Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2650/252-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Tribunal Superior de Justicia, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1889385-2025.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Silvina Paola Bertolini y Richard Milton Chávez Ponce en PE1630740-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE1851366-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2650/252-TSJ Interlocutorio N°: 3884 Actor: BERTOLINI SILVINA PAOLA Y CHAVEZ PONCE RICHARD MILTON Demandada:
Objeto: RECURSO JUDICIAL ART. 50, LEY Nº 500 Fecha: 11/08/2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3884 FOLIO Nº 7165/7169 PROT. ELECT. TSS1 035 I.251
Río Gallegos, 11 de agosto de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “BERTOLINI SILVINA PAOLA Y CHAVEZ PONCE RICHARD MILTON s/ RECURSO JUDICIAL ART. 50, LEY Nº 500”, Expte. Nº B-19.709/23 (B-2650/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término, la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Alto Cuerpo, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1889385-2025.-
El Dr. Basanta justifica su decisión, en virtud de hallarse comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 1° del CPCyC, aplicable por remisión del artículo 30 del mismo cuerpo legal, respecto a la Sra. Vocal de Entes Municipales del Tribunal de Cuentas, quien suscribió diversos actos administrativos vinculados a la causa.-
Atento los motivos invocados por el Dr. Basanta, los cuales se encuentran comprendidos en la causal prevista en el artículo 17, inciso 1° del CPCyC, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 30, primera parte del citado cuerpo legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Establecido lo anterior, corresponde abocarse al análisis del recurso de casación interpuesto en PE1630740-2024 por Silvina Paola Bertolini y Richard Milton Chávez Ponce, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Hugo Daniel Ortiz, contra la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, mediante la cual se declaró extemporánea la apelación que habían deducido, imponiéndoseles asimismo las costas procesales (cfr. PE1608431-2024).- La apelación declarada extemporánea había sido articulada contra la Resolución Nº 530-T.C.-22 dictada por el Tribunal de Cuentas, por la cual se desestimó el recurso de revisión interpuesto contra el Fallo Nº 5580-T.C.-22 emanado del mismo organismo. Dicho fallo les había formulado un cargo solidario a Bertolini y Chávez Ponce, en su carácter de Directora Asociada Administrativa y Director Médico, respectivamente, del Hospital Distrital Miguel Lombardich de Puerto San Julián (cfr. PE805835-2023).-
III. En su impugnación extraordinaria, los recurrentes aducen que la resolución cuestionada incurre en quebrantamiento de forma, violación de la ley y de la doctrina legal así como en arbitrariedad (cfr. PE1630740-2024, págs. 2 y 7).-
De inicio, sostienen que la decisión en crisis se funda en una interpretación incorrecta de la Ley N° 500, en tanto se habría privilegiado la aplicación de una reglamentación interna del Tribunal de Cuentas por sobre el texto legal, vulnerando de este modo el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Alegan asimismo la violación al artículo 17 de la Constitución Nacional, al derecho de defensa en juicio, y al principio de congruencia previsto en el artículo 164 del CPCyC. Argumentan, además, que el fallo cuestionado se centró en una cuestión meramente formal, desatendiendo el análisis de fondo relativo a la conducta de los responsables en el cumplimiento de la rendición de cuentas públicas. Añaden que la interpretación efectuada por la Cámara resulta contraria al principio republicano de gobierno, al omitir la evaluación sustancial de los actos administrativos vinculados al manejo de fondos públicos (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Expresan que les causa agravio la aplicación prioritaria que la Cámara efectuó de la Resolución N° 282-T.C.-20 -dictada por el Tribunal de Cuentas- por sobre las disposiciones de la Ley N° 500, particularmente en lo relativo al régimen de notificaciones de las resoluciones administrativas. Aducen que dicha resolución administrativa, dictada en el contexto de la pandemia y con un alcance específico, no puede modificar el texto legal vigente, el cual establece un procedimiento claro y preciso para la notificación a los administrados sujetos al juicio de cuentas (cfr. PE cit., pág. 3).- Invocan el artículo 44 de la Ley N° 500, que regula las formas de notificación en el domicilio real fijado por el obligado, en consonancia con el artículo 30 de la misma ley, y destacan que la notificación en el caso concreto no se habría efectuado conforme a lo prescripto en dichas disposiciones ni conforme al artículo 136, inciso 12 del CPCyC (cfr. PE cit., pág. cit.).-
Plantean la inconstitucionalidad del reglamento de notificaciones electrónicas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, por considerar que se trata de una norma de rango inferior a la ley, cuya aplicación al caso concreto habría vulnerado el artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. cit.).-
Sostienen que la Cámara consideró de forma arbitraria la validez de una notificación cursada por correo electrónico, omitiendo advertir que previamente se habían remitido Cartas Documento, circunstancia que -a su entender- debió ser determinante para asegurar su derecho de defensa. Asimismo, alegan que esta omisión configuró un exceso de rigor formal que impidió al tribunal ingresar al análisis de fondo, relativo a la conducta de los responsables de rendir cuentas y a la legalidad de la formulación de cargos efectuada por el Tribunal de Cuentas (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Traen a colación otros precedentes, en particular el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en la causa “Mendoza” y las decisiones de este Tribunal Superior de Justicia en las causas “Palacio” y “Segura”, donde se decretó la nulidad de actos del Tribunal de Cuentas en situaciones análogas.
Indican que en dichos antecedentes se exigió individualizar y fundamentar con precisión el perjuicio fiscal concreto al erario para imponer un cargo patrimonial, requisito que -según afirman- no se cumplió en el presente caso, dado que el reproche se basó únicamente en incumplimientos formales. (cfr. PE cit., pág. 4).- Enuncian como causales de arbitrariedad la incorrecta aplicación de la Ley Nº 500 en materia de notificaciones (art. 44), la omisión de prueba documental fundamental obrante en el expediente administrativo (cartas documento con aviso de entrega), el exceso de rigor formal, y la falta de análisis sobre la conducta de los responsables, lo que -a su entender- hubiera conducido a declarar su falta de responsabilidad, tal como se resolviera en el precedente “Mendoza”.
Asimismo, cuestionan la ausencia de pronunciamiento sobre el recurso de nulidad e inconstitucionalidad planteado y la falta de declaración de nulidad de oficio de la resolución del Tribunal de Cuentas, conforme doctrina sentada por la Cámara y el Tribunal Superior de Justicia en el caso “Palacio”, entre otros (cfr. PE cit., pág. 5).- Cuestionan que, en el análisis efectuado por la Cámara, no se haya considerado la aplicación del artículo 44 de la Ley N° 500, sosteniendo que no se pretende invalidar en abstracto la Resolución N° 282-T.C.-20, sino que en el caso concreto esta no debió aplicarse en su perjuicio. Alegan que la notificación que rechaza la revisión y pone fin al procedimiento debió cursarse también a su domicilio real (cfr.
PE cit., pág. 6).- Ponen en tela de juicio que la Cámara de Apelaciones, sin realizar mención expresa, se apartara de su propia jurisprudencia establecida en el caso “Mendoza Mirta Beatriz y otra”. Aseveran que dicho apartamiento implicó un quebrantamiento de las formas y solemnidades esenciales previstas en el artículo 2° del régimen de casación, al no ponderarse correctamente la normativa aplicable ni resguardarse el derecho constitucional que estima vulnerado con la decisión recurrida (cfr. PE cit., pág. 7).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1851366-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1117684-2025.-
IV. Corresponde abordar el examen preliminar previsto en el artículo 7° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15-, con el objeto de determinar si se satisfacen los requisitos formales de admisibilidad del recurso articulado.-
Tal análisis debe realizarse teniendo presente que, según reiterada doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, el recurso de casación constituye un mecanismo excepcional, que no habilita una revisión integral como si se tratase de una tercera instancia ordinaria. De allí que la falta de cumplimiento de los presupuestos habilitantes torna inaceptable su consideración.-
V. La pieza recursiva bajo análisis adolece de diversas carencias que conducen indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
En relación a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, resulta imperativo que la casacionista despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.- Del análisis de los agravios expuestos por los casacionistas, se advierte, sin hesitación, la palmaria endeblez argumentativa que lo atraviesa, emergiendo como un mero disenso subjetivo carente de crítica concreta y razonada respecto de los sólidos fundamentos esgrimidos por la Cámara de Apelaciones.-
Si bien se mencionan distintas normas presuntamente conculcadas por la Cámara (v. gr. arts. 44 y 30 de la Ley N° 500 y art. 136, inc. 12 del CPCyC), no se intenta una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente se denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la resolución atacada.- En efecto, el recurso se circunscribe a reiterar posiciones previamente ventiladas (cfr. PE805835-2023), sin refutar de modo puntual y directo las argumentaciones medulares del decisorio recurrido, lo que revela una notoria insuficiencia técnica incompatible con la naturaleza extraordinaria de la casación.-
La Cámara de Apelaciones arribó a la conclusión de que el recurso de apelación deducido por los recurrentes había sido interpuesto fuera del plazo legal, precisando con claridad meridiana el cómputo del término a partir de la notificación electrónica efectuada el 14 de diciembre de 2022, descontando la feria judicial y los días inhábiles, y fijando el vencimiento definitivo el 10 de febrero de 2023 (cfr. PE1608431-2024, págs. 2 y 3). Este punto cardinal del fallo permanece incólume e incontrastado por los recurrentes, quienes omiten toda impugnación específica respecto del cómputo temporal realizado, demostrando con ello una manifiesta falta de diligencia técnica.- Asimismo, la Cámara destacó la vigencia y aplicabilidad del sistema de notificaciones electrónicas, aprobado por Resolución Nº 282-T.C.-20 del Tribunal de Cuentas, cuya validez y obligatoriedad fueron expresamente reconocidas por los apelantes en anteriores presentaciones, a través de la constitución de domicilio electrónico y la aceptación de las reglas del procedimiento (cfr. PE cit., pág. 3). Este argumento, basilar en la estructura argumentativa de la Cámara, no recibe en el recurso más que una endeble crítica limitada a ensayar objeciones genéricas.- En igual sentido, el Tribunal de Alzada puso de relieve la doctrina de los actos propios, señalando que no resulta admisible que los recurrentes, tras haber consentido el sistema de notificación electrónica, pretendan ulteriormente desconocerlo en procura de enervar los efectos jurídicos adversos derivados de su inactividad procesal (cfr. PE y pág. cits.). Este razonamiento permanece incólume, sin recibir reparo ni argumentación refutatoria alguna que logre conmoverlo.- Cabe enfatizar que el escrito recursivo carece de una crítica diferenciada y concreta a cada uno de los fundamentos sustanciales de la sentencia recurrida. Por el contrario, se advierte en sus planteos una genérica disconformidad que resulta insuficiente para configurar la apertura de la vía casatoria.-
De tal manera, la ausencia de un ataque puntual y directo a los núcleos argumentativos esenciales de la resolución impugnada determina la improcedencia palmaria del recurso articulado.-
En consecuencia, y a la luz del claro déficit argumental observado, debe concluirse que el recurso en análisis no logra enervar los fundamentos de la Cámara de Apelaciones. Así, se patentiza la inviabilidad de la pretensión recursiva, deviniendo irremediablemente estéril el intento de revisión extraordinaria ensayado por los recurrentes.-
VI. En lo que respecta a la alegada arbitrariedad que se enrostra, corresponde señalar que los recurrentes se limitan a calificar de ese modo la resolución de la Cámara sin acompañar un desarrollo argumental que permita siquiera vislumbrar la configuración de tales vicios en el caso concreto.-
En tal inteligencia este Cimero Tribunal ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- Bajo tales parámetros, resulta evidente que la impugnación extraordinaria deducida no satisface las exigencias mínimas para configurar un supuesto de sentencia arbitraria. Lejos de exhibir un razonamiento desprovisto de fundamentos o un abandono grosero de las normas aplicables, el pronunciamiento impugnado contiene una exposición razonada, apoyada en derecho y en constancias de la causa, no emergiendo de los agravios más que una discrepancia subjetiva con la solución adoptada, lo cual es insuficiente para tornar admisible la vía casatoria.-
VII. Igual suerte adversa sigue el planteo efectuado por los recurrentes, en lo relativo a la supuesta violación de la doctrina legal.-
En su pieza recursiva, postulan que el Tribunal de Alzada se ha apartado de su propia jurisprudencia desarrollada en el caso “Mendoza Mirta Beatriz y otra s/ Plantea recurso judicial Ley 500”, Expte. Nº 18.726/20.-
Resulta pertinente precisar que la doctrina legal que hace viable el recurso de casación es sólo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594) y no la que deriva de la jurisprudencia de otro tribunal. En ese sentido, se ha sostenido que es este Alto Cuerpo el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049).- Por este motivo, devienen inatendibles los agravios sustentados sobre la base de fallos dictados por otros tribunales, en franca contradicción con lo dispuesto por los artículos 3º, inciso a) y el 4º, inciso b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Tampoco logra conmover la conclusión alcanzada la mención tangencial efectuada por los recurrentes respecto de los precedentes “Palacio” y “Segura” dictados por este Alto Tribunal provincial. En efecto, los impugnantes se abstienen de articular una relación concreta y precisa entre la doctrina emanada de dichos fallos y las circunstancias fácticas y jurídicas ventiladas en autos.-
A lo largo de su presentación recursiva, no se verifica el más mínimo desarrollo argumental tendiente a demostrar de qué manera la instancia anterior habría incurrido en transgresión a la doctrina legal invocada, ni se explicita la eventual correspondencia sustancial entre el criterio allí sentado y la resolución cuestionada.-
Tal proceder, carente de toda fundamentación sustancial y de análisis comparativo, deviene manifiestamente insuficiente para habilitar la apertura de la vía casatoria.-
VIII. Por su parte, los argumentos esgrimidos en el planteo recursivo relativos a la causal de quebrantamiento de formas no logran, en modo alguno, evidenciar la existencia de vicio sustancial alguno en las formas y solemnidades exigidas para el procedimiento ni respecto del acto jurisdiccional impugnado.-
Los recurrentes no han logrado acreditar -con el debido rigor técnico y precisión argumental- que el Tribunal inferior haya incurrido en violación de las reglas elementales del razonamiento lógico-jurídico, ni que su pronunciamiento exhiba una fundamentación meramente aparente o huérfana de sustento fáctico y normativo.-
Asimismo, el programa impugnativo exhibido denota una manifiesta deficiencia técnica, en tanto omite la individualización clara y concreta de los preceptos adjetivos que supuestamente habrían sido vulnerados, limitándose a enunciaciones genéricas que carecen de eficacia argumental.-
En suma, la articulación recursiva así formulada resulta inhábil para conmover la validez formal de la decisión cuestionada, la cual exterioriza un desarrollo argumental ordenado, objetivo y fundado.-
IX. Idéntico destino adverso corresponde al agravio relativo a la presunta vulneración de derechos y garantías de raigambre constitucional. Ello así, por cuanto los casacionistas se abstienen de precisar de modo concreto y circunstanciado la forma en que dichas prerrogativas habrían resultado efectivamente transgredidas en el caso bajo examen.-
En efecto, los agravios invocados no superan el umbral de la mera enunciación dogmática, al limitarse a una mención abstracta y genérica de disposiciones constitucionales (tales como el art. 17 de la CN), sin acompañar una fundamentación que relacione de manera directa y específica tales normas con los hechos y el iter decisorio cuestionado.-
En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3.143, Folio 5153/5156, entre otros).-
Así, la ausencia de una argumentación precisa y la falta de demostración efectiva de la supuesta afectación constitucional conllevan, indefectiblemente, a la desestimación de este agravio, por cuanto no logra conmover la solidez y razonabilidad del pronunciamiento recurrido.-
X. En virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por Silvina Paola Bertolini y Richard Milton Chávez Ponce en PE1630740-2024, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE1851366-2025, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Tribunal Superior de Justicia, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1889385-2025.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Silvina Paola Bertolini y Richard Milton Chávez Ponce en PE1630740-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE1851366-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1035I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3884 Folio N°: 7165/7169 Secretaría: 1
Fin de la sentencia