Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la prescripción opuesta por la actora. Con Costas.
2Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuestos, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-46831813-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Mayo de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El expediente caratulado N° 46.925-I, caratulado: “BESFAMILLE, MARTÍN s/apelación” a resolución de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación),José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 56/72 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 82/2016 (DV DEOB) de fecha 07/06/2016, dictada por la Jefa (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2008, por la cual se determinó un impuesto a ingresar para ese periodo de $399.606,71 con más intereses resarcitorios de $943.068,77 y le aplica una sanción de $1.197.632,13 equivalente a tres veces del impuesto supuestamente evadido de conformidad con el art. 46 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente manifiesta que de la resolución de la Afip surge que existe un saldo a favor del Fisco. Dicho importe se originaría en una presunta renta gravada, aunque declarada como exenta en los términos de la Ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias por cuestionar ciertas operaciones realizadas con títulos públicos, que el Fisco agrupa denominándolas Contado con Liquidación.
El apelante agrega que los eventuales reproches sobre hipotéticas infracciones cambiarias deberían ser dirigidos a quienes realizaron la contrapartida de las operaciones de su mandante.
Así pues, plantea que la determinación apelada incurre en errores conceptuales y de análisis en cuanto efectúa una motivación solo aparente, puesto que no contiene un adecuado análisis del planteo efectuado en el escrito de determinación, violenta el principio de congruencia porque no logra un enlace entre la pretensión esgrimida en la demanda con los fundamentos empleados en la resolución, y contiene una errada valoración de los principios que gobiernan las nulidades en sede administrativa.
Por otro parte, la actora afirma que está inscripto como monotributista por su actividad de docente y que presentó también las declaraciones juradas como inscripto en el Impuesto a las Ganancias, y agrega que si la determinación fiscal funda lo exteriorizado en las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP debe ser considerada como inscripta y por tanto ajena a cualquier ardid o engaño como el invocado por la AFIP para aplicar la multa y señala que el Excmo Tribunal Fiscal debe resolver sobre la contradicción fiscal expuesta.
Asimismo, sostiene que la eventual fuga o repatriación es una cuestión ajena a su mandante que compró y vendió títulos públicos exentos por aplicación de los arts. 20 inc w) y 52 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En otro orden de ideas, la recurrente invoca la prescripción de las acciones del fisco y lo fundamenta en los dichos del Dip. Felletti al promover la reforma (vide pág 7 prr 3 Determinación de Oficio). Manifiesta que se reclama una presunta deuda en el Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2008, y que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1º de enero de 2010, de modo que el plazo de cinco años se cumplió el 31 de diciembre de 2014, fecha en que aún no se había dictado la resolución condenatoria.
En consecuencia, -afirma- la facultad del fisco se encuentra prescripta por el transcurso del plazo legal. Con respecto a la cuestión de fondo, la recurrente declara que en la resolución que aquí se impugna, el Organismo instructor efectúa algunas consideraciones sobre la operatoria en crisis. Sostiene que la AFIP confunde la actuación de su mandante con la de su contraparte cuando afirma que los envíos de divisas al exterior no configuran una inversión de portfolio en el exterior, sino el mero envío de divisas al exterior para cerrar operatorias en el mercado local y afirma que su parte no puede saber cuál será el uso que hará de las divisas o de los títulos su contraparte y si los mantendrá en su portfolio, cancelará deudas o adquirirá bienes. Así pues, el apelante expresa que en la medida que el origen y la tenencia de títulos públicos o de fondos o de bienes, ya sea en el país o en el exterior sea legal, no existe reproche alguno. Y -dice- para el hipotético caso que lo hubiera, ese reproche le debe ser dirigido a la contraparte, esto es a quien operó con su mandante. Sobre la imputación según la cual se adeudan impuestos por la supuesta realidad económica, la recurrente explica que la impugnación fiscal supone no solo una violación al derecho de defensa, sino también una contradicción con la actuación de ese organismo.
Ello así, la actora señala en primer lugar que el agravio de la agencia preopinante no debe suponérselo dirigido a la figura utilizada en relación a la compra venta en sí, sino a la exención que recae sobre los títulos públicos. En segundo lugar, agrega que las “ganancias” meramente nominales derivadas de títulos públicos están exentas en forma objetiva por tratarse de la re expresión de simples resultados por tenencia y que la verdadera ganancia económica es la ajustada por inflación.
Por otra parte, la recurrente señala que, al momento de llevarse a cabo las operaciones cuestionadas en la vista, las mismas eran y siguen siendo lícitas; y que se podían realizar operaciones de compra y venta de títulos aún en el mismo día, lo que no implicaba simultaneidad.
En otro orden, la actora acompaña la sentencia del 25-11-2015 de autos caratulados “Besfamille, Martín s/ Inf. Ley 24.144, causa Nº 14.276, del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 Secretaría 7, aclarando que se emitió un pronunciamiento absolutorio respecto de los sumariados.
En efecto, alega que la operatoria desarrollada siempre fue la compra y venta de títulos públicos, en ocasiones cercanas en el tiempo y otras veces separadas por plazos de 48 a 72 hs hábiles según lo dispuesto por el BCRA pero nunca simultáneas. Que su propósito fue arbitrar entre mercados percibiendo una rentabilidad por la operatoria y que la renta de títulos públicos percibida en forma de intereses o la ganancia derivada de la negociación del título solo representa una mera reexpresión y de allí su exención para las personas físicas y su gravabilidad para quienes practican ajuste por inflación.
Por otra parte, la recurrente menciona el artículo 2 de la Ley 11.683 en cual establece “para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes.” Y manifiesta que la norma se refiere a las distorsiones en la verificación del hecho imponible real que aquí está fuera de discusión por cuanto se trata de una exención. Y agrega que se requiere una forma manifiestamente inadecuada para su aplicación, cuestión que -diceaquí tampoco se verifica, por cuanto la negociación de títulos era esencial para su parte vinculada a operaciones de Bolsa.
Finalmente, el apelante solicita que se deje sin efecto el sumario instruido por no configurarse en el caso los elementos objetivo y subjetivo del tipo infraccional imputado y ello por la falta de individualización de cuál es la norma trasgredida. Asimismo, añade que su mandante no ha dejado de abonar tributo alguno y que no se configura un supuesto de declaración engañosa u ocultación maliciosa.
Acompaña documental y ofrece prueba informativa.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes. Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Con costas.
II. Que a fs. 98/121 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas. La representación fiscal manifiesta que el contribuyente tenía como actividad declarada la de prestación de servicios personales NCP. Atento que se encontraba inscripto en Monotributo, la División Revisión y Recursos dictó la Resolución Nº 172/2015 (DV MRRI) mediante la cual se resolvió declarar perfeccionada la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, a partir del 22/02/2008, de Besfamille Martín. El 26/10/2015 el responsable interpuso recurso de apelación, no habiéndose hecho lugar al mismo el 31/03/2016.
Agrega que, como consecuencia de la verificación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales dispuestas por la AFIP, se detectó que el responsable declaró en forma improcedente en el Impuesto a las Ganancias periodo 2008 ingresos exentos, por cuanto efectuó operaciones de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación que, sobre la base de la realidad económica no configurarían “inversión de portfolio en el exterior”, sino el mero envío de divisas al exterior considerándose al rubrado como “facilitador” de dicha operatoria y en razón de ello, la retribución por la prestación indicada se encontraría alcanzada por el inc e) del art 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Así pues, el Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente que no fueran materia del escrito de responde o de los antecedentes administrativos.
Respecto de la prescripción, sostiene que el art 17 de la ley 26.860 establece: “suspéndase con carácter general por el término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos…” y añade que, por su parte el art 7 de la RG AFIP Nº 3509/2013 (reglamentación de la Ley Nº 26.860 dispuso: “la suspensión del curso de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos… alcanza la totalidad de los contribuyentes o responsables hayan o no exteriorizado moneda extranjera en los términos del régimen reglamentado por esta resolución general”
En efecto, la representación fiscal argumenta que quien puede especular con la prescripción no es quien se acoge al régimen de exteriorización, sino, por el contrario, quien no lo hace bajo la expectativa de no ser descubierto por el Fisco y de allí que la suspensión de la prescripción dispuesta por él no puede ser sino general, alcanzando a todos los contribuyentes, se acojan o no como medida de eficacia e incentivo para la adhesión.
Asimismo, señala que el art 56 inc a) de la Ley 11.683 (to 1998 y sus mod) establece en cinco años el plazo de prescripción de las acciones y poderes del Fisco en el caso de contribuyentes inscriptos. Es decir, para el periodo 2008 a partir del 1º de enero de 2010, teniendo en cuenta que se suspende por un año el curso de la prescripción de la acción, al periodo 2008 le alcanzaría la mentada suspensión.
Adicionalmente menciona el artículo agregado a continuación del art 65 de la Ley 11.683 que establece: “se suspenderá por ciento veinte días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos…”
Siendo así, el Organismo fiscal manifiesta que por aplicación de los preceptos legales, teniendo en cuenta que la notificación de la vista fue el 23/12/2015, a la fecha no se encuentran prescriptas las acciones y poderes del fisco. Respecto de la procedencia sustancial de los ajustes, el Fisco Nacional ratifica las conclusiones del Juez Administrativo y hace propios sus considerandos expresando cómo es la operatoria.
Primero, el origen de los fondos son créditos recibidos del agente de bolsa por la compra del cable, que aplicó a la compra de títulos y a su vez utilizó ingresos obtenidos durante el periodo 2008 y la percepción de una donación recibida de parte de sus padres.
Segundo el contribuyente compró moneda extranjera mediante transferencias electrónicas efectuadas desde el Banco de Valores SA a su cuenta en el BPD Bank en New York. La liquidación de divisas fue realizada a través del Banco de Valores SA.
Luego las transferencias al exterior fueron realizadas a una cuenta cuyo beneficiario es, entre otros el señor Martín Besfamille, compartiendo la titularidad de la cuenta con su madre, su hermana y su padre, todos directores de la sociedad Besfamille Sociedad de Bolsa SA.
Posteriormente, de la cuenta corriente Nº 2905 del comitente Besfamille Martín abierta en la Sociedad de Bolsa, se pudieron verificar los débitos y créditos efectuados por la compra y venta de títulos y también el movimiento de los mismos.
Finalmente, el cobro por la venta de los títulos según lo informado por Besfamille SA Sociedad de Bolsa, de acuerdo a sus registros, los comitentes depositaron directamente los fondos en la cuenta del Mercado de Valores en el exterior, para ser acreditados en las subcuentas del agente de bolsa, no ingresando los fondos en las cuentas bancarias del exterior de la empresa.
En ese orden de ideas, la representación fiscal aclara que conforme surge de los actuados, el responsable es Director de Besfamille SA Sociedad de Bolsa, Sociedad interviniente en la operatoria. Y añade que la actora habría realizado un inadecuado uso de modalidades operativas habilitadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires, concertando y registrando operaciones sin finalidad bursátil, que posteriormente fueron cursadas al mercado y reflejadas en el volumen negociado.
Cabe destacar que el Fisco Nacional expresa que constató: que el rubrado resultó ser director de Besfamille SA Sociedad de Bolsa, que en la mayoría de los meses involucrados en la presente verificación se realizaron operaciones del tipo “contado con liqui” por sumas que rondaron el límite de U$S 2.000.000 impuesto por el Banco Central de la República Argentina para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios sin su previa conformidad, que las operaciones son concertadas y liquidadas en el mismo día y que las operaciones fueron realizadas con fondos propios como créditos recibidos de la sociedad de bolsa.
Concluye que la operatoria tuvo por objeto la transformación de pesos en la República Argentina en divisas en el exterior, mediante la utilización de formas y procedimientos típicos de cualquier operación bursátil pero con el objeto de lograr un resultado cambiado y ajeno al riesgo inherente que posee cualquier operación, es decir envíos de divisas al exterior no configuraron una “inversión de portfolio en el exterior” sino que son una maniobra en la cual se vulneraron disposiciones del Mercado único y Libre de Cambios y en la cual el efecto de la operatoria genera un costo para el tercero al que le son transferidas las divisas y una ganancia para quien actúa como intermediario para llevar a cabo la operación.
Con relación a la causa de Instancia Penal Económica y a la sentencia que acompaña la recurrente, la representación fiscal señala que en dicho fallo se encontraba en discusión si la operatoria desplegada por el responsable configuraba o no una infracción al Régimen Penal Cambiario. Agrega que, más allá de que la operatoria desarrollada por el apelante –a entender del Juzgado Penal Nº 4- no configure delito en el ámbito del Régimen Penal Cambiario, nada impide analizar las consecuencias tributarias.
Es por ello que, debe destacarse -dice el Fisco Nacional- la salvedad prevista en el art 20 de la Ley Nº 24.769 que obliga a la autoridad administrativa a aplicar “… las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia judicial…” con lo cual -añade que- las previsiones contenidas resultan de aplicación en el ámbito penal tributario y no en el penal cambiario.
En efecto, el Organismo Nacional argumenta que solo cabe confirmar el criterio expuesto en la vista corrida el 21/12/2015 y determinar de oficio la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2008. Respecto de los intereses resarcitorios, el Fisco Nacional deja en claro que la suerte de los intereses resarcitorios queda supeditada a la del principal, y dice que nada autoriza a eximir a la contribuyente de la responsabilidad por la demora ni a reducirlos, por lo que solicita confirmarlos con costas a la recurrente.
Con respecto a la sanción aplicada manifiesta que los hechos reseñados configuraron una conducta encuadrada “prima facie” en los arts. 46 y 47 inciso e) de la Ley 11.683 (to en 1998 y sus modif.) y en defensa de la legitimidad de la multa aplicada ratifica que la actora perjudicó al Fisco mediante la ocultación maliciosa consignando datos inexactos o que no reflejan su situación impositiva real.
Asimismo, señala que la finalidad de la norma –art. 46- es desarraigar aquellas conductas que inhiban el ingreso de los fondos debidos a título de impuesto y mediante la incriminación se persigue el castigo del comportamiento de aquel que, por no cumplir con la obligación a su cargo, produce un daño material al Fisco.
Concluyendo que la eximición de sanción estaría creando una excepción de privilegio a favor de la sumariada y la no aplicación de la multa correspondiente violaría la garantía de igualdad, puesto que se estaría privilegiando a la recurrente.
Finalmente, la representación fiscal se opone a la prueba por dilatoria, superflua, innecesaria, reiterativa, por cuanto surge de las actuaciones administrativas.
Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas a la actora. Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. El Tribunal el día 14/12/2016 -a fs. 127- resuelve respecto de la oposición del Fisco Nacional a la prueba ofrecida por la actora, correr traslado a la recurrente por el término de diez días.
Asimismo, el 14/03/2017 a fs. 129 este Tribunal resuelve rechazar la oposición de la representación fiscal respecto de la prueba que ofrece la actora y abrir la causa a prueba por sesenta días. A tal efecto, hace lugar a la prueba informativa que ofrece la recurrente a fs. 71 y ordena se libren los oficios solicitados en los términos del art. 175 de la ley 11.683 (to 1998 y sus modif).
Así pues, el apelante a fs. 132 acredita el diligenciamiento del oficio dirigido al Mercado de Valores de Buenos Aires SA y este último contesta -fs. 136- adjuntando el anexo de los datos que posee con relación a las operaciones registradas por Besfamille SA Sociedad de Bolsa.
IV. Que en atención al estado de la causa. A fs. 145 se clausura el período de instrucción, se elevan los autos a consideración de la sala “B”, y pasan para alegar. A fs. 153/155vta, 157/157vta obran alegatos del Fisco Nacional y actora. A fs. 160 se llaman los autos para sentencia.
V. Que en primer lugar corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar, en consecuencia, si la acción del fisco para determinar el Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2008 y aplicar sanciones, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Es dable destacar que el planteo de la prescripción elaborado por la recurrente se extiende al tributo de Impuesto a las Ganancias periodo 2008. Cabe dejar sentado que, respecto del período por el cual se opone la excepción, conforme se desprende de las constancias de autos, el vencimiento se habría producido durante el año 2009, por lo cual el plazo comenzaría a correr el día 01/01/2010.
Siendo así, prima facie, se podría sostener que el plazo de prescripción habría vencido el 01/01/2015. No obstante, la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. De esta forma, el plazo prescriptivo habría fenecido el día 01/01/2016.
Que, no obstante, cabe recordar que el artículo agregado a continuación del art. 65 establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Cabe señalar que la vista conferida durante el proceso de fiscalización se notificó el 23-12-2015 y la resolución determinativa aquí apelada se dictó el 07-06-2015. Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago del impuesto por el período fiscal citado precedentemente y aplicar sanciones, no se encontraba prescripto a la fecha del dictado de la resolución que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado del acto determinativo recurrido.
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora. Con costas.
VI. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones, conforme surge de los antecedentes administrativos aportados a la causa, tienen su génesis a partir de la información brindada por el Banco Central de la República Argentina correspondiente al régimen de información establecido por las comunicaciones “A” 3840 y “A” 3869, habiendo efectuado la Dirección de Información Estratégica para Fiscalización, de manera sistémica la preselección de casos en los que las operaciones de cambio no coincidían con los parámetros o hipótesis fijadas.
Que el 30/10/2008 se notificó la apertura de la orden de intervención preventiva Nº359.278 por medio de la cual el área fiscalizadora se abocó a obtener información respecto de las partes vinculadas y naturaleza de las operaciones celebradas.
Las operaciones realizadas por las personas informadas por el Banco Central de la República Argentina son aquellas conocidas como “contado con liqui”, las cuales consisten en la compra de títulos valores con cotización en dólares en mercados del exterior y la posterior venta de los mismos en el mercado local en pesos, obteniendo una ganancia producto de las diferencias de cotización que poseen los títulos en las distintas monedas. Entre las posibles formas de liquidar esas operaciones, es decir pagar el comprador o cobrar el vendedor, tanto el BCRA como el Mercado de Valores prevén que se efectúe contra cable. Esto es con dólar divisa comprado en una entidad cambiaria para su giro a una cuenta corriente en el exterior.
Una vez habilitada la operatoria bursátil con cotización en dólares y al permitir que las liquidaciones sean llevadas a cabo “contra cable”, un vendedor de títulos públicos puede recibir dólares directamente en una cuenta corriente del exterior sin que esos dólares sean adquiridos en el mercado único y libre de cambios, sino que los compre un tercero que en el caso es quien compra “contra cable”
Para ello, previamente los responsables debieron pagar pesos a la entidad cambiaria para comprar dólares divisa que luego es transferido a una cuenta corriente en el exterior para cancelar la compra de los títulos y/o acciones en dólares. Esos pesos pudieron provenir de fondos disponibles, propios o en calidad de préstamos, o bien de la liquidación de la venta de esos títulos y/o acciones en pesos.
De la información recabada por el Organismo fiscal, se observa que el contribuyente se encontraba inscripto como monotributista y sin embargo, presenta declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias desde 2008. Según información aportada por el responsable, trabaja en relación de dependencia en la Universidad Di Tella. No obstante, las ganancias de cuarta categoría declaradas por él en el periodo fiscal 2008, la mayor parte de los ingresos obtenidos en dicho año, fueron considerados como beneficios exentos, entre estos últimos se incluye la utilidad de operaciones de “contado con liqui” (fs. 23 Cpo Impuesto a las Ganancias).
El contribuyente operó entre febrero a octubre de 2008 totalizando a través de varias operaciones al mes sumas cercanas a los U$S 2.000.000, siendo este el límite mensual para realizar operaciones cambiarias, argumentando - mediante sendas notas del 06/11/2008 al 14/04/2009 (fs. 9 y 201 Cpo Antecedentes OI 359.278)- que “el origen de los fondos son créditos recibidos de nuestro agente de bolsa por la compra del cable, el cual se aplica a la compra de títulos” y … “el origen de los fondos por la totalidad de las operaciones surge de ingresos obtenidos en el periodo 2008 y la recepción de una donación recibida de nuestros padres”.
Además, las transferencias al exterior fueron realizadas a una cuenta cuyo beneficiario es, entre otros, el Sr. Besfamille Martín, compartiendo la cotitularidad de la cuenta con Sergio Besfamille, María E. Grimau de Besfamille y Verónica Besfamille, todos directores de la Sociedad Besfamille Sociedad de Bolsa SA (fs. 24/62 Cpo Cta Cte Soc de Bolsa, Cta Bco de Valores y Cta BPD USA Antecedentes).
En función de las pruebas obtenidas e información obrante en las actuaciones, el Fisco Nacional concluye que la operatoria realizada consistió en la transformación de pesos en la República Argentina en divisas en el exterior, como resultante de operaciones con títulos públicos valores nacionales liquidadas en modalidad “contra cable”. Siendo así, el contribuyente adquirió dólares estadounidenses en el mercado local y los giró a cuentas del exterior con el fin de pagar los títulos valores adquiridos. De este modo el vendedor recibió dólares directamente en una cuenta del exterior sin que hubieran sido comprados por él en el mercado único y libre de cambios. Así pues, los envíos de divisas al exterior no configuran -según el Fisco- una “inversión de portfolio en el exterior” sino el mero envío al exterior de divisas para cerrar operatorias en el mercado local, el efecto de la operatoria genera un costo para el tercero al cual le son transferidas las divisas y una retribución para quien actúa como intermediario por llevar a cabo la operación.
De lo expuesto -dice- se demuestra la realidad económica y cabal intención de las operaciones bajo análisis: girar montos de moneda extranjera al exterior, siendo el contribuyente un mero facilitador de dicha operatoria, obteniendo por ello una renta que no resulta compatible con la aplicación de la exención estipulada en el inciso w) del art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En virtud del ajuste detectado, el contribuyente ha incurrido “prima facie” en la siguiente infracción: haber declarado como exentos ingresos que correspondían considerarse gravados en el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2008, dejando de ingresar el gravamen en su justa medida.
VII. Corresponde señalar que el Fisco Nacional finca el ajuste en que el Sr. Martín Besfamille realizó operaciones, según la información recibida del Banco Central de la República Argentina, de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación que, sobre la base de la realidad económica no configurarían una inversión de "portfolio en el exterior”, sino el mero envío de divisas al exterior, considerándose al contribuyente como "facilitador" de dicha operatoria y en razón de ello, la retribución por la prestación de servicio indicada se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Al respecto cabe puntualizar que el suscripto se ha expedido en los autos “Bacqué Chantal (TF 34.863-I) c/ DGI", sentencia de fecha 24-10-2016, en una cuestión análoga a la presente, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad. Tal como sucedía en dicho precedente, en el presente caso se observa que durante el transcurso del período 2008, la parte actora efectuó operaciones de compraventa de títulos, obteniendo un beneficio como producto de las mismas. Tal operatoria, consistió en la adquisición de títulos públicos en el mercado local con cotización en dólares estadounidenses y liquidación contra cable en el exterior y la respectiva venta también en dicho mercado con liquidación en pesos.
Como resultado de ello respecto del actor, se generó una renta a partir de las diferencias de cotización de los títulos entre ambas monedas (pesos y dólares), en tanto el tipo de cambio obtenido a partir de dividir el importe de la venta con liquidación en pesos por la cantidad de dólares puestos en el exterior, entregados por la compra contra cable, resulta superior al tipo de cambio vigente en el mercado local.
En virtud de la verificación realizada, se detectó que la recurrente informó tales operaciones como ganancias exentas, con sustento en el inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Por su parte el Fisco Nacional consideró que la realidad económica indica que se trataría de girar montos de moneda extranjera al exterior, siendo la recurrente un mero facilitador de dicha operatoria, obteniendo con ello una renta no compatible con la aplicación de la exención estipulada y que la retribución por la prestación de servicios indicada en el párrafo precedente se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
La Administración Fiscal finca los ajustes practicados en el principio de realidad económica establecido en el art. 2 de la ley 11.683. Al respecto cabe señalar que la Corte Suprema ha sostenido que en la determinación del hecho imponible se debe atender a la sustancia y no a las formas jurídicas de los actos involucrados, o sea que los artificios usados por los contribuyentes no deben prevalecer sobre la realidad que encubren (Fallos: 271:359, entre otros); que la interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
Corresponde señalar que el origen de la inspección fue una información brindada por el Banco Central de la República Argentina que advertía sobre la existencia de operaciones cambiarias realizadas por personas físicas vinculadas a sociedades de bolsa. En el caso de autos, el actor es director de Besfamille Sociedad de Bolsa S.A., siendo ésta empresa con la cual efectuó las operaciones en análisis, como comitente de la misma. Durante el transcurso de la inspección se verificó que en la mayoría de los meses involucrados en la fiscalización se realizaron operaciones por sumas que rondaron el límite de U$S 2.000.000 impuesto por el Banco Central de la República Argentina para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios sin su previa conformidad y que la operatoria no ha requerido de fondos para su liquidación.
Si bien las operaciones cumplían con todas las formalidades para encuadrarlas en la estructura prevista para la compra-venta de títulos públicos argentinos, cabe destacar que las mismas no dan lugar a que los movimientos normales del mercado influyan en el valor del título, minimizando el nivel de riesgo que toda operación bursátil lleva implícito. En definitiva, la rentabilidad de la operación no estaba dada por la tenencia de los títulos, sino por la diferencia de cotización entre ambas monedas.
Atento lo expuesto precedentemente no se vislumbran motivos en el caso concreto que lleven a prescindir de la aplicación del principio de la realidad económica, debiendo señalarse que no ha sido desvirtuado por la recurrente que la estructura jurídica adoptada como una operación bursátil ha constituido en realidad un instrumento por el cual se buscó la formación de activos externos, resultando los responsables meros facilitadores a tal efecto. Por lo que la retribución definida por la diferencia de cotización de los títulos entre ambas monedas se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Ganancias. De igual modo se expidió la Sala II de la CNCAF en autos “Bacqué, Paul c/EN” con fecha 08/10/2015.
Con respecto a los dichos de la actora en relación a la causa “Besfamille, Martín s/ Inf. Ley 24.144. Causa Nº 14.276”, del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 Secretaría Nº 7, cabe señalar que resulta impensable pretender que el Tribunal Fiscal de la Nación acate pasivamente lo decidido respecto de la valoración jurídica atinente al acaecimiento del hecho imponible o a aspectos que hacen a la determinación impositiva del gravamen en sede penal. Va de suyo que el juez penal está facultado y debe analizar el hecho imponible del presunto delito investigado, mas ello no puede hacer pensar que su opinión y su propio encuadre normativo deba tener efecto vinculante para la sede contencioso administrativa. Sostener esto supondría el menoscabo de las funciones jurisdiccionales de este Tribunal e, incluso de su Alzada judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en tal sentido, EURNEKIAN, EDUARDO - TFN - SALA A – 27/9/2010). Que en función de lo expuesto corresponde confirmar las resoluciones apeladas en autos. Con Costas.
VIII. Que con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
IX. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que atento lo expuesto precedentemente, voto por:
1. Rechazar la prescripción opuesta por la actora. Con Costas.
2. Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuestos, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Adhiero al relato de los hechos formulado por el Dr. Pérez como vocal preopinante (Considerandos I a IV) y a lo resuelto en el Considerando V (prescripción), no así a la conclusión que arriba respecto del tratamiento tributario que corresponde otorgar a las operaciones en crisis.
II. El Fisco Nacional acude al principio de realidad económica previsto en el art. 2° de la ley 11683, para recaracterizar la operatoria de compraventa de títulos públicos y propiciar el ajuste que se discute en el impuesto a las ganancias, considerando al recurrente un “facilitador” que interviene en estas operaciones para que otros sujetos puedan quedar posicionados en moneda extranjera en el exterior, por lo que entiende el Fisco Nacional que estas operaciones poseen una finalidad distinta a la bursátil.
III. Las partes en litigio, aunque difieren en las implicancias tributarias de estas transacciones con títulos públicos, no lo hacen en relación a los hechos acaecidos y al cumplimiento con la normativa vigente.
Nada de lo que aconteció en estas operaciones -incluso lo que observa el Fisco Nacional en cuanto la simultaneidad de las operaciones y su neutralidad por la compensación de idénticas cantidades compradas y vendidas, la relación de los inversores -familiares- con las sociedades intermediarias -directores-, la recurrencia de las operaciones, el giro casi inmediato de las divisas en la operaciones contra cable, etc.- fue impugnado o denunciado expresamente por ante la Comisión Nacional de Valores, en su respectiva competencia, conforme surge de las actuaciones.
Cabe destacar que las autoridades del Banco Central ordenan instruir sumario contra el aquí recurrente conjuntamente con Sergio Besfamille y Verónica Besfamille por una presunta simulación de inversiones de portafolio en el exterior a título personal, mediante transferencia de divisas al exterior para solventar la readquisición de activos financieros, cuando las mismas eran realizadas para terceras personas, vulnerando lo establecido en el art. 1° incs. b) c), e) y f) de la ley 19.359 integrado en el caso con las disposiciones de la Comunicación “A” 3471, mod. y comp. del BCRA. A través de sentencia del Juzgado Penal Económico N° 4 Secretaría 7 los imputados son absueltos de culpa y cargo (sentencia del 26/11/15). Sobre este punto comparto lo indicado por el Dr. Pérez en el voto que antecede, negando que este Tribunal tenga que hacer un acatamiento pasivo de lo decidido en el mencionado Juzgado Penal Económico. No obstante, considero que del mismo, surgen apreciaciones sobre los hechos acaecidos que resultan útiles en los presentes actuados.
El hecho de que las operaciones conocidas como “contado con liqui” existan y se puedan concretar con algunos títulos valores, como los títulos públicos que tienen cotización en moneda nacional y en moneda extranjera, no es un hecho desconocido. Al respecto, y en el mismo sentido que el fallo mencionado en el párrafo anterior, se encuentra firme el criterio de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la causa "BBVA Banco Francés; D.T.L.; E.J.A.; C.C.A. y otros s/ infracción ley 23.144" (fallo del 11/3/2015) que concluye que estas operaciones son legítimas, no implican operaciones de cambio y no constituyen un delito penal cambiario. Si bien el examen en esa causa giró en torno a la pretendida calificación de aquellas como operaciones de cambio –para negarles tal carácter- en el contexto del derecho penal, se realizaron apreciaciones que resultan útiles en los presentes actuados, respecto de operaciones de idéntica estructura a las aquí debatidas.
La Cámara dijo respecto de las operaciones de venta y compra de títulos públicos que "no se advierte la existencia de operaciones de canje de divisas por moneda nacional, o viceversa, sino, el intercambio de divisas o de pesos, según el caso, por títulos valores..." . Y concluyó que "...en este sentido, corresponde tener en cuenta que queda excluido del concepto de operación de cambio el intercambio de "...moneda (nacional o extranjera)...por bienes en sentido económico o jurídico.., ya que conformarían diversos contratos típicos (generalmente de compraventa) regidos por el derecho común;... tampoco lo integran los 'títulos de crédito', 'valores', 'negociables' o 'circulatorios', por no ser dinero ni medios de pago comprendidos en esa categoría....por lo tanto, al no verificarse en la operatoria cuestionada la existencia de un canje de divisas por moneda nacional, corresponde establecer que las operaciones analizadas no constituyen transacciones de cambio en su acepción técnica, sino operaciones diferentes, de adquisición y de venta de títulos públicos...".
La finalidad extra bursátil que el Fisco Nacional destaca en estas operaciones, en razón de considerar que en estas operaciones no existe un riesgo bursátil, cabe desecharla dado que dicho riesgo existe como consecuencia de los posibles cambios de cotización de los títulos que puedan producirse, por más mínimo que sea el plazo de tenencia de aquellos, aunque claramente en la medida que las operaciones sean más cercanas temporalmente, aquél se acota pero no desaparece. No hay duda de que éstas son operaciones bursátiles, cursadas en mercados y con intermediarios autorizados y controlados.
En cuanto a la calificación de “facilitador” de envío de divisas al exterior que el Fisco Nacional asigna al recurrente, lo cierto es que éste como un inversor y a través de un agente autorizado en un mercado regulado, se vale de un negocio con títulos públicos que el mercado y sus reglas -y principalmente las limitaciones- han habilitado.
Considerando que estas operaciones se realizan en un mercado de concurrencia de órdenes de inversores - comitentes- comprando y vendiendo títulos valores, a través de agentes autorizados que intermedian, donde el mercado garantiza la liquidación de las operaciones frente a posibles incumplimientos de los inversores, practica las liquidaciones respectivas y establece la posición de cada inversor en términos de especies y moneda y donde las contrapartes no realizan operaciones entre si -por ende no se conocen-, sino que las órdenes se cursan a través de tales agentes intermediarios autorizados, todo ello hace que la calificación de “facilitador” que se le achaca al recurrente carezca de sustento.
Asimismo, no hay dudas de que el resultado positivo que se produce en este caso, surge de la diferencia entre el precio de compra y venta de los títulos públicos -aunque en diferentes monedas- y no de una operación cambiaria –moneda nacional contra moneda extranjera o viceversa-.
En función de lo expuesto, debo anticipar que la pretensión del Fisco Nacional no puede prosperar.
IV. En cuanto al principio de realidad económica previsto en el art. 2º de la ley 11.683 que utiliza el Fisco Nacional, como es sabido, prescribe que: "para determinar la verdadera naturaleza del hecho Imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes ...”; y exige considerar la intención real si con motivo de tales " ... actos, situaciones y relaciones económicas ellos acudiesen a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica"; en cuyo caso confiere una autorización para prescindir de "las formas y estructuras jurídicas inadecuadas"; y encuadrar la situación económica real "en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos".
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "es principio aceptado por la Corte, también desde antiguo (Fallos: 21:498) que no importa la calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas, si se advierte que las instituciones jurídicas no dependen del 'nomen juris', que se le dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídico- económica y, entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad, deberá desestimarse y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos" (Fallos: 289:67).
En el presente caso, el negocio realizado con estos títulos públicos por parte del recurrente no se oculta en formas o en una instrumentación “manifiestamente inadecuada para configurar adecuadamente la cabal intención económica”. De hecho, aun siguiendo la tesitura fiscal de considerar al recurrente un “facilitador” de fuga de divisas, no se vislumbran otras formas jurídicas o de instrumentación posibles que serían aplicables, porque considerando como dice el Fisco Nacional su finalidad cambiaria, violentarían las normas vigentes –no podían, ni debían ser cursadas a través del Mercado oficial (MULC) de cambio-.
Por lo expuesto, entiendo que el principio de realidad económica no aplica en esta litis. En efecto, en este caso, la prevalencia de ella no procede al haber total concordancia entre la forma jurídica (compraventa de títulos públicos) y la realidad económica subyacente, ya que ésta ha acaecido, según se ha expuesto previamente, conforme las posibilidades que habilitaban las prácticas de los mercados implicados tanto financiero/cambiario y bursátil, dentro de la regulación aplicable y conforme el marco legal vigente (en el mismo sentido que el fallo por mayoría de la Sala A “Bacqué, Chantal s/apelación - ganancias e IVA” del 24/10/2016).
No se observa en estas operaciones una falta de autenticidad -en el sentido de ser artificiosas o carentes de contenido real- que me lleven a rebatir el alcance económico del negocio jurídico. Son operaciones bursátiles de compraventa de títulos públicos auténticas, legítimas y con contenido real. No se vislumbra un uso abusivo de las formas o instrumentación del negocio real con fines tributarios.
Qué, en función de lo expuesto, seguidamente se expone el tratamiento tributario aplicable a la compraventa de títulos públicos por parte del recurrente.
V. En relación al impuesto a las ganancias, en el art. 20, inc. -w- de la ley del impuesto (texto vigente al momento de los periodos fiscales bajo discusión), se contempla la exención aplicable a los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inciso c), del artículo 49 (actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría) cuando los referidos sujetos sean residentes en el país. Por su parte, el art. 42 de su decreto reglamentario de la ley del gravamen considera comprendidos en la norma exentiva "...los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas o sucesiones indivisas que realicen dichas operaciones en forma habitual, siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales dedicadas a otras actividades y que, en virtud de estas últimas, resulten comprendidas en los inc. b) y c) y en el último párrafo del art. 49 de la ley."
Cabe destacar que esta norma exentiva es objetiva, directamente relacionada con la naturaleza objetiva del acto productor de la renta.
Que en virtud de lo expuesto, considero que los resultados provenientes de las operaciones en crisis se encuentran exentos del gravamen, por lo que corresponde revocar, en todas sus partes, la Resolución N° 82/2016 (DV DEOB). Con costas.
El Dr. Magallon dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la prescripción opuesta por la actora. Con Costas.
2. Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuestos, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.10 16:37:25 ART Date: 2022.05.10 21:19:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.11 10:42:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.11 10:42:32 -03:00
Fin de la sentencia