Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 79241397-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) hacer lugar al recurso de la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado y confirmar la resolución determinativa impugnada; b) imponer las costas de ambas instancias por su orden en atención a que el actor pudo haberse creído con derecho a cuestionar la pretensión fiscal en función de las particulares características de la normativa aplicable y los criterios jurisprudenciales imperantes en la materia debatida (arts. 68, segunda parte, y 279 del CPCCN), y c) dejar sin efecto la regulación de honorarios contenida en el punto 2º del decisorio del 23/06/21 y declarar inoficioso pronunciarse con respecto al recurso de apelación interpuesto el 25/06/21 contra los referidos emolumentos, en atención al modo en que se decide.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19935/2021 “BERNAL, RAMON JAVIER (TF 79241397-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2022.
Y VISTO:
Estos autos caratulados “Bernal, Ramón Javier (TF 79241397-I)
s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, mediante pronunciamiento del 23/06/21, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó —por mayoría— la resolución nº 233/19, emitida por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP – DGI, en virtud de la cual se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 03/2016 a 03/2017, se liquidaron intereses resarcitorios y se aplicó una multa equivalente al 70% del gravamen presuntamente omitido, con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.). Impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios del letrado apoderado de la parte actora.
Para así decidir, indicó que no resultaba motivo de agravio la exclusión del actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (“Régimen Simplificado”) ni la existencia de operaciones de compra en los períodos determinados. En ese contexto, precisó que la cuestión en debate se circunscribía a determinar si el recurrente se encontraba habilitado a computar el crédito fiscal derivado de sus operaciones de compra a los fines de liquidar el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las posiciones 03/2016 a 03/2017. Destacó que los contribuyentes excluidos del Régimen Simplificado que adquirían la calidad de responsables inscriptos, en virtud de lo establecido por el art. 29, inciso a, de la ley 25.865, no podían computar el Impuesto al Valor Agregado que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que produjera efectos su cambio de condición frente al tributo (cfr. art. 16 de la ley del gravamen).
Consideró insoslayable que las operaciones de compra del actor se habían realizado mientras estuvo inscripto como monotributista, por lo que era improcedente requerirle el cumplimiento retroactivo de un requisito inexigible en ese momento, esto es, que en la facturación se encontrase discriminado el monto correspondiente al crédito fiscal. En consecuencia, sostuvo que resultaba irrazonable la aplicación de las previsiones contenidas en el art. 41 de la ley del Impuesto al Valor Agregado.
Reseñó criterios jurisprudenciales vinculados a la cuestión debatida y puso de resalto que la exclusión del Régimen Simplificado comportaba una situación excepcional que no podía ser subsumida de “modo automático” en una mecánica del gravamen concebida para diversa categoría de sujetos tributarios. Concluyó que la pretensión fiscal carecía de sustento fáctico puesto que “la condición de encontrarse el impuesto discriminado en la facturación resulta imposible de cumplir para quien —al momento de celebrarse las operaciones— revistiera el carácter de monotributista y la ley no le exigía a quien emitiera el comprobante discriminar el tributo de los mismos”.
2. Que, disconforme, la demandada interpuso y fundó su recurso de apelación el 20/08/21 y el 30/08/21, respectivamente, que no fue replicado por su contraria.
Arguyó que el pronunciamiento apelado resultaba arbitrario en tanto se apartó de la normativa aplicable y forjó una interpretación no contemplada en las disposiciones legales involucradas.
Puntualizó que, no obstante haber perdido la condición de monotributista, el actor había continuado operando como tal y nunca cuestionó su exclusión del Régimen Simplificado.
Aclaró que los precedentes referenciados por el a quo no habían sido consentidos y se encontraban recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa línea, puso de relieve que la Procuración General de la Nación había dictaminado a favor del criterio fiscal in re “Riso, María de los Ángeles c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo” el 5/2/19 y trascribió parte del referido dictamen, según el cual: (i) a partir de que acontezca alguna de las causales exclusión del Régimen Simplificado, los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones impositivas y de la seguridad social de conformidad con los regímenes generales; (ii) la lectura conjunta del art. 29 de la ley del Régimen Simplificado y del art. 16 de la ley del Impuesto al Valor Agregado, permite colegir que los pequeños contribuyentes que resulten excluidos del régimen de monotributo no pueden computar el Impuesto al Valor Agregado que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que la referida exclusión produjo efectos; (iii) dicha disposición “no implica que puedan computar derechamente el IVA que les haya sido facturado por hechos imponibles posteriores a la adquisición de su carácter de responsables inscriptos, si esas facturas no cumplen con los requisitos fijados por los arts. 12, inc a), 41 y 42 de la ley del IVA”; y (iv) la parte actora se encuentra obligada a abonar el Impuesto al Valor Agregado por sus ventas durante aquel lapso sin poder computar el crédito fiscal de sus compras, toda vez que ha sido su propia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 19935/2021 “BERNAL, RAMON JAVIER (TF 79241397-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
negligencia la que la ha colocado en esa situación, puesto que “debió advertir que, como consecuencia de su exclusión automática (…) había adquirido el carácter de responsable inscripta en el IVA y, en consecuencia, debía solicitar que se le confeccionaran las facturas a su nombre y con la correspondiente discriminación del impuesto”.
Remarcó que de las constancias de autos surgía claro que el gravamen no había sido discriminado en los comprobantes fiscales, dado que el actor se encontraba inscripto en el Régimen Simplificado en los períodos cuestionados, requisito indispensable para que procediese el cómputo del crédito fiscal.
Manifestó que la decisión del Tribunal Fiscal beneficiaba a los contribuyentes que declaraban incorrectamente su situación frente al impuesto y permitía que se computase el crédito fiscal de sus operaciones, deviniendo inaplicables las previsiones de los arts. 12, 37 y 41 de la ley del gravamen, cuando, ante idéntica situación fáctica, a cualquier otro contribuyente que declarara correctamente su situación de responsable inscripto frente al tributo se le cercenaba la posibilidad de computar el crédito fiscal de no contar con el Impuesto al Valor Agregado discriminado en las facturas correspondientes.
3. Que, de acuerdo a las constancias de la causa:
La OI Nº 1545916 —iniciada el 6/12/16— verificó que durante los meses 5/2015 a 2/2016 el actor —con actividad de “venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.”— había efectuado compras y gastos inherentes a su actividad comercial por un monto de $612.103,71, es decir, superior al tope de $480.000 establecido en el inciso k, del art. 20 de la ley 24.977; circunstancia que motivó su exclusión del Régimen Simplificado y su inscripción en los regímenes generales a partir del 1º/3/16 (cfr. 2vta., actuación nº 11900-1129-2017 y fs. 1/2, actuación nº 18260-2351-2017); El 7/12/16 el actor fue notificado de la exclusión del Régimen Simplificado, y el 23/12/16 solicitó vista del expediente administrativo (conf. fs. 9 y 39, actuación nº 18260-2351-2017);
El 30/03/17 el contribuyente se excluyó en forma retroactiva inscribiéndose en el Impuesto al Valor Agregado, en el Impuesto a las Ganancias y en Autónomos a partir del período 03/2016, por lo que la AFIP dio por finalizada la inspección (cfr. 42/44, actuación nº 18260-2351-2017); El actor presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado desde el 03/2016 hasta el 12/2016 en cero “ya que deduce importes de retenciones, percepciones y pagos a cuenta inexistentes”. En consecuencia, el 29/05/17, la División Fiscalización nº 5 propuso la remisión de las actuaciones administrativas, “a efectos de que se origine una nueva OI para verificar las DDJJ de IVA a partir del período 03/2016 a la actualidad” (conf. 47/49, actuación nº 18260-2351-2017);
El 12/01/18 la AFIP notificó al actor el inicio de la fiscalización OI nº 1651615 relativa al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos 03/2016 a 09/2017 y le requirió la documentación respaldatoria del crédito fiscal declarado en las posiciones supra detalladas. El 13/01/18 el actor alegó no poseer los registros IVA ventas y compras ni la documentación respaldatoria de las operaciones involucradas (cfr. fs. 2/5, actuación nº 11901- 514-2018);
El 1º/6/18 el Sr. Bernal: (i) aportó los libros IVA compras y ventas por los períodos 03/2016 a 03/2017; (ii) aclaró que desde el 04/2017 se encontraba categorizado dentro del Régimen Simplificado; (iii) exhibió lo comprobantes respaldatorios de los registros IVA compras “constatándose que son comprobantes tipo B en los cuales no se encuentra el IVA discriminado; en la columna del registro IVA compras el IVA discriminado es calculado por el sistema”; y (iv) informó que el 31/05/18 procedió a rectificar el las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de los períodos 03/2016 a 12/2016 y a presentar las declaraciones juradas originales de las posiciones 01/2017 a 03/2017 (conf. fs. 57 y 233vta., actuación nº 11901-514-2018);
Conforme surge del informe de descargo no conformado, “en las declaraciones juradas al inicio de la fiscalización el crédito fiscal declarado era $0, en las declaraciones juradas rectificativas el contribuyente incorporó un crédito fiscal de $367.214,36”. Sin embargo el organismo impugnó el crédito fiscal de las operaciones de compras de facturas tipo B declaradas por cuanto “no poseen discriminado el IVA, no pudiendo descontar del crédito fiscal el débito fiscal no discriminado”, lo que generó un ajuste de $366.674,72 (conf. fs. 195, actuación nº 11901-514-2018);
En el escenario descripto, la AFIP precisó que, según lo dispuesto por los arts. 24 y 28 del Régimen Simplificado, “sólo se consideró crédito fiscal en los meses de mayo y noviembre de 2016 por las operaciones respecto a las cuales le facturaron el impuesto discriminado mediante factura `A`. Se mantienen las retenciones y percepciones, declarados por el contribuyente”. Ello así, la diferencia a ingresar ascendería a $357.663,30 (conf. fs. 233vta./234, actuación nº 11901-514-2018);
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El 22/03/19 el organismo fiscal confirió vista del ajuste propuesto y el 15/04/19 el actor aportó la documentación que consideró pertinente para repeler la pretensión en cuestión (cfr. fs. 235/302 actuación nº 11901-514- 2018);
El 6/08/19 la AFIP dictó la resolución determinativa de oficio sobre la base de lo dispuesto en los arts. 24 y 28 del Régimen Simplificado, 12 y 16 de la ley del Impuesto al Valor Agregado y de conformidad con el dictamen de la Procuración General de la Nación del 5/2/19 en los autos caratulados “Riso, María de los Ángeles c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” y con el fallo de la Sala III de esta Alzada in re “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/ AFIP” del 20/02/15 (conf. fs. 321/337, actuación nº 11901-514-2018);
Disconforme con el ajuste propuesto, el actor recurrió ante el Tribunal Fiscal de la Nación y solicitó “la aplicación al caso en tratamiento de lo sostenido en el fallo `Díaz , Emilia Leonor s/ apelación IVA` en el que se ha expresado que por el mismo carácter de monotributista no es razonable exigir la acreditación de facturación discriminada como requisito del cómputo de crédito fiscal de IVA pues es en mérito a esa condición que los proveedores se encuentran impedido de facturar de ese modo y por lo tanto la situación no puede encuadrarse en el artículo 37 y la presunción del artículo 41 (de la ley del Impuesto al Valor Agregado), y que corresponde el encuadramiento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley del impuesto que en resumido análisis prescribe que cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales no deberá discriminar el impuesto.
Igual tratamiento corresponde a sujetos con operaciones exentas”. Asimismo, puso de resalto que “el Fisco Nacional no ha controvertido en lo absoluto las operaciones de compra cuyo crédito fiscal computara el contribuyente Bernal en sus declaraciones juradas” (páginas 10/12 de las actuaciones ante el Tribual Fiscal que se encuentran digitalizadas); y A su turno, el Fisco reconoció no haber cuestionado la realidad de las operaciones de compra denunciadas por el contribuyente pero arguyó que la normativa aplicable (arts. 12, 16, 37, 41 y 42 de la ley del Impuesto al Valor Agregado) supedita el cómputo del crédito fiscal al hecho de que, “el impuesto se encuentre facturado y discriminado”, de modo que el admitir el método de liquidación del recurrente implicaría un “trato diferencial para con el resto de los contribuyentes que cumplen periódicamente con las normas del impuesto determinado y el Régimen del Monotributo”.
Así pues, puntualizó “la discriminación del impuesto en la factura es un requisito esencial sin el cual existe la presunción, que no admite prueba en contrario, de que en la etapa anterior no se ha pagado el impuesto, no dando en consecuencia derecho al cómputo del crédito fiscal para los responsables inscriptos” y destacó que “no se ha podido constatar la configuración del hecho imponible respecto del vendedor (uno de los requisitos para que un contribuyente pueda computar el crédito fiscal)” previsto en el art. 11 de la ley del Impuesto al Valor Agregado que “no ha sido acreditado en autos y el recurrente no intenta probar” (página 217/221 y 227/228 de las actuaciones ante el Tribual Fiscal que se encuentran digitalizadas).
4. Que, en función de lo hasta aquí expuesto, no se encuentra controvertido: (i) que al actor consintió su exclusión retroactiva del Régimen Simplificado y su consecuente inscripción en el régimen general del Impuesto al Valor Agregado con efectos a partir del período 1º/3/16; (ii) la existencia de las operaciones de compra declaradas por el Sr. Bernal en los ejercicios 03/2016 a 03/2017; (iii) la falta de discriminación del Impuesto al Valor Agregado en las facturas que respaldan las referidas operaciones; (vi) que las ventas efectuadas por el actor en los períodos aquí involucrados generaron débito fiscal en los términos de la ley del Impuesto al Valor Agregado; y (iv) el contribuyente fue notificado de la referida exclusión el 07/12/16.
Ello así, la cuestión en debate requiere determinar si el actor se encontraba habilitado a deducir del débito fiscal declarado en los períodos 03/2016 a 03/2017, el crédito fiscal que atribuyó a las compras efectuadas en ese mismo lapso pero que no se encuentra discriminado debido a que, en el momento en que fueron emitidas las facturas, revestía la condición de monotributista.
5. Que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 21 del Anexo I de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, el acaecimiento de cualquiera de las causales indicadas en el artículo 20 produce la exclusión automática del Régimen Simplificado desde la cero (0) hora del día en que se verifique, debiendo comunicar el contribuyente dicha circunstancia al organismo recaudador, y solicitar el alta en los tributos del régimen general. En el caso de que la AFIP sea quien constate la configuración de alguna de las causales de exclusión, aquélla también tiene efectos a partir de la cero (0) hora del día en que se produjo y los contribuyentes excluidos son dados de alta de oficio o a su pedido en los tributos del régimen general de los que resulten responsables de acuerdo con su actividad. Además, la norma establece que “el impuesto integrado que hubiere abonado el contribuyente desde el acaecimiento de la causal de exclusión, se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud de la normativa aplicable al régimen general”.
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A su turno, el art. 28, inciso a, del mismo cuerpo legal prevé que los sujetos que hubieran renunciado o resultado excluidos del Régimen Simplificado y adquirieran la calidad de responsables inscriptos, “serán pasibles del tratamiento previsto en el artículo 16 por el impuesto (al valor agregado) que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que produzca efectos su cambio de condición frente al tributo”. Por su parte, el art. 16 de la ley del Impuesto al Valor Agregado reza que “Quienes asumieran la condición de responsables del gravamen en virtud de normas que derogaran exenciones o establecieran nuevos actos gravados, no podrán computar el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que aquellas produjeran efectos”.
De este modo, a partir de la reseña normativa efectuada y en lo que aquí interesa, resulta claro que desde el 1º/3/16 el Sr. Bernal dejó de ser monotributista y debió comenzar a operar como responsable inscripto en el Impuesto al Valor Agregado, quedando inhabilitado para computar el impuesto que le hubiera sido facturado por hechos imponibles anteriores a dicha fecha (esto es, a marzo del 2016).
Ahora bien, es lógico concluir que, con posterioridad a la fecha de alta en el Impuesto al Valor Agregado, resulta aplicable el régimen general de dicho tributo según el cual, los responsables del impuesto se encuentran habilitados a detraer del débito fiscal el gravamen que se les hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios (cfr. art. 12, inciso a, ley del Impuesto al Valor Agregado). Asimismo, la ley del tributo: (i) exige que los responsables inscriptos que realicen ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos, efectúen la discriminación del gravamen que recae sobre la operación en la factura o documento equivalente; y (ii) presume, sin admitir prueba en contrario, que la falta de discriminación obedece a la falta de pago del impuesto, “por lo que el comprador, locatario o prestatario no tendrá derecho al crédito a que hace mención el artículo 12” (conf. arts. 37 y 41).
En el caso, el Sr. Bernal considera que “la realidad económica de la categorización del contribuyente es única” y achaca a la demandada el hecho de que “para la consideración de los débitos se le atribuye la calidad de responsable inscripto, no así para los créditos” (v. página 9, de las actuaciones ante el Tribual Fiscal que se encuentran digitalizadas). Sin embargo, el Tribunal entiende que es precisamente la condición de responsable inscripto que el actor consintió haber adquirido a partir del período 03/2016 la que torna aplicable el régimen normativo supra transcripto, respecto del cual —vale destacar— el interesado no formuló planteo de inconstitucionalidad alguno.
En nada modifica lo expuesto la “alteración” del Impuesto al Valor Agregado que se produciría por no permitir el cómputo del gravamen por parte del monotributista excluido, puesto que habría ingresado un débito fiscal cuando compró y luego volvería a ingresar un impuesto íntegro por la operación de venta sin cómputo de crédito fiscal. Ello por cuanto, tal como subraya el voto minoritario del pronunciamiento apelado, dicho mecanismo constituye “un criterio receptado en la Ley del IVA en distintos supuestos que allí se contemplan expresamente, que se vienen aplicando desde inicios del impuesto y en forma pacífica. Cualquier cuestionamiento debería involucrar un planteo de legalidad. Ejemplo de ello son los artículos 15, 16, 41 etc.”.
6. Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe aclarar que la jurisprudencia vinculada a la posibilidad de computar el crédito fiscal no discriminado en operaciones entre responsables inscriptos y mitigar la presunción iure et de jure prevista en el art. 41 de la ley del Impuesto al Valor Agregado, ha tenido por acreditada la existencia de la operación involucrada y el ingreso del impuesto correspondiente por el proveedor como débito fiscal, extremo este último que no ha sido abordado por parte del actor en este causa (cfr. Sala V, causa “Distribuidora Senderos SRL”, sent. del 8/7/10; Sala I, in re “Arrieta Distribuciones SA (TF 29847-I) c/DGI s/recurso directo a Cámara”, sent. de 20/5/15).
A ello, es menester añadir que: (i) a diferencia de lo que ocurrió en la causa “Riso” supra mencionada, en autos no se produjo prueba pericial a fin de tener por acreditado que los proveedores computaron el débito fiscal correspondiente a las operaciones involucradas en sus respectivas declaraciones jurada; y (ii) en el precedente de la Sala V, in re, “Osterrieth, Stella Maris c/ Dirección Nacional Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/03/18, al que aludió el a quo, también se había tomado en cuenta la existencia de un informe pericial según el cual “las operaciones fueron realizadas con proveedores que se hallaban inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado con anterioridad a su ejecución”.
Por lo demás, no resulta ocioso mencionar que de acuerdo a los dictámenes de la Procuradora Fiscal de la Nación en las causas “Riso” y “Osterrieth” supra referenciadas, en trámite ante el Máximo Tribunal: (i) a partir de que acontezca alguna de las causales cuya consecuencia sea la exclusión del Régimen Simplificado, los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 19935/2021 “BERNAL, RAMON JAVIER (TF 79241397-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
impositivas y de la seguridad social de conformidad a los correspondientes regímenes generales; (ii) la lectura del art. 29 de la ley del monotributo (actual art. 28, inciso a) y del art. 16 de la ley del Impuesto al Valor Agregado indica que los pequeños contribuyentes que resulten excluidos del Régimen Simplificado no podrán computar el Impuesto al Valor Agregado que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que aquella exclusión produjo efectos; (iii) esto último no implica “que puedan computar derechamente el IVA que les haya sido facturado por hechos imponibles posteriores a la adquisición de su carácter de responsables inscriptos, si esas facturas no cumplen con los requisitos fijados por los arts. 12, inc. a), 41 y 42 de la ley del IVA”; (iv) “los pequeños contribuyentes que resulten excluidos del Régimen Simplificado pasarán a revestir como responsables inscriptos y podrán computar el Impuesto al Valor Agregado que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles posteriores a la fecha en que aquella exclusión produjo efectos, en tanto dichos documentos cumplan con los requisitos de los arts. 12, inc. a), 41 y 42 de la ley de IVA”; (v) no es óbice alguno que la actora se encuentre obligada a abonar el gravamen por sus ventas durante aquel lapso sin poder computar, en esos períodos fiscales, el Impuesto al Valor Agregado por sus compras, “toda vez que ha sido su propia negligencia la que la ha colocado en esa situación”; y (vi) la consecuencia legal no difiere de la aplicable a cualquier otro responsable inscripto que omite solicitar la factura a su nombre con la discriminación correspondiente, puesto que ambos se encuentran imposibilitados de computar el crédito fiscal, lo cual corrobora la corrección de la solución propiciada.
A todo evento, es menester descartar que, tal como surge del relevo de antecedentes efectuado en el considerando 3º supra, el actor fue notificado de su exclusión —con efectos a partir del 03/2016— el 7/12/16, de modo que mal puede considerarse que la falta de discriminación del gravamen por parte de sus proveedores en las facturas de compra emitidas a su nombre comportaba una exigencia de “imposible realización” con posterioridad a dicha fecha.
7. Que, sobre la base de las consideraciones supra desarrolladas y atento a que el actor se agravió de la multa impuesta y de los intereses aplicados en función a “la existencia del crédito fiscal computado y a la procedencia de su cómputo”, exclusivamente, corresponde hacer lugar al recurso deducido por el Fisco Nacional y confirmar la resolución 233/19 en todas sus partes. Por las razones apuntadas, SE
a) hacer lugar al recurso de la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado y confirmar la resolución determinativa impugnada; b) imponer las costas de ambas instancias por su orden en atención a que el actor pudo haberse creído con derecho a cuestionar la pretensión fiscal en función de las particulares características de la normativa aplicable y los criterios jurisprudenciales imperantes en la materia debatida (arts. 68, segunda parte, y 279 del CPCCN), y c) dejar sin efecto la regulación de honorarios contenida en el punto 2º del decisorio del 23/06/21 y declarar inoficioso pronunciarse con respecto al recurso de apelación interpuesto el 25/06/21 contra los referidos emolumentos, en atención al modo en que se decide.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia