Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede: 1) Se rechaza la expeción de prescripción opuesta por la demandada; 2) Se confirma la sentencia apelada en tanto rechaza la demanda articulada por Patricia Marcela Beratti contra Provincia Seguros S.A., por los argumentos expuestos al tratar la segunda cuestión propuesta. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora por revestir objetiva calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
BERATTI, PATRICIA MARCELA C/ PROVINCIA SEGUROS Y OTRO S/ MATERIA DE OTRO FUERO
C.C.C. II Sala 2°a.
Registro N° ..........(S) Folio........
Causa: 117130 En la ciudad de La Plata, a los días del mes de abril de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario las señoras Juezas de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Segunda, doctora Patricia Ferrer y Silvia patricia Bermejo, y por disidencia parcial el señor Presidente doctor Francisco Agustín Hankovits (arts. 35, Ley 5827), para dictar sentencia en la causa 117130, caratulada: "BERATTI, PATRICIA MARCELA C/ PROVINCIA SEGUROS Y OTRO S/ MATERIA DE OTRO FUERO ", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término la doctoraFERRER.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. en tanto hace lugar a la prescripción de la acción? 2a. ¿En caso negativo, es procedente el recurso de apelación interpuesto?
3ro. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION LA SEÑORA JUEZ DOCTORA FERRER DIJO:
I. La sentencia de primera instancia declaró prescripta la acción por cobro de seguro de vida interpuesta por Patricia Marcela Beratti contra el demandado Provincia Seguros S.A.. A su vez, impuso las costas del proceso a la parte actora por revestir el carácter de vencida (art. 68 del C.P.C.C.), en los términos del art. 53, 4to párrafo de la Ley 26361, sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos (art. 84 C.P.C.C.) y postergó la regulación de los estipendios profesionales para la oportunidad prevista en los artículos 23 y 51 del Dec. Ley 8904/77.
II. Contra dicha forma de decidir deduce recurso de apelación la parte actora (fs. 267), expresando agravios a fs. 269/275, los que fueron replicados a fs. 277/278 por la apoderada de Provincia Seguros S.A.. Luego, se llamó autos para sentencia (fs. 283).
III. Critica la letrada apoderada de la legitimada activa el error en que ha incurrido el juzgador –a su criterio- respecto de la aplicación de la ley de seguros al caso en litigio. Rebate lo resuelto por el fallo atacado, aduciendo que la doctrina legal en que se basó el sentenciante de grado para establecer la aplicación del plazo de prescripción anual del artículo 58 de la ley 17.418, ha quedado en desuso.
Sostiene que, en la actualidad, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha decidido que, a partir de la reforma introducida por la ley 26.361 al régimen normativo de usuarios y consumidores, ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el artículo 50 de la ley 24.240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los cuales cabe contabilizar a los contratos de seguro.
El objeto de la pretensión incoada por la señora Patricia Marcela Beratti es reclamar en su carácter de cónyuge beneficiaria el cobro del seguro de vida correspondiente a la muerte de su esposo Guillermo H. Raimondi, acaecida en el mes de enero de 2006 y que desempeñaba sus tareas en el ámbito de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.
La demanda fue articulada el 2 de febrero de 2009, habiendo denunciado la actora que tomó conocimiento de la existencia del seguro en que sustenta su reclamo, en el mes de febrero de 2006.
El Juez a quo consideró que no resulta aplicable al caso el plazo de prescripción de tres años que contempla la ley de defensa del consumidor, al interpretar que la ley de seguros es una ley especial frente a la normativa de consumo y que esta última no la ha derogado.
Agregó a ello que el plazo más largo rige para las acciones previstas en la ley 24.240 por así decirlo por el artículo 50 en tanto que las acciones derivadas del contrato de seguro no son contempladas en dicha ley y se rigen por su ordenamiento especial. IV Anticipo a la colega que, a mi criterio, asiste razón a la recurrente en cuanto a que ha sido mal interpretada la normativa vigente.
La ley de defensa del consumidor ha modificado la legislación positiva en todos aquellos supuestos en que exista una relación de consumo.
Dicha norma resulta de aplicación a cualquiera de los contratos regulados en el ordenamiento, siempre que el caso en conflicto se trate de un contrato que dicha ley tipifica como de consumo.
Empero, si el plazo prescripto, según la redacción anterior del art. 50 (art. 3, C.C.), excluyera aquellos casos de consumo que tienen una regulación especial, como es el contrato de seguro, llevaría a que no haya relación de consumo en prácticamente ningún caso. Interpretar que la Ley de Seguros es una ley especial que no resulta derogada por la ley 24.240 significaría que la normativa tutelar quedaría vacía de contenido, pues esa relación jurídica como cualquier otra tiene una regulación especial, en último caso, incluso, en el Código Civil.
Siguiendo tal interpretación, cualquier contrato debería entenderse que tiene una normativa especial frente a la genérica de consumo y ello importaría que esta última se tornara inaplicable.
Es que por el contrario, la ley de defensa del consumidor resulta ser una ley especial frente a la normativa general que regula en particular a cada uno de los contratos, cada contrato tiene su régimen genérico aplicable a todos los supuestos en que exista una relación jurídica concreta.
Mas frente a tal normativa genérica, la ley de defensa del consumidor crea un conjunto más reducido de supuestos al que le son aplicables sus normas.
De tal modo, la ley de contrato de seguros regula dicha categoría de contratos, cuyas características y régimen son contemplados en la ley 17.418.
Frente a dicha categoría genérica se presenta la ley de defensa del consumidor, que crea una especie menos extensa a dicho género: el contrato de seguro que deba ser considerado relación de consumo.
No todos los contratos de seguro son alcanzados por la ley 24.240 sino solo aquellos en los que se reúnan condiciones para la aplicación de esta normativa. Cuando el artículo 50 dice que el plazo de prescripción es aplicable a las acciones emergentes en dicha ley, cabe considerar que se refiere a todos los casos en que la relación en conflicto se trata de un contrato de consumo, cualquiera sea el negocio en cuestión. De lo contrario el complejo normativo de la referida ley sería inaplicable, ya que los contratos que tal normativa involucra tienen en su gran mayoría un régimen propio que los regula, que siguiendo el criterio del pronunciamiento, prevalecería frente al de la ley de defensa de los consumidores.
Concluyo por tanto que la normativa que consagra la ley 24.240 es aplicable a todos los contratos cuando la relación sea tipificada por dicha ley como relación de consumo, revistiendo la norma ahora contemplada en el nuevo texto del artículo 50 el carácter de ley interpretativa, no importando modificación alguna del régimen original.
V. No desconozco los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mas considero que los precedentes argumentos no han sido considerados en los mismos. Como lo ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, una es interpretativa de otra cuando resulta que ha tenido por finalidad precisar su sentido y establecer su verdadero ámbito de aplicación –ambas se confunden formando una sola, que no es nueva, sino la anterior aclarada y cuya aplicación es procedente en todos los casos que no estuviesen definitivamente juzgados-. (conf. Ac. 55.182, sent. del 13-VI-1995; SCBA, C107516, sent. del 11/07/2012).
El carácter interpretativo de la norma surge de su contenido y no puede negarse tal carácter a la reforma de un artículo en particular por estar inmerso en una reforma que comprende otras normas, -“a lo largo de treinta y siete artículos, por lo que introdujo sustituciones e incorporaciones normativas de una trascendencia indudablemente más extensa que el mero carácter aclaratorio que pretende atribuirle el recurrente”- (SCBA, C107516, sent. del 11/07/2012).
Considero por tanto que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 24.240, corresponde rechazar la defensa de prescripción articulada.
Voto por la NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTOR BERMEJO, DIJO:
I. Coincido con el análisis que la distinguida colega preopinante efectúa sobre lo referido a la aplicación al caso del plazo de prescripción trienal, desplazando el anual previsto en la ley de seguros, aun para los supuestos acontecidos durante la vigencia del texto original del artículo 50 de la ley 24.240.
Cierto es que la normativa tutelar del consumidor se coordina con las relaciones jurídicas que el mismo ordenamiento prevé y que, en el común de los casos, cuenta con regulaciones específicas. Por consiguiente, si se aplicaran tales disposiciones y no la ley especial –reitero, en el contexto de la redacción anterior del referido artículo 50- la ley de consumidor quedaría vacío de contenido, como en el voto se reflexiona.
II. Empero, si bien en lo personal coincido y comparto plenamente el análisis que ese voto efectúa, aprecio que por el carácter vinculante de la doctrina legal que emana de las sentencias de la Suprema Corte de la Provincia no puedo seguir esa postura.
Como se ha resuelto por nuestro Superior Tribunal provincial: “El acatamiento que los tribunales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta - llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales” (SCBA, Ac 42965, sent. del 27-11- 1990; C 116994, sent. del 11-12-2013, entre otros).
Por ese motivo, aprecio que la solución al caso se impone en el sentido que ese Superior Tribunal asumió en el precedente “Canio, Daniel Gustavo c/ Seguro Metal Cooperativa de Seguros s/ Cumplimiento contractual” (SCBA, C 107516, sentencia del 11-VII- 2012).
En el voto del señor Juez doctor Pettigiani, se desarrolló que “Por un doble orden de razones, estimo que no corresponde subsumir el presente litigio en los alcances de la norma reformada. En primer lugar, se encuentra el valladar impuesto por el principio de irretroactividad de la ley … pues si bien … esta Corte tiene dicho que si la ley es interpretativa de otra en cuanto resulta que ha tenido por finalidad precisar su sentido y establecer su verdadero ámbito de aplicación- ambas se confunden formando una sola, que no es nueva, sino la anterior aclarada y cuya aplicación es procedente en todos los casos que no estuviesen definitivamente juzgados (conf. Ac. 55.182, sent. del 13-VI-1995), no cabe a mi criterio otorgar tal carácter -meramente interpretativo o aclaratorio- a la aludida reforma legislativa que, a lo largo de treinta y siete artículos, introdujo sustituciones e incorporaciones normativas de una trascendencia indudablemente más extensa que el mero carácter aclaratorio….”
Agregó también que “Cabe recordar que el artículo 3 del Código Civil establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico (conf. C. 101.610, sent. del 30-IX-2009).”
En consecuencia, habiendo acontecido el hecho por el cual se reclama con anterioridad a la reforma del referido artículo 50 de la ley 24.240, aprecio que la normativa aplicable a los fines del cómputo de la prescripción es la que surge de la ley de seguros.
Por otro lado, si bien el recurrente intenta distinguir al beneficiario del seguro –como es la actora- del tomador y de esta manera adjudicarle a aquélla el carácter de consumidor, distinguiéndola del contrato de seguro, aprecio que es una mera argumentación que se desentiende que en verdad ese beneficiario nace del referido contrato y, por ello, queda vinculado por su naturaleza.
Voto por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS, DIJO:
Atento la disidencia parcial planteada en las presentes actuaciones por las distinguidas colegas de la sala II de este Tribunal, es sólo en dicho marco que voy a emitir el mío en las mismas (arts. 35 Ley 5827; 168 últ. párrafo de la Carta Magna provincial).
En ese orden, estimo sobre el punto que concita mi intervención (sin perjuicio de las consideraciones que cabrían realizarse sobre la cuestión sustancial), que sin dejar de desconocer el valor legal de la doctrina legal emanada de los fallos de nuestra Suprema Corte (arts. 161 inciso 3° a) de la Const. Prov.; 279 y 289 del CPCC), en cuanto jurisprudencia vinculante y su correlativa función uniformadora de criterios jurisdiccionales, cierto es que cuando se invocan razones nuevas, motivaciones no atendidas o meritadas en los precedentes dictados, su grado de vinculatoriedad se ve menguado permitiendo, con base en aquéllas, brindar una distinta solución al caso en juzgamiento.
En efecto, una cosa es desconocer lisa y llanamente la doctrina legal, y otra muy distinta es, con nuevos fundamentos (vgr: cita de un pronunciamiento posterior atingente de la CIDH cuya falta de acatamiento puede generar responsabilidad internacional; ver en ese sentido,in re “Gelman vs. Uruguay”, sent. del 20 de marzo de 2013; par. 65 a 69) otorgar una diferente resolución al asunto, que posibilite a su vez una eventual nueva intervención de nuestro Máximo Tribunal local, evitando de ese modo se torne pétrea su especial jurisprudencia, sin desmedro de garantizar la necesaria seguridad jurídica e igualdad ante la ley, función eminentemente casatoria. En definitiva, entiendo que nuestro legislador no ha buscado el ciego seguimiento sino el razonable acatamiento de la doctrina legal, faena que exige a su vez una prudente y debida argumentación.
Con este alcance, adhiero al voto de la Doctora Ferrer y doy el mio, también POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA FERRER, DIJO
I. En atención a la mayoría lograda corresponde el tratamiento de la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la demandada, quien sostiene que Provincia Seguros S.A. percibió la última prima en el mes de octubre de 2004 motivo por el cual el causante no se encontraba amparado por seguro alguno al momento de fallecer.
Al respecto considero que asiste razón a la accionada, toda vez que de las constancias de autos no se puede considerar acreditado que el causante tuviera seguro de vida al momento de producirse su deceso.
La actora hace referencia a recibos de sueldo anteriores a la muerte de su cónyuge, de los que surgiría el descuento de las primas de seguro, mas tal documentación no ha sido adjuntada a la causa.
Los recibos de los que surgirían tales descuentos datan del año 2004 y no se acompañan los recibos anteriores al fallecimiento.
Consideró la actora que era carga de la aseguradora el debitar el monto correspondiente a la prima y que por no haber efectuado tales retenciones, niega las prestaciones consecuentes al acaecimiento del siniestro.
Por el contrario, surge de la pericia contable obrante a fs. 211/211 bis vta., que en el sistema del seguro colectivo la entidad contratante efectuaba el pago de las primas cobrando a los asegurados la parte proporcional.
Como puede observarse, si no se abonaron las primas, ello en modo alguno puede ser imputable a la aquí accionada.
En cuanto al pago de las pólizas a que se hace referencia en la pericia, corresponde al monto global que debe abonar la empleadora. Mas ello en modo alguno demuestra que existiera una prima correspondiente al causante de autos.
Consecuentemente, entiendo que la demanda de autos no puede prosperar, toda vez que no se ha demostrado que al momento de su deceso el Señor Guillermo H. Raimondi contara con seguro de vida que amparara tal siniestro (art. 345 inc. 3 del C.P.C.C).
II. Si las precedentes consideraciones son compartidas por la colega corresponderá modificar la sentencia apelada en cuanto declara prescripta la acción intentada, sin perjuicio de lo cual corresponde confirmar la sentencia apelada en tanto rechaza la demanda articulada por Patricia Marcela Beratti contra Provincia Seguros S.A., en virtud de los exclusivos argumentos precedentemente expuestos. Las costas de ambas instancias postulo sean impuestas a la actora por revestir objetiva calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA A LA MISMA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO , DIJO:
Por la Mayoría alcanzada al tratar la primera cuestión, en cuanto a la posibilidad de apartamiento de la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia, respecto de la defensa de prescripción, adhiero al voto que postula mantener el rechazo de la acción por los exclusivos argumentos vertidos en el voto que precede.
Voto por la AFIRMATIVA A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA FERRER, DIJO:
Atento a la Mayoría de opiniones alcanzadas corresponde revocar el fallo apelado en cuanto admite la excepción de prescripción opuesta, y confirmarlo en tanto rechaza la demanda articulada por Patricia Marcela Beratti contra Provincia Seguros S.A., por los argumentos precedentemente expuestos al tratar la segunda cuestión propuesta. Las costas de ambas instancias serán impuestas a la actora por revestir objetiva calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS Y LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO, DIJERON:
Que coincidieindo con la solución porpuesta en el voto que antecede, también nos expedimos en el mismo sentido.
ASI LO VOTAMOS.
CON LO QUE TERMINA EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede: 1) Se rechaza la expeción de prescripción opuesta por la demandada; 2) Se confirma la sentencia apelada en tanto rechaza la demanda articulada por Patricia Marcela Beratti contra Provincia Seguros S.A., por los argumentos expuestos al tratar la segunda cuestión propuesta. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora por revestir objetiva calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia