Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Quilmes · Causa 43679
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de autos del Decreto 669/19, conforme la doctrina de la S.C.B.A. en la causa L. 129.800, "Muzychuk".
2Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de las disposiciones del anexo del Decreto 549/2025 que, al valorar la limitación funcional de la articulación interfalángica distal del dedo índice derecho y aplicarse conjuntamente con los factores de ponderación correspondientes, producen el resultado irrazonable examinado en la Segunda Cuestión. Determinar la incapacidad mediante la aplicación íntegra del baremo aprobado por el Decreto 659/96, con el alcance y los fundamentos allí desarrollados.
3Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por BEQUE JOAQUÍN ALEJANDRO contra SWISS MEDICAL ART S.A. y condenar a esta última a abonar, dentro del plazo de diez días de quedar aprobada la liquidación y en la forma dispuesta por el artículo 277 incisos a y b de la Ley de Contrato de Trabajo, la prestación dineraria correspondiente a una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 2,35% de la Total Obrera, conforme el artículo 14 apartado 2 inciso a de la Ley 24.557, con más el adicional del veinte por ciento (20%) previsto por el artículo 3 de la Ley 26.773, por un capital de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 228.051,88), con más la actualización y los intereses que correspondan conforme lo decidido en la Segunda Cuestión. …
Registrado bajo el Nº................
El Tribunal del Trabajo Nº 1 de Quilmes integrado por los Señores Jueces Doctores José Facundo Rodríguez Ponte y Horacio Andrés Casquero, con la Presidencia de la Doctora María Juliana Zicavo, procede al dictado de sentencia en la causa Nº 43.679, caratulada "BEQUE JOAQUIN ALEJANDRO C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057".
Practicada la designación que determina el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial (artículo 89 de la Ley 15.057), resultó el siguiente orden de votación: RODRÍGUEZ PONTE - CASQUERO - ZICAVO.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Cuáles son los hechos constitutivos del objeto del juicio que resultan reconocidos y cuáles aquellos controvertidos que han sido acreditados?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda?
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RODRÍGUEZ PONTE, DIJO :
I. Antecedentes:
El señor BEQUE JOAQUÍN ALEJANDRO (nacido el 26-09-1985), por intermedio de su apoderado, Dr. Osmar Garay, promovió el 16-12-2022 demanda contra SWISS MEDICAL ART S.A., mediante la acción de revisión prevista en el artículo 2 inciso j de la Ley 15.057, con el objeto de obtener las prestaciones dinerarias de la Ley 24.557 y sus modificatorias que estimó correspondientes por el accidente laboral sufrido el 04-06-2020.
Manifestó que prestaba tareas como operario para INGENIERÍA PLÁSTICA FORMINGPLAST S.R.L., asegurada por la demandada. Relató que el 04-06-2020, alrededor de las 11:00 horas, mientras realizaba sus tareas y utilizaba una amoladora, la herramienta le produjo una herida cortante en el dedo índice de su mano derecha, que es su mano hábil.
Expuso que recibió atención inicial en el Sanatorio Modelo de Quilmes, con indicación de antibióticos y profilaxis antitetánica, sutura y curaciones, y que luego continuó el tratamiento a través de la ART en el Centro Médico Berazategui, con medicación y rehabilitación, hasta recibir el alta el 03-07-2020 sin reconocimiento de incapacidad. Sostuvo que persistieron dolor, cicatriz y limitación funcional del dedo, junto con manifestaciones de índole psicológica que atribuyó al episodio.
Refirió haber tramitado ante la Comisión Médica de Quilmes el expediente S.R.T. Nº 75.165/22, iniciado el 03-03-2022 por divergencia en la determinación de la incapacidad. El dictamen médico del 02-08-2022 calificó la contingencia como accidente laboral, pero concluyó que no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral. En la demanda reclamó una incapacidad del 5% de carácter físico y del 10% de naturaleza psíquica, estimando una incapacidad psicofísica total del 15% de la Total Obrera.
La demanda fue notificada el 05-05-2023 y contestada el 19-05-2023 por la Dra. Daiana Elizabeth Ciraudo, en su carácter de apoderada de SWISS MEDICAL ART S.A. La accionada reconoció la existencia y vigencia del contrato de afiliación celebrado con la empleadora, así como las prestaciones asistenciales que otorgó con motivo del siniestro. Cuestionó la existencia de secuelas permanentes, la incapacidad pretendida y la procedencia del rubro psíquico, respecto del cual opuso una excepción de incompetencia parcial fundada en el supuesto incumplimiento de la instancia administrativa previa.
La excepción de incompetencia parcial relativa al daño psicológico fue rechazada por sentencia interlocutoria del 06-06-2023.
La causa fue abierta a prueba el 12-07-2023.
El oficio dirigido a la ARCA fue contestado y agregado el 13-12-2023.
La primer pericia médica, presentada por el Dr. José Luis Iannuccilli el 09-12-2024.
La demandada la impugnó y el experto ratificó sus conclusiones mediante las presentaciones del 30-04-2025 y del 15-12-2025.
Por resolución del 20-02-2026, el Tribunal dispuso el sorteo de otro perito médico, especialista en ortopedia y traumatología, para contar con una segunda opinión a la luz de los términos de la primera pericia, sus impugnaciones y contestaciones.
Resultó designado el Dr. Carlos Eduardo Bao, quien presentó su dictamen el 05-05-2026.
La actora lo impugnó el 19-05-2026, objetó la disminución que producía el baremo aprobado por el Decreto 549/2025 respecto de la misma limitación funcional y planteó su inconstitucionalidad. El profesional contestó el 17-06-2026, ratificando su evaluación.
El 10-09-2026 se fijó plazo para alegar. La actora presentó su alegato el 18-09-2026 y la demandada el 02-10-2026.
Finalmente el 21-10-2026, pasaron los autos al acuerdo del Tribunal.
II. Relación laboral, contrato de afiliación y remuneraciones informadas:
1. La demandada reconoció expresamente la relación asegurativa con INGENIERÍA PLÁSTICA FORMINGPLAST S.R.L. mediante el contrato de afiliación Nº 111.845, vigente a la fecha del siniestro. El trabajador se desempeñaba como operario y las actuaciones administrativas identifican a esa firma como empleadora, CUIT 30-71157575-4, y a SWISS MEDICAL ART S.A. como aseguradora.
2. La contestación del oficio de la ARCA, agregada el 13-12-2023, informa las remuneraciones brutas declaradas por INGENIERÍA PLÁSTICA FORMINGPLAST S.R.L. durante el período comprendido entre junio de 2019 y junio de 2020, inclusive.
Para determinar el ingreso base mensual corresponde tomar las remuneraciones brutas declaradas por la empleadora e informadas por la ARCA y actualizarlas, mes a mes, conforme la variación del índice RIPTE, de acuerdo con el artículo 12 inciso 1 de la Ley 24.557, según Ley 27.348.
La primera manifestación invalidante coincide con el accidente del 04-06-2020, por lo que se consideran los doce períodos mensuales comprendidos entre junio de 2019 y mayo de 2020. Se utiliza la serie RIPTE oficial publicada en julio de 2026 y, para cada período, el cociente entre el índice del mes del siniestro, junio de 2020 ($ 58.361,93), y el del mes al que corresponde la remuneración. Los resultados mensuales se expresan en centavos.
Los índices RIPTE, las remuneraciones brutas informadas, los coeficientes de actualización y los salarios actualizados son los siguientes:
Período
RIPTE
Remuneración
ÍNDICE RIPTE
REM. ACTUALIZADA
jun-19
41.584,20
81.897,00
1,40346406
$ 114.939,50
jul-19
43.290,96
55.259,48
1,34813203
$ 74.497,08
ago-19
44.092,81
55.259,48
1,32361557
$ 73.142,31
sep-19
45.485,23
56.259,48
1,28309629
$ 72.186,33
oct-19
47.834,32
64.566,36
1,22008487
$ 78.776,44
nov-19
48.591,60
59.707,32
1,20107035
$ 71.712,69
dic-19
49.574,33
93.224,90
1,17726109
$ 109.750,05
ene-20
53.070,21
72.360,06
1,09971168
$ 79.575,20
feb-20
56.386,47
67.033,38
1,03503429
$ 69.381,85
mar-20
56.872,86
73.776,52
1,02618244
$ 75.708,17
abr-20
56.955,63
67.440,57
1,02469115
$ 69.105,76
may-20
57.057,90
67.440,57
1,02285450
$ 68.981,89
TOTAL
$ 814.225,12
$ 957.757,27
IBM SIN ACTUALIZAR
$ 67.852,09
IBM ACTUALIZADO
$ 79.813,11
La suma de las doce remuneraciones brutas asciende a $ 814.225,12, con un promedio sin actualizar de $ 67.852,09. La suma de los importes mensuales actualizados asciende a $ 957.757,27. En consecuencia, el ingreso base mensual actualizado por RIPTE resulta de $ 79.813,11, al dividir esta última suma por doce.
III. Accidente, actuaciones administrativas y secuelas acreditadas:
a.- El accidente ocurrió el 04-06-2020, aproximadamente a las 11:00 horas, cuando el actor, mientras trabajaba con una amoladora, sufrió una herida cortante en el dedo índice de su mano derecha. Tanto la denuncia del siniestro como la documentación médica de la aseguradora, las actuaciones administrativas y las pericias producidas en autos coinciden en cuanto a la fecha, la región corporal afectada y el carácter súbito del episodio.
La ART recibió la denuncia, brindó las prestaciones médicas correspondientes y otorgó el alta el 03-07-2020, sin reconocer incapacidad. Tampoco obra en autos constancia de que hubiera rechazado fehacientemente la contingencia, cuya atención reconoció al contestar la demanda.
En sede administrativa se registraron dos actuaciones relacionadas con el mismo accidente. La primera, expediente S.R.T. Nº 144.757/21, tuvo por objeto una divergencia en la determinación de la incapacidad y fue archivada. La segunda, expediente S.R.T. Nº 75.165/22, dio lugar al examen médico del 14-07-2022 y al dictamen del 02-08-2022, que concluyó que el trabajador no presentaba secuelas incapacitantes. En este último pronunciamiento se dejó constancia, además, de que el carácter laboral de la contingencia no se encontraba controvertido.
De acuerdo con estos antecedentes, considero acreditado que el episodio constituye un accidente de trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 24.557, pues se trató de una lesión súbita ocurrida mientras el actor cumplía sus tareas. Asimismo, corresponde ponderar lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto 717/96, dado que la aseguradora recibió la denuncia, brindó prestaciones y no consta un rechazo fehaciente y oportuno del siniestro. Estas circunstancias, sumadas al reconocimiento de su carácter laboral en sede administrativa, permiten tener por aceptada la contingencia.
Ello no implica, sin embargo, el reconocimiento de una incapacidad permanente, cuya existencia y entidad deben establecerse mediante la valoración de las pruebas producidas en autos.
Por último, en cuanto al reclamo por incapacidad psíquica, cabe recordar que la resolución interlocutoria del 06-06-2023 rechazó la objeción relativa al agotamiento de la instancia administrativa y habilitó su tratamiento. Esa decisión no importó reconocer la existencia de dicha afección ni su vinculación causal con el accidente, extremos que corresponde examinar a continuación.
b.- En cuanto a las secuelas físicas, la documentación asistencial inicial describió una herida cortante del dedo índice derecho, con sutura y limitación de la flexión durante la etapa aguda. El alta del 03-07-2020 consignó movilidad completa. Más adelante, en la evaluación practicada por la Comisión Médica el 14-07-2022, se observó una cicatriz consolidada de aproximadamente 2 cm en el dorso de la segunda falange, pero se registraron arcos completos de movimiento en las articulaciones del índice y no se reconoció incapacidad.
El primer perito judicial, Dr. Iannuccilli, constató una cicatriz de 2 cm y limitación de la flexión del índice derecho, asignando un 5% por la limitación funcional, un 2,8% por alteración sensitiva del nervio colateral radial y un 0,39% por mano hábil, con subtotal físico del 8,19%. Añadió un componente psíquico y factores de ponderación hasta arribar al 14,31% global. El profesional invocó una ecografía que describía fibrosis cicatrizal y transcribió hallazgos electromiográficos sugerentes de compromiso sensitivo de ramas digitales del nervio radial.
El Dr. Carlos Eduardo Bao, designado específicamente como especialista en ortopedia y traumatología, practicó un nuevo examen y concluyó que el actor presenta una limitación funcional de la articulación interfalángica distal del dedo índice derecho, cuya flexión midió en 50°. También constató que el trabajador es diestro. En su informe del 05-05-2026 sostuvo que, por el mecanismo traumático, la topografía de la lesión y el proceso de fibrosis cicatrizal, existe alta probabilidad de relación causal adecuada entre la secuela constatada y el accidente. Fijó una incapacidad pura del 1% de la Total Obrera conforme al Decreto 549/2025 y la calificó como parcial, permanente y definitiva.
En relación con la disparidad de las conclusiones periciales, considero más convincente para establecer las secuelas traumatológicas la evaluación del especialista Bao. Su examen identifica con precisión la articulación afectada, consigna la movilidad medida y expone una explicación fisiopatológica compatible con la lesión documentada. La referencia a una posible alteración sensitiva contenida en el primer dictamen no cuenta, en el cuadro probatorio valorado en su conjunto, con elementos suficientes para tener por demostrada una lesión nerviosa permanente adicional a la secuela objetivada por el especialista. Esta conclusión no desconoce el traumatismo ni invalida la primera pericia en todo su contenido; únicamente delimita los hallazgos que considero acreditados.
c.- Sobre la alegada secuela psíquica el Dr. Iannuccilli describió una reacción vivencial anormal neurótica de grado I-II y le asignó un 5% de incapacidad. Aunque mencionó la realización de pruebas psicométricas, no individualizó sus puntuaciones ni aportó en forma verificable los protocolos respectivos. Tampoco surgen del trámite administrativo antecedentes asistenciales o datos clínicos complementarios que permitan superar esas deficiencias de fundamentación. Consideradas esas circunstancias en su conjunto, y sin atribuir carácter decisivo a la ausencia de tratamiento, no encuentro suficientemente acreditada la existencia de una secuela psíquica permanente y vinculada causalmente con el episodio.
d.- En consecuencia, tengo por acreditado que el actor sufrió el accidente del 04-06-2020 mientras trabajaba con una amoladora y que, como consecuencia de ese episodio, presenta una limitación funcional permanente de la articulación interfalángica distal del índice de su mano derecha, con flexión de 50°, según la evaluación del perito Bao. También quedó demostrado que se trata de su mano hábil. No considero acreditadas una secuela nerviosa autónoma ni una afección psíquica permanente indemnizable. La valoración normativa de la limitación física y el porcentaje de incapacidad que corresponde reconocer se examinan en la Segunda Cuestión.
La primera manifestación invalidante coincide con la fecha del accidente, 04-06-2020.
Así voto (artículo 57 inciso 4 de la Ley 15.057).
A la cuestión planteada, el Señor Juez Doctor Casquero y la Señora Jueza Doctora Zicavo, por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RODRÍGUEZ PONTE, DIJO :
Establecidos los hechos y las secuelas acreditadas, corresponde examinar la procedencia de las prestaciones reclamadas, la valoración legal de la incapacidad y los planteos constitucionales introducidos en la causa. Para ello resulta aplicable el régimen de las Leyes 24.557, 26.773 y 27.348, con el alcance que se desarrolla seguidamente.
1. Planteo de inconstitucionalidad del baremo aprobado por el Decreto 549/2025.
En su impugnación del 19-05-2026, la parte actora cuestionó la aplicación del baremo aprobado por el Decreto 549/2025. Señaló que la limitación de flexión de 50° de la articulación interfalángica distal del dedo índice derecho, valorada por el perito Bao con un 1% de incapacidad, recibía un 2% conforme al Decreto 659/96. Sostuvo que esa disminución afectaba la protección constitucional del trabajador y la suficiencia de la reparación, y propuso reconocer una incapacidad total del 4,20%.
Corresponde examinar el planteo a partir de las secuelas efectivamente acreditadas, distinguiendo los hallazgos médicos de su valoración conforme a las respectivas tablas.
El artículo 8, apartado 3, de la Ley 24.557 y el artículo 9 de la Ley 26.773 establecen la obligatoriedad de la tabla de evaluación de incapacidades laborales. Esta exigencia responde a una finalidad legítima de uniformidad y previsibilidad, pero no impide controlar la razonabilidad de sus resultados. A su vez, el artículo 8 de la Ley 24.557 contempla la ponderación de la edad, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral, mientras que el artículo 1 de la Ley 26.773 establece, entre los objetivos del régimen, la suficiencia de las prestaciones.
Estas disposiciones deben interpretarse de conformidad con los artículos 14 bis, 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional y el artículo 39, apartado 3, de la Constitución provincial. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado la necesidad de asegurar una reparación adecuada frente a la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador (C.S.J.N., "Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos", sentencia del 10-08-2010, Fallos 333:1361). Si bien aquel precedente examinó la constitucionalidad de un tope indemnizatorio y no de una tabla de incapacidades, sus fundamentos constituyen una pauta relevante para controlar que la aplicación de las disposiciones reglamentarias no desnaturalice la finalidad reparadora del sistema.
La facultad reglamentaria para modificar los criterios de evaluación médica no se encuentra en discusión. Lo que corresponde determinar es si, frente a una misma lesión objetivamente comprobada, la aplicación de la nueva tabla produce en este caso una reducción razonable de la reparación.
La comparación puede realizarse sobre una base médica precisa. Bao constató una flexión de 50° de la articulación interfalángica distal del dedo índice derecho y verificó que el actor es diestro. Para esa limitación, el Decreto 659/96 establece una incapacidad funcional del 2%, mientras que el Decreto 549/2025 asigna el 1%.
A ello se suma otra diferencia: el baremo anterior contemplaba un incremento del 5% del valor funcional cuando la lesión comprometía el miembro superior hábil. En este caso, ese adicional representa 0,10 puntos porcentuales, con lo cual la incapacidad funcional alcanzaba el 2,10%. La nueva tabla no prevé un incremento equivalente por esa circunstancia.
En su respuesta del 17-06-2026, Bao sostuvo que el baremo anterior no distinguía adecuadamente las articulaciones interfalángicas proximal y distal. Sin embargo, ambas se encuentran expresamente individualizadas en la tabla del Decreto 659/96. Por ello, aunque acepto las mediciones y conclusiones médicas del experto, no comparto esa interpretación de la normativa.
Para establecer una comparación correcta también deben revisarse los factores de ponderación.
Bajo el Decreto 549/2025, Bao aplicó una dificultad leve del 5% y un factor edad del 3%, aunque consignó una incapacidad total del 1,05%. Incluso utilizando esos factores, el resultado sería del 1,08%.
Sin embargo, la nueva regulación reserva la dificultad leve para compromisos exclusivamente estéticos que no requieren reubicación laboral. En el presente caso existe una limitación objetiva de la movilidad, sin que se haya acreditado la necesidad de reubicación. Por ello, corresponde aplicar la dificultad intermedia del 10%. Sumado al factor edad del 3%, calculados ambos sobre el 1% de incapacidad funcional, el resultado conforme al nuevo baremo asciende al 1,13% de la Total Obrera .
Por su parte, el Decreto 659/96 asigna un 2% a la limitación comprobada. Con el incremento del 5% por tratarse de la mano hábil, la base alcanza el 2,10%. Considerando las tareas de operario que desempeñaba el actor, estimo razonable aplicar una dificultad leve del 10%, sin reconocer necesidad de recalificación. A ello corresponde agregar el factor edad del 2%, previsto para trabajadores de treinta y un años o más.
Ambos factores representan conjuntamente el 12% de la incapacidad funcional de base, equivalente a 0,252 puntos porcentuales. Así, el resultado conforme al Decreto 659/96 es del 2,35% de la Total Obrera .
De este modo, la aplicación íntegra de cada régimen arroja resultados sensiblemente diferentes: 2,35% conforme al Decreto 659/96 y 1,13% según el Decreto 549/2025. Esto representa una disminución aproximada del 52% de la incapacidad indemnizable, con idéntica repercusión proporcional sobre la prestación económica, manteniendo constantes los restantes elementos de la fórmula legal.
Ahora bien, la relevancia constitucional de esa diferencia no reside únicamente en su magnitud. En este caso, el trabajador presenta una limitación objetiva de la movilidad del índice derecho, correspondiente a su mano hábil. Además, se desempeñaba como operario y sufrió el accidente mientras utilizaba una herramienta de trabajo. No cabe atribuirle otras dificultades funcionales que no hayan sido comprobadas, pero tampoco puede desconocerse la importancia de la movilidad de ese dedo para las tareas que desarrollaba.
Frente a esa situación concreta, el nuevo baremo reduce a la mitad la valoración funcional de la articulación afectada y deja de contemplar específicamente el carácter hábil de la mano lesionada. Esta última circunstancia tampoco recibe una ponderación diferenciada mediante el factor de dificultad intermedia, que se aplica a las limitaciones funcionales sin distinguir la mano comprometida.
La disminución resultante no responde a una modificación de los hallazgos médicos, que permanecen inalterados, sino exclusivamente a los nuevos criterios reglamentarios. Tampoco encuentro en las explicaciones brindadas por el perito una justificación técnica que permita comprender por qué esa misma limitación funcional debe recibir una valoración sustancialmente menor.
En estas condiciones, considero que la reducción conjunta que producen las disposiciones cuestionadas resulta desproporcionada respecto de la secuela acreditada.
Por tales razones, entiendo que corresponde admitir el planteo de la parte actora y declarar, exclusivamente para este caso, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las disposiciones del anexo del Decreto 549/2025 que, al valorar la limitación funcional de la articulación interfalángica distal del índice derecho y aplicarse conjuntamente con sus factores de ponderación, producen el resultado irrazonable señalado. Esta decisión encuentra fundamento en los artículos 14 bis, 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional y 39, apartado 3, de la Constitución provincial, en relación con los artículos 8, apartado 3, de la Ley 24.557 y 1 y 9 de la Ley 26.773.
En consecuencia, corresponde determinar la incapacidad mediante la aplicación íntegra del baremo aprobado por el Decreto 659/96, reconociendo al actor una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 2,35% de la Total Obrera .
3. Análisis constitucional del Decreto 669/19.
La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (14-07-2025), se pronunció sobre la invalidez constitucional del Decreto 669/19. Tal criterio fue receptado por este Tribunal en "Chamorro, Alexandra Yanel c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A." (Expte. Nº 44.408). Por economía procesal y conforme esa doctrina, corresponde declarar de oficio la invalidez constitucional e inaplicabilidad del Decreto 669/19 al caso de autos (conf. S.C.B.A., L. 83.781, "Zaniratto", sent. 22-12-2004).
4. Determinación de la indemnización.
a) El actor nació el 26-09-1985 y tenía treinta y cuatro (34) años a la fecha del accidente del 04-06-2020. La incapacidad laboral permanente reconocida, conforme al tratamiento del Decreto 549/2025 efectuado en esta Segunda Cuestión, asciende al 2,35% de la Total Obrera. El coeficiente etario previsto por el artículo 14 apartado 2 inciso a de la Ley 24.557 resulta de dividir 65 por 34. El ingreso base mensual actualizado por RIPTE, calculado precedentemente a partir de los datos oficiales de la ARCA, asciende a $79.813,11.
De tal modo, la indemnización del artículo 14 apartado 2 inciso a de la Ley 24.557 se obtiene mediante la operación: $ 79.813,11 x 53 x 2,35% x (65 ÷ 34), cuyo resultado asciende a $190.043,23.
El piso mínimo correspondiente a la fecha del siniestro surge del artículo 2 de la Resolución S.R.T. Nº 24/2020, que estableció para el período pertinente la suma de $2.958.970 por el porcentaje de incapacidad laboral permanente. Proyectado el 2,35% reconocido sobre ese importe, el piso asciende a $69.535,80. Dado que el monto obtenido mediante la fórmula legal es superior, corresponde tomar este último, de $190.043,23.
Asimismo, dado que el accidente ocurrió mientras el trabajador cumplía sus tareas y no en el trayecto de ida o regreso del trabajo, corresponde el adicional del veinte por ciento (20%) previsto por el artículo 3 de la Ley 26.773, que en este caso asciende a $ 38.008,65. Por lo tanto, el capital indemnizatorio, antes de la aplicación de los intereses y del mecanismo de actualización que corresponda, alcanza la suma total de $228.051,88.
b) A fin de completar la comparación constitucional desarrollada, observo que, manteniendo el mismo ingreso base, la misma edad y el mismo adicional legal, una incapacidad del 1,13% conforme a la nueva tabla produciría un capital de $ 109.658,99, mientras que el 2,35% reconocido arroja $ 228.051,88. La diferencia de $118.392,89 pone de manifiesto el efecto económico concreto de las reglas examinadas y confirma que la objeción fue resuelta sobre las consecuencias particulares de su aplicación. Esta referencia comparativa no modifica la condena, determinada por el porcentaje reconocido.
5. Actualización e intereses.
El artículo 12, inciso 2, de la Ley 24.557, según el texto de la Ley 27.348, establece que, desde la primera manifestación invalidante y hasta la liquidación de la indemnización, el ingreso base devenga un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
En este caso, la primera manifestación invalidante ocurrió el 04-06-2020 y el capital indemnizatorio asciende a $228.051,88. Para el período considerado en el cotejo, la tasa activa acumulada del 374,20% arroja intereses por $853.370,13 y un total de $1.081.422,01. En cambio, la actualización del mismo capital y por idéntico período según el IPC nacional -Nivel General, INDEC-, con un coeficiente de 38,8640, arroja $8.863.008,26, aun sin adicionar interés puro.
La diferencia asciende a $7.781.586,25. El resultado del régimen legal representa apenas el 12,20% del capital ajustado por la variación de los precios. No se trata, por lo tanto, de preferir el método que arroja la cifra más alta, sino de constatar que la tasa legal deja sin recomponer cerca del 88% del valor del crédito indemnizatorio.
En las causas L. 132.729, «Galarza» (sent. del 30-03-2026), y L. 139.012, «Vera» (sent. del 24-09-2026), la Suprema Corte provincial ponderó la existencia de un mecanismo específico de recomposición en la Ley de Riesgos del Trabajo. En «Galarza» no se demostró su insuficiencia en el caso concreto y, en «Vera», la argumentación comparativa no había sido llevada oportunamente al tribunal de grado. Aquí, en cambio, el cotejo efectuado en esta sentencia demuestra que ese mecanismo no preserva el contenido económico de la prestación reconocida.
La insuficiencia comprobada no puede corregirse por vía interpretativa, pues el artículo 12, inciso 2, impone expresamente la tasa activa y el artículo 7 de la Ley 23.928 impide actualizar el capital. Su aplicación conjunta produce en este caso una desvalorización sustancial incompatible con la protección constitucional del crédito del trabajador y su derecho de propiedad (arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional). Por ello, conforme a las pautas sentadas por la Suprema Corte provincial en la causa C. 124.096, «Barrios» (sent. del 17-04-2024), corresponde declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del artículo 12, inciso 2, de la Ley 24.557, según Ley 27.348, en cuanto impone la tasa activa del Banco Nación, y del artículo 7 de la Ley 23.928, según Ley 25.561, en cuanto impide la actualización del crédito.
En consecuencia, el capital de $228.051,88 se actualizará conforme a la variación del IPC nacional -Nivel General, INDEC- desde el 04-06-2020 hasta el efectivo pago , con más un interés puro del 3% anual sobre el capital actualizado, por igual período, y con capitalización únicamente en los supuestos previstos en el artículo 770 del Código Civil y Comercial. El IPC recompone el poder adquisitivo del capital y el interés puro compensa su indisponibilidad.
6. Costas.
Las costas del proceso deben imponerse a la demandada, en su condición de vencida (artículo 24 de la Ley 15.057).
Así voto (artículo 57 inciso 4 de la Ley 15.057).
A la cuestión planteada, el Señor Juez Doctor Casquero, dijo:
Disiento con la valoración de la incapacidad propuesta por mi distinguida colega preopinante. Considero que la aplicación del Decreto 549/25 a los hechos ventilados en autos, en cuanto impone criterios de valoración de las minusvalías sometidas a juzgamiento, lo que resulta ser un tema procesal de producción y apreciación de la prueba, no merece -en general- reproche constitucional alguno (C.S.J.N. Fallos: 220:1250; 306:2101; 307:1018; 317:499; entre otros).
Reiterando los términos de mi voto en la causa Nº 41.500 caratulada "ISLAS JORGE DANIEL C/SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057" (sentencia del 5/10/26), me permito señalar que corresponde señalar que la norma en análisis dice estar encaminada a "... adecuar el instrumento de valoración del daño con que cuenta el Sistema, de manera acorde con los avances en materia tecnológica en el ámbito del trabajo y los progresos científicos y médicos en las técnicas de diagnóstico y evaluación, lo que permitirá mayor precisión y agilidad en la determinación de las incapacidades laborales ...", y que tales "progresos científicos y médicos en las técnicas de diagnóstico y evaluación" resultan una materia ajena al conocimiento jurídico en la medida en que no denoten una evidente irrazonabilidad en el caso concreto.
En base a ello, entiendo que la incapacidad de la actora debe evaluarse a la luz de lo dispuesto por el baremo anexo al Decreto 549/25.
Así voto. (artículo 57 inciso 4 de la Ley 15.057).
La Señora Jueza Dra. Zicavo adhiere por los mismos fundamentos al voto del Dr. Rodríguez Ponte.
Así lo vota. (artículo 57 inciso 4 de la Ley 15.057).
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RODRÍGUEZ PONTE, DIJO :
Atento la forma en que han sido resueltas las cuestiones que anteceden, corresponde: 1°) Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto 669/19 al caso de autos, conforme el criterio de la S.C.B.A. en la causa L. 129.800, "Muzychuk"; 2°) Hacer lugar al planteo de la parte actora y declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de las disposiciones del anexo del Decreto 549/2025 que, al valorar la limitación funcional de la articulación interfalángica distal del dedo índice derecho y aplicarse conjuntamente con sus factores de ponderación, producen el resultado irrazonable examinado en la Segunda Cuestión, y determinar la incapacidad conforme al Decreto 659/96; 3°) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por BEQUE JOAQUÍN ALEJANDRO contra SWISS MEDICAL ART S.A., reconociendo una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 2,35% de la Total Obrera, y condenar a la demandada a abonar en el plazo de diez días la prestación dineraria del artículo 14 apartado 2 inciso a de la Ley 24.557, con el adicional del veinte por ciento (20%) del artículo 3 de la Ley 26.773, por un capital de $ 228.051,88, con más lo que resulte por actualización e intereses; 4°) Desestimar el reclamo de incapacidad psíquica; 5°) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 inciso 2 de la Ley 24.557 -texto según Ley 27.348- y del artículo 7 de la Ley 23.928, en cuanto su aplicación al caso conduce a una desvalorización sustancial del crédito, disponiendo que el capital de condena sea actualizado conforme la variación del IPC Nivel General (INDEC), con más un interés puro del 3% anual hasta su efectivo pago; 6°) Imponer las costas a la demandada vencida;
Así voto.
A la cuestión planteada, el Señor Juez Doctor Casquero y la Señora Jueza Doctora Zicavo, por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
Así lo votan.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Lo decidido en el Acuerdo que antecede y los fundamentos que lo sustentan, el Tribunal RESUELVE:
1. Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de autos del Decreto 669/19, conforme la doctrina de la S.C.B.A. en la causa L. 129.800, "Muzychuk".
2. Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de las disposiciones del anexo del Decreto 549/2025 que, al valorar la limitación funcional de la articulación interfalángica distal del dedo índice derecho y aplicarse conjuntamente con los factores de ponderación correspondientes, producen el resultado irrazonable examinado en la Segunda Cuestión. Determinar la incapacidad mediante la aplicación íntegra del baremo aprobado por el Decreto 659/96, con el alcance y los fundamentos allí desarrollados.
3. Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por BEQUE JOAQUÍN ALEJANDRO contra SWISS MEDICAL ART S.A. y condenar a esta última a abonar, dentro del plazo de diez días de quedar aprobada la liquidación y en la forma dispuesta por el artículo 277 incisos a y b de la Ley de Contrato de Trabajo, la prestación dineraria correspondiente a una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 2,35% de la Total Obrera, conforme el artículo 14 apartado 2 inciso a de la Ley 24.557, con más el adicional del veinte por ciento (20%) previsto por el artículo 3 de la Ley 26.773, por un capital de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 228.051,88), con más la actualización y los intereses que correspondan conforme lo decidido en la Segunda Cuestión.
4. Rechazar la pretensión indemnizatoria fundada en la incapacidad psíquica reclamada, por no encontrarse acreditada con suficiencia su existencia como secuela permanente incapacitante derivada del accidente de autos.
5. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 inciso 2 de la Ley 24.557 -texto según Ley 27.348- y del artículo 7 de la Ley 23.928, en cuanto su aplicación al caso conduce a una desvalorización sustancial del crédito, disponiendo que el capital de condena sea actualizado conforme la variación del IPC Nivel General (INDEC), con más un interés puro del 3% anual hasta su efectivo pago.
6. Imponer las costas a SWISS MEDICAL ART S.A. en su condición de vencida (artículo 24 de la Ley 15.057).
La regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se efectuará una vez practicada por Secretaría la liquidación de las sumas de condena (artículo 51 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de Quilmes, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
La presente resolución es autonotificable (Artículos 10 y 13 del Anexo Único, Capítulo II, del Acuerdo 4039/21 de la S.C.B.A., texto ordenado por el Acuerdo N° 4013 de la S.C.B.A.) y se remite a los domicilios electrónicos correspondientes. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Firmas
Funcionario firmante: RODRIGUEZ PONTE Jose Facundo - JUEZ
Funcionario firmante: CASQUERO Horacio Andres - JUEZ
Funcionario firmante: ZICAVO Maria Juliana - JUEZA
Funcionario firmante: WILCZEK Federico Adolfo - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 467-2026
Fin de la sentencia