL, siendo el asegurado el Sr. Juan Macario Rocha. En los términos del art. 118 de la Ley 17.418, asume su participación en estos autos, supeditando la misma a la traba de la litis con el asegurado.
Destaca que, tal como surge de la copia de la Póliza de seguros emitida, así como de las condiciones Generales y Particulares, esta cobertura, es limitada por responsabilidad civil (rc) a $ 23.000.000, limitándose a $ 2.300.000.- por acontecimiento.-
Reconoce, conforme surge de la póliza 4.398.371 emitida por su mandante, que el vehículo marca Renault Kangoo.2 1.6 EX PLC Furgon año 2016 dominio AA307GL se encontraba asegurado por el riesgo de responsabilidad civil, robo e incendio total y parcial y daño total por accidente (cobertura C-ANTA PLUS-), revistiendo el carácter de asegurado el Sr. Juan Macario Rocha, póliza con vigencia y cobertura desde las 12 hs del día 17 de abril de 2022 hasta las 12 hs. del día 17 de agosto de 2022, por lo que en los términos del artículo 118 de la Ley 17.418 de contrato de seguro, vengo contestar la citación en garantía solicitada por la parte actora.-
Efectúa, la negativa de todos aquellos hechos que no sean objeto de un especial reconocimiento en su responde. Desconoce la autenticidad de la documental acompañada por la actora.
Relata que el demandado, Juan Macario Rocha se encontraba circulando con su vehículo marca Renault Kangoo.2 1.6 EX 2 PLC de manera prudente y reglamentaria por la Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas de la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Que, a metros de llegar a la intersección de dicha avenida con la calle Alicia Moeau de Justo se dispuso a dar aviso de la maniobra que iba a realizar colocando la correspondiente luz de giro cuando, el motovehículo conducido por el actor, apareció de manera sorpresivamente intentado adelantarse por el mismo lado izquierdo provocando el impacto que aquí reclama. Ante esta situación, dice, el actor, Sr. Benitez es el que, intempestiva e imprevistamente quiso adelantarse al vehículo conducido por el asegurado por su mandante, realizando una maniobra totalmente antirreglamentaria, siendo en este caso exclusivamente la culpa y responsabilidad del propio actor y no de su mandante. Afirma que la maniobra imprudente y antirreglamentaria que ocasionó el hecho fue del actor.
Sostiene que según lo relatado por la demandada en la denuncia que realizara ante su mandante, cumpliendo con lo establecido por la Ley 24.449, se encuentra exonerado de responsabilidad por el daño causado a la parte actora, toda vez que ella fue víctima del accidente que se reclama en autos, ya que el actor omitió en su escrito de demanda manifestar que es éste quien intentó sobrepasar al asegurado por su lado derecho provocando que el asegurado no pudiera evitar colisionarlo en su parte trasera, provocando el accidente objeto del presente reclamo. Funda su derecho en el art. 1731 del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que establece que "para eximir de responsabilidad total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los caracteres de caso fortuito", y arts 1722, 1726,1729, 1730, 1734, y 1731 CCC. Sostiene que al querer sobrepasarlo por el lado derecho rompe el nexo de la culpa de la asegurada exonerando de esta forma de manera total al asegurado y a su mandante de toda responsabilidad por los daños y lesiones que aquí se reclama.
Impugna los rubros indemnizatorios. Funda en derecho. Ofrece prueba. Se opone a la aplicación art. 1746 del código civil y comercial y art. 4 ley 25.561. Sostiene que la actora en su escrito de demanda plantea la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 argumentando que entra en escena lo dispuesto por el artículo 1746 del Código Civil y Comercial, el cual exige la utilización de una fórmula matemática financiera para resolver la cuantía resarcitoria, y que dicho planteo debe ser rechazado toda vez que en el caso de autos no corresponde decretar la inconstitucionalidad toda vez que no se ve afectada la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, tal como pretende hacer creer los actores en su escrito de demanda. Solicitan también se rechacen los planteos de inconstitucionalidad interpuestos por la actora, por considerarlos improcedentes.-
Reserva caso federal. Solicita se tenga en cuenta el limite de cobertura informado, y para el hipotético caso de prosperar la demanda solicito se tenga en cuenta la limitación incorporada al art. 505 del Código Civil por la ley 24.432 (B.O. del 10/01/95).-
Oportunamente, solicita se dicte sentencia acogiendo a los planteos y defensas opuestas por esta parte, rechazándose la demanda con costas.-
Corrido el traslado de esta ultima, con fecha 23/2/2024, efectúa su réplica la accionante: con relación a la documental adjunta al escrito en conteste, desconoce la misma en su totalidad, con excepción de los instrumentos que revistan el carácter de públicos. Con respecto a la póliza de seguros adjunta, reconoce la cobertura denunciada, así como sus condiciones particulares de contratación, desconociendo expresamente toda cláusula limitativa de responsabilidad contenida en la misma.
Respecto al límite de cobertura planteado, rechaza tal oposición, en principio, por no serle oponible, en tanto se trata de las condiciones particulares de un contrato bilateral celebrado por terceros. Sostiene que resultaría violatorio a la reparación integral debida, admitir un límite pactado en una fecha tan lejana a la cual será efectivamente satisfecho el crédito, en tanto ello implicaría provocar un infraseguro, y acrecer aún más el beneficio en favor de la aseguradora. Cita la resolución N° 21.999 de fecha 29/12/1992 dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Atento a la oposición planteada en el punto XIV, la cual refiere a la inconstitucionalidad de la Ley 25.561,se remite a lo expuesto en su escrito liminar de fecha 07/12/2023.
En cuanto a la aplicación del art. 730 del CCYCN - LEY 24.432, y en vista del requerimiento formulado por la contraria, esto es: que al momento de sentenciarse se tenga en especial cuenta la ley 24.432 modificatoria del art. 505 del Código Civil, -en lo relativo al tope en la responsabilidad por el pago de las costas estatuido-, sostiene que mal puede la contraria pretender que se tenga en cuenta la aplicación de la ley 24.432 al momento de dictarse la sentencia, desde que esta no impone pauta regulatoria alguna como para ser tratada juntamente con los demás parámetros que se evalúan al momento decisorio. Afirma que ello, debe oponerse en oportunidad de ser reclamado el pago de las costas, a quien haya devenido responsable de su pago.
Con fecha 18/04/2024, no habiendo el demandado Rocha, Juan Macario contestado la citación dispuesta con fecha 22/12/2023, pese a encontrarse debidamente notificado (ver informe de cedula de fecha 17/03/2024) y habiendo vencido el plazo que tenía para hacerlo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en dicha providencia y se lo declara rebelde (art. 59 del C.P.C.C.).
Con fecha 20/11/25 se presenta el demandado, con el patrocinio letrados de las Doctoras Flor Wong Castro, y Luciana Mariel Peralta.
Con fecha 21/11/25 de dispone el cese el estado de rebeldía que sobre el demandado pesaba.
Con fecha 26/06/2024, se tiene presente el desistimiento de la acción, en lo que respecta al codemandado genérico.
Con fecha 12/7/24 evacua la vista conferida el Sr. Agente Fiscal, y con fecha 5/8/24, frente a la existencia de hechos conducentes y controvertidos que deben ser materia de comprobación, se abre esta causa a prueba por treinta días (art. 358 y 487 del C.P.C.C.); proveyéndose los medios ofrecidos con fecha 20/8/24.
Clausurado el periodo probatario, conforme certificación de la Sra. Actuaria de fecha 7/8/26, se dispone el llamamiento de autos para sentencia, en fecha 5/10/26, que arriba firme en este acto.
Y
I. Huelga recordar que con la firmeza del llamado de "autos para sentencia", puede considerarse purgado todo vicio procedimental existente con antelación, no atacado en tiempo, por imperio de la preclusión (Artículos 482 y 170 del C.P.C.C. y su doctrina).
II. Asimismo en atención a la fecha en que se produjo el ilicito (13/8/22), deviene aplicable el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 7).
III. Memoro también que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (arg. art. 384 del CPCC). En tal sentido se ha dicho que "Los jueces solo están obligados a considerar la prueba que estimen adecuada para la solución del caso y no todas las que se hayan producido. No tienen el deber de ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas; basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso" (CSJN, 14/3/93, JA, 1994-II-222), pudiendo preferir algunas de las prueba producidas a otras y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales "(SCBA, 15/689, DJBA 136-459). Por otra parte autorizada Doctrina ha establecido que ".en el tema de la interpretación de las pruebas producidas es una apreciación jurídica y no matemática..." (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo; "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires." 9na ed. Editorial Astrea, pág. 452 y sste.).
IV. Dicho ello, es dable destacar que con motivo del hecho de autos se originaron actuaciones en sede penal, contra el Sr. Rocha Juan Macario sobre el delito de lesiones culposas ( PP-05-00-035232-22/00) en trámite por ante la UFIyJ Nº 11 Deptal., ofrecidas como prueba por la accionante, las cuales arribaron a este estadio en formato pdf, conforme ver informe de fecha 6/8/25.
Ello amerita me expida sobre el principio de "prejudicialidad penal sobre la civil" consagrado en el Código Fondal.
Asi las cosas, tanto el art. 1.101 del Código Civil, derogado como el actual art. 1.775 del CCC establecen un supuesto de prejudicialidad en virtud del cual si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, debe suspenderse el dictado de la sentencia definitiva en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal.
Enumera el art. 1.775 del CCC, tres supuestos de excepción: a) si median causas de extinción de la acción penal; incorporando en su inc. "b" lo siguiente ..."si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado", no prevista en el derogado art. 1.101 y c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad.
De tal modo, la nueva regulación legal concede a una determinada "situación de hecho" -la dilación del procedimiento penal de cierta entidad- el efecto de exceptuar la suspensión ya referida que, al menos de modo expreso, que en el régimen del código de Vélez no tenía consagración formal pero sí jurisprudencial (SCBA LP C 116420 S 30/10/2013, in re: "Iuale, Angela y otros c/Hernández, Rafael y otros s/Indemnización de daños y perjuicios", CC0101BBCC0001 QL 10800 RSI-106-8 I 02/06/2008, in re: "Rojas, Antonio c/Zanet, Fabricio s/Daños y perjuicios" entre otras tantas).
En seguimiento de tal directriz, compulsada la IPP se colige que luego de iniciadas las actuaciones, con fecha 14/03/2023 se dispuso el archivo de la misma, atento la falta de interés del denunciante, de autos, no existiendo prueba suficiente sobre la autoría y/ o existencia del hecho típico en conocimiento, hasta tanto se incorporen en la misma nuevos y mejores elementos de convicción que permitan continuar con la investigación (Art.268 4º párrafo del CPP), no pudiendo sino concluir que dicha circunstancia me habilita al dictado de la presente sentencia de mérito, en este fuero civil (art. 1101 CC ccdte. 1775 del CCCN, arg. art. 384 del CPCC).
V. Superado el test de prejudicialidad penal, habré de abocarme a dar solución a la controversia suscitada entre las partes a los fines de deslindar la responsabilidad en su acaecimiento.
Ahora bien, visto que el presente proceso versa sobre un accidente en la vía pública en razón de la colisión de dos rodados (moto-auto), resulta aplicable el principio de la responsabilidad objetiva que surge por la intervención de la cosa viciosa o riesgosa (arts. 1721, 1722, 1757, 1758, 1769, y ccdtes del CCyC), por lo que la víctima solo se encuentra obligada a probar el contacto con la cosa, su efecto y consecuencia; debiendo el dueño o guardián de dicha cosa, para salir airoso en la contienda, acreditar alguno de los eximentes previstos por las correspondientes normas legales, principio éste establecido en los artículos 1726, 1729, 1730, 1731 del mismo cuerpo legal.
Al respecto ha dicho el Pretorio, conteste con la normativa del CCCN, que: "...Cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, la teoría del riesgo creado constituye el principio rector para la atribución de la responsabilidad de los intervinientes en el siniestro. Según la doctrina elaborada a partir del art. 1113 del Código Civil el dueño o guardián responde en forma objetiva por los daños ocasionados debiendo -para liberarse total o parcialmente- demostrar que la conducta de la víctima o de un tercero ha excluido o limitado su deber de responder. "(SCBA LP C 117750 S 08/04/2015, in re "Plaquín, Pedro Raúl y otra contra Castellano, Raúl Bernabé y otros. Daños y Perjuicios"); ..."el solo hecho de haberse demostrado que el vehículo de mayor porte tomó contacto con la motocicleta, determinó que la víctima tuviese a su favor una presunción de responsabilidad que alcanza al dueño y guardián de la cosa riesgosa, quien, para eximirse de tal atribución, debía demostrar que el evento acaeció por culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debía responder, o el caso fortuito que fractura el nexo de causalidad..."(Expte. 51968/2010 - "M., C. D. y Otro c/ M., M. M. y Otros s/ Daños y Perjuicios" - CNCIV - SALA A - 22/09/2016); entre otras tantas.
Huelga recordar qué, para poder imputarse la responsabilidad civil debe existir un nexo de causalidad entre el obrar (positivo o negativo) del sujeto y el daño. El nexo causal es el elemento que vincula el daño directamente con el hecho o indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva del daño. Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso, el riesgo se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar. Cupe -en principio- al actor dar la prueba del vínculo causal, cuando menos en su faz primaria o material, y de darse tal circunstancia, incumbirá al demandado la carga de demostrar que la condición discutida no fue determinante del perjuicio (Claudio M. Kiper "Proceso de Daños", Tº II, La Ley 2008, pag. 58/60).
Asimismo, no puede pasarse por alto que las normas de tránsito imponen a todo conductor circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito; que cualquier maniobra debe ser advertida previamente y realizada con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito; y que se presume responsable de un accidente al que cometió una infracción relacionada con la causa del mismo.
También cabe precisarse que con relación al demandado, al habérselo declarado rebelde -sin perjuicio que tal rebeldia cesara posteriormente-, la incontestación de la demanda o la rebeldía opera como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refiere aquel escrito, creando una presunción favorable a las pretensiones del actor. Pero ello no es obligatorio para el juez, ni exime al accionante del onus probandi, dado que tal presunción puede ser desvirtuada por prueba en contrario, desde que no altera la secuencia regular del proceso, debiendo dictarse la sentencia según el mérito de la causa, lo que supone la verificación de los hechos (conf. Fassi, Santiago C. y Yáñez, César D., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Buenos Aires, Astrea, 1988, tomo I, página 645; Fenochietto, Carlos E. y Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado", Buenos Aires, Astrea, 1993, tomo 1, página 241; Alsina, Hugo, "Tratado teórico y práctico de derecho procesal civil y comercial", Buenos Aires, Ediar, 1956-1965, 2° edición, tomo I, página 336; C.S.J.N., "Fallos", 152:195; 155:190; 150:154; 181:245, entre muchísimos otros).
Es que la rebeldía no importa sanción para el rebelde, pues las partes no tienen la obligación ni el deber de comparecer al proceso, sino que se trata de una carga procesal establecida en su propio interés. En la ley procesal no solo se confirma la facultad acordada a los jueces en el caso de la contestación de la demanda, sino que se le agrega en contra del remiso una presunción iruis tantum (conf. Highton, Elena Inés y Areán, Beatriz Alicia, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Buenos Aires, Hammurabi, 2004).
La sentencia siempre debe ser justa y fundarse en las constancias de autos, de modo que la condena del rebelde no resulte automática ni ineludible (lo que recoge el antiguo adagio del Derecho Romano "in absens actor vincet si bonam causam habuit"). Cuando se trata de una cuestión de hecho, el fallo debe ajustarse a la prueba producida, pues la inactividad de una de las partes no puede ser causa suficiente para que se atribuyan a la otra derechos que no tiene (conf. Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y Comentado", Buenos Aires, La Ley, 2006, tomo I, página 466).
Dicho lo cual, corresponde me aboque al estudio de las constancias probatorias arrimadas en autos.
Asi, he valorar las constancias y probanzas arrimadas en autos, en primer lugar el expediente penal, recibido "ad effectum vivendi et probandi".
Con fecha 13 de agosto del 2022 personal policial es convocado por sistema 911 "...por un accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta en la Av. Juan Manuel de Rosas, esquina calle Alicia Moreau de Justo de este medio, rápidamente nos dirigimos al lugar, y una vez en dicho lugar, visualizamos un masculino sentado sobre el cordón de la vereda parada con el pie de apoyo se encontraba una motocicleta marca Bajaj modelo Rouser220F de color negra con dominio colocado 018BIU en nuestra presencia este masculino se quejaba de dolores en ambas piernas y en su mano derecha, ya que manifestaba que momentos este circulaba por la Av. Juan Manuel de Rosas con sentido a C.A.B.A. y al llegar a la esquina de la calle Alicia Moreau de Justo un vehículo Renault Kangoo de color gris que circulaba por el mismo carril procede a girar a la izquierda provocando que lo choque y caiga de su motocicleta, por tal motivo rápidamente procedimos a solicitar una ambulancia para que lo asista, luego de esto .se procedió a identificar al masculino como BENITEZ DAVID DE JESUS, nacionalidad argentina (..) de 39 años de edad (..) Documento de Nacionalidad de Identidad número 29886592, el cual memoriza en el acto (..) a la vuelta sobre la calle Alicia Moreau de Justo se encontraba bien estacionada una camioneta marca Renault modelo Kangoo, de color gris, con dominio AA307GL, y junto a este vehículo un masculino el cual nos informa que es el conductor de dicho rodado, el cual tuvo el accidente momentos antes con el Motovehiculo donde nos dijo ser y llamarse ROCHA JUAN MACARIO, nacionalidad argentina (..) de 44 años de edad, DNI 36278495 el cual memoriza en el acto (..) siendo las 11:45 horas por la demora de la ambulancia, una femenina la cual manifestó ser pareja de BENITEZ DAVID DE JESUS, solo nos dijo ser y llamarse, CORREA ANALIA VERONICA, se dispuso a trasladar a su pareja en vehículo particular a un centro asistencial para que le realicen curaciones, informando que lo llevaría al Policlìnico de San Justo...".
En las mismas actuaciones obra croquis del hecho.
Por otro lado, luce certificado medico proveniente del Policlinico Central de San Justo, Servicio de Emergencia, del que surge la atención del Sr. Bentitez David de Jesus, DNI 29.886.592, el dia 15/8/22 a las 11.00 horas, en donde se consigna como impresión diagnostica primaria; paciente con traumatismos varios, por accidente de transito auto-moto y se solicita como estudio complementario: RX torax y cervical. Asimismo con fecha 13 de agosto del 2022, luce declaración de un empleado de la Policía quien manifiesta tener a la vista un rodado marca BAJAJ modelo ROUSER de color negro, tipo motocicleta, con dominio colocado 018-IBU y que dicha unidad presenta una colisión en su lateral derecho con daños en su pedal de freno, pedal de cambio, barra de protección, plasmáticos o cubre motor y caño de escape, asimismo del lado izquierdo presenta daños producto de haber impactado contra la cinta asfáltica.
Que seguidamente también tuvo a la vista un rodado marca Renault modelo Kangoo, de color gris, del tipo furgón, dominio colocado AA-307-GL, presentando dicha unidad una colisión en su lateral delantero izquierdo y paragolpes delantero izquierdo, con daños en su paragolpes delantero izquierdo, guardabarros delantero izquierdo óptica y capot. Con fecha 13 de agosto del 2022 obra declaración testimonial del Sr. Benitez David de Jesus, de 39 años de edad, DNI 29.886.592, quien declara que el dia 13 de agosto del 2022, siendo las 10.40 horas el declarante se encontraba conduciendo su motocicleta marca BAJAJ modelo Sousser200f de color negro con dominio 018IBU, por la Av. Juan Manuel de Rosas, con sentido a CABA en el carril izquierdo, y antes de llegar a la esquina de la calle Alicia Moreau de Justo, un vehículo que circulaba a su lado, el cual era una camioneta marca Renault modelo Kangoo de color gris, con dominio AA307GL, sin realizar juego de luces ni colocar giro, procede a doblar a la izquierda chocando al declarante, con el guardabarros delantero del lado conductor de dicho vehículo.
Manifiesta que acto seguido luego de impactada la motocicleta esta cae provocando que el mismo también caiga contra el asfalto, se golpee su pierna derecha, y su mano derecha, como asi también se golpeó su mano izquierda, que luego de esto el mismo se incorporo y se dirigió a la vereda para quedarse a salvo, lugar donde es asistido pro diferentes transeúntes los cuales llamaron al 911. Luego, dice, los transeúntes le colocaron su motocicleta en al vereda y la camioneta que lo choco finalmente giro en a avenida y se quedo a unos metros del lugar del hecho. Dice que, acto seguido arribo personal policial y solicito una ambulancia al lugar, pero como se demoraba y en el lugar se presento su esposa Correa Analia Verónica, con un vehículo particular, tomaron la decisión de ser trasladado por ella al Policlinico de San Justo, donde le brindaron las curaciones y le diagnosticaron un desgarro en la pierna el pie y la rodilla derecha, un esguince en ambas manos y politraumatismos varios, y que debía tomar medicamentos, realizar reposos y un tratamiento ambulatorio.
Con fecha 15/8/22 luce declaración testimonial del Sr. Bracamonte Juan Carlos, de 52 años de edad, DNI 21.465.911, manifestando que el 13 de agosto del corriente año, a las 10.40 horas, momentos en que se hallaba circulando por la Av. Juan Manuel de Rosas, esquina a la arteria Alicia Moreau de Justo, cuando observa que por la mencionada avenida circulaba con sentido hacia Capital Federal un motovehiculo marca Bajaj modelo Rouser de color negra dominio 018-IBU ocupado por una persona de sexo masculino, quien lo hacia por el carril de la izquierda, a velocidad moderada y respetando las normas de seguridad, siendo asi que se le pone a la par un rodado marca Renault modelo Kangoo de color gris dominio AA-307.GL el cuál sin hacer ninguna indicación o colocar la luz de giro, dobla a la izquierda de forma imprevista colisionando al conductor del motovehiculo produciendo que este se caiga en la cinta asfáltica y se lesione.
Que al acercarse observa como este sujeto se hallaba dolorido por presentar lesiones en su cuerpo. Que seguido a ello se hizo presente un móvil policial quien lo asistió, siendo asi que el declarante junto a otras personas lo ayudaron a correr el motovehiculo a la vereda y el dicente le brindo sus datos.
Analizadas, ahora, las constancias de los presentes obrados, con fecha 26/04/2024 y 29/04/2024 contesta oficio de informe el Policlinico Central de San Justo, por medio del cual acompaña copia de historia clínica ambulatoria, de la que surge que con fecha 15/8/22 fue atendido el Sr. Benitez, David de Jesús, DNI 29.886.592, quien concurre a consultorio externo por control clínico refiriendo accidente de transito en vía publica el día 23/8/22 sufriendo politraumatismos diversos. También acompañan registro en libro de recepción con fecha 13/8/22, respectivamente.
Con fecha 12/06/2024, contesta oficio la Dra. Lorena P. Figueroa, quién envía la ficha de atención médica correspondiente al paciente BENITEZ DAVID DE JESUS - DNI 29.886.592, de la que surge que con fecha 19/8/22 el Sr. Benitez David DNI 29.886.592, presentò politraumatismo por accidente en la vìa pùblica el 13/08/22, y que su examen presenta distintos traumatismos y cervicalgia. Obra asimismo examen del 2/9/22, y 23/9/22.
Con fecha 16/10/2024.contesta oficio Municipalidad de La Matanza (Dirección de Transito y/o Catastro): que informa que "... Intersección Ruta Nac. N° 3 (Av. Bdier. J.M. de Rosas) y la arteria A.M. de Justo de la localidad de Lomas del Mirador. En la actualidad: 1) La arteria A. M. de Justo, (lado NO.), posee único sentido de circulación vehicular, orientada de SE. a NO., teniendo dos carriles, con un ancho aprox. de 6.00 metros, siendo de transito continuo. La arteria A. M. de Justo (lado SE.), posee único sentido de circulación vehicular, orientada de NO. a SE., teniendo dos carriles, con un ancho aprox. de 6.00 metros, siendo de transito discontinuo. 2) La señalizacion vial en el lugar de referencia, consiste en: Señalamiento vertical Nomenclador urbano Circulo y flecha direccional Señalamiento horizontal: Senda peatonal 3) No existe señalamiento luminoso (semáforos) en dicho lugar. 4) La velocidad máxima permitida para circular en zona urbana por calles es de 40 km. p/h., por avenidas es de 60 Km.p/h., segun Cap.II, Art.51,Apart. A, lnc.1 y 2, siendo la mínima la mitad del limite establecido, según Cap. II, Art. 52, Apart. A, Inc. 1., de acuerdo a la Ley Pcial. 13.927 que adhiere a las Leyes Nacionales 24.449 y 26.363. 5) Al momento de la inspección se observo a simple vista calzada transitable. 6) En el lugar de mención no existe reductor de velocidad. 7) Con respecto a toda la información requerida sobre la Ruta Nac. N° 3 a la fecha solicitada tome intervención la Dirección Nacional de Vialidad, por ser caminos de su jurisdicción. 8) Respecto de la remisión del Plano Catastral del lugar deberá tomar intervención la Dirección de Catastro Municipal. 9) Croquis ilustrativo.
Con fecha 9/12/24 absuelve posiciones el demandado Juan Macario Rocha, a tenor del pliego acompañado por la parte actora con fecha 09/12/2024, "...el que seguidamente se transcribe: Para que jure como que es cierto: 1. Que el día 13/08/2022 Ud. Circulaba al mando de la camioneta marca Renault, modelo Kangoo, dominio AA307GL. Responde: Si, es cierto.- 2. Que en dicha fecha Ud. Intervino en un accidente de tránsito. Responde: Si, es cierto.- 3. Que en dicho accidente intervino además una motocicleta. Responde: Si, es cierto.- 4. Que en dicha motocicleta circulaba un ocupante. Responde: Si, es cierto.-5. Que en dicha fecha Ud. Circulaba por la calle Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3) Responde: Si, es cierto.-. 6. Que Ud. Circulaba con sentido desde hacía Av. Monseñor Búfano (Ruta 4) hacia Av. Gral. Paz. Responde: Si es cierto.-7. Que el accidente ocurrió en la intersección de la calle Dra. Alicia Moreau de Justo. Responde: No, no recuerdo bien, pero la calle si.- 8. Que el motovehiculo circulaba por la calle Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3) Responde: Si, es cierto.- 9. Que Ud. Se dirigía a doblar a la calle Dra. Alicia Moreau de Justo. Responde: Si, el motociclista iba en contramano.-10. Que la parte lateral izquierda de su rodado colisionó con la motocicleta del actor. Responde: No, la puerta fue.- 11. Que el impacto ocurrió sobre la traza de la Avda. Brig. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3) Responde: Si, es cierto.- 12. Que Ud. Sabe que el actor sufrió lesiones. Responde: No es cierto.- 13. Que Ud. Sabe que el motociclista debió recibir asistencia. Responde: Si, es cierto.-14. Que su vehículo sufrió daños en el lateral izquierdo de su conducido. Responde: En la puerta izquierda.-Acto seguido, la parte demandada hace uso del derecho de formular preguntas reciprocas: 15.- Para que diga el Sr. Rocha si recuerda desde donde provenia y hacia donde iba la moto.-Responde: La moto iba hacia General Paz, yo estaba yendo en el segundo carril para girar a la izquierda, antes de una cuadra hay un semáforo. El semáforo corta y ahi estábamos doblando, doblamos a la izquierda y la moto iba en contramano hacia general paz y me impacta en la puerta izquierda..."
Con fecha 24/08/2025, obra pericia contable, de la que surge "...2) si al momento del accidente de marras se encontraba asegurado el vehículo demandado, mediante contrato de seguro vigente con cobertura sobre la responsabilidad civil hacia terceros; Respuesta : Habiendo solicitado a la aseguradora citada en garantía la documentación pertinente para dar respuesta al presente punto pericial, la misma me ha aportado en copia: a) la póliza de seguro según la siguiente descripción: -Póliza de seguros automotores número 4398371 -Vigencia: desde las 12:00 hs del 17/04/2022 hasta las 12:00 hs del 17/08/2022. -Fecha de Emisión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06/04/2022. -Asegurado/Tomador: Rocha Juan Macario DNI 36278495 CUIL 2036278495-7 -Domicilio: Calle 9 Y ROOSEVELT 1 (1772) Villla Celina Pcia de Buenos Aires. -Descripción de vehículo asegurado: Clase: Pick Up Marca: Renault Kangoo 2 1.6 Ex 2 PLC CON 5 AS L/14 Tipo: Kangoo 2 1.6 Ex 2 PLC CON 5 AS L/14 Motor K4MJ730Q178431 Chasis 8A1FC1315HL357411 Uso Particular año de fabricación 2016 Patente AA307GL Suma asegurada inicial $ 1.911.000,00.- Cobertura C3 Anta Plus (...) SO-RC 7.1 = limite por acontecimiento $2.300.000.- Responsabilidad civil en la República Argentina hasta $23.000.000,00 por acontecimiento (...) b) La página 54 del libro registro de emisión de pólizas correspondiente al periodo 04/2022 en el que figura detallada la póliza descripta en el apartado a de la presente. 3) informe nombre, apellido, DNI y domicilio del asegurado y/o titular de la póliza y/o tomador del seguro y/o beneficiario del mismo; Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto anterior del presente cuestionario y me remito a la respuesta allí brindada. 4) informe número de póliza; Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 2) del presente cuestionario y me remito a la respuesta allí brindada. 5) fecha de libramiento de la misma; Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 2) del presente cuestionario y me remito a la respuesta allí brindada. 6) fecha de vencimiento; Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 2) del presente cuestionario y me remito a la respuesta allí brindada. 7) monto de la cobertura; Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 2) del presente cuestionario y me remito a la respuesta allí brindada. 8) remita copia auténtica de la denuncia del siniestro, acta de choque y cualquier otra documentación referida al accidente de marras; Respuesta : Informo que no es incumbencia del perito contador aportar documentación en poder de las partes a la causa. 9) informe si la Compañía de Seguros citada en garantía lleva el registro y/o libro de denuncias exigido por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En caso afirmativo, informe si en el mismo se halla asentada la denuncia del siniestro de marras y, en su caso, acompañe copia del referido registro donde conste la misma; Respuesta : Habiendo solicitado a la aseguradora citada en garantía la documentación pertinente para dar respuesta al presente punto pericial, la misma me ha aportado en copia el folio 103 del libro registro de siniestros denunciados definitivo rama automotores correspondiente al periodo Agosto 2022 en el cual figura identificado bajo el Nº 271813. Respecto a la solicitud de acompañamiento de copias informo que no es incumbencia del perito contador aportar documentación en poder de las partes a la causa. 10) cualquier otro dato de interés.
Respuesta : Habiendo dado respuesta a todos los puntos solicitados por la parte informo que no poseo ningún otro dato que considere de interés aportar a la presente causa. PUNTOS PERICIALES CITADA EN ANTARTIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. Se designe Perito Contador, único de oficio, a fin de que el experto respectivo dictamine: a) Si Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A., lleva los libros de comercio en legal tiempo y forma. Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 1 de los puntos solicitados por la parte actora y me remito a la respuesta allí brindada. b) Si el vehículo marca Renault Kangoo.2 domino AA307GL se encontraba asegurado al 13/08/2022. Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 2 de los puntos solicitados por la parte actora y me remito a la respuesta allí brindada. c) Si existe póliza vigente a la fecha mencionada cuyo asegurado fuera JUAN MACARIO ROCHA, DNI N° 36.278.495 y que ampare el vehículo que intervino en el evento de autos.
Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 2 de los puntos solicitados por la parte actora y me remito a la respuesta allí brindada. d) En caso afirmativo el punto anterior indique el experto monto máximo asegurado por evento dañoso.- Respuesta : Este punto ha sido contestado en el punto 2 de los puntos solicitados por la parte actora y me remito a la respuesta allí brindada. e) Todo otro dato que considere de interés.- Respuesta : Habiendo dado respuesta a todos los puntos solicitados por la parte informo que no poseo ningún otro dato que considere de interés aportar a la presente causa...", la cual valoro a la luz del art 474 del rito, y que no ha merecido pedido de explicaciones por las partes.
Con fecha 29/9/25, el perito mecánico desinsaculado en autos acompaña su laboral pericial, determinando que "...Habiendo aceptado el cargo para el cual fui designado, y en cumplimiento del mandato encomendado he realizado las siguientes acciones: 1. expediente digitalizado. 2. Análisis de los elementos de juicio obrantes en el Análisis de los elementos de juicio obrantes en la Causa Penal Nro. IPP 05-00-033277-22/00, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 11, del Departamento Judicial de La Matanza. 3. Inspección del lugar del accidente, situado en la Av. Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) a la altura de la arteria Alicia M. de Justo, en el partido de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires. 4. en mi archivo.
Análisis de bibliografía y documentación obrante En base a las conclusiones del análisis científico realizado, presento a V.S. el informe pericial. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ACCIDENTE: Previo a contestar puntualmente los puntos de pericia ofrecidos por las partes, considero necesario expedirme sobre la documentación analizada, la Causa Penal, las características del lugar del accidente, la inspección y los daños en los vehículos, las versiones de las partes y la mecánica del accidente. 1. Lugar del accidente: En la inspección del lugar del accidente, situado en la Av. Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) a la altura de la arteria Dra. Alicia M. de Justo, en el partido de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires, constaté: El lugar del accidente está ubicado en una zona urbana, densamente poblada con características de barrio, con predominio de comercios y viviendas unifamiliares, principalmente de una y dos plantas.
La Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas, es una de las principales arterias de circulación de la zona, presentando en el lugar donde ocurrió el accidente, las siguientes características: La calzada es de nivel plano, de trazado recto de dirección no reste - suroeste y de doble sentido de circulación de tránsito en la misma calzada (con demarcación de doble línea amarilla de división de sentidos de circulación). La doble línea amarilla de división se interrumpe a la altura de las intersecciones con las arterias transversales. La calzada tiene 18 metros de ancho y es de material asfaltico, en buen estado de conservación Constaté rodados estacionados sobre la calzada junto a las aceras (y también algunos sobre las mismas).
Las aceras son de 3 metros de ancho. La arteria Dra. Alicia M. de Justo, presenta las siguientes características: La calzada es de nivel plano, de trazado recto de dirección de circulación sureste - noroeste, tiene 7 metros de ancho y es de material hormigón armado en buen estado de conservación. El trazado de la misma esta desfasado unos 45 metros de un lado y otro de la Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas. Del lado noroeste de la Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas, es de sentido único de circulación de vehículos en dirección hacia el noroeste. Del lado sureste de la Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas, es de sentido único de circulación de vehículos en dirección hacia el sureste. Las aceras son de 3 metros de ancho.
No existen semáforos para vehículos y para peatones en la intersección de las arterias. Existe demarcación para cruce peatonal únicamente en las bocacalles de la arteria Dra. Alicia M. de Justo. No existen baches ni cunetas en la intersección. Existe correcta iluminación artificial en horario nocturno, con columnas de alumbrado público y luminarias de sodio. Adjunto croquis a escala mostrando las características mencionadas precedentemente. 2. Inspección de los rodados: No he inspeccionado los rodados de las partes, porque no fueron llevados a la inspección fijada expresamente en el expediente, el día 22-10-24 a las 17:45 horas; ni se comunicaron las partes hasta la fecha, para ese fin, con el sus
cripto. 3. Causa Penal: Es fundamental para una completa reconstrucción técnica de la mecánica del accidente, tener: Para los vehículos: Correctas fotografías que muestren las deformaciones producidas. Plano en escala con la dirección, ancho y profundidad de las deformaciones. Detalle del estado de los componentes mecánicos (cubiertas, dirección, suspensión, frenos, luces, etc.). Para la zona del accidente: Correctas fotografías que muestren las características desde diferen tes ángulos. Plano en escala ubicando la posición final en que quedó el vehículo y los rastros y marcas en la calzada. Detalle de las características del lugar (dimensiones, material de calzada, estado, irregularidades, etc.
Con referencia a las constancias de utilidad técnica de la Causa Penal analizada, informo: Las actuaciones llevadas a cabo por la Policía en la Causa Penal, presentan importantes falencias tales como: 1. La policía que concurrió al lugar del accidente, no efectuó un croquis a escala para establecer - mediante cotas - el lugar exacto donde quedó detenido cada vehículo. 2. El croquis ilustrativo obrante en la IPP no ubica a los rodados en la posición final de detención. 3. No se hace referencia a marcas de elementos metálicos y otras señales en la calzada (los cuales probablemente debieron haber existido, incluida la zona de arrastre de la moto en la calzada), necesarios para establecer por donde circulaba cada rodado previo a chocar y la trayectoria seguida entre choque y final de detención. 4.
Tampoco se hace referencia a la existencia de huellas de frenado ni derrape (que probablemente debieron haber existido). 5. Falta de mediciones de la posición en que quedaron los rodados luego de la colisión. 6. Las fotografías de los rodados no muestran con detalle suficiente las características, ancho, ubicación, profundidad y dirección de las deformaciones, para lo cual son necesarias tomas mostrando directamente (principalmente en dirección perpendicular y transversal) de la zona de daños. 7. No se efectúa un diagrama de las deformaciones (longitud, excentricidad, profundidades de deformaciones) sufridas por el rodado, que permitirían calcular la energía de deformaciones y poder calcular la velocidad de choque.
Todos estos elementos, obviados por la actuación Policial, hubieran permitido contar con bases sólidas para el análisis de la mecánica del accidente y calcular las velocidades de circulación y de choque y realizar un análisis de los tiempos de reacción de los conductores. Sin embargo, aun con esas deficiencias, el análisis de dichas actuaciones permite establecer aspectos generales de la mecánica del accidente (trayectorias previas, zona de choque, posición relativa de chique, etc.); me basare en dichos elementos (acta de procedimiento, fotografías, actas de visu de los rodados, etc.) para establecer la misma y contestar los puntos de pericia solicitados. 4. Respecto al choque entre vehículos: Con respecto al choque entre dos vehículos informo: En un accidente en que colisionan dos vehículos (como es el caso de autos), existen varios factores interrelacionados, que deben poder justificarse por las leyes físicas y deben guardar congruencia entre sí.
Algunos de estos factores, son: Dimensiones y pesos de los vehículos. Trayectorias previas, lugar y posición relativa (entre ambos y con la ruta) de los rodados en el choque, trayectorias posteriores y posición final de detención. Daños (ubicación, dirección, magnitud) que tuvieron cada uno de los rodados, y posición relativa en el choque. Maniobras previas efectuadas (giros de volante, aplicación de frenos). La intensidad y dirección de las deformaciones que se producen en cada uno de los rodados (embestidor y embestido) que participan en el choque, dependen (adicionalmente a la rigidez estructural y características propias de la zona de colisión de cada vehículo), de la dirección relativa y de la velocidad de circulación en el instante del choque del otro vehículo y del propio vehículo.
La propia velocidad de circulación influye en la magnitud de las deformaciones que se producen en sentido opuesto e igual dirección de la trayectoria del vehículo y por consiguiente es longitudinal en el rodado (excepto derrapes). La velocidad de circulación del otro rodado influye en la magnitud de las deformaciones que se producen en la dirección y sentido (relativo) que tiene ese otro vehículo en el impacto y por consiguiente puede ser transversal, oblicua o longitudinal. Lo expuesto se basa en el principio universal de las ciencias físicas "principio de acción y reacción". El choque no se produce instantáneamente, se produce durante un lapso (aunque muy breve de décimas de segundo) de tiempo.
Durante ese lapso breve de tiempo, los dos vehículos no mantienen su posición inicial relativa de choque, por la "cantidad de movimiento" de cada uno, van modificando las posiciones relativas (entre ambos y con la calzada) y las zonas de contacto. La posición relativa de los rodados en el instante del choque, se establece haciendo coincidir las zonas de deformaciones de contacto directo en ambos rodados y la dirección de dichas deformaciones. La posición exacta donde ocurre un accidente, se determina en base a las huellas o marcas dejadas por los vehículos en la calzada, ya sean huellas de frenado, de desplazamiento lateral (derrapes o corrimientos bruscos durante la colisión), marcas de rozamiento de partes metálicas de uno o ambos rodados (llanta, componentes mecánicos o de la carrocería, etc.) contra la calzada. 5.
Versiones de las partes: Las partes manifiestan las siguientes versiones en relación a la forma de producción del accidente: - Versión manifestada por la parte actora: el día 13 de agosto de 2022, siendo aproximadamente las 10:40 hs., en circunstancias en que el Sr. Benítez David de Jesús se encontraba circulando al mando de la motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser, dominio 018IBU, por la arteria Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3), de la localidad de Lomas del Mirador y partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, con sentido desde Av. Monseñor Bufano (Ruta 4), hacia Av. Gral. Paz . al aproximarse a la intersección de su vía de circulación con la calle Dra. Alicia Moreau de Justo, es que se produce de manera sorpresiva y violenta la colisión con la camioneta marca Renault, modelo Kangoo, dominio AA307GL, la cual era conducida en la oportunidad por el Sr.
Rocha Juan Macario . el demandado se encontraba circulando por la misma avenida que mi mandante y en idéntico sentido, ubicado a la derecha del mismo. Es así que, al llegar a la intersección ut supra descripta, el Sr. Rocha sin poner luz de giro, ni dar aviso o señalización alguna, ni advertir la presencia de mi representado, dobla repentina y velozmente hacia la izquierda, con clara intención de tomar la calle Dra. Alicia Moreau de Justo, interrumpiendo la línea de marcha del motovehículo en que se desplazaba mi mandante y provocando el impacto del mismo contra el lateral izquierdo de su conducido. - Versión manifestada por la citada en garantía: el demandado, Juan Macario Rocha se encontraba circulando con su vehículo marca Renault Kangoo.2 1.6 EX 2 PLC de manera prudente y reglamentaria por la Av.
Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas de la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Que, a metros de llegar a la intersección de dicha avenida con la calle Alicia Moreau de Justo se dispuso a dar aviso de la maniobra que iba a realizar colocando la correspondiente luz de giro cuando, el motovehículo conducido por el actor, apareció de manera sorpresivamente intentado adelantarse por el mismo lado izquierdo provocando el impacto que aquí reclama . Ante esta situación, el actor, Sr.
Benítez es el que, intempestiva e imprevistamente quiso adelantarse al vehículo conducido por el asegurado por mi mandante, realizando una maniobra totalmente antirreglamentaria, siendo en este caso exclusivamente la culpa y responsabilidad del propio actor y no de mi mandante. Por consiguiente, las partes son coincidentes respecto a las arterias por las cuales circulaban los rodados y a la maniobra de giro a la izquierda del utilitario Renault. 6. Daños en los vehículos: Con respecto a los daños en los vehículos, que surgen de la documentación analizada, informo: - - Motocicleta Bajaj dominio 018 IBU o Presentaba daños y deformaciones en la zona lateral derecha. En dicha zona presentaba daños manija de freno, pedal de freno, barra cubre piernas (mata perros), cachas plásticas, entre otros. o Dichos daños son congruentes de haberse producido por contacto con el rodado Renault de la demandada.
También presentaba daños en lateral izquierdo congruentes de haberse producido por caída de la motocicleta a la calzada. Se observa en las fotografías que dicha motocicleta no presentaba daños de impacto frontal en la rueda delantera ni en la horquilla delantera. Motocicleta Bajaj dominio 018 IBU: Presentaba daños y deformaciones en la zona lateral derecha. En dicha zona presentaba daños manija de freno, pedal de freno, barra cubre piernas (mata perros), cachas plásticas, entre otros. Dichos daños son congruentes de haberse producido por contacto con el rodado Renault de la demandada. También presentaba daños en lateral izquierdo congruentes de haberse producido por caída de la motocicleta a la calzada.
Se observa en las fotografías que dicha motocicleta no presentaba daños de impacto frontal en la rueda delantera ni en la horquilla delantera. Utilitario Renault Kangoo dominio AA 307 GL: Presentaba daños y deformaciones en la zona lateral delantera izquierda. En dicha zona presentaba deformación del guardabarros delantero izquierdo, capot, putera izquierda del paragolpes delantero y óptica delantera izquierda. Dichos daños son congruentes de haberse producido por contacto directo con la motocicleta Bajaj del actor y con el cuerpo del mismo. Por ser dichos daños congruentes con las versiones de las partes y con el resto de la documentación analizada, me basare en los mismos para establecer la mecánica del accidente y contestar los puntos de pericia solicitados por las partes. 7.
Mecánica del accidente: Puedo presentar las siguientes consideraciones en relación a la probable mecánica del accidente: El accidente ocurrió el 13 de agosto de 2022, aproximadamente a las 10:40 horas, por consiguiente ocurrió de día, con iluminación natural. Al no informase lo contrario en la documentación analizada, considero que el tiempo era bueno, sin lluvia, la visibilidad era normal y la calzada estaba seca. Previo al accidente, ambos rodados circulaban por la Av. Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3) en dirección hacia el noreste. Precedentemente informé los daños de contacto directo entre ambos rodados: Para la motocicleta Bajaj en la zona lateral derecha. También informé que no presentaba daños de impacto frontal en la rueda delantera ni en la horquilla delantera.
Para el utilitario Renault Kangoo en la zona lateral delantera izquierda. Por consiguiente, el choque entre ambos vehículos se produce cuando entran en contacto la zona lateral delantera izquierda del Renault Kangoo con la zona lateral derecha de la moto Bajaj y el cuerpo del motociclista. Como consecuencia de esta colisión, el motociclista pierde el control de la moto cayendo a la calzada, junto con la misma. Congruentemente con los daños de los rodados, la motocicleta Bajaj circulaba a la izquierda del Renault Kangoo al producirse el choque. Congruentemente con los daños en ambos rodados, la posición relativa de choque era oblicua, cercana a la paralela. Dicha posición relativa de choque oblicua, es congruente con una maniobra de giro o desvió del Renault Kangoo hacia la izquierda, para continuar circulando por la arteria Dra.
Alicia Moreau de Justo hacia el noroeste. Por lo anterior, considero técnicamente congruente con los elementos analizados, que el utilitario Renault Kangoo estuviera en una posición oblicua sobre la calzada de la Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3), es decir, es congruente que estuviera realizando un giro a la izquierda a la altura de la calle Dra. Alicia Moreau de Justo (como lo manifiestan ambas partes). Al producirse la colisión entre los laterales de ambos vehículos, no existe un rodado netamente embistente ni otro netamente embestido, es una colisión tipo rozamiento, sin embrago, en función de la maniobra de giro del Renault Kangoo hacia la izquierda, era este el vehículo que invadía el carril de circulación de la motocicleta e interfería en su trayectoria de circulación.
Al no surgir de la documentación analizada ningún tipo de relevamiento en el lugar del accidente para establecer la posición exacta de detención de los rodados y las huellas y marcas en la calzada, no es técnicamente posible calcular las velocidades de circulación de los rodados ni otros aspectos adicionales relativos a la mecánica del accidente. Como conclusión de la mecánica del accidente, informo que es técnicamente congruente con los daños de ambos rodados, que el mismo se produjera cuando el utilitario Renault Kangoo de la demandada, circulando por la Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3) en dirección hacia el noreste, e iniciando una maniobra de giro hacia la izquierda a la altura de la calle Dra.
Alicia Moreau de Justo, se desvía hacia la izquierda y colisiona con la zona lateral delantera izquierda sobre la zona lateral derecha de la moto Bajaj (y el cuerpo del motociclista) que circulaba a la izquierda de dicho rodado y en el mismo sentido de circulación. Al producirse la colisión entre los laterales de ambos vehículos, no existe un rodado netamente embistente ni otro netamente embestido, es una colisión tipo rozamiento, sin embrago, en función de la maniobra de giro del Renault Kangoo hacia la izquierda, era este el vehículo que invadía el carril de circulación de la motocicleta e interfería en su trayectoria de circulación. PRUEBA ACTORA: (...) Adjunto croquis. (...) Al no haber ninguna información en la documentación analizada de relevamientos que se hubieran debido efectuar en el lugar del accidente, para de terminar huellas (y en su caso distancias) de frenado, posicionamiento en la intersección del lugar donde colisionaron, y de distancia existente entre choque y final de detención respecto de cada rodado, no es técnicamente posible determinar la velocidad de circulación de los vehículos previo a la colisión.
Punto 5: Establezca la calidad de agente activo y pasivo de los vehículos intervinientes en el siniestro. Al estar ambos vehículos en movimiento al producirse el accidente, y al aportar ambos energía a la colisión, ambos son agentes activos en el choque.." ( el destacado me pertenece). Pericia que también valoro a la luz del art 474 del rito y que no ha recibido embates por las partes.
Así las cosas, amalgamado todo lo "ut supra" expuesto, considero que el accionante ha logrado cumplimentar con la carga legal que recaía sobre él: probar a) la intervención activa de la cosa riesgosa o viciosa, b) el daño resarcible y c) la relación de causalidad, en los términos de los arts. 1726 y 1736 primer párrafo del CCCN.
Es que la Ley de Tránsito 24449, a la que nuestra Pcia, se adhiere por Ley 13927 y sus modificatorias, expresamente prescribe que se debe "circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito" (art. 39 inc. b) .
Así las cosas, entiendo que, en base a los antecedentes probatorios citados, las constancias de la IPP citada, la declaración testimonial allí brindada, y especialmente lo dictaminado por el experto: ".. Como conclusión de la mecánica del accidente, informo que es técnicamente congruente con los daños de ambos rodados, que el mismo se produjera cuando el utilitario Renault Kangoo de la demandada, circulando por la Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3) en dirección hacia el noreste, e iniciando una maniobra de giro hacia la izquierda a la altura de la calle Dra. Alicia Moreau de Justo, se desvía hacia la izquierda y colisiona con la zona lateral delantera izquierda sobre la zona lateral derecha de la moto Bajaj (y el cuerpo del motociclista) que circulaba a la izquierda de dicho rodado y en el mismo sentido de circulación. Al producirse la colisión entre los laterales de ambos vehículos, no existe un rodado netamente embistente ni otro netamente embestido, es una colisión tipo rozamiento, sin embrago, en función de la maniobra de giro del Renault Kangoo hacia la izquierda, era este el vehículo que invadía el carril de circulación de la motocicleta e interfería en su trayectoria de circulación . ...", en marras queda demostrado que el accionante ha incurrido responsabilidad, al haber emprendido la maniobra hacia la izquierda como lo ha hecho, al invadir el carril de circulación de la motocicleta e interferir en su trayectoria de circulación, lo que me autoriza a asignarle la responsabilidad en el siniestro de autos en virtud de lo normado en el artículo 1729 del Código Fondal y artículo 375, 384 y 474 del Código Adjetivo.
No logrando el litis consorcio pasivo acreditar, mediante prueba fehaciente alguna incorporada a la litis, el eximente alegado (culpa de la victima al intentar adelantarse el motovehiculo conducido por el actor, de manera sorpresiva, por el mismo lado izquierdo provocando el impacto que aquí reclama -versión de los hechos brindada por la citada en garantía en su responde- (art. 375 del rito) que cabe aclarar, no sólo no ha sido probada en autos, sino que difiere con la brindada por el demandado al absolver posiciones y alegar que el motovehiculo venía en contramano.
Como colofón, no puede sino concluirse que el demandado Sr. Rocha Juan Macario, en su condición de conductor y asegurado y del vehiculo Renault modelo Kangoo dominio AA307GL, debe responder por las consecuencias civiles que se derivaron del siniestro objeto de autos (arts.1721, 1722, 1726, 1729, 1730, 1731, 1757, 1758, 1769 y ccdtes. del CCCN., arts. 36, 39, 64 de la Ley Nacional de Tránsito Nacional, a la que se adhirió nuestra Pcia. por Ley 13927; arts. 375, 384, 456, 474 y ccdtes. del CPCC).
VI. CITACION EN GARANTÍA.
En función de lo resuelto precedentemente, corresponde dilucidar si la obligación de resarcir es extensible a la aseguradora Antártida Compañía de seguros SA; y en su caso hasta que límite atento lo invocado en la contestación de demanda.
No desconociendo la aseguradora nombrada, la relación contractual con el demandado, respecto del seguro que cubría el vehiculo involucrado en el hecho de autos, y las constancias de la pericia contable, la obligación de indemnizar al actor atento la responsabilidad impuesta al demandado, debe extenderse también a la citada en garantía, en virtud de lo normado en los arts. 1, 2, 109, 118 y ccds. de la ley 17.418, arts. 365, 384 y 474 del CPCC).
Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, en los autos caratulados "Flores, Lorena Romina c/Giménez, Marcelino Osvaldo y otros/Daños y perjuicios " CSJ678/2013(49-F)/CS1, con fecha 6/06/2017; doctrina que reiteró el 11/03/2021, in re "Mete, María c/Robles, Sebastián Horacio y otro s/Daños y Perjuicios" CIV36205/2010/CS1; ha sentado el siguiente criterio, si bien en cuanto a la franquicia "...la oponibilidad de las cláusulas contractuales ha sido el criterio adoptado por el Tribunal en los supuestos de con-tratos de seguro del transporte público automotor (Fallos: 329:3054 y 3488; 330:3483 y 331:379 y causas CSJ 166/2007 (43-O)/CS1 Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros? y CSJ 327/2007 (43-G)/CS1 Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro?, sentencias del 4 de marzo de 2008). 5°) Que también ha decidido esta Corte que no obsta a ello la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor puesto que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad de los contratos de seguro (CSJ 1319/2008 (44-M)/CS1 Martínez de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios, fallada el 9 de diciembre de 2009 y "Buffoni" (Fallos: 337:329). 6°) Que, asimismo, tiene resuelto el Tribunal que la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca (causa "Buffoni" -Fallos: 337:329-, citada). 7°) Que no se advierten razones que conduzcan a no aplicar "en lo pertinente" los criterios sostenidos en los precedentes antes recordados al supuesto planteado en el caso. 8°) Que, en efecto, los artículos 109 y 118 de la Ley de Seguros 17.418 establecen que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato, y que ?la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. 9°) Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado y que esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (artículos 957, 959 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación) pues los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización, por lo que si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (artículo 1022 del Código Civil y Comercial de la Nación). 10) Que, al respecto, cabe reiterar que los contra-tos tienen efectos entre las partes contratantes y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, excepto en los casos pre-vistos en la ley.
Es por ello que aquellos deben ser interpretados en su integridad, lo cual excluye toda exégesis aislada de una cláusula o expresión del negocio. Se impone el deber de observar el lazo íntimo que une a todas las cláusulas, pues no resulta aceptable fraccionar lo convenido únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen al tercero damnificado y desechar otras que ponen límites a la obligación del asegurador.11) Que, desde esta perspectiva, cuando se afirma que la víctima está perjudicada por la franquicia y que ello la hace inoponible, se modifica una regla establecida por el derecho civil desde el año 1804. Los vínculos que se establecen entre las personas siempre afectan a los terceros desde el punto de vista económico o moral, pero si se permitiera que todos cuestionaran esas decisiones, no podría celebrarse contrato alguno.
Por esta razón, la libertad de contratar está protegida constitucionalmente y nadie puede, so pretexto de un perjuicio ético o patrimonial, entrometerse en la esfera de autonomía de quien ha celebrado ese contrato. (...) De tal modo, no puede afirmarse que la franquicia es un instrumento que perjudica a terceros, ya que es el ejercicio razonable de una limitación del riesgo de la actividad. Si un tercero puede cobrar al asegurador una suma superior a la contratada, no solo se viola la ley de seguros, sino que se consagra una obligación sin causa (...) Si bien, el tercero damnificado puede llegar a ser acreedor de la aseguradora del causante del daño, siempre deben res-petarse las limitaciones de las cláusulas contractuales pacta-das en dicha convención, que a su vez están subordinadas a la normativa vigente?
(Fallos: 330:3483 citado, considerando 6° del voto del juez Lorenzetti). 12) Que, en sentido análogo, la relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es inde-pendiente de aquella que se entabla entre esta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17.418 (artículo 118 citado). Ambas obligaciones poseen distintos sujetos ?no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación? tienen distinta causa ?en una la ley, en la otra el contrato? y, demás, distinto objeto ?en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado?, en la medida del seguro. La obligación del asegurador de reparar el daño tie-ne naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro.
De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato? ca-rece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil. Ello es así pues el contrato de seguro se sustenta en la observancia de ciertos aspectos técnicos de fundamental importancia para su debido funcionamiento como, por ejemplo, la determinación y mantenimiento del estado del riesgo tomado en cuenta al contratar, al evitar que el asegurado provoque el siniestro, o exagere sus consecuencias, entre otros. Por otra parte, cabe recordar que su contenido está sometido a una ley de tipo reglamentario que regula minuciosamente los diversos aspectos del contrato. 13) Que, en esas condiciones, asiste razón a la recurrente toda vez que la alzada decidió incluirla en la condena y dejar sin efecto el límite de cobertura previsto acordado en el contrato de seguro prescindiendo de la normativa legal en forma dogmática y sin fundamento idóneo y suficiente, con la mera invocación de un supuesto resguardo a la víctima y a la reparación del daño injustamente padecido. 14) Que, en consecuencia, demostrados los presupuestos fácticos y la existencia de una cláusula de limitación de la cobertura, no se advierte razón legal para afectar los derechos de la aseguradora, por lo que corresponde revocar la decisión sobre el punto.
El alcance del deber de responder de la citada en garantía se encuentra claramente delimitado sin que se hayan arrimado planteos que demuestren que resulte inválida su inserción en esta clase de contratos. En función de lo expuesto, cabe concluir que lo re-suelto guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (artículo 15 de la ley 48), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional, en los términos de la conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad...".
No obstante ello, nuestra Cámara Civil Comercial y Deptal., sala 2, in re "SUAREZ HERNANDEZ HORACIO MAXIMILIANO C/ RODRIGUEZ HORACIO PABLO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", con fecha 11/5/2023 ha dicho que "... reconoce que el contrato de seguro importa una relación de consumo comulgando así, con la doctrina elaborada por el más alto Tribunal Provincial y con lo normado por la Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación N°1162/2018. "Es así la SCBA ha establecido -por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: ".considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles." (.) "En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220)." "Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430)." (.). "Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que: "Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante." (.).
"En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización." "Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima.
Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.)." "Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).""A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód.
Civ.)." (.). "De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS)." (.) (en igual sentido JUBA B4203656 SCBA LP C 122588 S 28/05/2021, Juez Pettigiani). Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449)." (.) "Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima, (.) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód.
Civ.)."Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social." (.) "De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales." (conf. vot.
Cit). Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: "RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE) 39821/2011 04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: "Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (.) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (.) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente "Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio" (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de la página http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1).
"En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($400.000). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: "Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan.resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.""Por lo cual, el fallo citado, reconoce que "la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido". (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J)". (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado)...".
Así las cosas, en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura fijado en la póliza de seguros, de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación..." .-
Por lo que, considero que al establecer que la aseguradora deberá responder con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada.
VII. Deslindada la cuestión de la responsabilidad, he de abocarme a dar respuesta en cuanto a la procedencia o no, y en su caso, monto de los rubros reclamados en el libelo de inicio.
a) DAÑO FISICO - INCAPACIDAD SOBREVINIENTE
A raíz del accidente la actora achaca que se ha alterado su integridad física, al haber padecido lesiones que han derivado en secuelas incapacitantes y que permanecen en la actualidad, a causa de los golpes sufridos.
Al respecto dispone el art. 1737 del Código Civil y Comercial de la Nación, que: "Hay daños cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva."
Asimismo el art. 1738 del mismo cuerpo legal establece que "...La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la perdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalismos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. ".
Adunado a ello, cabe señalar que el art. 1739 del novel código reza: "para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador....".
Es abundante la doctrina y la jurisprudencia que han conceptualizado al presente ítems al decir que: ..."La incapacidad es la inhabilidad o impedimento o bien la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de las funciones vitales. Entraña la pérdida o la aminoración de potencialidades que gozaba el afectado, teniendo en cuenta de modo predominante sus condiciones personales..." (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de Daños, Daños a las personas, 2ª " Integridad psicofísica, Editorial Hammurabi, 1996, pág. 344).
Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente corresponde que "se incluya a toda disminución física, que deje una secuela permanente para el trabajo o la vida de relación al sujeto que lo sufre, considerando el juzgador de tal forma a la salud en su cabal integridad. Las secuelas aunque parciales, habrán de acompañar siempre a la víctima del accidente, produciéndole una minusvalía que la indemnización pecuniaria tratara de remediar en una suerte de equivalencia, sobrellevando de tal manera el menoscabo de su plenitud física, que la víctima solía gozar con total plenitud y con la debida amplitud y libertad. En suma, se trata de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1 Convención Americana de Derechos Humanos)"(in re "Luna Segunda Mabel c/ Romay Espada Erasmo Hugo y otros s/ Daños y Perjuicios (ordinario)(Causa nº 2389/1, RSD nº 109/12, Folio nº 525, de fecha 28 de junio de 2012) y "Negie Guillermo Ariel c/ Díaz, Miguel Ernesto s/ Daños y Perjuicios" (Causa nro, 1333/1 RSD nro 22/08 Folio nro 179/08), de la Sala I, de la Cámara Deptal, entre otras tantas).
Sentadas tales premisas y a la luz de los principios que se dimanan de los precedentes jurisprudenciales y doctrinarios, paso a analizar las constancias probatorias obrantes en este proceso.
Como ya se ha señalado, ut supra, de la prueba informativa ya señalada, surge la atención medica de la accionada, en el Policlinico Central de San Justo y Consultorio Dra. Lorena P. Figueroa.
De la pericia médica presentada electrónicamente con fecha 21/10/2025, surge que " ...XII. INCAPACIDAD Como consecuencia del examen médico y de las constancias obrantes en Autos,
este Perito Médico se halla en condiciones de determinar incapacidad que el
actor presenta y, en tal sentido digo que a partir de las afecciones evaluadas y ponderadas para el caso clínico "Cervicalgia - Lumbalgia" de acuerdo a "Baremo para el Fuero Civil de los Dres. Altube y Rinaldi, 2da Ed.", es 13.52 % de la TV. Se aplica la fórmula de la capacidad restante (CR) según corresponda.CASO CLÍNICO PONDERADO INCAPACIDAD
GENÉRICA ASIGNADA CÁLCULO DE CAPACIDAD ESTANTE CÁLCULO DE INCAPACIDAD ESPECÍFICA Cervicalgia contractura muscular
dolorosa persistente, perdida de la lordosis en la radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna (pag 161) Lumbalgia contractura muscular
dolorosa persistente, pérdida de lordosis en las radiografias y reducción del rango de la movilidad de la columna (pag 162) 6% 8% CR=100-6=94% CR=94-7.52=86.48% 6% 7.52% TOTAL 13.52% De ello resulta una Incapacidad del 13.52 % Tipo permanente, Grado parcial, Carácter definitivo de la TV relacionada con el Hecho de la Demanda. .."
Pericia que no ha merecido pedido de explicaciones por las partes, y valoro en los términos del art. 474 del rito, como así también bajo las reglas de la sana crítica que enuncia el artículo 384 del rito, al entender Couture que "la sentencia no se agota en una operación lógica, sino que responde, además, a una serie de advertencias que forman parte del conocimiento mismo de la vida" e incluye las máximas de la experiencia (Arazi-Bermejo-De Lazzari, Falcón, Kaminker, Oteiza, Rojas "Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires" Anotado y Comentado, 2ª edición ampliada y actualizada, Tº I, Año 2012, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 861).
De tal guisa, resulta evidente que la accionante ha logrado acreditar el daño y las secuelas que en su persona le irrogó el hecho de autos, tornando procedente el rubro reclamado por Incapacidad Física (arg. art. 1737, 1738, 1739 del CCyC; 375, 384, 472, 474 CPCC), restando ahora su cuantificación.
Para tal fin, es dable traer a la memoria lo sentado por el Pretorio que considera: ..."a efecto de merituar y graduar cual habrá de ser el monto en el que deba situarse la indemnización por incapacidad, debe el Juez descartar todo método que se funde exclusivamente en cálculos matemáticos actuariales. Los modelos meramente aritméticos son reduccionistas y tienden a la simplificación de lo complejo, lo cual indefectiblemente supone la indebida parcelación de lo exuberante de la realidad, en modelos ideales y más aún; en algún supuesto irreales" (CC001, LM, 558, RSD 20, S, 8/7/2004 in re "Lapiana Francisco c/Empresa 22 de Setiembre SA s/Daños y Perjuicios"); "La indemnización por incapacidad sobreviviente se debe fijar teniendo en cuenta las particularidades de la lesión sufrida y su proyección socio-económica, de acuerdo con las particularidades de la víctima y su inserción en el grupo social, razón por la cual, aun a idénticos porcentajes de incapacidad no necesariamente deben corresponder similares montos indemnizatorios" (CNfed.Civ. y Com., Sala 3º, 16/10/84, ED 113-191). -
Nuestra Cámara Civil Comercial y de Familia Deptal., Sala Primera ha dicho al respecto: "...para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que estas puedan tener en su vida laborar y de relación". Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio (que no es arbitrariedad) judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte como por incapacidad permanente".
(Fallos 320:1361; 325:1156 en Lorenzetti Ricardo Luis, "Código Civil y Comercial de La Nación" Comentado. Tomo VIII, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, p. 528 ) La SCBA ha adoptado como criterio, reiterado en diversos pronunciamientos que "Para determinar el monto de la indemnización por incapacidad física sobreviniente, los jueces no se encuentran compelidos a adoptar fórmulas matemáticas u operaciones aritméticas, sino que en ejercicio de esta facultad, deben ponderar, según las constancias de la causa, las particulares condiciones de la víctima como su edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc "(SCBA LP C 118133 S 08/04/2015 L., M. F. contra Lattes, Gustavo Miguel y otros.
Daños y perjuicios B4200953). Siguiendo la misma línea, coincido con el Dr. De Lázzari -quien, si bien en minoría- ha señalado: "Nada impide que, al tiempo de fijar la indemnización de daños y perjuicios, se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación. Sin embargo, siempre deberá tenerse en cuenta que tales algoritmos no son indispensables y que los jueces (que no somos matemáticos del derecho) no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de un resarcimiento. Mucho menos cuando con aquel uso se pretende -como si fuera un ideal- una exhibición de pureza racional y de asepsia valorativa, o -lo que sería peor- cuando con ello se intenta escamotear la tarea de juzgar realmente la conducta de los hombres o de escapar a las responsabilidades que ello implica." (SCBA LP L 117653 S 14/02/2018 G.,M.
S. contra C. ,H. y o. A. d. t. A. e. JUBA B5048306, el resaltado me pertenece). (...) Las matemáticas financieras dan respuestas a ecuaciones económicas que resultan insuficientes si se aplicaran con exclusividad para cuantificar la incapacidad de la persona humana. Los cálculos actuariales no son previsibles por la imposibilidad de prever evoluciones de la persona humana, expuesta a permanentes modificaciones de su situación laboral que también responden a ciclos formativos e inserciones en los oficios y las profesiones, que impiden programar en el futuro el estado de una persona que ha experimentado el daño a una determinada edad. Las matemáticas no predicen el futuro de una persona humana.
Pareciera que las fórmulas matemáticas aplicadas exclusivamente resultan insuficientes, más aún si se considera que la cuantificación del daño en una época de humanización de la persona, las economías no miden otros aspectos trascendentes donde también repercute el daño y que es motivo contribuyente de la cuantificación. (...) La cuantificación también atañe a considerar repercusiones en ámbitos de desarrollo personal. El deporte, el ocio, el esparcimiento, el disfrute del ambiente familiar y los sueños pendientes a cumplir también requieren la mayor plenitud física y en este aspecto todo detrimento, toda secuela, morigera aptitudes en ámbitos que no se relacionan con las actividades laborales.
(...) Disponer de capital sobre la base exclusiva de números y estadísticas tampoco asegura la finalidad de una renta puesto que la víctima tendrá derecho a disponer de la indemnización siguiendo el orden de sus urgencias, necesidades y prioridades. No es todo caso la constitución de un capital que se desglosa en rentas periódicas." (in re "RODRIGUEZ EZEQUIEL C/ ENCINA CESAR OMAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", causa Nro.:4795/1, LM 39002/2013, RSD Nro.: 251 /19, Folio Nro.: 2458, del 11/12/2019, entre otras).
Asimismo, también conviene recordar que no media infracción legal aun cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en esta quedo aquella librada a lo que "en más o en menos resulte de las probanzas a ofrecerse en autos" (art. 163 inc. 6° del CPCC; conf. SCBA, causas Ac. 53.743, sent. del 5-XII-1995; Ac. 65.214, sent. del 4-III-1997; Ac. 67.732, sent. del 24-II-1998; Ac. 81.476, sent. del 23-IV-2003), como se da en la especie (ver libelo de inicio).
Tampoco puede pasarse por alto que, cuando se trata de determinar el quantum indemnizatorio por los daños provocados por actos ilegítimo, lo dicho por nuestra Corte Pcial, en la causa A. 74.138, "Gelvez, Sebastián contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", 27/11/2019, voto del señor Juez doctor Soria (MA), que cita lo siguiente: "... nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en referencia a una reparación de daños padecidos por una persona humana (arts. 19 y sigs. Cód. Civ. y Com.; 1 apdo. 2, Convención Americana sobre Derechos Humanos) que "tanto el derecho a una reparación integral como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (conf. arts. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335:2333); (CSJN causa O. 85.
L. 'Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/accidente - inc. y cas.', sent. del 10-VIII-2017, considerando 4) (...) "...la reparación debe ser plena en el sentido de que, con los recaudos que exige el ordenamiento, alcance el estándar de una tutela efectiva de la víctima frente al daño injustamente sufrido y, particularmente, en lo que atañe al quantum de la reparación, represente una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado (doctr. Fallos 314:729, considerando 40; 316:1949, considerando 4; 335:2333, considerando 20, entre otros)". El aludido voto precisó que "este principio de la reparación plena -ahora recogido expresamente en el art. 1.740 del Cód. Civ. y Comercial de la Nación- también tenía suficiente y consolidado reconocimiento al amparo del código derogado, aplicable a la especie por razones de derecho transitorio" (cons. 6°).
Advirtió por último acerca de los "criterios interpretativos" que rigen la materia, "recogidos por el legislador en los arts. 1740 y 1746 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, [los cuales] aun cuando no se apliquen al caso de autos, condensan los parámetros ya aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia" (cons. 7°). V.2.d. A la luz de tales precisiones no es ocioso recordar que recogiendo una distinción con sólida raigambre en nuestro medio, cual es la clasificación en "deudas de dinero" y "deudas de valor" (CSJN causas "Agua y Energía Eléctrica S.E.", Fallos: 326:2329; "Adela de la Cruz de Sessa", Fallos: 316:2604; "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA, Ac. 58.663, sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, sent. de 28-X-1997 y C. 59.337, sent. de 17-II-1998; e.o.), el Código Civil y Comercial de la Nación establece de manera expresa en el art. 772 las reglas aplicables a la justipreciación de estas últimas, en estos términos: "Cuantificación de un valor.
Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección". En lo que a la presente controversia resulta de interés, al remitir al "valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda", la citada norma particulariza -ahora de manera explícita para la determinación de créditos como el debatido en la especie-, el criterio del "realismo económico", con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr. arts. 1, ley 24.283; 8, dec. 214/02; 11, ley 25.561 -texto según ley 25.820-; CSJN causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972; "Segovia", Fallos: 317:836; "Román Benítez", Fallos: 317:989; "Escobar", Fallos: 319:2420).
V.2.e. La fijación del quantum con criterio histórico se aleja de los aludidos principios que informan la reparación de los daños sufridos por las personas humanas y por ello debe ceder paso a favor de una perspectiva más acorde con el valor actual en juego. (...) Una etapa en la cual, en adición a lo ya señalado en orden a lo dispuesto en el art. 772 del Código Civil y Comercial la agregación de distintos antecedentes normativos ha venido a reconfigurar el panorama regulatorio en la materia, morigerando la estrictez del régimen previsto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ratificado por la ley 25.561, con sus reformas) a favor de una creciente flexibilidad, por cuya virtud se abren paso considerables excepciones expresas que consagran la inaplicabilidad de tales textos -preferentemente para grandes operaciones financieras (v.gr. leyes 26.313; 26.547, art. 4; 27.249; 27.271, art. 6; 27.328, art. 31 inc.
"d"; decs. PEN 905/02, art. 2; 1.096/02, art. 1; 1.733/04, art. 1; 146/17, art. 5)- o bien se modulan los alcances prohibitivos de aquellos preceptos (v. dec. PEN 1.295/02, derogado por el dec. 691/16, cuyo considerando octavo alude al "aumento generalizado de los precios", entre muchos otros textos)". Ahora bien, bajo tales preceptos y atendiendo a las particularidades de la situación social y económica del Sr. Benitez David de Jesus, de 39 años de edad al momento del hecho de autos, ello de acuerdo a las constancias que se dimanan del BLSG que tramita por ante estos estrados y tengo a la vista en este acto (Expte. nro. 49.593/2023) , y de la pericia psicologica de fecha 30/10/24, y de la IPP ya citada, de la que se desprende en lo sustancial que: El actor Benitez vive con su hija Luana de 16 años producto de su relación anterior, su mujer: Analía de 44 años y los dos hijos de su pareja, estudios secundario eterminado en el 2023 a través de la modalidad "Fines", que alquila su propiedad (ver DDJJ del BLSG), que no resulta es titular de bienes inmuebles (ver respuesta del 7-3-24 RPI del BLSG), que es titular de un automóvil (ver informe RPA del 27-12-23); que no posee tarjetas de crédito, si de debito (ver DDJJ referenciada), que realizó cursos y capacitaciones de reparación de celulares, y que desde entonces y hasta la actualidad se dedica a dicho rubro (ver pericia psicologica).
Ello, más la naturaleza de las lesiones sufridas, el grado y el carácter de la incapacidad "TOTAL 13.52% De ello resulta una Incapacidad del 13.52 % Tipo permanente, Grado parcial, Carácter definitivo de la TV relacionada con el Hecho de la Demanda...", estimo prudente y justo cuantificar el rubro, a la fecha del presente decisorio, en la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE ($13.520.000) (arts. 772, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1746 y ccdtes. del CCyC; 163, inc. 5º, 165, 375, 384, 474 y cctes. del CPCC).
En cuanto al tratamiento de rehabilitación solicitado, habiendo establecido el experto que " ....F- Pronóstico y tratamientos futuros: El pronóstico podría ser de estabilidad o agravamiento, pero nunca de recuperación ad integrum. Consideraciones médico legales: La cervicalgia crónica con contractura muscularpersistente constituye una entidad de relevancia médico-legal, especialmente cuando se acompaña de hallazgos radiográficos como la pérdida de la lordosisfisiológica y limitación funcional objetiva en los movimientos del raquis cervical. Este cuadro clínico suele derivarse de traumatismos directos, esfuerzos repetitivos, lesiones por flexo-extensión o secuelas postquirúrgicas, y puede generar una afectación duradera en la biomecánica cervical.
Desde el punto de vista clínico, se constata contractura paravertebral dolorosa, dolor a la palpación y percusión de apófisis espinosas, y reducción significativa de los rangos de movilidad, especialmente en flexión, rotación e inclinaciónlateral. La extensión se conserva parcialmente, pero con resistencia muscular. No se evidencian signos de compromiso neurológico ni radicular, y la fuerza muscular se halla conservada. El tratamiento indicado incluye fisioterapia analgésica y descontracturante, reeducación postural, ejercicios de movilidad progresiva y eventualmente medicación antiinflamatoria o infiltraciones locales. En casos crónicos, el pronóstico funcional puede ser limitado, especialmente para tareas que impliquen posiciones forzadas del cuello, carga axial o esfuerzos prolongados Consideraciones médico legales sobre lumbalgia: La lumbalgia crónica concontractura muscular persistente constituye una entidad de relevancia médico-legal, especialmente cuando se acompaña de limitación funcional objetiva en losmovimientos del raquis lumbosacro.
Este cuadro clínico suele derivarse detraumatismos directos, esfuerzos repetitivos, sobrecarga mecánica o secuelas postquirúrgicas, y puede generar una afectación duradera en la biomecánica lumbar. Desde el punto de vista clínico, se constata contractura dolorosa de la masa muscular paravertebral lumbar, dolor a la palpación y percusión de apófisisespinosas, y reducción significativa de los rangos de movilidad, especialmente en flexión anterior, inclinación lateral y rotación. La extensión se conservaparcialmente, pero con resistencia muscular. No se evidencian signos de compromiso neurológico ni radicular, y la fuerza muscular se halla conservada. El tratamiento indicado incluye fisioterapia analgésica y descontracturante, reeducación postural, ejercicios de movilidad progresiva y eventualmentemedicación antiinflamatoria o infiltraciones locales.
En casos crónicos, el pronóstico funcional puede ser limitado, especialmente para tareas que impliquen posiciones forzadas del tronco, carga axial o esfuerzos prolongados (...)..8) indique si la víctima fue y/o deberá ser sometida a tratamiento, en caso afirmativo, indique qué tratamiento considera apropiado y el valor aproximado del mismo; Respuesta: El actor es pasible de recibir tratamiento kinesiológico, para mejorar
sintomatología con objetivo paliativo. El tiempo dependerá de la evolución de la sintomatología, aproximadamente entre 10 y 20 sesiones...." (...) .9. Informe si el Actor requerirá para su tratamiento algún gasto futuro. Caso afirmativo describa la práctica e informe su costo a valores actuales. Respuesta: La actora es pasible de recibir tratamiento kinesiológico, para mejorar sintomatología con objetivo paliativo. Los gastos en asistencia médica son ampliamente variables en función de la existencia o no de algún tipo de cobertura y de existir en función de las distintas alternativas. El tiempo dependerá de la evolución de la sintomatología, aproximadamente entre 10 y 20 sesiones..."
Por otro lado, atento lo informado por el Colegio de Kinesiòlogos de la Provincia de Buenos Aires ( https://www.cokiba.org.ar/) en cuanto a los aranceles mínimos refenciales no vinculantes "Prestación en consultorio: $18.000), y el promedio entre sesiones recomendadas por el experto (15), fijo el presente item por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($270.000) (arts. 772, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1746 y ccdtes. del CCyC; 163, inc. 5º, 165, 375, 384, 474 y cctes. del CPCC).
b) DAÑO PSICOLOGICO
Se ha proclamado que este rubro constituye una afectación y alteración en el estado anímico del individuo, con el consiguiente quebranto espiritual, que importa un menoscabo en la salud, considerada ésta en su aspecto integral, computándose asimismo la incidencia o repercusión que todo ello en alguna medida puede aparejar en la vida de relación (CNCiv., sala E, 8-7-88, "Roldan de Aguirre, Gabriela B.c/Bolomo, Luis C. s/Daños y perjuicios", J.A. 1989-IV, Sìntesis. Al decir Zavala de Gonzàlez, se trata de "una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente" y que se desbroza en las lesiones de base orgánica y en las lesiones psíquicas estrictas o neurosis traumáticas" ("Resarcimiento de daños, Hammurabi, 1999, t. II, ps. 93 y 198 y ss.). Según el médico legista Mariano Castex: "por daño psíquico debe entenderse toda forma de deterioro, o disfunción, o disturbio, o alteración, o desarrollo psicogénico o psicorgánico, o trastorno, o perturbación, que impactando sobre sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa ("El daño en psicopsiquiatria forense, Ad Hoc, 2003, p.38). (Héctor Eduardo Leguisamón, "Derecho Procesal de los Accidentes de Tránsito, T II. Ed. Rubinzal Culzoni, 2013, pàg. 118).
Los Tribunales han dicho: "Al resarcir este tipo de daño no se trata de comprender ni de identificarse empàticamente o moralmente con el damnificado, sino de objetivar un diagnostico clínico que tenga entidad psicopatologica. Por otra parte, es dable recordar que para establecer el daño psíquico se ha de proceder de la misma manera que para determinar el deterioro físico. En el caso de que se probare la existencia de dicho daño, sera necesario distinguir entre el que se ha producido como consecuencia directa del acaecimiento del siniestro y aquel que se ha derivado de la situación personal anterior del damnificado. La distinción es útil porque el causante del hecho ilícito sólo debe cargar con las consecuencias derivadas de aquel y paliar esas secuelas exclusivamente (...). Asimismo, en un individuo sano las perturbaciones podrán conmover o alterar momentáneamente el equilibrio por un lapso, mas lo normal es que pueda evitar el acarreamiento de connotaciones de índole patológica a través de sus propias defensas" (CNCiv. Sala J, 28/9/2012, "Rìos Juan Carlos c/Pèrez, Ercila Jorge Ariel y otro s/Daños y perjuicios", Expte. 37015/06 y su acumulado "Prov. Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/Pèrez, Ercila Jorge Ariel y otro s/Daños y perjuicios" Expte. 13301/06).
Con lo expuesto puede ir vislumbrándose que el déficit en el ámbito psíquico debe ser diferenciado del daño moral, dado que si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquel reviste -como se expusiera- connotaciones de índole patológica.
En tal directriz se dijo: ..."el daño moral tiende a indemnizar, no la incapacidad resultante, sino los sufrimientos que demanda la curación y los inconvenientes en la vida laboral y social. El daño psíquico y moral son conceptos independientes, y por lo tanto, los dos susceptibles de indemnización autónoma" (CNTrab. Sala III, Octubre 31-1991, "Lencina Sergio A. c/Ind. Bulonera Arg. SA- DT, 1992-A, 133-DJ, 192-1-766 -Digesto Practico La Ley, Daños y Perjuicios, IV, Primera Edición, pág. 429, criterio en el que se enrolara la Sala Primera de la Excma. Cámara Civ. y Com. Deptal. in re "Dìaz, Alejandro Gustavo y otro c/Ariete Eduardo Dario Luis y otro s/Daños y Perjuicios" Expte. 1588/1, RSD 69/09, Folio 502, 12/11/2009).
De tal guisa y de la peritación psicológica de fecha de la cual atento a sus consideraciones técnico-científicas no encuentro mérito alguno para apartarme y valoro en los términos del art. 474 del CPCC, la experta concluye: ".. Conforme lo evaluado, el cuadro que presenta el examinado, según el manual de enfermedades mentales D.S.M. IV se corresponde con un TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO crónico (F 43.1), ya que los síntomas pasaron los tres meses. Según el Baremo para daño neurológico y psíquico de Castex y Silva se corresponde con el cuadro de DESARROLLO PSÍQUICO POSTRAUMÁTICO con el % 10 (diez por ciento) de incapacidad. Resultaría beneficioso la realización de un tratamiento psicoterapéutico que le posibilite un espacio de escucha, apoyo y contención. El insight respecto del significado del síntoma posibilita al paciente identificar y afrontar futuras situaciones de peligro. A tal efecto informo que los honorarios que se manejan dentro de esta profesión oscilan los $25.000 la sesión, dependiendo los mismos del profesional elegido. Generalmente las sesiones son semanales, cada sesión dura aproximadamente 45 minutos y la duración del tratamiento es de alrededor de 6 meses. ..."
Ahora bien, atendiendo a las particularidades de la actora ya analizadas en el rubro que antecede, las pruebas psicológica citadas, considero que el daño ha de prosperar.
En cuanto a su cuantificación, estimo prudente y justo, en virtud del grado de incapacidad merituada por los peritos en un 10 % con nexo causal directo con el hecho de autos, fijarla en la suma de DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) a la fecha de este decisorio (arts. 772, 1737, 1738, 1739, 1744, 1746 y ccdtes. del CCyC; 163, inc. 5º, 165, 375, 384, 474 y cctes. del Cód. Proc.).
También habrán de tener acogida los gastos de tratamiento psicológico que surgen de las pericias referenciadas, pues se ha entendido que "...El daño psicológico no se trata de una categoría autónoma o sui generis de daño, sino que estrictamente, es una lesión con aptitud productora de perjuicios. Puede tener sus proyecciones en el daño moral, como factor de agravamiento o pauta valorativa, como en el daño emergente, consistente en los gastos que demandará el tratamiento en caso de ser necesario. .." (CC0102 MP 166474 67-S S 28/03/2019, "Arroyo, Virginia Alejandra c/ Palacios, Patricia Mónica y otra s/Daños y Perjuicios ").
Consecuentemente, en atención a lo peritado por la experta en psicologia, al respecto
Sin perjuicio de ello, atento el proceso inflacionario que atraviese nuestro país, que resulta de publico conocimiento, considero que habrá de tomarse en cuenta, a los efectos de justipreciar este item, el valor de la Unidad Psicológica (UP), que determina el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, que asciende, actualmente a la suma Valor UP al 1 de octubre de 2026 $ 5.250 (cinco mil doscientos cincuenta pesos), y el ARANCEL MÍNIMO SUGERIDO PARA TODA PRÁCTICA CLÍNICA INDIVIDUAL es de $ 31.500 (treinta y un mil quinientos pesos) (6 UP).( https://colpsiba.com.ar/mtr/val_mtr.php). Consecuentemente, fijase el rubro, conforme tal guarismo (26 semanas a 31.500 la sesión), en la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL ($819.000) (arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1746 y ccdtes. del CCyC; 163, inc. 5º, 165, 375, 384, 474 y cctes. del Cód. Proc.).
c) DAÑO MORAL
Es reiterado por nuestro Supino Tribunal Pcial en su repertorio jurisprudencial que "Debe considerarse al daño moral como la lesión a derechos que afecten el honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. En cambio no es referible a cualquier perturbación del ánimo. Basta para su admisibilidad la certeza de que existió, ya que debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa-. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido" (...), su determinación "...no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión..." (SCBA LP C 119073 S 29/08/2018 (MA), in re "Caffaro, Norberto José y otros contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios. Por responsabilidad del Estado por sus agentes o función.; LP C 101573 S 17/08/2011 (SD) in re "Binelli, Rosana Laura c/BBVA Banco Francés S.A. s/Daños y perjuicios".).
Así las cosas evaluadas las presentes actuaciones, tipo de lesiones, edad de la víctima, sexo, condiciones socio-económica, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, que doy por reproducidas en este acto, bajo la óptica de la sana critica, el reclamo al respecto habrá de proceder, fijándoselo en la suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA ($11.760.000) estimado al día de la fecha (arts. 772, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744 y ccdtes. del CCyC.; arts. 165 y ccdtes. del CPCC).
d) Gastos de atención médica, farmacia y traslado
Reclama, la demandante finalmente bajo esta parcela todos los gastos que se le irrogó con motivo del hecho ilícito que se ventila en autos.
Al respecto, se ha entendido que la victima de un hecho ilícito tiene derecho al resarcimiento de los gastos en los que debe incurrir con motivo de la conducta antijurìdica. En principio, la realización y el importe de los gastos debe ser acreditado por el actor mediante la prueba pertinente (v.gr.: recibos, facturas, informes, etc.). Sin embargo, cuando se trata de daños a la salud de las personas, la jurisprudencia suele presumir que ciertos gastos debieron realizarse aun cuando no se los pruebe concretamente. Así ocurre generalmente con los gastos de asistencia médica, compras de medicamentos, y de traslados.
Tal presunción, aplicable a erogaciones de diversa índole, resulta rebatible por prueba en contrario, cuya producción incumbe a quien alega la improcedencia del reclamo, contrariamente al curso natural y ordinario de las cosas. Ello es así -dentro de los alcances que la apuntada razonabilidad permita presumir-, en atención a la dificultad probatoria que generalmente se presenta para el actor en estos casos, vinculada a la demostración exacta de la cuantía del menoscabo invocado. (Claudio M. Kiper, "Proceso de Daños", Tomo II, La Ley, 2008, pàg. 44/45).
En igual directriz se ha enrolado nuestra Cámara Civil y Comercial Deptal, Sala Primera, in re "Rocca, Dario Fabìan c/La Vecinal de La Matanza Sociedad comercial e Industrial de Microomnibus y otro s/Daños y Perjuicios" (Causa 885/1, RSD 64, Folio 428, 9/8/07) "...el art. 1086 del Còd. Civ., da cabida a todos los gastos de curación necesarios para recuperar el estado de la víctima anterior al suceso dañoso (...) No se exige para la procedencia del resarcimiento por tal concepto una acabada prueba documentada de la erogaciòn, diciéndose que no es necesario acreditar los gastos médicos y de farmacia si guardan relación con el daño sufrido, procediendo su pago aun ante la falta de una adecuada documentación probatoria..."; "...Conforme a las máximas de experiencia de este Juzgador, resulta notorio que cuando se dan este tipo de lesiones, lo que aparece urgente para la víctima es la atención médica, la utilización de medicamentos y la necesidad del traslado en medios como remises o taxímetros, no siempre se documentan"/("Sosa Jorge Antonio c/Sanchez Gustavo Adolfo s/Daños y Perjuicios" Causa Nº 14/11, RSD nº 33/08, Folio 238, 5/6/2008, entre otras).
En su virtud, atento no solo a las circunstancias de la causa (tipo de lesiones, tiempo de recuperación, lugares de atención médica, etc.), las probanzas arribadas, que ya fueron descriptas en el ínterin del dictado de este decisorio y de los guarismos que se vienen aplicando para casos análogos en la jurisprudencia, tengo por procedente el rubro, el cual justiprecio en la suma de pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) (arts. 772, 1740, 1744, 1746 y ccdtes. CyCC; arts. 165, 384 y ccdtes. del CPCC).-Reclama la actora bajo esta parcela todos los gastos que le irrogó con motivo del hecho ilícito que se ventila en autos.
IX. La actualización monetaria y el cómputo de los intereses La parte actora solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 en tanto y en cuanto modifica los arts. 3, 7 y 10 de la ley 23.928, manteniendo la prohibición de indexación de créditos. Por otro lado, la citada en garantía solicita se rechace tal planteo, no correspondiendo tal declaración al no haberse afectada la perdida o disminución del patrimonio de la victima. Habiéndose pronunciado al respecto también, el Ministerio Publico.
Frente a lo cual cabe traerse a la memoria que la Excma Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, ha resuelto al respecto in re "BERGES JAVIER MARCELO HECTOR C/ PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" (LM - 9180 - 2022) con fecha 25/9/25 que "... Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el novedoso caso: "Barrios" citado ha resuelto que: "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, por ende, corresponde: a) revocar el fallo impugnado en lo que hace a los daños psíquicos de ambos accionantes, los cuales deberán ser incluidos en la reparación de la incapacidad otorgada en este proceso, y b) declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561 , del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado.
Asimismo, deberá remitirse el expediente a la Cámara de Apelación para que: a) calculando el valor a la fecha del pronunciamiento que aquí se ordena, determine el monto correspondiente al agravio reclamado en el recurso que se estima en esta sentencia, conforme a los criterios o parámetros de valorización empleados en el caso; b) por cuanto concierne a los demás rubros indemnizatorios reconocidos en la causa, establezca el mecanismo de actualización que correspondiere aplicar y la tasa de los intereses puros ; c) todo ello, con arreglo a lo establecido en el presente pronunciamiento (en particular en los apartados V.16.c., V.17.a., V.17.b., V.17.c., V.17.d, V.17.e. y V.17.f. del voto que abre el acuerdo).
(Ac. SCBA 3971/20). (SORIA Daniel Fernando - JUEZ KOGAN Hilda JUEZA- GENOUD Luis Esteban - JUEZ - TORRES Sergio Gabriel JUEZ CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA). (el subrayado no es original). Tal como señaló mi distinguido colega de sala Dr. Taraborrelli, en un reciente voto al que he adherido "Como vemos, la Corte provincial ha modificado el criterio sostenido en épocas anteriores respecto a la actualización monetaria, por entender que, en un contexto de acusada inestabilidad económica, la aplicabilidad a ultranza del artículo 7 de la ley 23.928 genera una perturbación severa para la justa composición de los conflictos. Circunstancia, que ha motivado la declaración de inconstitucionalidad el artículo 7 de la ley 23.928 con el fundamento de que desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz.
Así las cosas, y toda vez que actualmente no puede desconocerse la existencia de un contexto inflacionario, dicha circunstancia me lleva a rechazar los agravios del demandado, atendiendo parcialmente a la queja del actor, propiciando la declaración de inconstitucionalidad de oficio de la norma que prohíbe indexar. En consecuencia, corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado. Adelanto que la solución que se propicia, no resulta incompatible con la cuantificación realizada a valores actuales; toda vez que este magistrado al momento de sentenciar ha fijado y liquidado una deuda de valor a favor de los accionantes, la cual naturalmente pasará a constituirse en una deuda de dinero.
Dicha circunstancia, no impide optar por el camino que se ha seguido, pues que en palabras de la SCBA los rubros pueden ser sometidos a un "mecanismo de actualización que correspondiere aplicar y la tasa de los intereses puros". " (ESCUDERO GONZALO NAHUEL Y OTRO C/ ZACARIAS FERNANDO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"LM-31361/2017 Sentencia del 15/4/25) Asimismo, toda vez que las indemnizaciones han sido estimadas a valores actuales y atendiendo al criterio sostenido por el Tribunal provincial en la causa "Paredes", entre otros, atendiendo a como han prosperado las partidas indemnizatorias apeladas , corresponde aplicar el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, momento en que se estiman los daños a valores actuales (arts. 724, 726, 768, Inc.
"c", 772, 886, 887, 888 y 1.748 del CCC). Y partir de allí, aplicar un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de primera instancia- y hasta su efectivo pago. .."
Consecuentemente, siguiendo tales sólidos fundamentos entiendo corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado. No resultando esta decisión incompatible con la cuantificación realizada a valores actuales; toda vez que se ha fijado en la presente una deuda de valor a favor de los accionantes, la cual naturalmente pasará a constituirse en una deuda de dinero. Dicha circunstancia, no impide optar por el camino que se ha seguido, pues que en palabras de la SCBA los rubros pueden ser sometidos a un "mecanismo de actualización que correspondiere aplicar y la tasa de los intereses puros". " (ESCUDERO GONZALO NAHUEL Y OTRO C/ ZACARIAS FERNANDO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"LM-31361/2017 Sentencia del 15/4/25)
Consecuentemente al capital de condena deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, en concepto de interés, desde que se han producido los perjuicios establecidos en la sentencia -fecha del hecho: 22 de agosto del 2022 - y hasta el momento en que adquiera firmeza la presente. Y partir de allí, aplicar un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha en que adquiera firmeza la sentencia de primera instancia- y hasta su efectivo pago.
Solicita la aseguradora la aplicación de lo normado en el art. 505 del C.C, actual art. 730 del Código Civil y Comercial, que dispone "... Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derívase el litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si la regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas ...", y la accionante su inconstitucionalidad.
Así las cosas, a esta altura del proceso resulta prematuro expedirse en cuanto a su aplicación, puesto que ello se avizorara en la etapa de liquidación y regulados que se encuentren los honorarios de los distintos profesionales que intervinieron en autos, por lo que corresponde diferir su tratamiento para dicha etapa procesal.
Conforme el criterio objetivo de la derrota sustentado por el artículo 68 del Código Adjetivo, las costas generadas en esta instancia deben ser soportadas por el demandada JUAN MACARIO ROCHA y su citada en garantía ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. ,, al revestir la estos calidad de vencidos en la contienda (art. 68 CPCC; Ley 17418 arts. 110 y 111).
XII. En suma, por las precedentes consideraciones, citas legales y jurisprudenciales y, lo establecido en los artículos 34 y 163 del Código Procesal Civil y Comercial, FALLO : 1º) HACER LUGAR a la demanda instaurada por el actor, Sr. BENITEZ DAVID DE JESUS y en consecuencia, condenar al Sr. ROCHA JUAN MACARIO , extensiva a la aseguradora citada en garantía "ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." , ésta en la medida de la cobertura contratada, a abonar dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($36.569.000) , con más los intereses establecidos en el considerando IX) y hasta su efectivo pago. 2º) DECLARAR la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado; 4º) APLICAR el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho hasta que adquiera firmeza la presente, momento en que se estiman los daños a valores actuales (arts. 724, 726, 768, Inc. "c", 772, 886, 887, 888 y 1.748 del CCC). Y partir de allí, APLICAR un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de primera instancia- y hasta su efectivo pago . 3º) IMPONER las costas del proceso a la demandada Rocha Juan Macario y su citada en garantía "ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." en su calidad de vencidos ( art. 68 del CPCC). 4º) DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 Dec Ley 8904/77 y art. 51 Ley 14967). 5 º) DIFERIR el planteo de inconstitucionalidad y aplicacion del art 730 del CCyC para su oportunidad. 6º) OPORTUNAMENTE líbrese oficio al Organismo de Contralor a fin de anoticiar el cese de actividades de los peritos intervinientes (Cfr. SCBA AC 2728). REGISTRESE. NOTIFIQUESE mediante despacho auto notificable (Ac. 4039/2021, que modifica Ac. 4013/2021).
Firmas
Funcionario firmante: ROTA Edith Irene - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 56-2026
Fin de la sentencia