Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 39151-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios y confirmar la sentencia recurrida, con costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. La jueza Clara María Do Pico no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 R.J.N.).
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I.
Causa CAF nº 39761/2019, “Bermejo, Gerardo Hernan c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”.
En Buenos Aires, a los días del mes de de 2019, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos “Bermejo, Gerardo Hernan c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, y El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El señor Gerardo Hernan Bermejo recurrió, en los términos del artículo 1132 del Código Aduanero, la resolución DE PRLA nº 92885/18 por la cual se lo condenó “al pago de una multa que asciende a una (1) vez el valor en aduana del dinero transportado, en infracción que excede el límite establecido por la normativa vigente y que asciende a la suma de $ 648.685,52 […] y el comiso de las divisas en trato que ascienden a U$$ 165.841 […] por encontrarse incurso en la infracción al régimen de equipaje prevista y reprimida por el art. 979 del Código Aduanero” (fs. 7/20vta.).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación declaró prescripta la acción de la Dirección General de Aduanas (DGA) para percibir la multa impuesta al actor y, en consecuencia, revocó la resolución DE PRLA nº 92885/18 en cuanto exige el pago de la suma de $648.685,52 y el comiso de U$$ 165.841 por haber transgredido el régimen de equipaje.
A su vez, dispuso que las costas corran a cargo del Fisco Nacional (fs. 52/56vta.).
III. Para así decidir, tuvo en cuenta que:
i. No corresponde hacer extensiva la suspensión de la prescripción del artículo 67 del Código Penal “puesto que no se trata aquí de Alta en sistema: 19/11/2019 cuestiones prejudiciales que necesariamente deban ser resueltas para luego avocarse a […] perseguir el cobro de la multa”.
ii. La cuestión prejudicial se suscitaría si “la [l]ey al mismo tiempo dispon[e] sanciones accesorias a la comprobación de un delito y al mismo tiempo consider[a] prescripta esa posibilidad en virtud de la comprobación del delito que previamente exige”.
iii. “Atenerse simplemente a interpretar cualquier persecución penal respecto de un mismo hecho como cuestión previa o prejudicial en caso de que no se alcance a demostrar la existencia del delito de contrabando, a los efectos de luego hacer extensiva la potencia punitiva estatal hacia otras imputaciones infraccionales, resulta a todas luces excesivo”.
iv. “La prescripción del hecho comenzó a correr el 01/01/2011, encontrándose ya vencido el plazo de cinco años establecido en el Código Aduanero a efectos de avocarse en la persecución de [la] infracción”.
IV. El Fisco Nacional apeló (fs. 57) y expresó agravios (fs. 60/62) que fueron replicados (fs. 66/68vta.).
Señaló que:
i. “El resultado infructuoso, en términos de condena penal, derivado de la actividad de organismos estatal[e]s ajenos al Servicio Aduanero traiga como consecuencia directa [que] se lo prive de aplicar y percibir multa y tributos legítimamente impuestos [perjudica] el erario público y [favorece] el enriquecimiento del infactor”.
ii. “En el ámbito del delito de contrabando [la] competencia [de la aduana] se limita a la simple aplicación de las penas accesorias”.
iii. “No puede […] cargarse sobre las espaldas del Fisco Nacional la demora […] que ocasionó la tramitación de la causa ante el Fuero Penal Económico, como así tampoco puede obligárselo a soportar las consecuencias de idas y vueltas entre el Banco Central de la República Argentina y el propio Poder Judicial”.
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Causa CAF nº 39761/2019, “Bermejo, Gerardo Hernan c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”.
iv. “La sentencia apelada […] resulta palmariamente arbitraria pues consiente […] la impunidad del infractor”.
v. “La tramitación de la causa judicial impide cualquier intervención del Servicio Aduanero en tanto juez administrativo […] cuando, por los hechos del caso (que no son diferentes por el hecho de que se los aprecie desde el punto de vista penal o infraccional) interviene el Poder Judicial de la Nación”.
V. El examen de los agravios exige una reseña de los antecedentes más relevantes del caso obrantes en el expediente administrativo n° 10023-8542-2016:
i. Las actuaciones administrativas tuvieron su origen en el secuestro de divisas al actor realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el 20 de junio de 2010, en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini. En el acta de secuestro se indicó que: (a) “en circunstancias de efectuarse el control rutinario sobre los pasajeros que se [encontraban] próximos a embarcar, se suscitó una novedad con un pasajero del sexo masculino del vuelvo AR 1302 de la empresa aerocomercial Aerolíneas Argentinas, con destino a la ciudad de Miami- Estados Unidos”; (b) “al momento de someter al control mediante equipo de Rxc las pertenencias del [actor], el mismo da aviso de que portaba dentro de su equipaje de mano Ciento Setenta y Cinco mil (175.000) dólares estadounidenses; (c) el actor “no [contaba] con la documentación que acredita la autorización de salida del país con las divisas”; (d) al anoticiarse de lo sucedido, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 5 dispuso que se labre el acta, “se efectúe la contabilización del dinero, para su posterior secuestro y remisión a sede central del Banco Central de la República Argentina [y que] los actuados se caratulen como ‘infracción a la Ley 19.359”.
Alta en sistema: 19/11/2019 ii. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) remitió el sumario a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
iii. Frente a la declaración de incompetencia de los juzgados nacionales en lo Penal Económico nºs 7 y 5 (fs. 534 y fs. 556/557 respectivamente), la Sala B de la cámara de dicho fuero declaró la nulidad de la decisión “del juzgado a quo de disponer la remisión del sumario de prevención labrado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria al Banco Central de la República Argentina (fs. 61/67 del incidente de apelación CPE 341/2014/1, según fs. 572 y lo expuesto por la señora fiscal a fs. 573 y vta.).
iv. El 29 de junio de 2016, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 5 desestimó “las presentes actuaciones por imposibilidad de proceder” (artículo 180 del Código Penal) y ordenó remitir la causa a la DGA a fin de que se investigue “la presunta infracción al artículo 979 del Código Aduanero” (fs. 638/641vta.).
v. El 23 de diciembre, el jefe del departamento de procedimientos aduaneros dictó la resolución DEPRLA nº 7282/16 en la que: (a) consideró que “la acción penal aduanera se encontraría prescripta […] atento que el imputado no registra antecedentes”, y (b) desestimó la denuncia “en los términos de los artículos 1121 in fine y 1090, inciso “b”, del Código Aduanero, con relación al delito [de contrabando] tipificado en el artículo 863 del citado código” (fs. 664). Dicha resolución nunca fue notificada a las partes.
vi. El 20 de marzo de 2017, por medio de la resolución 2017-
518-APN, el subdirector general de la subdirección general técnico legal aduanera aprobó la resolución 7282/16 en tanto había desestimado la denuncia y remitido las actuaciones al Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (secretaría nº 2) a fin de que se investigue la presunta infracción al artículo 979 del Código Aduanero (fs. 667/668).
vii. El 28 de marzo, por medio de la disposición DI LEGA 11/16 del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, se dispuso la apertura del sumario y se ordenó correr vista de las actuaciones al actor (fs. 671 y vta.).
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viii. El 9 de mayo de 2018 se dictó la resolución DEPRLA nº 2885/18 del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (fs. 689/692).
VI. El planteo de prescripción de la acción formulado por la firma actora —resuelto, como se vio, de manera favorable por el Tribunal Fiscal, y resistido en esta instancia por la parte demandada— debe ser examinado según las previsiones contenidas en el Capítulo Quinto de la Sección 12 “Disposiciones penales”, Título 2 “Infracciones aduaneras”, del Código Aduanero, referentes a la “Extinción de acciones y penas”. Ello es así, toda vez que no se encuentra controvertido por las partes el régimen aplicable, dado que la multa fue impuesta al actor por haber trasgredido el régimen de equipaje en términos del artículo 979 del Código Aduanero.
Como se vio, la propia DGA desestimó la imposición de una sanción al actor por el delito de contrabando de acuerdo con el artículo 863 del mismo código.
VII. Despejada esa cuestión en los términos precedentes, debe retenerse que:
1. El plazo de prescripción de la acción para percibir los tributos aquí aplicable es el plazo de 5 años contemplado en el artículo 934 del Código Aduanero, que comenzó a correr “el primero de enero del año siguiente al año en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”, de conformidad con el artículo 935.
2. El artículo 937 de ese código dispone que “[l]a prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) La comisión de otra infracción aduanera; c) La comisión de un Alta en sistema: 19/11/2019 delito aduanero; d) El dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
3. El artículo 938 del código establece que “Para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme” (punto 1).
VIII. Los argumentos centrales sobre los cuales el Fisco Nacional apoya el recurso giran en torno a que la tramitación de la causa penal en la que se investigó al actor por la presunta comisión del delito de contrabando (en los términos de la ley 19.359 de régimen penal cambiario) suspendió el plazo de prescripción con arreglo al artículo 67 del Código Penal y, por ende, imposibilitó ejercer su competencia para aplicar las penas accesorias previstas en el Código Aduanero.
IX. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Mazal” (Fallos: 325:1731):
—Recordó lo resuelto en la causa ‘De la Rosa Vallejos’ (Fallos: 305:246), en la que: i. interpretó la naturaleza de las facultades que la ley de aduana otorgaba a la administración para la aplicación de ciertas sanciones relativas al delito de contrabando; ii. dijo que “la atribución de competencia al organismo aduanero respecto de las sanciones previstas en los incs. a, b, c, f y g del art. 191 de la Ley de Aduana no responde a su jurisdicción en materia de infracciones ‘sino a su facultad administrativa de imponer ciertas consecuencias accesorias de la condena penal’”; iii. caraterizó a dichas sanciones “como accesorias de la pena privativa de la libertad” y “dependientes de la existencia de aquélla”; iv. puntualizó que “la administración carecía de autonomía para juzgar sobre la materialidad del hecho ilícito y la individualización de sus responsables”; y v. concluyó en que “la Aduana no se encuentra habilitada para la aplicación de las aludidas sanciones hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa penal por contrabando.
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Causa CAF nº 39761/2019, “Bermejo, Gerardo Hernan c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”.
—Señaló que respecto de la prescripción de la acción para imponer las sanciones accesorias del delito de contrabando, se aplica el artículo 890 del Código Aduanero, “según el cual ‘la extinción de las acciones para imponer y para hacer efectivas las penas por los delitos aduaneros, se rige por las disposiciones del Código Penal’”, y que a tenor de su artículo 67 “la prescripción se suspende en los casos de delitos cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas y prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio”.
X. Desde esa perspectiva, debe ponerse de relieve:
(i) En este caso el Fisco Nacional no aplicó al actor una sanción accesoria al delito de contrabando, sino que le impuso una multa como consecuencia de haber pretendido extraer del territorio aduanero, por vía de equipaje, un objeto prohibido, es decir, la suma de U$S 165.841, excediendo el límite legalmente previsto (U$S 10.000).
(ii) El Fisco Nacional —según se vio— desestimó la denuncia en los términos del artículo 1121 in fine y 1090, inciso “b”, del Código Aduanero con relación al delito de contrabando tipificado en el artículo 863 del mismo código.
XI. En este contexto, puede concluirse en que en tanto la DGA no impuso al actor una de las sanciones accesorias al delito de contrabando previstas en el Código Aduanero (Sección XII - Disposiciones penales, título I-Delitos aduaneros) sino que le aplicó una multa por haber trasgredido el régimen de equipaje, no se advierte ningún motivo para afirmar que el plazo de prescripción previsto en el artículo 934 no haya comenzado a correr el 1º de enero del 2011, es decir, al año siguiente en que se suscitaron los hechos referidos que dieron origen a esta causa. Ciertamente, la suspensión de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal que invocó la Corte Suprema en el precedente Alta en sistema: 19/11/2019 “Mazal” no es aplicable, en tanto —como se dijo— aquí no se impuso una sanción accesoria al delito de contrabando que hubiera requerido para el dictado de la resolución administrativa una sentencia penal que condene al actor en esos términos (ley 19.359).
Por tanto, el plazo quinquenal contemplado en el artículo 934 del Código Aduanero comenzó a correr el 1º de enero de 2011 y, al momento en que se ordenó la apertura del sumario, esto es, 28 de marzo de 2017, se encontraba cumplido.
XII. En suma, debe desestimarse los agravios y, en consecuencia, confirmarse la sentencia apelada.
XIII. Las costas de esta instancia deben ser soportadas por la parte demandada que resultó vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito a las razones expuestas, VOTO por desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas a cargo de la parte demandada.
La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios y confirmar la sentencia recurrida, con costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. La jueza Clara María Do Pico no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 19/11/2019 CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I.
Causa CAF nº 39761/2019, “Bermejo, Gerardo Hernan c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”.
Alta en sistema: 19/11/2019
Fin de la sentencia