Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa LZ-21379-2020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia— En el Acuerdo ha quedado establecido que la sentencia no es justa y debe ser revocada con el alcance indicado en la consideración de las quejas..
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, revócase la sentencia apelada apelada declarando admisible el crédito insinuado por el incidentista con el alcance y los intereses fijados en la consideración de las quejas, impónense las costas de ambas instancias a la concursada en su calidad de vencida. (art. 68 y 274 del CPCC). Difiérese la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.
BERRIES DEL PLATA SA S/INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO
Exp: LZ-21379-2020 Jz 11 (J.E.V.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa LZ-21379-2020, caratulada: "BERRIES DEL PLATA SA S/INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
I. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 11 Departamental dictó sentencia en fecha 21/8/2024 rechazando la revisión solicitada por Berries Del Plata S.A., en cuanto a la causa del crédito manteniendo en consecuencia lo resuelto respecto del mismo en oportunidad del dictado de la resolución dispuesta en el art. 36 de la Ley 24.522; a su turno hizo lugar a la impungación de los accesorios, ordenando la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días en una vez y media, desde la fecha de mora del deudor hasta la fecha de presentación del concurso preventivo. Impuso las costas a la incidentista y difirió la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad. En fecha 18/12/2023 apeló la incidentista, concediéndosele su recurso en relación mediante providencia dictada el 19/12/2023. Mediante presentación electrónica de fecha 26/12/2023 presentó su memorial, el cual fue respondido por la sindicatura en fecha 29/2/2024. El 12/4/2024 se llamaron los autos para dictar sentencia por providencia que se encuentra firme y habilita el dictado de la presente.
II. DE LOS AGRAVIOS.
II. Se agravia la recurrente de la moneda en la cual fue admitida su acreencia, señalando que oportunamente al presentarse a verificar acompañó el contrato suscripto por ambas partes que fue pactado en dólares estadounidenses; agregando además, que tal y como fue apuntado oportunamente por la sindicatura al presentar el informe individual, si bien las facturas por una cuestión tributaria fueron expresadas en moneda nacional, en cada una de ellas se aclaró el valor equivalente en dólares que debía erogarse.
Señala que la contratación no fue impugnada por la deudora ni por el síndico, de modo tal que holgaba la producción de pericial caligráfica al respecto y por ello la observación efectuada por la sentenciante de origen respecto de la legitimación para suscribir el contrato se encuentra saldada por haber sido rubricado por un apoderado.
Por último, critica las costas impuestas a su parte porque considera que deben ser cargadas por la concursada.
III. CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS.
a. Sabido es que la revisión concursal constituye una singular herramienta recursiva, otorgada para revertir el resultado de ciertas decisiones dictadas en el trámite de verificación tempestiva de créditos. Se trata de una etapa contingente de la verificación de créditos, en la cual se abre con amplitud el debate y se elimina la limitación a la posibilidad probatoria; ambos, debate y prueba, resultan retaceados en la anterior etapa, a raíz de la urgencia entonces existente para decidir quienes participarían en la negociación del acuerdo preventivo. Esa urgencia es lo que hace necesario diferir la contradicción completa a una etapa ulterior. (confr. Adolfo A. N. Rouillon, Código de Comercio Comentado y Anotado, Tº IV A, págs. 466/67)
La etapa revisora tiene naturaleza recursiva, pues del mismo juez concursal de primera instancia se busca un pronunciamiento que revoque la decisión dictada anteriormente por él en sentencias de admisibilidad, inadmisibilidad o no verificación. Al recurso de revisión empero, se le asigna el trámite de incidente lo cual no es sino la remisión a una matriz ritual apropiada para todas las cuestiones concursales carentes de procedimiento específico, pero que en nada cambia la aludida naturaleza recursiva (Conf. ob. Citada, art. 280 y sigtes. LCQ).
Existen diversos motivos que pueden dar origen a la revisión, pues pueden ser objeto del recurso tanto las resoluciones de admisibilidad o inadmisibiidad de un crédito o privilegio, como la decisión judicial de no verificación (o improcedencia) quedando exceptuada solo la resolución judicial de verificación. (art. 37 LCQ)
Hecha esta introducción y de cara a la solución que propondré que tendrá sustento entre otros soportes en la opinión vertida por la sindicatura en su informe individual, de la cual se apartó la sentenciante de origen para resolver, destaco que el rol preponderante del síndico —que asume distintas facetas a lo largo del proceso concursal— opera en la etapa tempestiva como una suerte de ordenador o eje que permite concentrar la contradicción múltiple evitando que ésta degenere en una anárquica dispersión. Para ello, se encarga al mismo recibir las solicitudes de verificación, compulsarlas, ordenarlas, investigar su fundamento, buscar pruebas, escuchar a las partes a través de las observaciones e impugnaciones que pueden formular en el período del art. 34 de la LCQ, y, en resumen, dictaminar sobre cada una de las pretensiones esgrimidas por los aspirantes a la concurrencia. De este modo, a ellos y al juez se ofrece una opinión, técnica e imparcial sobre la procedencia jurídica de las solicitudes de verificación y de las observaciones o impugnaciones llevadas a cabo.
Ahora bien, sin perjuicio de que en su carácter de órgano del concurso el síndico sustituye al deudor en la administración de los bienes si hay quiebra, o sustituye a los acreedores en la etapa de liquidación falencial, tal sustitución no tiene lugar ––ni respecto del deudor, ni con relación a los acreedores–– en la verificación de créditos. Pues, la propia ley en esta etapa reconoce a unos y a otros, la posibilidad individual de actuación, ubicando al síndico como auxiliar técnico de la magistratura, en un rol más parecido a un perito que al ministerio fiscal (confr. Rouillón, Ob. Citada, comentario al art. 37 de la LCQ).
Ubicado el órgano falencial en ese rol, debe asumirse en consecuencia que su opinión, sin perjuicio del peso y la consideración que aquella merece, no resulta vinculante para el Juzgador, quien, mediando fundadas razones, podrá consecuentemente apartarse de la misma. En el caso particular considero, como lo expuse al inicio del desarrollo, que contrariamente a lo decidido por la magistrada de anterior grado, en este caso corresponde seguir la opinión brindada por el síndico en aquá primigenia ocasión, pues la misma se corresponde con la documentación aportada por la incidentista y asimismo con lo expresado sobre el particular por la perito contadora designada en este proceso. En efecto, aún cuando no lo expresó así al contestar los agravios de la incidentista, al contestar el traslado definitivo el síndico actuante mantuvo la tesitura expresada en su informe individual, en el cual consideró que por haberse celebrado el contrato de compra y venta de arándanos entre la concursada y la insinuante en dólares estadounidenses y haberse aclarado en cada factura —expresada en pesos–– el equivalente en moneda extranjera, el crédito debía verificarse en esta última moneda. (ver presentación de fecha 3/10/2023).
Y aún más, especificamente en el informe individual manifestó expresamente: "Las facturas respaldatorias de las operaciones de compraventa (no obstante la fecha en que fueron libradas) se hallan emitidas en PESOS, y refieren el equivalente en DÓLARES al pie de la misma. Las condiciones pactadas en el Convenio de Compra-Venta de Arándanos Frescos Calidad Descarte de Exportación para Industria suscripto el 01/10/2018, concretamente en el precio del producto, así como la forma de pago con cheques de pago diferido considerando el valor del DÓLAR FUTURO según cotización ROFEX Rosario, establecen con precisión que los mismos deben efectuarse en DOLARES, y que los pagos serán ajustados en mas o en menos al momento de acreditarse los valores. En razón de lo expuesto la impugnación de la deudora, no ha de prosperar, por lo que he de propiciar la verificacíón en Dolares..." (ver. informe individual del síndico presentado en fecha 27/11/2019 en los autos "Cuarto Creciente S.A. s/ Concurso Preventivo (pequeño)", expte. 79.512). Ello se corresponde con la opinión de la perito contadora designada en autos, quien en su pericia de fecha 21/4/2023 expresó que "Según surge del “Convenio de Compra-Venta de Arándanos Frescos calidad Descarte de Exportación para Industria” suscripto por las partes, las operaciones fueron consignadas en dólares estadounidenses... y ...si bien las facturas enumeradas en el responde del punto de percia A) 2) están nominadas en pesos, cada factura expresa su equivalente en dólares". (art. 474 del CPCC).
Sentado ello así, y teniendo en especial consideración que tanto de la pericia ya aludida como de la opinión originaria del síndico surge una correlación entre lo expresado en las facturas aportadas por la incidentista y la contratación que le da origen, según la cual puede concluirse que el contrato ha sido pactado en moneda extranjera, habré de proponer entonces la revocación de lo dispuesto en la instancia de anterior grado; modificando en consecuencia los términos en los cuales ha sido admitida la verificación. Y más aún cuando, como ocurre en la especie, la postrera y llamativa opinión del órgano sindical —vertida al contestar el traslado del memorial— se encuentra esencialmente huérfana de todo sustento técnico y/o argumentativo que, al menos, justifique de un modo proponible para el Tribunal semejante cambio de opinión, diametralmente opuesto a la sostenida originalmente.
De modo que, no existiendo controversia en cuanto al saldo adeudado sino sólo en lo que refiere a la moneda en la que debe expresarse el mismo, corresponderá entonces declarar admisible el crédito en revisión por la suma de dólares estadounidenses cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro con 24/00 (U$D 46.474,24), que se corresponde con el capital insinuado por la incidentista y verificado por la sindicatura en su informe individual, lo que así habré de proponer al Acuerdo. (arts. 32, 36 y 37 de la Ley 24.522)
b. Intereses:
Va de suyo que la modificación de la moneda bajo la cual se admitirá la acreencia traerá aperejada, como lógica consecuencia, la modificación de los intereses, los cuales se fijan, según criterio sentado por este Tribunal en casos análogos, a una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de mora y hasta el inicio del concurso. (art. 19 de la Ley 24.522, esta Sala autos "GNC Nicogas SRL c/ Omar Vetrano SACIFI s/ resolución de contrato, causa 15108/2009, S. 14/5/2019)
c. Impuesto al valor agregado.
Teniendo en cuenta el modo en que se resuelve con relación a la suma verificada, con más sus respectivos intereses, deberá adicionársele en caso de así corresponder y sobre lo efectivamente percibido el porcentaje que corresponda en concepto de I.V.A. (impuesto al valor agregado). En virtud de estas consideraciones expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi por compartir los fundamentos brindados adhiere y VOTA TAMBIEN POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
Visto el Acuerdo logrado al tratarse la cuestión que antecede, corresponde revocar la sentencia apelada declarando admisible el crédito insinuado por el incidentista con el alcance y los intereses fijados en la consideración de las quejas, imponiendo las costas de ambas instancias a la concursada, en su calidad de vencida. (arts.68, 274 y cctes. del CPCC), difiriéndose las regulaciones de honorarios para su oportunidad (art. 51 de las leyes 8904 y 14.967)
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, VOTA EN EL MISMO SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente, — S E N T E N C I A — En el Acuerdo ha quedado establecido que la sentencia no es justa y debe ser revocada con el alcance indicado en la consideración de las quejas..
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, revócase la sentencia apelada apelada declarando admisible el crédito insinuado por el incidentista con el alcance y los intereses fijados en la consideración de las quejas, impónense las costas de ambas instancias a la concursada en su calidad de vencida. (art. 68 y 274 del CPCC). Difiérese la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
(sindico - Rancaño )
(Dra. Di Laudo)
Fin de la sentencia