Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 123.009
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas.
II. Regular los HONORARIOS de los letrados intervinientes, por la labor desarrollada luego del juicio, en un 25% de la suma fijada en origen.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; art. 119, tercer párrafo, del Código Procesal Penal; art. 16 y 31 de la ley 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 123009 ( correspondiente a la I.P.P N°09-00-6453-13 acumuladas 09-00-09876/13 y 09-00-5255/14) caratulada “BERGUES FERNANDO IGNACIO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por la defensa de Fernando Ignacio Bergues, contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2022 por el Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Mercedes, mediante la que se lo condenó a la pena de siete (7) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo, Cód. Penal).
En primer término, se agravia de la falta de incorporación por lectura de la declaración previa de N.B.O., prestada en una fecha cercana a la denuncia que hizo en contra de su asistido. Explica que al momento de ofrecer la prueba a utilizar durante el debate y en la audiencia celebrada a esos fines, la defensa solicitó la incorporación por lectura de aquella declaración, frente a la posibilidad de que en la audiencia del juicio (como considera que efectivamente ocurrió), se intentaran modificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito atribuido a Bergues.
Expone que en la resolución sobre la admisibilidad de la prueba a utilizar en el juicio “se guardó silencio” sobre aquella petición, circunstancia que no fue advertida por ninguna de las partes; no obstante, durante el juicio, frente a la petición expresa de la defensa, el tribunal rechazó la incorporación de la declaración previa de N.B.O., vulnerando el derecho de defensa del acusado.
Agrega que el tribunal le “prohibió” a esa parte tratar “las cuestiones relativas a las contradicciones entre el documento que pedimos que se incorporara por lectura”; y ahora lee en el veredicto que -frente a lo decidido por el tribunal- la defensa habría dejado “de lado esa posibilidad” (es decir, la de señalar las contradicciones). Al contrario, el recurrente explica que respetar la decisión de los jueces, aun cuando se considera arbitraria o errónea, no equivale a consentimiento.
En definitiva, considera que el juicio es nulo, pues el tribunal debió valorar toda la evidencia ofrecida por las partes y, a la vez, estima que la prueba ocultada es demostrativa de la existencia de una duda razonable que favorece a su asistido. Por ello, solicita se declare la nulidad del debate y se realice un nuevo juicio, ajustado a derecho.
En subsidio, denuncia arbitrariedad en el razonamiento probatorio del tribunal al establecer que Bergues cometió el delito.
Expone que además de violarse el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable, se permitió la incorporación de hechos por vía testifical sobre los que no se había declarado a lo largo de los diez años que insumió el trámite de la causa.
En ese sentido, explica que la madre y la tía de N.B.O. declararon sobre un supuesto tocamiento que Bergues habría efectuado a una de ellas, sobre el cual no habían dicho nada antes. Por otro lado, afirma que se infravaloró la testifical del padre de N.B.O., cuando dijo no creer el relato de su hija y agregó que la joven era de “bolacear”.
Contrapone aquellas declaraciones y afirma que al padre de N.B.O., que no mutó su relato a lo largo del tiempo, los jueces le restaron fiabilidad, mientras que a las otras dos testigos, que introdujeron información incomprobable, se les creyó, con el único objeto de corroborar la hipótesis acusatoria.
Afirma que la fiscalía “nunca pudo colocar a Bergues en el presunto lugar de los hechos, que casualmente en el debate es muy diferente al del inicio de la causa”.
En ese sentido, explica que en la etapa investigativa no se pudo encontrar el lugar que señaló N.B.O. Y, en la audiencia, “hasta cambió la primera corrida” que relató a la casa de una amiga por el ocultamiento en un lugar que, por sus características, podría haber sido ubicado y reconocido, “pero como nada de ello se describio´ en aquel momento, por cierto no hubo pesquisa posible”.
Insiste en “que nada de esto se puede evaluar conforme a derecho como contradicciones que generan una duda insalvable” sobre los extremos de la imputación, por el error del tribunal en la resolución sobre la admisibilidad de la prueba, al no incorporar por lectura la declaración previa de N.B.O.
Expone que no se contó con la ropa que tenía puesta N.B.O. el día que supuestamente fue abusada, nunca se acreditó si llegó a la casa de la amiga y si recibió de ella otra ropa para salir esa noche, según su relato.
Dicho esto, afirma que todos los testigos que declararon en el juicio se limitaron a repetir lo que les dijo N.B.O.; y agrega que N.B.O. y su madre declararon sobre un supuesto desempeño escolar impecable, cuando ese dato quedó refutado por el informe del colegio, contradicción que exigía tomar esas testificales con absoluta reserva. Por último, expone que aun cuando ninguna de las partes cuestionó el contenido de las diversas pericias psicológicas incorporadas a la causa, los jueces “eligieron” la que era compatible con la hipótesis de la acusación.
En definitiva, afirma que “no existe posibilidad alguna de ubicar [a Bergues] en el momento del supuesto hecho en el lugar -aun indeterminado- donde habría ocurrido”, “con lo cual la única conclusión posible es que no resulta autor”, solicitando su absolución.
Hizo reserva del caso federal.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala. El Fiscal ante esta instancia, Dr. Fernando Galán, postuló el rechazo del recurso interpuesto, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. En lo que importa destacar, luego de la sustanciación del debate, el tribunal de la instancia anterior tuvo por probado que “el día 20 de octubre del año 2012, en horas de la tarde, en circunstancias en que la víctima N.B.O. -en ese entonces de 13 años de edad- caminaba por la calle Rivadavia de la ciudad de Chivilcoy, se cruzó con su tío Fernando Ignacio Bergues, quien le propuso llevarla en la moto en que circulaba a la casa de su amiga Agustina Amarilla Benitez. Así las cosas, una vez a bordo del ciclomotor, Bergues se alejó del camino, llevándola a una zona descampada, oportunidad en la cual paró la moto, intentó besarla y, ante su negativa, la tomó por la fuerza de los pelos, la apoyó contra una planta, le bajó la ropa, hizo lo propio con él mismo, y la accedió carnalmente con su miembro por vía vaginal” (pág. 104 del registro informático incorporado al legajo digital).
2. En lo esencial, la defensa denuncia que los jueces no le permitieron utilizar la declaración previa de N.B.O. a fin de evidenciar contradicciones con su relato en el juicio.
Explica que en la oportunidad de discutir sobre la admisibilidad de la prueba a utilizar en el debate, esa parte solicitó la incorporación por lectura de aquella declaración previa pero el tribunal omitió expedirse al respecto. Agrega que no obstante, advertido ese error en el juicio, los jueces tampoco permitieron su incorporación y prohibieron a la defensa señalar las contradicciones entre una y otra declaración.
3. A fin de lograr el correcto abordaje del agravio de la defensa, cabe repasar la incidencia que al respecto se planteó en la audiencia de debate, de la que da cuenta el acta respectiva.
En ese sentido, constato que luego de los alegatos de apertura, el tribunal señaló a las partes que contaban con un listado de la prueba practicada en la fase de investigación e incorporada “en función de las distintas vías que prevé el art. 366 del CPP”, de acuerdo a sus respectivos ofrecimientos (art. 338, CPP). Las partes coincidieron en que no era necesaria su lectura y en el acta se individualizaron aquellas piezas (pág. 5, acta debate).
Iniciada la producción de la prueba, declaró en primer término la joven N.B.O. Cumplido el examen directo y el contra-examen, se dejó constancia en actas de la información que solicitó cada una de las partes. No se requirió autorización al tribunal para hacer uso de su declaración previa, en los términos del art. 366, sexto párr. del CPP (pág. 6/7, acta debate).
Al iniciar su alegato de clausura, la defensa expuso que existían ciertas contradicciones entre la declaración de N.B.O. en el juicio y la obrante a fs. 20/22 de la causa principal, que iba a identificar. El tribunal le advirtió que esa pieza no formaba parte del conjunto de prueba disponible, pues no había sido incorporada por lectura al debate. En ese sentido, el tribunal señaló que no hubo acuerdo de partes para su incorporación, tampoco surgía su admisión de la resolución sobre la prueba a utilizar en el debate y recordó que, por regla, las testificales se practicaban en la audiencia del juicio.
La defensa insistió en que debía permitirse argumentar sobre la declaración previa de N.B.O. pues alegó que esa parte había requerido su incorporación por lectura al momento de ofrecer la prueba a utilizar en el debate y los jueces habían omitido resolver al respecto. En rigor, afirmó que “técnicamente” no había una resolución que negara su incorporación y que no podía “cercenar[se] la utilización de elementos que la defensa tiene a su disposición” al escuchar las contradicciones y falencias. Agregó que “el principio de libertad probatoria está antes que nada en el sistema acusatorio” (pág. 19, acta). Dejó formal reserva de recurrir en casación lo decidido por el tribunal (pág. 20, acta debate).
4. En el veredicto, el tribunal resumió las posturas de las partes. En lo que importa destacar, también repasó la incidencia que se planteó cuando la defensa intentó alegar sobre la declaración previa de N.B.O. Recordó que no hubo acuerdo de partes para su incorporación y la defensa tampoco aplicó “el mecanismo del art. 366, sexto párrafo, del CPP, durante la declaración de N.B.O.” (pág. 99 del registro informático del veredicto).
5. Establecido lo anterior, constato que el planteo de la defensa se estructura sobre una incorrecta interpretación del uso legítimo de las declaraciones previas del testigo en el juicio oral (art. 366, sexto párr, CPP), pues denuncia que se le impidió confrontar las supuestas inconsistencias entre uno y otro relato de N.B.O., pero no solicitó al tribunal autorización para utilizar su declaración previa durante el contra-examen, como herramienta de litigación, a tales fines.
Al contrario, superada la práctica de la prueba, quiso alegar sobre las supuestas inconsistencias que habría entre lo declarado por N.B.O. en el juicio y en la etapa anterior, conociendo que esa última declaración tampoco estaba incorporada por lectura al debate. En ese sentido, aun cuando la defensa argumente que hubo una omisión de los jueces que resolvieron sobre la admisibilidad de la prueba a utilizar en el debate, lo cierto es que no se encuentra controvertido que no hubo acuerdo de partes para incorporar por lectura la declaración previa de N.B.O, pues la fiscalía la ofreció como testigo de cargo y que la resolución aludida, efectivamente, no decidió su incorporación. Vimos además que al inicio del debate se les recordó a los litigantes cuáles elementos de la IPP se habían incorporado por su lectura. Bajo esas condiciones, la única vía para confrontar a N.B.O. ante posibles inconsistencias u omisiones era utilizar su declaración previa como herramienta de litigación, como lo hizo la contraparte con otros testigos distintos a la denunciante, durante la misma audiencia de debate.
En efecto, constato que la fiscalía solicitó al tribunal autorización para utilizar la declaración previa de los testigos María José Vigna (pág. 6, acta) y Francisco Javier Ruiz (pág. 8), por omisiones en sus relatos, y de Sandra Graciela Aguirre (pág. 8) frente a inconsistencias con su declaración anterior. En todos los casos y sin oposición de la defensa, el tribunal autorizó el uso del mecanismo del art. 366 del CPP. Recuerdo que la declaración previa del testigo puede utilizarse para refrescar su memoria, actividad normalmente “amigable” del litigante, en tanto está destinada a ayudar al testigo a precisar su declaración ante el tribunal; y también puede utilizarse como herramienta de litigación orientada a evidenciar las inconsistencias del testigo, objetivo mucho más adversarial, pues lo que persigue es desacreditarlo debido a que se trataría de una persona que cambia sus versiones, impactando en su credibilidad.
De cualquier modo, recuerdo que en ambos casos (es decir, cuando el objetivo del uso de la declaración previa sea refrescar la memoria del testigo o cuando sea evidenciar sus contradicciones), la declaración previa no sustituye la testifical actual del deponente: o bien contribuye a que la declaración actual sea más completa o tiene el objeto de entregar al tribunal elementos para examinar la credibilidad del testigo.
En otras palabras, la declaración previa del testigo no constituye prueba en el juicio oral, pues ésta sigue siendo la testifical que presta en la audiencia.
En efecto, el art. 366 del CPP establece como regla general que “las actuaciones de la IPP no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado” y, en lo que aquí importa, autoriza la utilización de aquellas piezas a las que “el testigo aludiere en su declaración durante el debate al solo efecto de verificar sus contradicciones, incongruencias u omisiones, sin que pueda suplirse la versión oral por la documentada” (párr. sexto).
Esto refleja que hay información que se introduce en la práctica de la prueba del juicio oral que es inadmisible en tanto evidencia, pero admisible para otros usos legítimos (como herramienta de litigación).
La diferencia entre una declaración que se admite como prueba en el juicio (es decir, que se incorpora por su lectura) o que se utiliza a los fines del art. 366, sexto párr. del CPP, es relevante, pues solo cuando es admisible como prueba podrá ser utilizada para acreditar la o las proposiciones fácticas que contiene. En el caso del art. 366 comentado, la prueba sigue siendo la testifical del juicio oral, con el impacto en la credibilidad que haya sufrido como resultado del uso legítimo de la declaración previa.
Bajo esas condiciones, la decisión del tribunal que impidió a la defensa alegar sobre la declaración previa de N.B.O. fue correcta y descarta cualquier cuestionamiento sobre la posibilidad de confrontar a la testigo de cargo, pues estuvo disponible en el juicio y se garantizó su interrogatorio cruzado, para que las partes pusieran a prueba su fialibilidad como fuente de información. La ausencia de confrontación con su declaración previa -durante el contra-examen- es consecuencia de un déficit en la litigación y atribuible a cómo la defensa administró su prueba. La conclusión no puede variar frente a las consideraciones que hizo la defensa en el juicio y en el recurso sobre el “principio de libertad probatoria”, pues que el sistema se rija por la libre valoración de la prueba implica solo que no rige el sistema de la prueba legal o tasada que predetermina el resultado probatorio de forma vinculante para el juez o jueza (aunque estén limitados por las reglas generales de la epistemología). Tampoco implica -como bien señala el tribunal- “que todo lo que está en el expediente puede ser utilizado durante el juicio” (pág. 125, veredicto).
6. Establecido lo anterior, advierto que el resto de los agravios que invoca el recurrente resultan ser un replanteo de los ya expuestos y resueltos en la etapa anterior.
7. Los jueces valoraron la declaración de N.B.O.
cuando recordó las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito que la tuvo como víctima.
En lo que importa destacar, manifestó que el día del hecho (en octubre de 2012) iba caminando por la calle Rivadavia de Chivilicoy, hacia la casa de una amiga y en el camino se cruzó con Bergues, que era el esposo de tu tía. Que él iba en moto y se ofreció llevarla, pues le dijo que iba a hacer un trabajo cerca del lugar a donde ella iba. Señaló que en un momento Bergues empezó a tomar calles que ella desconocía. Que llovía, llegaron a una calle que se cortó y no había casas cerca. Precisó que “paró la moto, yo me bajo, pensé que le había pasado algo, y él como que me quiere dar un beso, yo lo saco y el me agarra de los pelos, me lleva para la esquina de la calle, me da vuelta, del pelo, y me baja la calza y la bombacha, se baja él, y abusó de mi en ese momento. Me accedió carnalmente, por vía vaginal" (pág. 109, del registro informático del veredicto).
Recordó que la tenía agarrada de los pelos y que ella era muy delgada en esa época. Que le dolió mucho, pues no había mantenido relaciones sexuales hasta ese momento, que fue muy brusco y que le salió sangre. Agregó que cuando él terminó, la soltó, ella se cayó y embarró su calza. Que su tío le dijo “yo tengo lo que quiero y vos tenés lo que querés” y le tiró plata. Expuso “salí corriendo. Intentó seguirme pero la moto no arrancó, después no se si me siguió buscando, había barro, corrí hasta que vi la primera casa. Era una casa tipo quinta, porque la zona es de campo, tenía una puerta blanca, había un tanque de agua azul, y me escondí ahí atrás. Estuve un rato, no sé cuanto, hasta que salí al dejar de escuchar ruidos. Me fui de ahí caminando a la casa de Agustina, eran muchas cuadras y largas”. Estimó que habrá caminado unas siete cuadras, dobló, y caminó otras dieciseis cuadras más.
Dijo que al llegar a la casa de su amiga, donde también estaba Tamara Traverso, no les contó lo sucedido, solo les dijo que se sentía sucia y se bañó. Que se quedó a dormir con sus amigas y al otro día volvió a su casa. Dijo que en ese momento tenía 13 años. Agregó que a su mamá tampoco le contó porque tenía miedo y aun continuaba pensando que si ese día no salía corriendo Bergues la hubiera matado. Recordó que luego del hecho, le pidió a su mamá mudarse con su padre (a otra ciudad). Sobre la revelación, dijo que a la primera persona a la que le contó lo sucedido fue a Sandra Aguirre, mujer de su papá, y le explicó que ese fue el motivo por el cual decidió irse de Chivilicoy. Expuso que Sandra no le dijo mucho. Que la denuncia se hizo un año y meses después. En ese sentido, recordó que tenía conductas muy violentas y en el colegio, ante las preguntas de las autoridades, se largó a llorar y les contó por qué estaba mal. Agregó que ese mismo día se lo contó a su mamá, en medio de una discusión porque no se quería sacar el guardapolvo, en la que también terminó llorando.
Expuso que luego del hecho se fue a vivir a lo de su papá, pero no estuvo ni una semana en su casa, porque él tenía que trabajar en Lobos y la dejó en la casa de su tía en Norberto de la Riestra.
7.1. En lo que importa destacar, a preguntas de la defensa, la joven precisó dónde inició el recorrido el día del hecho, qué calles tomó mientras iba caminando y dónde se encontró con el acusado. También respondió que junto a la policía quiso ubicar el lugar donde se cometió el abuso pero no lo encontró. Agregó que años después lo volvió a buscar pero tampoco pudo ubicarlo, sí encontró la casa donde se había escondido. También expuso que antes del hecho le iba bien en el colegio y no había repetido. Expuso que “la ropa sangrada la guard[ó] sin lavar”, en un puff que tenía cierre y cree que fue tirado con posterioridad sin saber qué había dentro, supuso que cuando su madre se mudó y ella no vivía en Chivilicoy. Precisó que en su declaración anterior dijo lo mismo, que guardó la ropa pero al hacer la denuncia ya no la tenía.
8. Luego de escuchar al resto de los testigos y examinar la prueba disponible, los jueces valoraron una serie de elementos (que corroboraron objetivamente) y que, en su opinión, reflejaron la fiabilidad de N.B.O. al revelar los hechos que la tuvieran como víctima y que recordó en el debate, como la insistencia que la niña manifestó ante su madre para ir a vivir a Moquehuá, a la casa de su papá, para la época en que dijo ser abusada por Bergues. A juicio de los magistrados, “la mudanza que impulsó N.B.O. es un claro indicador del delito denunciado” (pág. 122). Los jueces constataron que, efectivamente, la niña se mudó con su papá y que si bien el informe de fs. 85 señalaba que padre-hija tenían una buena relación, las declaraciones que se prestaron en el debate habían reflejado lo contrario. Así, recordaron cuando N.B.O. dijo “no tengo una relación con la que hable mucho las cosas”, el informe de fs. 17 (de la Escuela Secundaria nro. 7) donde se lo calificó de “padre ausente” y también el dato incontrovertido de que la convivencia padre-hija duró solo una semana, pues envió a la niña a la casa de una tía en otra ciudad. Los jueces agregaron que la pareja del padre “prácticamente admitió haber hecho oídos sordos” ante el abuso sexual que le reveló la menor. Sandra Aguirre dijo que al contárselo a su pareja Rodolfo Ortensia, ése “reaccionó mal” pero no hizo nada (pág. 122, veredicto).
En ese sentido, los jueces observaron que Rodolfo Ortensia durante su declaración en el juicio, pareció más preocupado por destacar la “buena relación” que tenía con Manrique (acusado por el resto de los abusos sexuales que se juzgaron en el mismo debate y que llegaron firmes a esta instancia), que por la situación de su hija, “inclusive destacando mentiras menores de ésta, propias de su edad (tales como asuntos escolares) para intentar justificar que también podría haber mentido en un hecho tan grave”. Los magistrados también señalaron que en gran parte su declaración, Rodolfo Ortensia se dedicó a decir que “nadie le había contado nada”, por lo que -en definitiva- le restaron la centralidad que quiso adjudicarle la defensa, como fuente fiable de información (pág. 122, veredicto).
Por otro lado, el tribunal valoró que “tanto su madre como el personal docente y no docente que expuso su testimonio coincidieron en notar en ella cambios en la conducta, hallándose muy agresiva, teniendo problemas en la escuela y llorando en soledad, encontrándole cortes superficiales en sus muñecas” (pág. 123).
9. Finalmente, los jueces no advirtieron la existencia de móvil alguno que llevase a la niña (de entonces 13 años), a imputar falsamente a su tío de un hecho de tal gravedad, especialmente frente a los inconvenientes que trajo la denuncia en el ámbito familiar, de acuerdo con el relato de Lorena Gallardo y Marcela Basualdo, madre y tía de N.B.O., respectivamente (pág. 121, veredicto).
En efecto, en lo que importa destacar, Lorena Gallardo declaró que habló con su hermana (pareja de Bergues), cuando ellos se enteraron de la denuncia. Que su hermana se presentó con Bergues, en su casa, que N.B.O. le contó todo y desde ese día no tuvieron más contacto. Señaló que N.B.O. tenía una relación muy unida con su tía (pág. 117, veredicto). En similar sentido, Marcela Basualdo dijo que eran una familia muy unida, que todas las hermanas (ella, la mamá de N.B.O. y la pareja de Bergues) se juntaban, pues eran de hacer reuniones familiares y que después de la denuncia “se rompió todo” (pág. 119).
10. Los jueces también valoraron la pericia psicológica practicada a N.B.O por la licenciada Lapenta, donde describió las técnicas aplicadas y sus conclusiones, en particular los indicadores compatibles con ASI.
En lo que importa destacar, decidieron que debían prevalecer las conclusiones de la perita Lapenta, frente al informe del servicio local de Chivilicoy invocado por la defensa, pues este último se limitaba a exponer “no se observan indicadores de angustia, espontáneamente aparecen risas que no se corresponden con el curso del relato”, sin detallar mínimamente las técnicas empleadas para arribar a su conclusión, apareciendo como una mera transcripción de la entrevista que mantuvo la psicóloga con la joven y su madre (pág. 127).
11. Establecido lo anterior, el tribunal dio tratamiento a los argumentos de la defensa, relativos a los “indicios de mendacidad” que habrían reflejado la declaración de N.B.O. y su madre, a la valoración de los informes psicológicos, a la “conducta de los padres de la víctima”, el informe psiquiátrico de Bergues y la “falta de evidencia”; agravios que -en su mayoría- el recurrente replantea en esta instancia, sin controvertir lo resulto en la etapa anterior.
12. La inconsistencia de N.B.O., que señaló la defensa, radicó en que preguntada sobre su rendimiento escolar dijo que le empezó a ir mal luego del hecho, al igual que su madre, cuando el informe de fs. 14 del principal (incorporado por lectura) dio cuenta de que para aquella época de ya había recursado primer año (pág. 126, veredicto). A criterio del tribunal, aquel dato, periférico o accesorio, sobre el que se le preguntó en el juicio diez años después, no tuvo capacidad para afectar la fiabilidad de N.B.O. pues, en lo central, mantuvo el mismo relato a lo largo del tiempo, frente a distintos interlocutores y en el propio debate (pág. 126).
La defensa insiste en que la inconsistencia señalada refleja que N.B.O. preparó un discurso incriminador en contra de Bergues (pág. 159, recurso), pero sin refutar los argumentos del tribunal, ni controvertir el tramo del veredicto donde se estableció que no solo su madre, sino “el personal docente y no docente que expuso su testimonio coincidieron en notar en ella cambios en la conducta, hallándose muy agresiva, teniendo problemas en la escuela y llorando en soledad, encontrándole cortes superficiales en sus muñecas” (pág. 123).
En consecuencia, cabe confirmar -como lo hace el tribunal- que la niña presentó cambios conductuales notorios y compatibles con indicadores inespecíficos de ASI, aún cuando su rendimiento académico no haya sido tan bueno antes del hecho denunciado, como lo expuso N.B.O. en el juicio.
13. Dicho esto, observo que el recurrente no controvierte las conclusiones de la perita Lapenta. Al contrario, cuestiona la decisión de los jueces que frente a dos informes psicológicos, prefirió uno sobre otro, cuando ninguno fue controvertido por las partes, pero sin reparar en la explicación que dieron los jueces al responder el mismo planteo en el veredicto: Lapenta, al contrario que la psicóloga del servicio local de Chivilicoy, describió las técnicas aplicadas y justificó conclusiones.
14. Similar déficit argumentativo constato en los planteos del recurrente cuando, en contra de la fiabilidad de N.B.O., señala las apreciaciones que en el juicio hizo su padre, en tanto los jueces justificaron porqué no otorgaron al testimonio de Rodolfo Ortensia la relevancia que quiso asignarle la defensa (ver punto 8 de esta revisión).
15. Dicho esto, observo que el recurrente insiste en que no se pudo probar que Bergues estuvo en el lugar del hecho (mediante el argumento de que no se pudo ubicar con precisión ese lugar), en similar sentido a la posición que sostuvo en el debate.
El tribunal consideró que los esfuerzos de la defensa al argumentar sobre la insuficiencia probatoria (como no ubicar el lugar del hecho o no contar con las prendas que la niña había escondido) no se hacían cargo de la información que N.B.O. incorporó en el juicio, ni el resto de los elementos de prueba que se valoraron en favor de su fiabilidad. En ese marco, observaron que “en nada modifica la situación de Bergues el hecho de que no se haya podido dar con el lugar con el hecho, máxime teniendo en cuenta que se trataba de una zona prácticamente descampada (conforme dijo N.B.O. y surge de fs. 46), por ende no fácilmente identificable y que no fue ella quien condujo hacia el lugar sino [que] iba como acompañante” (pág. 130).
Nuevamente, la defensa se limita a invocar los mismos argumentos que expuso en el debate, sin reparar en el razonamiento probatorio del tribunal, método insuficiente para controvertir las conclusiones que contiene el veredicto.
16. En definitiva, los jueces concluyeron que el testimonio de N.B.O. contó con suficiente potencial informativo para recrear las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que la tuviera como víctima cuando tenía 13 años y confrontaron ese aporte con datos de otra procedencia, para examinar la calidad de la información.
Por ello y en orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso deducido por la defensa, con costas.
Por lo expuesto a esta PRIMERA CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; art. 119, tercer párrafo, Cód. Penal; 448, 451, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas y TENER PRESENTE la reserva del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 14, ley 48; art. 119, tercer párrafo, Cód. Penal ; 448, 451, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas.
II. REGULAR LOS HONORARIOS de los letrados intervinientes, por la labor desarrollada luego del juicio, en un 25% de la suma fijada en origen.
III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; art. 119, tercer párrafo, del Código Procesal Penal; art. 16 y 31 de la ley 14.967.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia