Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello: I) se acepta la excusación del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Don Horacio Rosatti; II) se desestima la queja.
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Bento, Walter Ricardo s/ remoción”, para decidir sobre su procedencia.
1. Que en mérito a las razones invocadas y a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde aceptar la excusación formulada por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Don Horacio Daniel Rosatti, para intervenir en la presente causa; lo que torna inoficioso el tratamiento del planteo de recusación deducido en el escrito del remedio federal.
2. Que, por la resolución 135/2023, el plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación decidió abrir el procedimiento de remoción del doctor Walter Ricardo Bento, titular del Juzgado Federal nº 1 de Mendoza, acusarlo por la causal de mal desempeño y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones (artículos 16, 53, 110, 114 inciso 5º y 115 de la Constitución Nacional y artículos 7, 25 y concordantes de la ley 24.937 y sus modificatorias).
3. Que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolvió destituir a Bento, por considerar que había incurrido en la causal constitucional de mal desempeño, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 115 de la Constitución Nacional y en el artículo 25, incisos 2 y 5, de la ley 24.937.
4. Que para decidir como lo hizo el Jurado tuvo por acreditados los siguientes cargos: “1.- El doctor Walter Ricardo Bento, desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de una investigación penal a su respecto, realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal Buenos Aires, 19 de noviembre de 2026 de la Nación. 2.- El doctor Walter Ricardo Bento procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta en la escritura pública constitutiva de dominio; y a través de dicha transacción eludió el posterior embargo sobre el inmueble, frustrando parte de la medida cautelar preventiva que recayó sobre el patrimonio del magistrado al ser procesado. 3.- El doctor Walter Ricardo Bento, a pesar de poseer varios inmuebles, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario destinado a vivienda única, suscribió para ello una escritura pública con datos falsos e inexactos y le dio a la propiedad un destino distinto al convenido. 4.- El doctor Walter Ricardo Bento omitió incluir información en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los ejercicios 2005 hasta el 2020, en violación a lo dispuesto en la ley 25.188 y en las resoluciones 734/07 y 237/2014 del Consejo de la Magistratura. 5.- El doctor Walter Ricardo Bento contravino la normativa aplicable a los concursos ante el Consejo de la Magistratura al inscribirse en el concurso N° 475 destinado a cubrir un cargo de vocal en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a sabiendas de que no reunía las condiciones para hacerlo”.
5. Que contra dicho pronunciamiento Bento interpuso un recurso extraordinario federal, que fue denegado y dio lugar a la queja bajo examen. Alega que durante el proceso de destitución se vulneraron las siguientes garantías constitucionales: “a) Juez natural: Composición del Jurado sin observar la regla establecida en el art. 115 de la CN. b) Imparcialidad del Juzgador: Integración del Jurado al momento de dictar su fallo con dos miembros recusados. c) Principio de inocencia: Por haber considerado probados hechos que integran el proceso penal, sin que medie sentencia jurisdiccional que así lo acredite. d) Derecho de defensa: Incongruencia entre la acusación y la resolución. Arbitrariedad por mediar un claro apartamiento de las constancias de la causa, irracionabilidad en la consideración y ponderación del ‘mal desempeño’, denegación de prueba dirimente de descargo”.
Respecto de la garantía del juez natural, plantea la inconstitucionalidad de la ley 26.080 en cuanto establece que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación se integrará con un solo representante del estamento de los abogados de la matrícula federal. A su criterio, ello infringe el mandato establecido en el artículo 115 de la CN “que al utilizar el plural en relación a los miembros que representarían cada estamento, expresamente indica que debían ser más de uno”.
Para fundar su posición, explica que “[c]on la reforma del año 1994, se mantuvo para los miembros de la CSJN un proceso de destitución eminentemente político a desarrollarse por entero ante el Congreso de la Nación, creándose para los jueces de grado inferior otro de carácter mixto, que en el esquema constitucional forma parte del Poder Judicial. Con ello, se ha tratado de crear un nuevo régimen despolitizado buscando que no se resuelva contra un magistrado por mandato de un grupo o intereses de algún partido político o de otro tipo que no sean los estrictamente constitucionales”.
Añade que por ese motivo el constituyente buscó “dotar al Jurado de Enjuiciamiento de miembros con idoneidad técnica acorde con la naturaleza judicial de su función, imponiendo que sean más de uno los abogados de la matrícula federal que lo integren, quienes también deberían contar con comprobadas nociones y conocimientos específicamente relacionados a la temática sobre la que versará el proceso en el que deben intervenir (…) No se trata entonces de un equilibrio cuantitativo, sino de una cuestión tendiente a dotar al Jurado de conocimientos técnicos suficientes cualitativa, que aseguren a los Magistrados un juicio acorde con la garantía de inmovilidad que les brinda la Constitución como seguro de la independencia de poderes que constituye la médula de nuestro sistema republicano de gobierno”.
Concluye en que, para lograr dicha finalidad, “el constituyente previó que era necesario la concurrencia de más de un abogado de la además de los miembros de la magistratura, en la integración del matrícula, Jurado. Así lo expresó en la norma constitucional, cuya literalidad debe ser la regla hermenéutica aplicable ya que nuestra Corte Suprema tiene dicho en forma uniforme, pacífica e ininterrumpida, que la primera exégesis de la ley es su propia letra cuando su contenido y alcance surge de su texto en forma clara ”. Con relación a la garantía de sin necesidad de ningún otro esfuerzo imparcialidad, el apelante reprocha falta de objetividad a dos miembros del Jurado, que integraban el cuerpo como legisladores representantes de la primera minoría de cada una de las Cámaras del Congreso. Refiere que los recusó oportunamente; que su planteo fue desestimado por el Jurado; que dedujo un recurso extraordinario federal contra ese rechazo y que, ante su denegación, interpuso una queja ante esta Corte (CSJ 2380/2023/RH1 “Bento, Walter Ricardo s/ remoción”, fallada en el día de la fecha).
Se agravia, principalmente, porque el Jurado continuó con el trámite del juicio político sin esperar la resolución del recurso deducido por su parte. Postula que la queja por extraordinario denegado tenía efectos suspensivos. Funda su posición en normas del Código Procesal Penal de la Nación que postulan la imposibilidad de ejecutar sentencias que no se encuentren firmes y que, a su criterio, son aplicables al caso.
En cuanto a la sustancia del agravio, el apelante remite llanamente a los argumentos desarrollados en la primera queja que dedujo ante este Tribunal (CSJ 2380/2023, ya citada). Cabe mencionar brevemente que, en esa oportunidad, se cuestionó la imparcialidad de dos integrantes legisladores del Jurado con el argumento de que la precandidata a presidenta de su espacio político (Juntos por el Cambio) había realizado declaraciones que acusaban a Bento de diversos delitos.
En lo concerniente a la presunción constitucional de inocencia, Bento aduce que fue destituido por delitos que no estaban acreditados mediante sentencia judicial firme.
Explica que los primeros cuatro cargos se fundaron en conductas que estaban siendo investigadas, paralelamente, en una causa penal en trámite. Refiere que, en dicho expediente, su parte había sido procesada por varios delitos, pero no se había dictado sentencia definitiva.
Alega que “si bien el voto de la mayoría sostiene que la destitución ha sido por mal desempeño, del contenido de la resolución se desprende que se han fundado exclusivamente en la comisión de delitos, sin que haya existido una sentencia condenatoria firme que así lo acredite ni producción de prueba en el marco de este proceso que acredite su materialidad, proceder que implica una clara vulneración a la presunción constitucional de inocencia”. Manifiesta que el Jurado realizó “una remisión absoluta a los distintos autos de mérito dictados del expediente penal, de manera contraria a la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que enseña que el auto de procesamiento no es suficiente para acreditar la mala conducta de un funcionario judicial, pues se trata de una medida fundada sólo en la existencia de prueba semiplena de la existencia de delito e indicios sobre su autoría, que por sí solos y en tanto no medie sentencia condenatoria, no bastan para desvirtuar la presunción de inocencia (Fallos: 314:1091). En ese mismo precedente, también se sostuvo que si el dictado de un auto de procesamiento por supuestos delitos dolosos cometido en el ejercicio de sus funciones no altera el status jurídico de inocencia, mal puede sustentar el achacamiento de ‘mala conducta’ como causal de remoción”.
Concluye en que “los fundamentos del voto de la mayoría lesionan el principio de inocencia, pues la causal de mal desempeño en la función se ha fundado exclusivamente en su procesamiento merced a la comisión de hechos que integran el objeto procesal de la causa penal, sin que exista sentencia firme a su respecto”.
En otro orden de ideas, el recurrente plantea la prejudicialidad penal de las cuestiones debatidas en el juicio político. Refiere que las conductas involucradas en los primeros cuatro cargos estaban siendo investigadas, paralelamente, ante la justicia criminal. Sostiene que, ante el riesgo de que se dictaran sentencias contradictorias, el Jurado debió abstenerse de valorarlas hasta tanto hubiera sentencia firme en la causa penal.
Se agravia porque “en este caso sucede que el Jurado tuvo por acreditados los supuestos hechos de ‘entorpecimiento del accionar judicial’, basando la destitución en ello. Las pruebas que analizó para arribar a dicha conclusión son las mismas que nutren el caso penal. Sucederá entonces que, si al momento de resolver en la causa penal, la Justicia dicta una sentencia absolutoria, que sostenga -con autoridad de cosa juzgada- que los hechos de entorpecimiento no sucedieron, se verificará un caso de o strepitus fori ”.
escándalo jurídico En lo atinente al principio de congruencia, sostiene que dos de los cargos por los que se lo destituyó fueron ampliados sorpresivamente, incluyendo hechos que no estaban dentro de las imputaciones formuladas por la acusación. En primer término, indica que se lo acusó de “haber ‘[cometido] actos de falsedad ideológica (…) al momento de la celebración de un ”; y se lo destituyó por contrato de crédito (mutuo) con garantía hipotecaria una conducta más amplia, que incluía haber solicitado y logrado “que se otorgara una excepción para un crédito destinado para vivienda única a ”.
pesar de tener otros inmuebles En segundo lugar, alega que “en la resolución 135/23 se atribuyó ‘que la situación patrimonial declarada por el Magistrado Walter Ricardo Bento en las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas ante el Consejo de la Magistratura para los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020, preliminarmente, violan la normativa aplicable, al haberse omitido los datos y por ocultar la verdadera situación sobre la titularidad de tarjetas de crédito (…) Sin embargo (…) el voto de la mayoría patrimonial del obligado’ irregularmente extendió el periodo, responsabilizándolo por haber omitido ‘incluir información en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales , en violación a lo correspondientes a los ejercicios 2005 hasta el 2020 dispuesto en la ley 25.188 y en las resoluciones 734/07 y 237/2014 del Consejo de la Magistratura´”.
Con relación a la denegación de prueba dirimente, el apelante se agravia por dos cuestiones diferentes.
Por un lado, sostiene que “el voto de la mayoría del Jurado consideró acreditados los hechos que componen el primer cargo de la acusación, sin haber permitido a esta parte producir la prueba necesaria ”. Explica que se trataba de medidas “indispensables para para desvirtuarlo poder otorgar a los señores miembros del Jurado un conocimiento integral de los hechos que son objeto de la causa penal FMZ 13.854/2020, cuestión que conformaba el núcleo de la acusación promovida por el Consejo de la Magistratura”; y que “se orientaban precisamente a acreditar los extremos fácticos invocados por nuestro representado en oportunidad de prestar declaración, cuando destacó una serie de circunstancias que revelaban que existía un contubernio entre los actores judiciales que habían llevado adelante el proceso penal en su contra”.
Por otra parte, se agravia por “el rechazo de la medida postulada a los fines de demostrar la manifiesta improcedencia de uno de los hechos atribuidos en el segundo cargo de la acusación, y por el que fue removido (…) consistente en -según la haber omitido declarar tarjetas de crédito que acusación- . A le pertenecerían y con las que se cancelaron pasajes al exterior los fines de demostrar que el cargo resultaba absolutamente inexacto, esta parte solicitó una medida orientada a acreditar que las tarjetas que le atribuyen le corresponden a dos agencias de turismo radicadas en Estados Unidos, con las que nuestro asistido contrató diversos productos turísticos. Esta medida probatoria fue desestimada en el auto de prueba correspondiente, temperamento que evidentemente obedeció a los plazos reducidos con los que cuenta el Jurado de Enjuiciamiento para resolver el caso. Pero la lesión al derecho de defensa aparece clara toda vez que la omisión de producir dicha prueba fue valorada, en el voto de la mayoría, en contra del acusado. Esta cuestión surge patente del considerando 35º) del decisorio, que destaca que esta defensa pretendió que el jurado librara ‘un exhorto a los Estados Unidos a los efectos de que se le requiera a ciertas agencias de viajes -supliendo la propia inactividad anterior del magistrado- una serie de datos, a sabiendas de que los dispendios temporales por los extensos trámites necesarios para la producción de dichas pruebas serían atentatorios del plazo de caducidad prescripto por el De allí, que asiste razón a esta parte respecto a que mencionado artículo 115’.
las medidas de prueba oportunamente solicitadas, de haber sido producidas, hubieran permitido a la defensa contrarrestar la acusación formulada”. Por último, para fundar la tacha de arbitrariedad, el recurrente manifiesta que varias de las conductas que se le reprocharon no constituían comportamientos ilegítimos; por lo que no configuraban mal desempeño ni justificaban, por ende, su remoción.
Para empezar, se refiere al reproche de haber procedido “a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta en la escritura pública constitutiva de dominio; y a través de dicha transacción eludió el posterior embargo sobre el inmueble, frustrando parte de la medida cautelar preventiva que recayó sobre el Asevera que “de la simple lectura patrimonio del magistrado al ser procesado”.
de la escritura (…) se advierte que Es decir Bento no actuaba como vendedor.
que, de adverso a lo sostenido por el voto de la mayoría, mal pudo haberse acreditado incumplimiento alguno atribuible al Magistrado, por el simple motivo de que no intervino en la operación como vendedor, sino que (…) sumado a que (…)
únicamente prestó su asentimiento conyugal no estamos frente a una infracción o incumplimiento que tenga suficiente entidad como para afirmar la falta de idoneidad del juez acusado respecto de Respecto a la posterior venta del inmueble, en el tren de demostrar su función.
la absoluta falta de fundamentación de la afirmación contenida en el voto de la mayoría, cabe atender a que allí se sostuvo que la misma tuvo el norte de eludir ‘el posterior embargo sobre el inmueble, frustrando parte de la medida cautelar preventiva que recayó sobre el patrimonio del magistrado al ser De manera contraria a dicha alegación, debe señalarse que, al procesado’.
momento de la venta de la propiedad, no existía ningún impedimento para enajenar bienes, ni tampoco se atribuyó al Juez Bento alguna maniobra de insolvencia fraudulenta (art. 179, segundo párrafo, C.P.). Incluso, del propio voto de la mayoría se desprende que en ese momento no era parte del proceso al no hallarse todavía imputado, sin que exista tampoco ninguna obligación civil en su contra”.
Por otra parte, se queja porque el Jurado entendió que sus presentaciones ante el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección Nacional de Migraciones -realizadas a efectos de conocer si existía alguna restricción respecto a su persona o sus bienes- constituían “maniobras de entorpecimiento de la investigación”. Asevera que “no existió ningún abuso de la función, sino que nuestro asistido hizo un pedido de informes en interés propio, es decir, respecto de su persona y tomó los recaudos para efectuar el pedido sin invocar en absoluto el cargo que ejercía. Por otra parte, resulta conocido y evidente que no existe norma jurídica alguna que le impida a cualquier ciudadano presentarse en un registro público para pedir información o averiguar si existía o no alguna medida que pudiera afectarlo. En todo caso, si hubiera alguna medida, resolución u orden secreta, es claro que no debería ser informada por los funcionarios a cargo del citado organismo. Por último, los pedidos de informes carecían de aptitud para generar entorpecimiento a la investigación alguno”.
Por último, niega la imputación de haber transgredido la normativa aplicable a los concursos ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, por ocultar la existencia del proceso penal en su contra. Sostiene que de la documentación que presentó en su inscripción al concurso 475 “surgía expresamente el proceso penal que, además -evidentemente- era conocido por dicho organismo, debido a que ya se había iniciado el expediente disciplinario que habilitó el presente juicio, luego de la comunicación que .
oportunamente realizó la Cámara Federal de Mendoza”
6. Que cabe recordar que el alcance de la revisión judicial en la instancia del artículo 14 de la ley 48 en asuntos de esta naturaleza, parte del tradicional principio establecido en el precedente “Graffigna Latino” (Fallos: 308:961) y se realiza conforme al estándar delineado, con mayores precisiones, en el conocido caso “Nicosia” (Fallos: 316:2940), el que fue mantenido con posterioridad a la reforma de 1994 en Fallos: 326:4816 y aplicado de modo invariable por esta Corte, tanto al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados provinciales como al de los juicios políticos en el orden federal (Fallos: 339:1463 y sus citas).
En esos antecedentes se señaló que el proceso de remoción de un magistrado tiene una naturaleza esencialmente política, por cuanto su objetivo reside, antes que en sancionar al acusado, en determinar si este ha perdido los requisitos que la Constitución y la ley exigen para el desempeño de una función de alta responsabilidad.
Esa especificidad explica que el juicio político no pueda equipararse llanamente a una causa judicial; que las exigencias formales durante su trámite revistan una mayor laxitud; y que el control judicial posterior sobre sus resultados se realice bajo un estándar deferente.
Más allá de las distintas formulaciones teóricas de ese estándar (Fallos: 340:1927; 341:54, “Saladino” y “Samamé”, votos de los jueces Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti y votos concurrentes de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz) –que no condujeron a resultados distintos en ningún caso fallado por este Tribunal hasta la fecha-, razones de seguridad jurídica hacen conveniente precisar cuál es el núcleo mínimo común de exigencia de ambas posiciones y anticipar que, bajo una u otra formulación, este se encuentra claramente satisfecho en el caso. Concretamente, esta Corte concluye en que "solo patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio podrán tener acogida ante estos estrados, y siempre y cuando sea acreditado por el recurrente no solo ello, sino también que la reparación de dichas transgresiones es conducente para variar la suerte del proceso en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio” (Fallos: 347:1963 y sus citas, voto de la mayoría y ampliación de fundamentos del juez Lorenzetti).
7. Que los agravios del apelante contra la sentencia que lo destituyó no son suficientes para demostrar, en las circunstancias que singularizan el una afectación al debido proceso de la entidad sub lite, constitucional señalada que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites que tiene la revisión judicial en asuntos de esta naturaleza.
8. Que, en primer lugar, corresponde abordar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.080 en lo que hace a la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
Cabe recordar que el artículo 115 de la Ley Fundamental prevé que “los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos (…) por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal (…) En la ley especial a que se refiere el artículo 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado”. De la primera frase, y más precisamente de la utilización del plural, el apelante desprende que debe haber más de un representante por cada uno de los sectores. Aduce que ese es el mandato constitucional y que cualquier reglamentación legislativa que prevea menos de dos jurados por estamento resulta inválida y debe ser dejada sin efecto.
Su razonamiento es endeble y no alcanza para justificar la interpretación que postula, ni mucho menos para fundar un planteo de inconstitucionalidad.
Esta Corte tiene dicho que, al interpretar las palabras de una norma jurídica positiva, corresponde atribuirles, como regla, el significado que tienen en el lenguaje corriente, o bien el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 302:429; 320:2649 y 345:923, entre muchos otros).
A la luz de estas pautas hermenéuticas, el empleo del plural en el artículo 115 no puede entenderse como un indicador de cantidad ni, por ende, como un mandato constitucional rígido sobre el número mínimo de representantes por estamento.
Para empezar, en el lenguaje cotidiano, el singular y el plural se pueden -y se suelen- utilizar como genéricos, esto es, como un modo de referirse en forma indefinida a una categoría de cosas o personas, independientemente de cuántos sean los miembros de la clase.
En tal sentido, se ha explicado que “la GENERICIDAD puede considerarse una variante particular de la INESPECIFICIDAD. Una característica relevante en la interpretación de los grupos nominales resulta frecuente que un inespecíficos en singular es su indistinción numérica:
grupo nominal inespecífico en singular haga referencia a algún conjunto no delimitado de seres, como en ‘En la biblioteca de la Universidad, hay que dejar , o en (…)
el libro en la mesa después de usarlo’ ‘Un libro ayuda a triunfar’ Nótese que también es posible que un sustantivo en plural no denote ya que podría decirse de alguien necesariamente un conjunto de entidades, sin que haya acabado de escribir la primera.
‘Ahora se dedica a escribir novelas’ La indistinción numérica está vinculada en ambos casos a la presencia de (“Nueva Gramática Básica de la Lengua grupos nominales escuetos”
Española”, publicada en la página oficial de la RAE Sintaxis. Puntos 15.9.f y siguientes), (el resaltado no corresponde al original).
Sobre esa base, se puede entender que cuando el artículo 115 menciona a “legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal” no está imponiendo un número mínimo de representantes por estamento; sino que está haciendo uso del plural genérico, con el objetivo de establecer qué sectores de la sociedad deben integrar el Jurado.
Esta interpretación no solo es posible y razonable; es, además, la que mejor armoniza con el resto de las cláusulas de la Constitución Nacional. Descartada la exégesis que postula que el artículo 115 establece un límite rígido en cuanto a la cantidad de representantes por estamento, cabe mencionar que el apelante tampoco acredita que la ley 26.080 vulnere la cláusula constitucional de algún otro modo.
El recurrente solo afirma que los abogados y los jueces son los “miembros técnicos” del Jurado; y que “con su conocimiento del Derecho y de las garantías constitucionales, han de alumbrar a sus pares políticos la senda del debido proceso”. Pero no justifica por qué motivo, para lograr esa finalidad, los representantes de los abogados tienen que ser, como mínimo, dos.
El solo hecho de que los abogados tengan un número menor de representantes no les impide cumplir dicha función dentro del organismo. Tampoco significa que se haya infringido mandato constitucional alguno. Es que la Ley Fundamental no exige una composición igualitaria para el Jurado, como tampoco lo hace para el Consejo de la Magistratura (ver, en este sentido, Fallos: 337:166).
En definitiva, lo que el apelante debía demostrar -y no lo hizo- era que la regulación legislativa desnaturalizaba el sentido del artículo 115 o, en particular, que frustraba la participación útil del sector de los abogados dentro del organismo.
No quedan dudas, entonces, de que el agravio se encuentra decididamente infundado y debe desestimarse; especialmente si se tiene en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como del orden jurídico (Fallos: 249:51; 302:1149;
ultima ratio 303:1708, entre muchos otros); por lo que solo cabe formularla si se demuestra, de modo concluyente, la repugnancia inconciliable entre la ley cuestionada y la Constitución Nacional (Fallos: 335:2333; 335:2418; 337:166; 338:1444; 338:1504 y 340:669, entre muchos otros).
9. Que tampoco resulta admisible el planteo vinculado a la garantía de la imparcialidad.
El apelante centra su argumentación en que el Jurado tendría que haber suspendido el proceso hasta tanto se resolvieran las recusaciones, pero no explica -siquiera mínimamente- los motivos que lo llevaron a dudar de la imparcialidad del órgano juzgador. En este aspecto sustancial, que es el único que podría llegar a variar la suerte final del proceso, el recurrente remite, lisa y llanamente, al recurso que presentó en el ya citado expediente CSJ 2380/2023/RH1.
Sin perjuicio de que esa falencia en la fundamentación alcanza para descartar el agravio, lo cierto es que los argumentos desarrollados en la otra queja tampoco sustentan su pretensión.
Como se relató en el considerando 4°, el recurrente cuestionó la imparcialidad de dos integrantes legisladores del Jurado con el argumento de que la precandidata a presidenta de su espacio político (Juntos por el Cambio) había realizado declaraciones que lo acusaban de diversos delitos. El planteo presupone que, por integrar la misma coalición, los legisladores tienen que compartir dichas apreciaciones y carecen de la libertad necesaria para ejercer sus funciones en forma independiente.
El razonamiento no pasa de ser una mera conjetura, expresada en forma dogmática y sin sustento objetivo alguno.
10. Que a fin de abordar el resto de los agravios -todos ellos vinculados a cuestionar la acreditación del mal desempeño-, resulta crucial tener en cuenta que Bento fue destituido en base a cinco cargos; y que el Jurado dejó en claro que, a excepción del último, cada uno de ellos era suficiente, por sí solo, para justificar la configuración de la causal.
Conviene reiterar, asimismo, que el control judicial en asuntos de esta índole se limita a verificar infracciones al debido proceso graves, ostensibles y con virtualidad para variar la suerte de la causa.
Desde esa óptica, el apelante no solo debe demostrar que se produjeron vulneraciones constitucionales puntuales. También debe justificar que, por su gravedad y alcance, esas vulneraciones son suficientes para dejar sin sustento la destitución. Ello supone, en este caso, desvirtuar los cuatro primeros cargos. Es que, si alguno de ellos quedara en pie, la discusión sobre cualquier otra cuestión resultaría ineficaz para modificar el resultado final del enjuiciamiento y, por ende, para habilitar esta instancia excepcional de revisión. Como se explicará a continuación, el recurrente no logra satisfacer dicha carga.
11. Que el agravio vinculado al principio constitucional de inocencia se encuentra ostensiblemente infundado.
El razonamiento del recurrente parte de las siguientes proposiciones: que el verdadero motivo por el que se lo destituyó fueron los presuntos delitos que se estaban investigando en sede penal; y que el mal desempeño que se le atribuyó se fundó “exclusivamente en su procesamiento merced a la comisión de hechos que integran el objeto procesal de la causa penal”.
Ninguna de esas premisas se condice con lo que surge de las constancias objetivas de la causa. Por el contrario, todas ellas quedan desvirtuadas con una simple lectura de la resolución de destitución. Según se desprende de esa decisión, el magistrado fue removido por conductas que se consideraron impropias para un juez federal, pero no fueron calificadas como ilícitos penales; las imputaciones que involucraban la comisión de delitos fueron rechazadas de plano; y los procesamientos se excluyeron de la valoración. Así, respecto a la causal de destitución, el Jurado precisó que “algunas de las acciones del juez a las que en el fuero penal federal de Mendoza se les ha dado una significación jurídica delictiva, también coinciden con actitudes que, independientemente de ello, fueron descriptas por la Acusación como imputaciones que efectivamente pueden representar conjuntamente causal de mal desempeño. Precisamente este es el tópico en torno al cual se ha desarrollado el proceso sobre el que ha de expedirse este Jurado, pues de lo que aquí se trata, en definitiva, es de comprobar si el juez Bento ha honrado su investidura en todo momento, incluso frente a la existencia de una causa penal en su contra, o por el contrario se ha comportado de manera impropia -aún bajo el pretexto de mejorar su situación procesal-, pues en este juzgamiento debe responder por su calidad de magistrado y no como un individuo común sometido a un proceso penal (…) en tal sentido han de analizarse cada uno de los hechos que la parte acusadora le ha incoado (…) a fin de decidir en definitiva si sigue siendo merecedor de la confianza depositada por la sociedad o si, por el contrario, la ha defraudado y por ello no es digno de continuar ocupando su cargo en la magistratura” (considerandos 7° y 8°).
En cuanto a las imputaciones que reprochaban ilícitos criminales, el Jurado las desechó en forma contundente. Tuvo en cuenta que no se había dictado sentencia en la causa penal y explicó que la “‘posible comisión de delito’ no configura ni la causal constitucional de delito en el ejercicio de sus funciones ni la de crímenes comunes, y es por ello que esta imputación no adquiere el sustento suficiente como para avalar por sí sola su destitución”. También manifestó que “la presunción de inocencia constituye la máxima garantía constitucional de un imputado. Es la garantía que le permite conservar el estado de ‘no autor de un delito’ en tanto no se expida una resolución judicial firme que declare lo contrario y que deriva del principio según el cual nadie puede ser penado sin juicio previo (…) Esta garantía debe proyectarse en todos los ámbitos del derecho, teniendo el Estado Argentino la obligación de garantizarla a la luz de los tratados internacionales que ha suscripto y que podrían comprometer su responsabilidad internacional; por lo que (…) las hipótesis delictivas endilgadas no han pasado de ser eso: hipótesis, por lo que tales conductas -en cuanto han sido aquí imputadas como constitutivas de delitos penales- quedarán excluidas de valoración y razonamiento” (considerando 10). Más aún, como corolario de los argumentos anteriores, el fallo concluyó en que correspondía desestimar “las imputaciones sustentadas en la existencia de conductas tipificadas como cohecho activo, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y asociación ilícita que se ventilan en la causa penal (…) correspondiendo analizar los restantes hechos que integran la acusación formulada en contra del doctor Bento con el estricto objetivo de verificar si el acusado ha incurrido o no en la causal de mal desempeño, por traducir su accionar un designio ajeno al recto ejercicio de la función jurisdiccional (…) Sólo en ese marco y con ese alcance se recurrirá a las circunstancias acreditadas en los expedientes penales ofrecidos como prueba por ambas partes, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera o no atribuírsele” (considerando 13).
Por último, y con respecto a la ponderación de los procesamientos, el Jurado explicó que “si bien no se puede dejar de compartir que un magistrado suficientemente ‘sospechado’ de la comisión de tal cantidad de delitos dolosos -con procesamientos firmes- afecta la base misma de la autoridad judicial y la confianza y credibilidad que deben inspirar los magistrados y el mismo Poder Judicial hacia la sociedad y a los otros órganos de gobierno, resulta preferible conducir este razonamiento sobre hechos cuya existencia no pueda ser discutida ni que sea posible valorarlos y calificarlos de manera distinta en otras instancias judiciales -para el caso- durante el debate oral actualmente en curso. Ello obedece a un estricto respeto a las garantías constitucionales que hacen al debido proceso y a propender que este jury avance sobre bases fácticas incontrastables: aquéllas que permitan poner razonablemente en duda la rectitud de la conducta del magistrado o su capacidad ética para el desempeño de sus funciones” (considerando 10).
12. Que, por otra parte, el riesgo de sentencias contradictorias tampoco fue acreditado.
El apelante se limita a postular que “si al momento de resolver en la causa penal, la Justicia dicta una sentencia absolutoria, que sostenga -con autoridad de cosa juzgada- que los hechos de entorpecimiento no sucedieron, se ”.
verificará un caso de o escandalo jurídico strepitus fori Fuera de dicha afirmación escueta y dogmática, no hay más datos en el recurso. No hay siquiera un mínimo relato de los antecedentes del expediente penal; y tampoco hay precisiones sobre las conductas concretas que estarían incluidas bajo el rótulo de “hechos de entorpecimiento”. Es evidente que, con esa sola información, se torna imposible evaluar la procedencia del planteo, que requiere verificar las siguientes cuestiones: a) si se trata de hechos que fueron determinantes para acreditar el mal desempeño; b) si las conductas están siendo investigadas en la causa penal en trámite; y c) si hay controversia sobre la existencia de los hechos o solo se debate su calificación bajo algún tipo penal específico.
Sin perjuicio de que lo anterior basta para desestimar el planteo por infundado, no se puede dejar de señalar que la respuesta a todos esos interrogantes tampoco surge de la documentación adjunta a la queja. Al leer la decisión de destitución se puede dilucidar que los “hechos de entorpecimiento” son los incluidos en el primer cargo, titulado “maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial”. Entre esas conductas, se encuentran las siguientes: haber requerido informes a distintos organismos públicos con el fin de obstaculizar la investigación; haber dejado una nota manuscrita conminando al juez penal a cargo de la investigación a leer correctamente el expediente, que fue encontrada al allanarse la caja de seguridad de la que era titular; y haber solicitado a la empresa prestadora del servicio de telefonía el cambio de chip SIM del celular que le había sido requerido por la justicia en los días previos.
También se puede advertir que -durante el juicio político- Bento no cuestionó la existencia de esos hechos; e incluso admitió expresamente algunas de las conductas que se le reprochaban. Así, por ejemplo, al exponer sus argumentos defensivos, reconoció haber dejado una nota manuscrita en el interior de la caja de seguridad del banco, con el siguiente texto: “Puigdengolas lee!!! Por favor”. Explicó que era un “mensaje” al magistrado a cargo de la investigación penal que se estaba llevando a cabo en su contra, y manifestó que fue escrito a modo de “'pedido de clemencia', justificado frente a la impotencia que sufría ante la vulneración de sus derechos como imputado”. Del mismo modo, en el recurso extraordinario federal, Bento reconoce que se presentó ante la Dirección Nacional de Migraciones y ante el Registro de la Propiedad Inmueble, a efectos de conocer si existía alguna restricción respecto a su persona o sus bienes. Solo insiste en que tenía derecho a hacerlo, como todo ciudadano; y cuestiona la calificación de dicha conducta como inapropiada para un juez federal.
Lo que de ningún modo se puede desentrañar es si las conductas involucradas en el primer cargo fueron objeto de reproche criminal; si están siendo investigadas en la causa penal en trámite y, en ese caso, si lo que se debate es su existencia o solamente su calificación como delitos.
En las condiciones expresadas, no quedan dudas de que el agravio carece de la más mínima justificación y debe ser desestimado.
13. Que no corren mejor suerte los agravios que tachan la decisión de arbitraria, pues remiten a cuestiones no revisables en esta instancia judicial, relativas al modo en el cual el Jurado de Enjuiciamiento ha apreciado los hechos y la prueba, para subsumirlos en la causal de mal desempeño.
Esta Corte ha dicho, en reiteradas oportunidades, que la valoración de los aspectos sustanciales del proceso de enjuiciamiento –la subsunción de los hechos en las causales de destitución, la apreciación de los extremos fácticos, la valoración de la prueba, y la calificación de la conducta- no son cuestiones federales aptas para ser examinadas por los jueces, pues el órgano judicial no debe sustituir el criterio de quienes, por imperio de la ley, están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado.
14. Que, en el primer planteo relacionado con la denegación de prueba, el apelante se queja porque no se le permitió producir medidas que “se orientaban precisamente a acreditar los extremos fácticos invocados por nuestro representado en oportunidad de prestar declaración, cuando destacó una serie de circunstancias que revelaban que existía un contubernio entre los actores judiciales que habían llevado adelante el proceso penal en su contra”. El planteo es tan vago e impreciso, que impide evaluar si el rechazo de las medidas fue arbitrario. No se comprende cuáles eran los hechos concretos que Bento quería acreditar; ni por qué, si se referían a la causa penal en trámite, podrían llegar a tener incidencia en el juicio político. Esto último debía justificarse adecuadamente, ya que el magistrado no fue destituido por los presuntos delitos que estaban siendo investigados en aquel expediente, sino por la causal de mal desempeño que el Jurado se encargó de justificar en base a una valoración propia de la prueba.
Por los motivos señalados, resulta aplicable la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual no procede el recurso extraordinario, fundado en la pretendida violación de la defensa en juicio, si el recurrente no precisa de qué pruebas o defensas se vio privado y cuál sería la incidencia que aquellas habrían tenido en la decisión del caso (Fallos: 300:1047; 302:1564; 310:2085; 329:5567, entre muchos otros).
15. Que, a esta altura del análisis, los restantes agravios formulados en el recurso en examen carecen de aptitud para modificar la suerte del enjuiciamiento.
Ello es así ya que, como se explicó en el considerando 10, cualquiera de los cuatro primeros cargos formulados basta por sí solo para sostener la decisión del Jurado. En consecuencia, descartadas las objeciones que podían llevar a la anulación del proceso o a la desacreditación del primer cargo se torna innecesario e inconducente tratar el resto de los agravios porque son ineficaces para variar el resultado final del asunto.
16. Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por cargos definidos, en base a conductas descriptas con suficiente precisión; pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos, por el órgano en cuyas manos la Ley Fundamental puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, con una integración que no ofende garantía alguna de la Constitución Nacional, tras tener por acreditada la causal contemplada en el ordenamiento jurídico vigente por la cual el recurrente fue acusado y oído. De ahí que, ausente la demostración por parte del recurrente de patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los artículos 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional, y el artículo 14 de la ley 48.
Por ello: I) se acepta la excusación del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Don Horacio Rosatti; II) se desestima la queja. Notifíquese y, oportunamente, archívese.
Firmado Digitalmente por BRUGLIA Leopoldo Oscar Firmado Digitalmente por ROBIGLIO Carolina Laura Ines Firmado Digitalmente por PEROZZIELLO VIZIER Juan Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis Recurso de queja interpuesto por representado por el Walter Ricardo Bento, Dr. Mariano Fragueiro Frías.
Tribunal de origen: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
Fin de la sentencia