Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.885-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción, con costas costas a las co-actoras.
2Confirmar la multa impuesta por el art. 1 de la Resolución DE PRLA n° 7904/2015, cuyo importe asciende a la suma de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($111.540,44), con costas a la co-actora BENTELER AUTOMOTIVE S.A.
3Confirmar parcialmente el cargo tributario formulado en el art. 3 de la Resolución DE PRLA 7905/2015, declarando que la deuda tributaria a cargo de las recurrentes asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (U$s 36.995,17), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 27/02/2013 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a las co-actoras.
4Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y Ganancias ($63.977,96), con costas al Fisco.
5Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la co-actora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.000).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-15530577-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 14 de Febrero de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia Beatriz Sarquis (Vocal subrogante de la vocalía XVIII Nominación), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “BENTELER AUTOMOTIVE S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expediente nro. 36.885-A. y acum. Nro. 37.002-A, caratulado "ZURICH ARGENTINA SA. COMPAÑÍA DE SEGURO c/ DGA s/ apelación";
La Dra. Sarquis dijo:
I. A fs. 2/17, se presenta por apoderado la firma BENTELER AUTOMOTIVE S.A e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA nro. 7905/15, de fecha 3/12/15 dictada por el Departamento de Procedimientos legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, en la actuación SIGEA nro. 12197-15162- 2005, en cuanto condena a la firma por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. al pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo, la que asciende a la suma de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($111.540,44) y formuló cargo por tributos adeudados cuyo monto asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 36.995,17 ) y TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 63.977, 96) correspondiente a la destinación 04 001 IT14 007656 K oficializado el 21/10/2004.
Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa. Sostiene que su representada ha dado pleno cumplimiento a los compromisos asumidos, reexportando los insumos importados luego de ser sometidos al proceso industrial debidamente autorizado por la Secretaría de Industria, en un todo de acuerdo a la relación insumo/producto autorizada por la autoridad de aplicación del régimen. Alega la prescripción de la acción para percibir tributos. Manifiesta que el auto de apertura de sumario del 9/12/2010, no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805 del C.A. toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094 inc. d) del C.A. en cuanto no notifica la liquidación de los tributos que pudieren corresponder.
Resalta que tampoco se corrió vista en la cual obrara la liquidación tributaria, antes del 14/12/2012. Cita jurisprudencia. Se agravia de la tasa de interés resarcitoria en dólares. Alega que el quantum resulta confiscatorio y carece de toda legalidad por tratarse de importes que se adeudan en dólares hasta el día de su cancelación. Pide que ante un supuesto de ratificar el ajuste de valor del fisco, ordene adecuar al fisco la tasa de interés resarcitorio del 36% anual a un 16% anual máximo. Sostiene la nulidad de la resolución. Manifiesta que en la ratificación de la denuncia no hace mención a los argumentos que su mandante esgrimió al interponer el recurso de contestación de vista, tampoco hace alusión sobre la prueba documental aportada y que se limita a mencionar que el CTC aportado no ampara la mercadería.
Alega la exigencia legal de fundar el acto administrativo a través de la motivación. Cita jurisprudencia. Solicita se aplique el art. 14 de la LNPA y se declare la nulidad de la Resolución. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 24/37 refoliado, se presenta la firma ZURICH ARGENTINA SA. COMPAÑÍA DE SEGURO, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA nro. 7905/15, de fecha 3/12/15 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, en la actuación SIGEA nro. 12197-15162-2005), en cuanto condena a la firma, en su carácter de garante, al pago de tributos adeudados por la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 36.995,17) y por la suma de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 63.977, 96) en concepto de IVA adicional y ganancias, con más los intereses del art. 794 del C.A, con relación a la infracción tipificada en el art. 970 del CA, respecto de la mercadería amparada por el despacho de importación temporaria N° 04 001 IT14 007656 K (póliza N ° 38304). Hace una breve reseña de los hechos en sede aduanera en particular, de la defensa relacionada al límite de responsabilidad (SUMA MÁXIMA ASEGURADA), que se encuentra consignada en pesos, pidiendo agregación del original e impugnando el print de pantalla agregado por no coincidir con la suma efectivamente asegurada por ZURICH. Planteó cuestiones relativas al tipo de cambio con el que se liquidaron el IVA adicional e impuesto a las ganancias. Se agravia en esta instancia de la prescripción del fisco para percibir tributos en los términos del art. 803 del C.A. Alega la nulidad del auto de apertura. Sostiene que no contiene ninguno de los requisitos que establece el art. 1094 del C.A. Por lo que no puede otorgarse efectos suspensivos del plazo de prescripción al referido acto de apertura del sumario. Cita jurisprudencia. Aduce la nulidad de la resolución apelada por carecer de los requisitos del acto administrativo y de todo decisorio. Manifiesta que no se ha sustanciado debidamente la prueba, ni se produjeron todas las pruebas ofrecidas por su parte y el importador, incumpliendo con lo que establecen los arts. 1107 y ccdtes. del C.A. Se agravia de los plazos y cita el fallo LOSICER JORGE C/ BCRA. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia haciendo lugar a la apelación impetrada con costas.
III. A fs. 43 se resuelve acumular el expediente n° 37.002-A al expediente n° 36.885-A.
IV. Que a fs. 55/62 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. En primer término, realiza una breve reseña de lo actuado en sede aduanera y formula una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Sostiene que la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos no tiene lugar. Resalta que, a diferencia de lo que ocurre con la prescripción punitiva, el texto legal dispone específicamente (al hablar de instrucción de sumario), la suspensión del cómputo del plazo cuando hablamos de tributos. Alega que el plazo quinquenal comenzó a correr el 1/1/2006 y de no haber mediado acto interruptivo ni suspensivo, la prescripción hubiese operado el 31/12/2010, manifiesta que sin embargo el 9/12/2010 se instruyó sumario suspendiéndose el término del instituto. Sostiene que sin perjuicio de lo expuesto, la aseguradora reconoce explícitamente que la acción del fisco no está prescripta, pero plantea la prescripción. Señala que, sosteniendo que la tramitación del sumario infraccional en sede aduanera haya sido desmedida, no puede saltearse la posibilidad prevista por el propio C.A. de interponer acción de amparo frente a la mora de la Administración. Resalta que la importadora se acogió voluntariamente a un régimen preferencial. Sostiene que la importadora no cumplió con sus obligaciones y la aduana, en consecuencia, no puede ejercer su función de control sobre la mercadería ingresada temporalmente, reuniéndose los elementos constitutivos de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. Manifiesta que, en todo procedimiento, se tiende a impedir la declaración de la nulidad por la nulidad misma. Sostiene que los actos en cuestión contienen los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo. Cita jurisprudencia. Alega que si la recurrente discrepa con la DGA, no es una cuestión que afecte la forma, sino que constituye el fondo del asunto. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la excepción de prescripción como la apelación interpuesta por las contrarias, con expresa imposición de costas en ambos casos.
V. Que a fs. 63 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba la que obra agregada a fs. 67/121, 131/163,169/174. Con posterioridad, se clausura el período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar. Mediante PV-2024-13906821-APN- SGASAD#TFN se agregan los alegatos del fisco y se deja constancia que las co-actoras no presentaron sus alegatos. Posteriormente pasan a sentencia.
VI. De la compulsa del expte. Nro. 12197-15162-2005 surge que se inicia a fs. 1/20 con la declaración jurada para la cancelación de importaciones temporales y documentación complementaria de la firma importadora BENTELER RB SA. A fs. 21 luce agregado el sobre contenedor de la DIT. A fs. 22 obra el acta de denuncia Nro. 2605/2010 de fecha 3/11/2010 respecto de la firma BENTELER ATOMOTIVE S.A., por la infracción al art. 970 del CA, respecto a la DIT Nro. DIT 04 001 IT14 007656 K, oficializada el 21/10/2004 y cuyo vencimiento es de fecha 29/10/05. A fs. 24 obra el aforo de la mercadería. A fs. 25 obra la liquidación de tributos. A fs. 26 con fecha 9/12/2010, se dispone la instrucción del sumario. A fs. 29 obra agregada la determinación de tributos y multa. A fs. 30/31 obra consulta de registro de infractores. A fs. 33, con fecha 14/12/12, se corre vista de lo actuado a la firma importadora y se cita a la aseguradora. A fs. 34, con fecha 13/2/13, obra agregado el aviso del Correo Argentino a la firma en trato. A fs. 36/47 la importadora contesta vista. A fs.49 se ratifica la denuncia. A fs. 50 vta. obra constancia de la notificación de la corrida de vista a la aseguradora, notificada el 17/11/2015. A fs. 51/60 contesta vista la aseguradora. A fs. 62 obra la determinación de base de tributos y multa. A fs. 63 luce la consulta de registro de infractores. A fs. 64/66 y vuelta luce agregada la RESOLUCIÓN DE PRLA N° 007905 del 3/12/2015 aquí apelada. A fs. 67 obra agregada la constancia de notificación a la aseguradora, notificada el 5/4/2016. A fs. 70 se presenta por apoderado la firma, se notifica de la resolución y acredita la apelación ante este Tribunal. Asimismo se adjunta por cuerda, un sobre con documentación.
VII. Que en primer lugar corresponde analizar los planteos de nulidad y prescripción efectuados por las corecurrentes.
Que contrariamente a lo sostenido por la co-actora BENTELER AUTOMOTIVE S.A., la resolución apelada en autos no carece de fundamentación conforme surge de sus considerandos.
Que es sabido que la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución fundada, cualquiera sea su acierto o error (Fallos, 249:549, entre otros) y siendo la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos planteados por el administrado (Fallos, 251:39).
Que respecto de los vicios en el procedimiento administrativo invocados por la co-actora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., corresponde destacar que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estime conveniente, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello es así por estricta aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267- 393).
VIII. Que conforme surge de las actuaciones administrativas, el plazo de vencimiento del DIT 04 001 IT14 007656 K data del 29/10/2005, siendo ello así, el plazo quinquenal establecido en los arts. 803 y sgtes. del C.A., debe comenzar a computarse desde el 01/01/2006.
Que el art. 805 del C.A. dispone que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;” debiendo destacarse que en ninguna de las mencionadas normas se hace referencia a la obligatoriedad de la notificación del auto para que cumpla sus efectos, sino que solamente aluden a su dictado. Asimismo, el art. 807 del aludido cuerpo normativo establece que la aludida suspensión respecto del deudor principal también surte efectos en relación con los deudores solidarios.
Que, en los términos de los dispuesto en el art. 803 y sgtes. del C..A, cabe señalar que en la causa el plazo de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos quedó suspendida el 9/12/2010 (fecha del auto de instrucción de sumario de fs. 26 de las act.) hasta el dictado de la resolución apelada (3/12/2015), motivo por el cual el mismo no se encontraba vencido a la fecha del dictado de la resolución que en autos se cuestiona. Que por los motivos expuestos corresponde rechazar el planteo de prescripción efectuado por las aquí recurrentes, con costas.
IX. Que, respecto al agravio esgrimido por la co-actora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA referido al plazo razonable, cabe destacar que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 3/11/2010 (ver denuncia obrante a fs. 22 de las act adm) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
X. Que, sentado ello, a continuación corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
Que cabe recordar que el legislador, al regular el instituto de admisión temporaria, expresamente consideró que se trata de un régimen en el que el importador temporario queda sometido, desde el mismo momento del libramiento de la mercadería, a la obligación de exportarla y/o importarla para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo fijado (art. 250 y 271 del C.A.).
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que, en el caso, no se encuentra controvertido en autos que mediante la destinación 04 001 IT14 007656 K, oficializada el 21/10/04 ante la Aduana de Buenos Aires, la firma BENTELER RB SA (hoy BENTELER AUTOMOTIVE SA) documentó, en los términos de lo normado en el Decreto 1439/96, la importación temporaria de 10.812 partes y accesorios para vehículos automóviles clasificados en la PA SIM 8708.99.90.990P, especificando a nivel subítem la cantidad según el modelo de las partes -ítem 1.1) 1.344 u. del modelo 2M51 3042 BC; 1.2) 1.344 u. del modelo 2M51 3051 BC; 1.3) 3.948 u. del modelo 98AG 5K652 AK y 1.4) 4.176 u. del modelo 98AG5K743 AF-.
En tales condiciones, se concedió el libramiento con fecha 29/10/2004 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 365 días, operando su vencimiento el 29/10/2005. A su vez, se garantizaron los derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional, IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
XI. Que en esta instancia se abre la causa a prueba. A fs 67/121 el fisco manifiesta en contestación final que “…no podrá adjuntarse las destinaciones solicitadas toda vez que las mismas se encuentran desafectadas…” , sin perjuicio de ello, adjunta impresiones de pantalla del sistema Malvina de las destinaciones 05 008 EG03 000423 H, 05 008 EG03 000669 T, 05 008 EG03 000540 H, 05 008 EG03 000681 N, 05 008 EG03 000683 P, 05 008 EG03 000708 N, 05 008 EG03 000964 R, 05 008 EG03 000130 C, 05 008 EG03 000151 F, 05 008 EG03 000210 B, 05 008 EG03 000215 G, 05 008 EG03 000413 G, 05 008 EG03 000669 T , 05 008 EG03 000390 D y 05 008 EG03 000498 M. Asimismo, en una nueva contestación de oficio, el fisco acompaña las carpetas originales de los permisos de embarque 05 008 EG03 000142 V, 05 008 EG03 000174 D, 05 008 EG03 000199 K, 05 008 EG03 000268 H y 05 008 EG03 000472E.
Que ello así, corresponde analizar en conjunto la prueba obrante en los presentes actuados.
Que, de las impresiones de pantalla acompañadas referidas a los permisos de embarque 05 008 EG03 000423 H, 05 008 EG03 000669 T, 05 008 EG03 000540 H, 05 008 EG03 000681 N, 05 008 EG03 000683 P, 05 008 EG03 000708 N, 05 008 EG03 000964 R, 05 008 EG03 000130 C, 05 008 EG03 000151 F, 05 008 EG03 000210 B, 05 008 EG03 000215 G, 05 008 EG03 000413 G, 05 008 EG03 000669 T, 05 008 EG03 000390 D, 05 008 EG03 000498 M, no surge la imputación al DIT en cuestión, ni tampoco el número de CTC utilizado para la confección de la relación insumo-producto.
Que respecto de los despachos originales acompañados por cuerda separada surge que, con los permiso de embarque 05 008 EG03 000142 V oficializado el 20/01/200; 05 008 EG03 000174 D oficializado el 26/1/2005; 05 008 EG03 000199 K oficializado el 28/01/2005 y 05 008 EG03 000472 E oficializado el 18/03/2005, no se puede analizar la descarga efectuada por la importadora atento a que los CTC (0175-03 y 0137-03) imputados en dichos permisos y acompañados en las actuaciones, no tipifican el producto a exportar haciéndose imposible corroborar que la relación insumo producto allí puntualizada corresponda a los productos a exportar de la operación en trato.
Que, el permiso de embarque 05 008 EG03 000268 H oficializado el 11/02/2005, no menciona en su hoja de descarga que CTC utiliza para confeccionar la relación insumo producto.
Que ello así, no puede determinarse en forma fehaciente la cantidad de insumos que fue utilizada en la producción de la mercadería exportada.
Que, en consecuencia, corresponde tener por configurada la infracción al art. 970 del C.A. y, por lo tanto, la multa impuesta a la co-actora BENTELER AUTOMOTIVE S.A.
XII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas, no ha sido cuestionada por las co-recurrente, en lo que hace a los rubros que la integran así como a las alícuotas aplicadas.
Que, sin embargo, corresponde hacer una aclaración en relación a las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se reclaman en estos autos, toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, la C.S.J.N sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados,se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, resulta de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluído, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana, con costas al Fisco.
XIII. Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando precedente, corresponde modificar la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 62 de las act. adm., conforme se detalla a continuación:
ITEM 1 BASE TRIBUTOS
VALOR EN ADUANA U$s 85.271,80 Derecho importación18% 15.348,92 Tasa de estadística 0,5% 426,36 BASE IVA 101.047,08 IVA 21% 21.219,89 TRIBUTOS ADEUDADOS: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (U$s 36.995,17), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses del art. 794 del CA.
Los intereses deberán computarse desde el vencimiento del plazo de diez (10) días desde la fecha de notificación de la corrida de vista (13/2/2013) que se notifica mediante aviso de recibo de Correo Argentino a la firma importadora BENTELER RB S.A. conforme surge de fs. 34, de las actuaciones administrativas, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 27/02/2013.
BASE MULTA:
VALOR EN ADUANA U$s 85.271,80 Derecho importación 18% 15.348,92 Tasa de estadística 0,5% 426,36 BASE IVA 101.047,08 IVA 21% 21.219,89 MULTA ADEUDADA: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (U$s 36.995,17), al tipo de cambio vigente al momento de la configuración de la infracción (29/10/2005) conforme al art. 918 del C.A, utilizado por el servicio aduanero en la liquidación efectuada a fs. 62 de las actuaciones administrativas, asciende a la suma de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($111.540,44).
XIV. Que, conforme surge de la copia certificada de póliza de caución en trato obrante a fs. 172/vta. de los presentes autos, la co-actora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. aseguró a la D.G.A.
hasta la suma máxima de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.000), mientras que el monto debido en concepto de tributos asciende a TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (U$s 36.995,17), todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
Que, en consecuencia, el monto máximo que se le puede exigir a la aquí co-actora aseguradora en concepto de capital es hasta el importe DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 275.000)
XV. Que la co-actora BENTELER AUTOMOTIVE SA, se agravia de la ilegalidad de la tasa de interés resarcitorio en dólares.
Que, discrepo con las interpretaciones relativas a la tasa de interés aplicable a los administrados que deben abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto proponen morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por la inaplicabilidad de la ley basada en un precedente jurisprudencial. Que fundamento mi discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarme- observo que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, que luego fueron modificadas por la vía de otra Resolución, por la cual resultaron inferiores, tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado. Esta posición también se sostuvo cuando la Excma. C.S.J.N. sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, destaco que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, se deduce que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) máxime cuando su invalidez no ha sido declarada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, a nuestro juicio implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló en cada momento las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a tales criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al c! ampo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”. Y mucho menos, en consecuencia, si se trata como en el caso que nos ocupa de Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción, con costas a las co-actoras.
2. Confirmar la multa impuesta por el art. 1 de la Resolución DE PRLA n° 7904/2015, cuyo importe asciende a la suma de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($111.540,44), con costas a la co-actora BENTELER AUTOMOTIVE S.A.
3. Confirmar parcialmente el cargo tributario formulado en el art. 3 de la Resolución DE PRLA 7905/2015, declarando que la deuda tributaria a cargo de las recurrentes asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 36.995,17), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 27/02/2013 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a las coactoras.
4. Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y Ganancias ($63.977,96), con costas al Fisco.
5. Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la co-actora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.000)
El Dr. Pablo Adrián Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, al voto de la Vocal preopinante, con excepción de lo señalado respecto de la tasa de interés aplicable en la especie.
II. Que, en efecto, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana”, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.” del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentiza un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable, no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requieren que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
Por lo tanto, por estrictas razones de equidad y justicia tributaria la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, (mutatis mutandis voto del suscripto- en disidencia- de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
Por ello, corresponde que a los fines de calcular los intereses resarcitorios devengados en la presente litis se utilice la tasa para operaciones en dólares contemplada en el artículo 3° de la Resolución 559/2022 (BO 25/8/2022), siendo que dicha normativa es sobreviniente a la doctrina sustentada oportunamente por el suscripto en materia de tasas de interés en el precedente supra relatado, por lo que la tasa de interés resarcitorio aplicable a las obligaciones objeto de la presente litis debe ser del 0,83% mensual, es decir, del 9,96% anual. ASÍ LO VOTO.
III. Que, sentado ello, corresponde señalar que la firma recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos en la legislación aduanera, solicitando la aplicación de la doctrina- de raíz convencional- del “plazo razonable de duración delos procesos aduaneros”, que fuera introducida por el suscripto-no a fines estadísticos, sino de estricta justicia ante dilaciones irrazonables en el accionar de la administración aduanera-en el ámbito nacional tributario, a partir del año 2012.
No obstante, corresponde destacar que también es jurisprudencia constante de la Vocalía a mi cargo que la falta de cumplimiento del plazo razonable en la tramitación de los procesos tributarios, tanto los aduaneros como los impositivos, cuando se debaten cuestiones de naturaleza pecuniaria debe ser objeto de expreso tratamiento legislativo, en tanto este Tribunal no goza de facultades para declarar la extinción de la acción en materia tributaria por estricta observancia del principio de indisponibilidad del crédito fiscal (confr. mi voto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA c/ DGA s/apelación”, Expte. N° 15.598-A, del 5 de diciembre de 2013, Consid. XI in fine), cuya aplicación resulta ineludible en la especie.
Asimismo, cabe destacar que dicha doctrina, en relación a la indisponibilidad del crédito fiscal, ha sido expresamente destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/EN-Consejo de la Magistratura y otros s/inc. de medida cautelar” con fecha 27/11/2018, donde señaló especialmente que la naturaleza de las obligaciones tributarias es crédito público no disponible (en el mismo sentido: Fallos: 292:398; entre otros).
Por ello, cabe concluir que la extinción de la acción del Fisco para imponer penas sólo opera en materia infraccional (Confr. Art. 929, inciso c), del Código Aduanero y Fallos: 334:1264, “Bossi García SA.” del 8 de noviembre de 2011), pero no en caso de determinarse tributos, atento a su inexcusable indisponibilidad.
IV. Que, por lo demás, entiendo que tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una compañía aseguradora y no una persona física. En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA SA. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630- A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicable en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”.
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como “un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)” (Corte I.D.H., “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art.64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-I82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está “destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso” (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No.3, párr. no 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “… no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el art. 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párrf.51), no lo es menos que poseen” … efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva OC-15/97, 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usalmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina-que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub-lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
V. Que por último, tampoco corresponde aplicar a la litis la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (EX 2019-112544550-APNSGASAD-TFN), de fecha 3/2/2022, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, toda vez que la plataforma fáctica de aquél expediente, en el cual la DGA había demorado más de 9 (nueve) años en notificar la resolución definitiva-extremo que diera lugar, por su marcada excepcionalidad, a que este Tribunal aplicara la doctrina del “margen de apreciación nacional” para sortear el límite impuesto por la OC 22/126 de la CIDH y declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación objeto de dicha causa-difiere sustancialmente de la presente litis, por lo que la referida resolución resulta inaplicable para resolver el supuesto bajo examen. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Christian Marcelo Gonzalez Palazzo dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción, con costas costas a las co-actoras.
2. Confirmar la multa impuesta por el art. 1 de la Resolución DE PRLA n° 7904/2015, cuyo importe asciende a la suma de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($111.540,44), con costas a la co-actora BENTELER AUTOMOTIVE S.A.
3. Confirmar parcialmente el cargo tributario formulado en el art. 3 de la Resolución DE PRLA 7905/2015, declarando que la deuda tributaria a cargo de las recurrentes asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (U$s 36.995,17), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 27/02/2013 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a las co-actoras.
4. Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y Ganancias ($63.977,96), con costas al Fisco.
5. Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la co-actora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.000).
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia Beatriz Sarquis (Vocal subrogante de la vocalía XVIII Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2024.02.09 19:38:32 -03:00 Date: 2024.02.14 10:03:11 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.14 10:51:34 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.14 10:51:36 -03:00
Fin de la sentencia