Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121962
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la codemandada H. Bertolini S.R.L. en atención a que no reúne los requisitos esenciales, y desestimar el deducido por Experta ART S.A. atento a que ha sido insuficientemente fundado, (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
GIMENEZ DAVID ORLANDO C/ H. BERTOLINI S.R.L Y OTROS S/DESPIDO.
La Plata, 10 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida por David Orlando Giménez y, en consecuencia, condenó a H. Bertolini S.R.L. a abonar la suma que especificó en concepto de daños y perjuicios, extendiendo la condena respecto de QBE Argentina ART S.A. –hoy Experta ART S.A- hasta el valor correspondiente a la prestación dineraria del art. 14. apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 2.708/2.731 vta.).
Para así decidir, y tras valorar las pruebas aportadas al proceso, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad laboral parcial y permanente en relación concausal con el accidente cerebrovascular padecido como consecuencia de una discusión en ocasión del trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, ambas codemandadas articularon sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2787/2796 y fs. 2799/2812), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 2828/2829.
III.1. En su presentación, la empleadora denuncia absurdo en la apreciación de las pruebas y la violación a la ley y la doctrina legal que cita. Asimismo, reputa vulnerados distintos derechos y garantías que enuncia.
Se agravia, en primer lugar, de que el tribunal de grado haya tenido por acreditada la existencia del supuesto intercambio verbal entre el actor y el encargado de la planta, y que ello hubiera sido la causa del accidente cerebrovascular.
Por otro lado, objeta la determinación de una incapacidad del 40% del índice de la total obrera, así como la relación de causalidad de aquélla con el trabajo. Alega que el juzgador de origen aplicó la teoría de la indiferencia de la concausa, al no considerar la hipertensión y la obesidad como causantes del ACV.
Finalmente, impugna el pronunciamiento en cuanto concluyó que la empleadora era responsable civilmente.
III.2. El recurso debe desestimarse, pues no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.2.a. De modo liminar, corresponde señalar que en el sub lite , el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria, representado por el capital de condena, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la misma no se configura si el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, relacionadas con la valoración de los hechos y las pruebas -en la especie, tendientes a establecer la existencia del incidente que diera origen a la incapacidad del trabajador, así como su nexo causal con el trabajo, y la configuración de los presupuestos que tornan viable la acción por daños y perjuicios con sustento en el derecho común-, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 118.352, "Prieto", resol. de 1-IV-2015; L. 118.466, "Bergier", resol. de 11-III-2015 y L. 120.847, "Jeanmart", resol. de 6-XII-2017).
Para más, corresponde recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 114.788, "Fernández", resol. de 7-IX-2011; L. 117.465, "Aloe", resol. de 25-IX-2013 y L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017).
IV.1. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora codemandada denuncia las normas y la doctrina que considera vulneradas.
En primer lugar, se agravia de que la haya condenado a abonar un siniestro que no constituye una contingencia laboral en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, vulnerando su art. 6 y el decreto 658/96.
Al respecto, señala que el accidente cerebrovascular sufrido por el actor no se encuentra incluido en el listado de enfermedades profesionales, ni deriva de ninguna otra afección de etiología laboral, sino que tiene carácter netamente inculpable.
Asimismo, manifiesta que habiendo negado su parte el carácter laboral del accidente, pesaba sobre el actor demostrar dicha circunstancia, lo que entiende no se ha verificado.
Por otro lado, objeta que el pronunciamiento se haya basado en la pericia médica, que entiende carece de fundamentación.
También cuestiona la pericia psicológica, por cuanto -alega- no aplica el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, además de que -reitera- la afección del trabajador no tiene un origen laboral.
Desde otroángulo, impugna la imposición de intereses, planteando que nunca estuvo en mora, por lo que, en todo caso, debieron liquidarse desde la sentencia.
Finalmente, apela por altos los honorarios, y solicita que las costas sean impuestas al accionante.
IV.2. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
IV.2.a. Tiene dicho esta Corte, que determinar si existe relación causal o concausal entre la labores y la incapacidad que presenta el trabajador, como así también si -en el caso- se demostró, o no, el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, y, en general, el análisis de las cuestiones fácticas y probatorias, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo en la labor axiológica de los magistrados, que debe ser fehacientemente demostrado por quien lo invoca (causas L. 117.154, "Salas", resol. de 23-X-2013; L. 117.984, "Vilchez", resol. de 27-VIII-2014; L. 117.810, "Sperani", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199, "Baltar", sent. de 14-VIII- 2013; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII- 2014 y L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018).
IV.2.b. En el caso, si bien la recurrente denuncia el mentado vicio, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada, apoyándose en un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010 y L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016).
En efecto, la recurrente no concreta una réplica idónea que desvirtúe el razonamiento del sentenciante de grado, para quien las pruebas producidas en autos -especialmente la pericia médica y las declaraciones testimoniales- resultaron suficientes para acreditar que el accidente cerebrovascular se produjo luego de un intercambio verbal con el encargado de la planta, en ocasión del trabajo, y que el 50% de la incapacidad determinada al actor resulta atribuible a la cefalea originada a partir de dicha discusión, actuando el aneurisma preexistente y la hipertensión como elementos predisponentes en el restante 50%.
IV.2.c. En particular, y ante el reproche que gira en torno a la pericias médica y psicológica, así como a su ponderación, corresponde memorar que en la tarea de valoración de las mismas, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 93.232, "P., E.P.", sent. de 28-X-2009; L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 118.504, "Miralles", resol. de 8-IV-2015), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
IV.2.d. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses.
Sin perjuicio de la insuficiencia que denota el agravio en este aspecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014; L. 117.318, "Reineche", sent. de 28-IX-2016; L. 117.459, "G.,J. L.", sent. de 21-VI-2017 y L. 120.929, "Arango", resol. de 13-XII-2017).
IV.2.e. Por último, deviene inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el juzgador de origen -que la recurrente considera elevados- pues sabido es que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 117.483, "Riccele", resol. de 9-X-2013 y L. 120.822, "Chavez", resol. de 11-X-2017).
En cuanto al cuestionamiento relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 102.094, "Córdoba", sent. de 24-VII-2011; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013 y L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014), supuesto que no se presenta en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la codemandada H. Bertolini S.R.L. en atención a que no reúne los requisitos esenciales, y desestimar el deducido por Experta ART S.A. atento a que ha sido insuficientemente fundado, (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia