Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2458/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 270/275 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en 277 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2458/21-TSJ Interlocutorio N°: 3642 Actor: BENITEZ VANESA LORENA Demandada: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 18-11-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3642 FOLIO Nº 6370/6373 PROT. ELECT. TSS1 063 I.211
Río Gallegos, 18 de noviembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “BENITEZ VANESA LORENA C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ AMPARO”, Expte. Nº B-20.390/19 (B-2458/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Matías E. Solano (cfr. fs. 270/275), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 265/267 vta.. Esta última confirmó la sentencia de Primera Instancia, en cuanto al rechazo del amparo; sin embargo, revocó la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la docencia dictada por el Consejo Provincial de Educación mediante la Resolución N° 1260/18 (cfr. fs. 267 y vta.). A su turno, la sentencia de Primera Instancia había decidido desestimar el amparo en virtud de no reunir los requisitos formales de procedencia (cfr. art. 2º y cctes. de la Ley Nº 1117 y sus modificatorias) atento que los requisitos de ilegalidad y arbitrariedad no resultaban manifiestos y que si bien se encuentra controvertido el hecho denunciado el mismo debía ser tratado y resuelto por otra vía más idónea (cfr. fs. 232/234 vta.).-
II. Que en su recurso de casación, el apoderado del Consejo Provincial de Educación, plantea que: “...el motivo de la casación consiste en la violación de las normas legales que seguidamente se exponen, por omisión lisa y llana de las mismas y que, a nuestro entender resultan de inexcusable aplicación a la presente causa; así como por el apartamiento de la doctrina legal vigente de este Tribunal Superior de Justicia, aplicable al caso. A) Sustantivas: *Violación del art. 3, el art. 13 inc. b) y el art. 19 de la ley 14.473. En tanto disponen las condiciones necesarias para ejercer la docencia. * Violación del Acuerdo 185/97 en su art. 47, en tanto establece que los docentes que 'El personal docente de los Institutos (de Gestión Privada) deberán inscribirse en la Junta de Clasificación del nivel correspondiente al desarrollo de sus actividades, de acuerdo a la reglamentación vigente en la provincia'. * Violación del art. 192 inc. b) de la ley 3305 que establece que la presidencia del Consejo Provincial de Educación tiene entre sus atribuciones la de nombrar y remover a los docentes, de acuerdo a la normativa vigente; B) Doctrina legal: * Que el fallo impugnado se aparta de los precedentes dictados por este Tribunal Superior de Justicia en el siguiente resolutorio: 'M., N.
E. vs. Ministerio Hijos del Altísimo s. Laboral///Tribunal Superior de Justicia, Santa Cruz, 19-mar-2018; Rubinzal Online, RCJ 3476/18'.” (cfr. fs. 271 vta./272).- Manifiesta que: “...el fallo impugnado adolece de serias falencias formales, en tanto decide crear una excepción legal, lo cual torna abusiva y contradictoria la sentencia; Que en este sentido el fallo viola la igualdad ante la ley y el debido proceso legal, avanzando sin razón legal alguna sobre el marco de decisiones y regulaciones en las que solamente resulta competente este Consejo Provincial de Educación, siendo por lejos, una cuestión que excede el marco de facultades de la Excma. Cámara de Apelaciones y de cualquier magistrado; Robustece lo que aquí se afirma que estamos en el marco de una acción de amparo, sobre lo cual tanto en primera como en segunda instancia se ha resuelto que no resulta ser la vía legal para el reclamo que la docente intenta, por lo cual mal podría el resolutorio impugnado privar de efectos el acto administrativo puesto en crisis por la pretensa amparista, a pesar de que la misma Excma.
Cámara resuelve en el sentido mencionado. Ello supone una seria contradicción, intolerable a la luz de los principios, derechos y garantías que gobiernan estos procesos judiciales.” (cfr. fs. 272 y vta.).- Plantea que el fallo impugnado asienta su razonamiento sobre la base de considerar sanciones diferentes a la cesantía respecto de la inhabilitación para ejercer la docencia. Considera que no hay posibilidad de escindir ambas cuestiones. Afirma que: “...aquel docente en cesantía queda automáticamente inhabilitado para el ejercicio de la docencia por tiempo determinado [...] Que, para poner más clara la cuestión, un docente a quien se le aplica cesantía no puede ejercer la docencia y con ello, la inclusión de la inhabilitación en la Resolución 1260/18, motivo de la impugnación que dio origen a este proceso judicial, es solamente con fines aclaratorios y de seguridad jurídica.
Es decir que, la inhabilitación es una consecuencia de la cesantía y no una sanción diferente. La cesantía constituye una inhabilitación para el ejercicio de la docencia en esta provincia. Que la Excma. Cámara de Apelaciones en su decisorio omite aplicar la legislación vigente, incurriendo en error in iudicando otorgándose prerrogativas que le son ajenas y provocando un injusto jurídico. Que la única autoridad competente para decidir la habilidad de los docentes para el ejercicio del cargo es el Consejo Provincial de Educación que aquí represento, y no tiene la autoridad judicial facultades para decidir si un docente es 'hábil' o 'inhábil' para ejercer la profesión. La Excma. Cámara incurre en contradicción cuando confirma la sentencia de Primera Instancia, en tanto rechaza la acción de amparo, y con ello confirma la cesantía dispuesta por este Consejo Provincial, y paralelamente decide per se otorgar habilitación para el ejercicio de la docencia a la Sra.
Benítez.” (cfr. foja 272 vta./273).- Destaca que se han violado los artículos 3º y 13 de la Ley Nº 14.473, que la Alzada ha decidido hacer una excepción a la normativa que emana del Estatuto docente, lo cual, le está vedado. Añade que: “...las condiciones para ejercer la docencia son estatutarias y no está facultado ningún magistrado para crear excepciones, mucho menos sino (sic) ha sido motivo concreto de agravio ni solicitud por las partes. Así, el resolutorio impugnado está violando la igualdad ante la ley y el debido proceso legal.” (cfr. fs. 273 vta./274).- También aduce que se violó el artículo 47 del Acuerdo Nº 185/97 “...en tanto establece que los docentes que 'El personal docente de los institutos (de Gestión Privada) deberán inscribirse en la Junta de Clasificación del nivel correspondiente al desarrollo de sus actividades, de acuerdo a la reglamentación vigente en la provincia.' Como se desprende de la citada norma, todo docente debe inscribirse en la Junta de Clasificación de que se trate, para lo cual debe cumplir con las condiciones estatutarias para el ejercicio de la docencia, que vienen dadas por la ley 14473 tanto como por la ley 13047.
El A Quo al escindir la cesantía de la inhabilitación está tornando ineficaz la sanción aplicada, por cuanto, la docente podría seguir ejerciendo, a pesar que, luego de la sustanciación del sumario administrativo previsto en la legislación se comprobó que la misma incurrió en una falta administrativa grave, ante lo cual se aplicó una sanción que le hizo perder las condiciones para el ejercicio de la docencia, por tiempo indeterminado.” (cfr. foja 274).- Añade que se ha violado el artículo 192 de la Ley Nº 3305, que establece -en concordancia con el artículo 82 de la Constitución de Santa Cruz-, que será el Consejo Provincial de Educación el encargado de la dirección de la educación en esta Provincia.
Observa que el artículo 192, inciso c) de la Ley Nº 3305 establece que entre las atribuciones de la presidencia del Consejo Provincial de Educación está la de nombrar y remover docentes, con sujeción a la normativa vigente (cfr. foja 274).-
Expresa que el fallo impugnado se aparta del precedente “M., N. E. vs. Ministerio Hijos del Altísimo s. Laboral” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 620, Folio 3566/3575). En este decisorio, sigue diciendo, este Cimero Tribunal afirma que es el Consejo Provincial de Educación el único con la potestad de aplicar una sanción administrativa, así como de llevar adelante la sustanciación del sumario administrativo previo, instituido por el Acuerdo 219/96 del Consejo Provincial de Educación (cfr. foja 274 vta.).- A fs. 277 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
En PE130927-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En este análisis previo, se detectan falencias en la funda-mentación del recurso, que obstan a su concesión.-
Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas del impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es que en relación al invocado equívoco en que habría incurrido la Excma. Cámara de Apelaciones al revocar la sanción de inhabilitación impuesta a la amparista, no pasa de la exposición de su personal y discordante criterio al del juzgador, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.-
Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Excma. Cámara de Apelaciones, además de apontocar sus fundamentos en la normativa provincial, sostuvo que: “...se observa que se ha impuesto a Vanesa Benítez una sanción de Cesantía e Inhabilitación, que no está prevista en el Estatuto del Docente en el cual se funda la decisión (art. 54 Ley 14473), ni corresponde su introducción por vía de reglamentación. Ello pone en juego derechos de raigambre constitucional como lo es la afectación del derecho a trabajar y enseñar (art. 14 de la C.N.). Además de ser claramente violatorio del principio de legalidad y violándose la garantía de no arbitrariedad en base al principio de razonabilidad (art. 18 y 28 de la Constitución Nacional)...entendemos que es procedente expedirnos a través de la presente, revocando la sanción de inhabilitación como se peticiona, por exceder el límite de legalidad y razonabilidad...” (cfr. foja 267).- Así las cosas, se observa que los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre porqué se debería aplicar la sanción de inhabilitación.
Pero en relación a estos asuntos tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).- Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales o principios generales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2960, Folio 4761/4764, entre otros).- Las conclusiones a las que se arribara en la sentencia de Segunda Instancia no son refutadas por la recurrente mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación, sino que constituyen, como se adelantó, una mera discrepancia con el criterio adoptado por los Magistrados. En este sentido este Tribunal Superior de Justicia ha señalado: “...que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación.
En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (conf. Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2661, Folio 4030/4032; ídem, Reg. 2685, Folio 4097/4099; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2854, Folio 4498/4502).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3107, Folio 5078/5080).- Desde otro cuadrante, tampoco se avizora infracción de la doctrina legal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia.-
La violación de la doctrina legal se encuentra reglamentada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, se debe señalar que el recurso de casación reglamentado por dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…a) Haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.-
Al respecto, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que “…'...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)…'...” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521).-
Como se anticipó, tampoco es de recibo la denuncia de violación de la doctrina legal que se cita, toda vez que en el antecedente indicado mediaron presupuestos fácticos diversos a los propios del caso bajo juzgamiento que tornan inhábil su invocación como fundamento del embate.-
Cabe señalar que este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…'Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos…'...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación. El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...' (confr. Hitters, Juan Carlos, 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y Casación', ed. 1984, p. 250...' (confr.
Tomo IV -Interlocutorio-, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, '...ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...' (cfr. STJ. Chubut, 28-5-90, 'Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido', Causa A-58), y en su caso, '... la demostración de su vinculación con el problema a resolver...' (confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A 564)'…” (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192; XXXII, Reg. 3612, Folio 6263/6267).- Teniendo presente lo antedicho, se constata que el fallo citado por la recurrente no refiere al tema basal en autos y sí a cuestiones de índole puramente generales y dogmáticas; vale recordar que: “…no basta alegar la infracción de doctrina legal; es necesario precisar cuál es la violada, que la citada sea una verdadera doctrina legal, rectamente interpretada y patentizar en el recurso su aplicación al caso…” (cfr.
Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, LEP, La Plata, 2004, Tomo II, págs. 211/212).- Así, cabe poner de resalto que en la causa “Moreno Nilda Elizabeth c/ Ministerio Hijos del Altísimo s/ Laboral”, Expte. Nº M-23.275/10 (M-2079/16-TSJ), Sentencia registrada al Tomo XVIII, Reg. 620, Folio 3566/3575, este Alto Cuerpo trazó una serie de directrices en torno a la procedencia de una indemnización por despido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 y concor-dantes de la Ley de Contrato de Trabajo, respecto de un docente de un Instituto Privado de Enseñanza. Esta cuestión es diametralmente distinta a la ventilada en el caso sub examine; por lo tanto, no se verifica ningún desvío de la línea interpretativa oportunamente fijada, desde que las circunstancias fácticas difieren de las existentes en la presente causa.- Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar de denuncia de violación de las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso legal; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
IV. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 270/275 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en 277 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 270/275 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en 277 y vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1063I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3642 Folio N°: 6370/6373 Secretaría: 1
Fin de la sentencia