Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 3036/3055 vta. por el defensor de Pablo Bernaus y Luis Nicolás Leiva, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:016 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 02 de mayo de 2018 AUTOS: "BERNAUS PABLO JAVIER Y LEIVA LUIS NICOLÁS S/ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN C/R CON HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR CRIMINIS CAUSA Y ALEVOSÍA -EN GRADO DE COAUTORES MATERIALES- EN C/R CON HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR CRIMINIS CAUSA Y ALEVOSÍA EN GRADO DE TENTATIVA Y EN CALIDAD DE COAUTORES MATERIALES Y QUINTANA GABRIELA S/ENCUBRIMIENTO AGRAVADO", Expte. Nº B-1003/17/T.S.J.-
Río Gallegos, 02 de mayo de 2018.-
Los presentes autos caratulados "BERNAUS PABLO JAVIER Y LEIVA LUIS NICOLÁS S/ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN C/R CON HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR CRIMINIS CAUSA Y ALEVOSÍA -EN GRADO DE COAUTORES MATERIALES- EN C/R CON HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR CRIMINIS CAUSA Y ALEVOSÍA EN GRADO DE TENTATIVA Y EN CALIDAD DE COAUTORES MATERIALES Y QUINTANA GABRIELA S/ENCUBRIMIENTO AGRAVADO", Expte. Nº B-1003/17/T.S.J., venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad de el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 3036/3055 por la defensa particular de PABLO J. BERNAUS y LUIS N. LEIVA contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, a fs. 3008/3023 vta., el que resuelve "...1º) RECHAZAR POR IMPROCEDENTES los recursos de casación interpuestos a fs. 2832/2845 por el Sr. Defensor particular Dr. Jara en representación de los imputados PABLO JAVIER BERNAUS y LUIS NICOLÁS LEIVA, y a fs. 2862/2868 por el defensor oficial en representación de ANA GABRIELA QUINTANA...".- II.-) Que la defensa de BERNAUS y LEIVA planteó que "...se equivoca el fallo cuando considera que el planteo de casación solicitando la nulidad de todo lo actuado fuere extemporáneo, muy por el contrario, el mismo fue oportuno en tiempo y forma, conforme lo estatuye el propio artículo 159 del CPP... el planteo de recusación de la jueza de Instrucción en cuestión Dra.
Bettina Bustos, importaba ni más ni menos, que impedir que la misma -conformara o constituyera- el Tribunal de instrucción a cargo de la investigación, y a su -intervención o participación- en los actos instructorios (inc. 1 y 2 del art. 159), todo lo cual se subrayó en la norma citada, fundado en razones de arbitrariedad y parcialidad manifiesta, argumentos compartidos no solo por la querellante, sino por el propio fiscal y por la defensa..." (fs. 3039 vta.).- Agregó que las "...actas no fueron reflejo, aunque sea suscinto, de lo sucedido en el proceso durante el debate, sino un producto preparado, recortado deliberadamente para suprimir hechos probatorios de absoluta relevancia para la postura de mis defendidos, los cuales facilitaron al Tribunal de condena su tarea resolutoria, dado que las que favorecieran a mis defendidos, no constaban en acta, se suprimieron, pese a ser expuestas y ventiladas en la audiencia... se omitieron de registrar hechos relevantes, de manera deliberada programadas y ejecutadas, todas en desmedro de los intereses y derechos fundamentales de mis representados, por lo que no estamos ante un planteo de nulidad formal atacando actos irregulares por defectos de forma, sino ante una conducta, premeditada y orquestada, en una primera instancia por la Jueza de Instrucción, y luego por el Tribunal de juicio, dirigida a incriminar y responsabilizar con la mayor rigurosidad penal a mis defendidos..." (fs. 3044).- Sostuvo que la sentencia en cuanto a la calificación legal "...solo se ocupa el fallo de la condenada Quintana, omitiendo dar tratamiento, valoración y criterio específico al planteo formulado sobre la calificación legal y mensuración de la pena para Bernaus y Leiva... de esta manera, esta defensa considera al fallo impugnado, incompleto, por falta de tratamiento de uno de los extremos fundamentales que hacen al ejercicio de los derechos tantas veces invocados en el presente, en beneficio de mis defendidos..." (fs. 3051).-
Asimismo manifestó que se agravia por la "...violación por la sentencia recurrida del principio de inocencia y el principio in dubio pro reo. Errónea calificación legal de las conductas traídas a juicio en la sentencia recurrida y falta de fundamentación... se violan estos principios, cuando en la convicción del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado no se supera cualquier duda razonable, de manera que cualquier duda que exista obliga a fallar a su favor..." (fs. 3052 vta.).-
Planteó como agravio "...la transgresión al art. 18 de la Constitución Nacional y al artículo 8.1 de la CADH: la violación a la garantía del debido proceso y al derecho a obtener una decisión razonada y fundada. Violación al derecho a una tutela judicial efectiva. Violación de los principios del debido proceso legal y derecho de defensa. En efecto, es sabido que un pronunciamiento judicial debe explicitar las razones que conducen a fallar en determinada dirección. Una sentencia motivada debe orientar el análisis de la reflexión del magistrado a las cuestiones conflictivas introducidas por las partes. Esto es así en función del consabido principio de congruencia, correlato indispensable de la salvaguarda constitucional de un debido proceso (art. 18 CN, arts. 8 y 25 de la CCADH, arts. 8 y 10 de la DUDH)..." (fs. 3053 vta.).- Finalmente sostuvo "...Arbitrariedad.
Si bien, los medios extraordinarios se dan solamente para ciertos cuestionamientos o vicios de la sentencia, no se refieren jamás a cuestiones de hecho, salvo el supuesto de arbitrariedad como es el caso aquí planteado... la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. de Santa Cruz, ha prescindido de las argumentaciones volcadas por esta parte al efectuar la casación, ignorando la permanente y reiterada inconducta arbitraria e ilegal del Tribunal de Instrucción, acompañado por el Tribunal de Juicio con idéntico parecer y proceder, hasta llegar a una sentencia condenatoria sin fundamentación fáctica y jurídica, la cual al ser casada por esta Defensa, obtiene un nuevo espaldarazo de ese Tribunal Superior, con igual criterio, falencias, irregularidades y arbitrariedades..." (fs. 3054 vta.).- III.-) Que a fs. 1921 se ordena traslado de los recursos extraordinarios al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 1937/1938, dictamina que: "...los recursos interpuestos no superan el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco, que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras (...) La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa (...) Este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario...
Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...". Por lo antedicho, concluye que deben declararse inadmisibles los recursos impetrados.- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.
A fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quienes tienen capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que los recurrentes no dieron cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja oficio.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuentan, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que los recurrentes constituyeron domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que no consignaron el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido en las presentaciones en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, los recurrentes no logran demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado les ocasiona, sino que sólo se limitan a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dicen, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
Los recurrentes fundan su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que consideran infringidas (cfr. fs. 403 y 404).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, sobre la responsabilidad penal de los encartados en el homicidio de Carlos Lucas Mousou, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible los recursos extraordinarios (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 3036/3055 vta. están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad del recurso extraordinario son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E. Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena de los imputados.-
En el resolutorio de fs. 3008/3023 vta., este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a PABLO JAVIER BERNAUS y LUIS NICOLÁS LEIVA y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia las presentaciones recursivas deben contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en los recursos en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denunciada arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que la configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 3008/3023 vta., donde se expresó que "...no se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, con un grado tal de afectar el principio de inocencia; pues el Tribunal de juicio vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados con los sucesos reprochados a Bernaus y Leiva. Que, se formula tal concluyente aserto, toda vez que el vicio de absurdo y la arbitrariedad en la interpretación y valoración de la prueba -en principio- sólo se configuran cuando la apreciación de los elementos probatorios no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre si, o bien si en autos se evidencia la existencia de un manejo irrazonable y contrario a las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, extremos que no se advierten en la presente causa...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum.
Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logran perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25. Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VI.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr.
Agente Fiscal, la discrepancia de los recurrentes con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.- Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros).
Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que a los reclamantes se les hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 14 y 18 CN; ni 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, los recurrentes sólo se han limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que consideran menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde no conceder el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 3036/3055 vta. por el defensor de Pablo Bernaus y Luis Nicolás Leiva, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2002O.181 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:016 FOLIO Nº: 094/099 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia