Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-59789280-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolucion recurrida en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $3.935.553.- (pesos tres millones novecientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres) equivalente a 40,11 (cuarenta con 11/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $9.838.883.- (pesos nueve millones ochocientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y tres) equivalente a 100,28 (cien con 28/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-58641139-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Junio de 2026 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-59789280- -APN- SGAI#TFN, caratulado “BETANCURT RAÚL RAMÓN s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que por medio de RE-2025-59788842-APN-SGAI#TFN, el Sr. Raúl Ramón Betancur interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 13 de mayo de 2025 dictada por el jefe (int) de la División Revisión y Recursos de la la Dirección Regional Posadas de ARCA-DGI, mediante la que se establece su responsabilidad personal y solidaria por la deuda de la firma Bistec S.R.L en relación a saldos adeudados en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 1 a 6, 8, 9, 11 y 12/2012, 8, 11 y 12/2013, 1, 3 a 6 y 8 a 11/2014, 2 y 7 a 12/2015, 1 a 12/2017, 1 a 12/2018, 1 a 10/2019, 4 a 12/2020 y 1/2021, el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2013, 2015, 2020 y 2021 y anticipos 1 a 10 de este último correspondientes al período 2020. Ello así, el acto cuestionado intimó el ingreso de los montos a favor del organismo más intereses resarcitorios (RE-2025-
59779477-APN-SGAI#TFN).
Previo a todo plantea las defensas de prescripción y nulidad del procedimiento determinativo. Sobre la primera de ellas, recalca que prescribió la acción para determinar los períodos previos al 2020, conforme la legislación vigente: mientras que con relación a la nulidad, expone que nunca tuvo acceso al expediente en el que se dictó la resolución por la que se le corre la vista con la que se dio inicio al procedimiento determinativo, la cual –según dice- enumeraba pruebas sin identificar. Alega que tal ocultación le impidió ejercer su defensa oportunamente y que cuando solicitó el acceso al expediente, lo único que se puso a disposición fueron unas Actuaciones SIGEA que carecían de unidad. Además se agravia que el Fisco hizo caso omiso a las defensas articuladas en el descargo presentado en sede administrativa.
En cuanto a la cuestión de fondo en sí, más allá de las quejas que formula contra el accionar de los funcionarios del ente fiscal, señala que la sociedad imputada fue integrada por la Sra. Griselda Cabrera y el Sr. Marcelo Alvarenga y que la desvinculación de éstos y posterior extensión de responsabilidad solidaria que se le atribuye, se sustenta en que aquellos supuestamente no tenían la capacidad para dirigir operativamente a la sociedad obligada y que estaban vinculados con el aquí apelante, basado ello en dichos de terceros y en conclusiones del ente fiscal. Remarca que su apellido se consignó erróneamente en las actuaciones administrativas y que existen varias personas que llevan el apellido “Betancur” en la ciudad de Posadas.
Con relación al Sr. Alvarenga, dice que las conclusiones a las que arribó el ente fiscal surgieron de una declaración de quien dice ser hermana de éste y que el organismo no probó con aportes previsionales o la CUIL que fuera utilizada sea del actor. Remarca que ha sido el Sr. Alvarenga quien suscribió los planes de pago y presentó las declaraciones juradas de Bistec S.R.L. en su calidad de socio gerente. En cuanto a la Sra. Cabrera, indica que tampoco se acompañaron los comprobantes correspondientes a su situación laboral y que el Fisco le otorgó valor a dichos de quien dijo ser el ex cónyuge de la citada, quien fue el que individualizó a Gastón Betancur como empleador, es decir que ni siquiera coincide con el nombre del apelante.
Además, rechaza que exista una coincidencia con el domicilio comercial de Bistec S.R.L, el cual no se encuentra registrado en la Dirección de Personas Jurídicas - Registro Público de Comercio de la Provincia de Misiones y niega que exista documentación emitida por el Sr. Matías Betancur, y que ha sido utilizada por el Fisco para extender la responsabilidad solidaria en cuestión; a lo que agrega que desconoce la existencia de un poder general amplio de administración otorgado por Bistec S.R.L. a su persona como invoca el ente recaudador. Ofrece prueba y por los argumentos que desarrolla pide que se haga lugar a las defensas opuestas y se revoque el acto apelado en todas sus partes, con costas, y finalmente hace reserva de plantear el caso federal.
II. Que mediante IF-2025-91161952-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Con relación al planteo de prescripción, pone de relieve que la deuda de la contribuyente principal - correspondiente a los impuestos y períodos por los que se determina la responsabilidad solidaria al Sr. Raúl Ramón Betancur-, fue incluida en diversos planes de facilidades de pago que caducaron, lo que motivó que el ente fiscal confeccionara las boletas de deuda correspondientes y procedió a promover demanda de ejecución fiscal, indicando que el inicio de dicho juicio interrumpió el cómputo de la prescripción, en virtud de lo dispuesto por el artículo 67 inciso c) de la ley de rito fiscal. Refuta los argumentos expuestos con relación a la nulidad opuesta, manifestando que el recurrente tuvo conocimiento de la inspección cursada y del procedimiento determinativo, lo que le permitió formular el descargo en tiempo y forma y tomar vista de las actuaciones. Así, concluye que no existió afectación alguna al debido proceso y al derecho de defensa de la parte actora. Por las razones que expone pide que se rechacen los planteos preliminares imponiéndose las costas a la apelante. En cuanto a la determinación de oficio, destaca que de los elementos colectados pudo verificarse que el recurrente, aún sin estar designado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 157 de la ley de sociedades comerciales, ejerció la administración y representación de la sociedad Bistec S.R.L, al momento en que se generaron las obligaciones tributarias reclamadas. Invoca la aplicación del principio de realidad económica, señalando que corresponde considerar al recurrente responsable solidario en los términos de los artículos 6, inciso d) y 8, inciso a) de la ley de rito fiscal.
Sobre los intereses resarcitorios previstos por el artículo 37 de la Ley 11.683 (t.o. 1998) dado que el recurrente no formuló agravios, considera que ellos fueron consentidos.
Se opone a la producción de la prueba ofrecida por la actora y por los argumentos que expone, pide que se confirme el acto apelado en todas sus partes, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Mediante PV-2025-113343508-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba, haciéndose lugar al requerimiento de información al organismo recaudador solicitado en el punto V.2 del escrito de inicio y en los términos de artículo 164 de la ley de rito fiscal, se requirió que informe quien era la persona que contaba con la clave fiscal en los períodos incluidos en el acto apelado en autos, asimismo se admitió la informativa ofrecida y se desestimó la propuesta en el punto V.3. del recurso.
Que a través de los PV-2025-132029792-APN-VOCX#TFN y PV-2025-141444731-APN-VOCX#TFN se tuvo por agregada la documentación aportada y la información brindada por el ente fiscal, a tenor del requerimiento efectuado. Que con relación a la informativa ordenada, por PV-2026-17828999-APN-VOCX#TFN se dispuso dar por decaído el derecho a la recurrente a producir dicha prueba por su parte ofrecida.
A través del PV-2026-21272615-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D”. Mediante IF-2026-21709203-APN-VOCX#TFN se ponen los autos a alegar, obrando la presentación efectuada por el Fisco a tal efecto en el IF-2026-27065419-APN-DTD#JGM, sin que la actora haya hecho uso de tal derecho.
Finalmente por IF-2026-58269711-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que previo a todo, considero pertinente aclarar que si bien en la resolución apelada y al caratularse el presente expediente, se consigna como apellido del apelante “Betancurt” y así es como figura al consultar su CUIT en la página del ente recaudador, y se consigna en las constancias informáticas de notificaciones practicadas en el presente, lo cierto es que el aquí recurrente ha precisado, tanto en sede fiscal como en esta instancia, que su apellido es sin la letra “t” final, por lo que al mencionarse el apellido del nombrado en el presente decisorio se hará como Betancur (vide fs. 25/32 Cpo. Determinación de Oficio, adjunto al IF-2025- 91193239-APN-DTD#JGM, punto IV. 2.2.1.2 del recurso, apartados 3 y 4).
V. Que hecha tal aclaración, en cuanto a las defensas de nulidad y prescripción opuestas, debe señalarse en primer término que el primero de los planteos se dirige a controvertir la procedencia del ajuste practicado, es decir que los argumentos vertidos para que dicha defensa prospere se entremezclan con los agravios esgrimidos para lograr la revocación del acto apelado, y por lo tanto, corresponde que sean analizados de manera integral con la cuestión de fondo, ello a fin de establecer si se encuentra justificada o no la atribución de responsabilidad solidaria respecto de las deudas de la firma Bistec SRL.
Por otro lado, con relación a la prescripción articulada, estimo que corresponde resolver previamente, si la mentada extensión de responsabilidad se encuentra ajustada a derecho, y recién a partir de ello, evaluar si el Fisco se encontraba facultado para el dictado del acto apelado en atención al plazo previsto en la ley de rito fiscal.
VI. Que ello así, corresponde dirimir acerca de la procedencia de la responsabilidad solidaria atribuida al Sr. Raúl Ramón Betancur respecto de las obligaciones tributarias de la firma Bistec S.R.L.
Sobre la normativa aplicada, cabe recordar que el art. 6 de la ley de rito fiscal, establece que los directores de las sociedades están obligados a pagar los tributos al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representadas, en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se fijen para tales responsables, bajo la pena de aplicarse las sanciones que ella dispone.
Asimismo, el art. 8 de la dicha ley, dice que los directores de las sociedades responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiera, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas, cuando por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal. Sin embargo, no se extenderá esta responsabilidad respecto de quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
Que en la figura bajo examen -responsabilidad solidaria- concurren dos obligaciones distintas, una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
VII. Que para evaluar la cuestión planteada, corresponde analizar los fundamentos que llevaron al ente recaudador al dictado del acto apelado y a tal fin los elementos colectados por la fiscalización como así también las pruebas aportadas ante esta instancia jurisdiccional.
De manera preliminar cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
1. Que conforme expone el juez administrativo, la contribuyente principal -Bistec SRL- registraba deuda administrativa autodeclarada, correspondiente al impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 1 a 6, 8, 9, 11 y 12/2012, 8, 11 y 12/2013, 1, 3 a 6 y 8 a 11/2014, 2 y 7 a 12/2015, 1 a 12/2017, 1 a 12/2018, 1 a 10/2019, 4 a 12/2020 y 1/2021; y al impuesto a las Ganancias por los períodos 2013, 2015, 2020 y 2021 y anticipos 1 a 10 correspondientes al período 2020, con más los intereses correspondientes.
En dicha resolución se indica que en el cuerpo “Planilla detalle de deuda, copia de intimaciones y notificaciones”, Actuación Nº 11127- 4-2024 obran impresiones de pantalla de las intimaciones efectuadas conforme registros del Sistema Cuenta Tributaria (anexo al IF-2025-91192056-APN-DTD#JGM) y frente al incumplimiento de Bistec SRL a las intimaciones de pago oportunamente notificadas, el Fisco procedió a iniciar las acciones para ejecutar judicialmente el cobro de las obligaciones adeudadas conforme a lo dispuesto por los artículos 92, 96 y 97 de la Ley N° 11.683 -t.o. en 1.998 y sus modificaciones-.
Que ante la falta de pago por parte de la deudora principal es que se dispone iniciar el procedimiento determinativo en cabeza del Sr. Raúl Ramón Betancur.
El Fisco sustenta esa decisión en que, sin perjuicio de que el citado no estaba designado en los términos del artículo 157 de la Ley de Sociedades Comerciales, igualmente sostiene que de los elementos recabados durante la fiscalización realizada en el marco de la O.I. N° 1830173 a la contribuyente Bistec S.R.L. estaría acreditado, a partir de la aplicación del principio de realidad económica, que el aquí recurrente fue quien había ejercido efectivamente las funciones de administración de la sociedad al momento en el que se generaron las obligaciones tributarias reclamadas, argumentando que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que se hallaba registrado como firmante de cuenta bancaria de titularidad de Bistec S.R.L., que libraba cheques u ordenaba los pagos, recibía la mercadería, y manejaba la parte administrativa y/o fiscal.
En virtud de ello, determina de oficio la responsabilidad personal y solidaria que correspondiente al Sr. Betancur, en atención a lo dispuesto por los artículos 6° inciso 1 punto d), 7° y 8° inciso a) de la ley 11.683. 2.-Con relación a los elementos agregados en los antecedentes administrativos, debo señalar que la fiscalización dirigida al Sr. Raúl Ramón Betancur se inicia con la Orden de Intervención N° 2.295.357 en la que, para sustentar la responsabilidad solidaria bajo trato, se emplea documentación, el resultado de circularizaciones -vg. bancos, proveedores- y actas labradas por los inspectores en el marco de dos órdenes de intervención anteriores relacionadas con la firma Bistec SRL, que son las OI Nros 1.830.173 y 1.458.892, de las que sólo se incorporan en autos piezas que no guardan correlación numérica -más allá que fueron refoliadas-, y que se vislumbran incompletas.
Frente a ello, mediante PV-2025-93652315-APN-VOCX#TFN, esta Vocalía Instructora -en atención a las facultades dispuestas por el art. 164 de la ley de rito fiscal y lo establecido en el art. 33 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal-, le requirió al Fisco que aportara las actuaciones completas de las O.I. Nros. 1.830.173 y 1.458.892 con el debido detalle, haciéndose mención específicamente a aquellas que fueran invocadas en el informe final de inspección agregado en el archivo embebido al IF-2025-91192820-APN- DTD#JGM. Que dicha requisitoria no fue cumplida, toda vez que el Fisco se limitó a acompañar nuevamente los mismos antecedentes que incorporó en ocasión de contestar el traslado de ley, lo que motivó que se reiterara el requerimiento pero esta vez bajo apercibimiento de resolver con las constancias agregadas en la causa (PV-2025-
97165108-APN-VOCX#TFN).
Que ante esa reiteración la representación fiscal (a través del IF-2025-101212410-APN-DTD#JGM), acompaña la respuesta dada por la Jefatura de la Sección Determinaciones de Oficio - División Revisión y Recursos -Dirección Regional Posadas a la consulta efectuada, donde con relación a las copias de la Orden de Intervención N° 1.830.173, dicha Jefatura dice que estarían agregadas en el “Cuerpo Anexo III – Representación y Administración" el que “contiene un compendio unificado de documentación colectada orientada a establecer la atribución del ejercicio de la administración de BISTEC S.R.L. a Raúl Ramón BETANCURT. Es por ello que en ese cuerpo se agregaron copias puntuales extraídas tanto de otros legajos de la misma orden de intervención, como de otras O.I. que se citan, de las que pudieran surgir elementos tendientes a acreditar la representación y administración pretendida” (sic), para agregar que “(…) Se plantea como observación: "...Por otro lado, en el Informe final de Inspección de ese cuerpo (vide fs.150/167) se alude como Orden de Intervención precedente (punto B. apartado 4) a la individualizada como N°1.458.892, la que tampoco fue acompañada...." (sic). Además, respecto a la O.I N° 1.458.892, dijo:“En respuesta se señala: A fojas 115 del Anexo III remitido oportunamente corre agregada una impresión que podría identificarse como Carátula que titula "Copias Cuerpo Principal O.I. 1.458.892" tras la cual fueron agregadas determinadas copias del referenciado cuerpo que se relacionan con la pretendida Representación y Administración, siendo esta última O.I la que también se menciona en el informe final de inspección, tal como menciona el Tribunal” (sic).
En vista de ello, y existiendo un reconocimiento explícito por parte de la citada dependencia fiscal -que ha sido la que intervino en el curso del procedimiento que motivara el dictado del acto apelado-, de que no se han aportado en autos la totalidad de las actuaciones referidas tal como fuera solicitado, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento efectuado, por lo que cabe remarcar que la cuestión debatida en autos será resuelta -más allá de la prueba que se produjera ante esta intancia- con los elementos que obran en los antecedentes a tenor de lo que consideró relevante el ente fiscal, y no la totalidad de ellos a fin de que este Tribunal pudiera hacer una evaluación integral.
En tal sentido, cabe remarcar que cuando el requerido pretende justificar la negativa a presentar los documentos que se le piden, la causa obstativa debe ser justificada y razonable (ver Gozaini, Osvaldo: “Código procesal Civil y Comercial de la Nación”, t. II, p. 646), lo cual ciertamente no ha sido cumplido por el ente fiscal en la presente causa.
3.-Que dicho esto, corresponde analizar las constancias obrantes en los antecedentes y que sirven de sustento al criterio plasmado por el Fisco Nacional en la resolución apelada.
Que del informe final de inspección correspondiente a la inspección seguida a la deudora principal surge que el Registro Público de Comercio aportó copia del contrato constitutivo de Bistec S.R.L y la primer acta de nombramiento de autoridades de noviembre de 2009; figurando como socios el Sr. Marcelo Alvarenga y la Sra. Griselda Mabel Cabrera; en tal sentido es que la sociedad -en el marco del Régimen de información establecido por las resoluciones generales 4120/96 (DGI) y 3293/12 (AFIP)-, informó que se encontraba integrada por dos socios, que coinciden con los antes nombrados, siendo el Sr. Alvarenga quien ejerce el cargo de gerente desde el 24 de noviembre de 2009 y se expone que no está informado que posea bienes registrables, cuentas bancarias, que no presentó declaraciones juradas ni pagos desde 2011. (vide Informe Final de Inspección, cuerpo anexo al IF- 2025-91192820-APN-DTD#JGM) .
Que también lucen agregadas actas labradas por la inspección interviniente en ocasión de acudir al domicilio de los integrantes de dicha sociedad. Que al concurrir al domicilio real del Sr. Marcelo Alvarenga, el actuante hace constar que no lo pudo localizar, pero la persona que lo atendió, dijo ser Aida Alvarenga, hermana de aquél, manifestando que el nombrado “trabaja como sereno y a veces carnicero, limpieza, etc. en la carnicería del Sr. Betancur… trabaja hace muchos años con la familia Betancur”. Que no puede pasarse por alto que del acta referida no surge que la dicente haya sido identificada en tanto no se consigna su documento nacional de identidad o instrumento similar (vide fs. 26 de la actuación adjunta al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM). Por otra parte, al apersonarse al domicilio de la Sra. Griselda Mabel Cabrera (según Acta obrante a fs. 32 del citado archivo anexo al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM), la nombrada manifestó realizar “tareas de limpieza en la casa del Sr. Betancur Gastón, hace años. Preguntado: ¿conoce al Sr. Alvarenga Marcelo? Responde: no recuerdo en éste momento. Preguntado: ¿si trabaja en la empresa Bistec SRL? Responde: solo trabajo para el Sr. Gastón Betancur. Preguntado: ¿si desea agregar algo más? Responde: que por orden de su patrón no va a firmar ningún papel, le prohibieron hacerlo”. También se labró Acta a quien dijo ser su ex cónyuge desde hacía diez años, el Sr. Pedro Trinidad, desprendiéndose que “ella es empleada doméstica del Sr. Betancur”. Tampoco se encuentra suscripta el acta, consignándose que el Sr. Trinidad dijo no firmar nada de la carnicería porque corría riesgo el trabajo de su mujer (vide fs. 28 de las actuaciones mencionadas).
A partir de los testimonios reseñados, el Fisco concluyó que ninguno de los mencionados socios ejerció la administración de la sociedad y que se estaría frente a empleados de la firma y/o vinculados a la familia Betancur. Específicamente, con relación a las actas aludidas, antes de continuar con la labor fiscalizadora, considero conveniente remarcar que ninguno de los requeridos individualiza al Sr. Raúl Ramón Betancur en forma precisa sino que: a) respecto al Acta relativa a la Sra. Cabrera -además de que la misma no fue suscripta por ella-, la citada señala concretamente como su empleador al “Sr. Gastón Betancur” (sic); b) sobre lo manifestado por el Sr. Trinidad y la Sra. Aída Alvarenga se hace mención a que a la “familia” o al “Sr. Betancur” (sic), otorgando relevancia a dichos de terceros ajenos a la situación puntual, a lo que se agrega -como se dijera- que en el caso de la Sra. Alvarenga ni siquiera fue consignado su documento de identidad o similar en el instrumento que demuestre concretamente la identidad de la dicente y en el caso del Sr. Trinidad, éste no suscribió el acta. Según surge del informe final citado, los inspectores también circularizaron a empleados de la firma, los Sres Orlando Daniel Gutierrez, Juan Fernando Delgado y Héctor Ramón Ponce que no pudieron ser localizados y que el local de ventas de Bistec S.R.L. se encontraba a nombre del Sr. Matías Betancur.
Finalmente, en el mentado informe se transcriben fragmentos de la presentación voluntaria de los Sres. Juan Carlos Fretes y Sergio Gastón Betancur a la sede fiscal (así se consignan tales nombres en el informe, Punto. 3 “testimoniales”, Fs. 160/161 Cuerpo Anexo al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM), labrándose actas que -cabe subrayar- no fueron aportadas por el organismo recaudador en esta causa.
El dicho informe se expone que el primero de los nombrados manifestó -según la transcripción hecha en el informe citado- que: “...en 2016 le otorgan un poder general de administración, el cual se encuentra adjunto al expediente con fecha 27/11/2019 (fs. 16 del cuerpo principal)”(sic), pieza que no fue acompañada por el Fisco Nacional y señaló que “... se realiza un boleto de compra venta. Indicó que ambos socios [se entiende de Bistec S.R.L] le transfirieren sus partes a él y al Sr. Betancur Sergio Gastón, y que entre ambos llevan la administración de la sociedad” (sic). Finalmente, señaló que “desde el inicio y hasta el año 2016 la empresa operaba sobre la avenida tambor de Tacuarí casi Calle 121. Recién en el año 2020 abrieron un local de nuevo sobre Aguado y Blas Parera. Trabajaron durante ese tiempo en forma ambulante, traían desde el frigorífico de Puerto Rico en el camión térmico del Sr. Betancur y bajaban mercadería directamente al comprador” (sic). Por su parte, el Sr. Sergio Gastón Betancur, dijo ser socio de la firma Bistec S.R.L. desde el año 2016 aproximadamente, realizando varias funciones, tales como ventas, acuerdo de compras en forma telefónica, maneja el camión con el cual se hacen las ventas, resaltando el proceso de apertura de un local en la Avenida Aguado.
En el informe final de inspección bajo análisis, el Fisco expuso como “observaciones” que los dicentes no presentaron documentación que respalde la transferencia de cuotas invocada por ambos, que no se especifica qué vehiculo manejó el Sr. Sergio Gaston Betancur dado que la sociedad ni él poseen rodados informados y que según lo informado por el SENASA, la firma no tenía camiones habilitados para realizar transporte de la mercadería analizada; además de dar relevancia a lo expresado por uno de los proveedores que -de manera genérica- indicó que las mercaderías son entregadas en el lugar que indica el cliente (pieza que -cabe reiterar- tampoco luce agregada en la presente causa).
Al respecto, cabe poner de resalto que llama la atención que el Fisco, frente a las manifestaciones voluntarias de dos personas que dicen ser socios de la firma Bistec SRL desde el año 2016 y asumen haber ejercido la administración de ésta, no solo los descarta como responsables, sino que además en el caso puntual del Sr. Fretes (también individualizado como Frettes o Frete en el citado informe pero al coincidir en todos los casos el número de la CUIT, debe entenderse que el Fisco se refiere a la misma persona), se desprende que el citado contestó el 27 de noviembre de 2019 un requerimiento de la inspección, informando la ausencia de libros contables y aportando copia de un poder general de administración otorgado por el Sr. Marcelo Alvarenga en nombre y representación de Bistec S.R.L. del 28 de julio de 2016 (vide apartado “Aspectos Generales”), el cual tampoco fue acompañado por la Agencia a esta causa, a lo que se agrega que en el apartado “Otras auditorías realizadas” se menciona que los planes pagos fueron realizados a través de la cuenta del Sr. Juan Carlos Frette.
Que las situaciones apuntadas hace que resulte muy peculiar el accionar del ente fiscal, máxime que en autos se determina la responsabilidad solidaria del recurrente aún para el período 2016 y posteriores sin que se advierta - de las actuaciones efectivamente aportadas por el ente recaudador en autos- que los fiscalizadores y/o el juez administrativo hayan intentado profundizar la investigación respecto de lo manifestado por los Sres. Frette y Sergio Gaston Betancur.
Que tampoco puede pasarse por alto las actas labradas por los inspectores al concurrir a diversos locales - carnicerías- que tendrían vinculación con la firma Bistec SRL.
Así, en el Acta labrada el 18 de junio de 2020 en el domicilio sito en Avenida Aguado N° 2964 de la ciudad de Posadas -Pcia de Misiones (agregada a fs. 13/14 del cuerpo anexo al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM), donde la firma Bistec S.R.L. fijó como domicilio fiscal el 13 de febrero de 2020 (conforme el informe final de inspección analizado), se relata que se observa “un local comercial que se encuentra operando bajo el nombre de fantasía -El Corral- según cartelería y se observa la venta de carnes al por menor y tres personas trabajando en el interior del local”, siendo atendido el personal fiscalizador por el Sr. Diego Armando Silva, quien manifestó estar trabajando en el lugar, y al ser preguntado sobre quien se encuentra a cargo del local, contestó: “el Sr. Frette y Betancur Gastón” (sic).
Cabe señalar que sobre el anterior domicilio fiscal sito en José Hernández N° 2295, se dejó constancia -según surge del informe final- que los inspectores actuantes no fueron atendidos y tampoco se observaron indicios de actividad económica. No obstante ello, el actor aportó como documental“Certificado de habilitación, comercial, industrial y de servicios” expedido el 22 de julio de 2020 por la Municipalidad de Posadas respecto al inmueble sito en el domicilio fiscal en José Hernández N° 2295, 5 “A”, en el rubro “Carnicería y de cortes y expendio- Cámara de frío” y solicitado por el Sr. Matías Maximiliano Betancur (vide RE-2025-59782593-APN- SGAI#TFN), sin que el Fisco hiciera mérito de ello.
Por otro lado, la inspección da cuenta que visualizaron dos locales de venta. El primero de ellos en Avenida Tambor de Tacuarí N° 5984, dado de baja desde el 28 de octubre de 2015, y el otro en la Calle 121 s/n casi Av. Tambor de Tacuarí, habilitado desde esa fecha, indicando que mediante Acta N° 0260002019082070401 se constató la realización de ventas al por menor de carne desarrollado ello por el Sr. Matías Maximiliano Betancur bajo el nombre de “Abasto y Carnicería el Corral” (fs. 126 Cpo. Anexo al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM). Se expone también que el mismo día se labró el Acta N° 0260002019082057001 en el domicilio de la Av. Tambor de Tacuarí (vide fs. 11 del Cuerpo Anexo al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM), donde los funcionarios al preguntar si se encontraban los socios o apoderados de la firma Bistec SRL, “quienes se identificaron como Betancur Matías Maximiliano y Betancur Raúl Ramón que se encontraban trabajando en dicho local, respondieron negativamente” (sic), cabe señalar que en dicha Acta no hay identificación de los nombrados ni surge que se haya negado a darla como tampoco luce inserta la firma de otras personas además de los inspectores.
4. Que, hasta aquí queda claro que no está controvertido que el recurrente no ejercía el cargo de socio gerente de Bistec S.R.L.; y es por ello que corresponde evaluar si la construcción efectuada por el acto determinativo desde la óptica de la realidad económica, se encuentra debidamente justificada, es decir, está apoyada en una cabal comprobación de que el Sr. Raul Ramón Betancur intervenía real y directamente en la operatoria de la citada firma, ejerciendo los trámites propios de una gestión empresaria efectiva como lo señalara el organismo recaudador, y concomitantemente a ello, si se concreta el presupuesto de la responsabilidad solidaria del inciso a) del artículo 8, esto es que haya existido un incumplimiento de los deberes tributarios imputable a su parte. Para ello corresponde analizar los distintos elementos que se utilizan como indicios para atribuir responsabilidad solidaria. Entre ellos se cita -en el informe final ya referido- los datos brindados por la empresa Electricidad de Misiones S.A. sobre “Consumos relevantes” a nombre del recurrente en el domicilio de la Calle 121 s/n casi Av. Tambor de Tacuarí, lo que considero que debe ser contrastado con otros elementos ya que por sí solo no alcanza. También se invocó la existencia de un poder de administración otorgado por la Sra. Griselda Mabel Cabrera y el Sr. Marcelo Alvarenga en su carácter de socios gerentes de Bistec S.R.L a favor del “Sr. Raúl Ramón Betancur”(sic) de fecha 22 de marzo de 2010 revocable sólo por escritura pública. (fs. 116 a 124 del anexo al IF- 2025-91192820-APN-DTD#JGM), el que incluye –en lo que aquí interesa- amplias facultades de representación ante entes públicos como la Dirección General Impositiva (vg. suscribir presentaciones o declaraciones juradas, tramitar expedientes).
Sobre tal instrumento, debe señalarse que no surge de él que se haya formalizado en presencia del aquí recurrente, en tanto no contiene su firma, ni el Escribano indica que estuviera presente. En efecto, debe concluirse que se trató -siempre de acuerdo a los escasos elementos allegados por el ente fiscal en la presente causa- de un otorgamiento de facultades de los socios gerentes sin intervención alguna de parte del apelante, ni hay constancia alguna que haya notificado fehacientemente de ello. Más allá de que un poder en sí mismo no suple las funciones de socios gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada, resulta decisivo que las facultades relacionadas a la representación en materia tributaria consignadas en el mentado poder, hayan sido ejercidas por el apelante, pero de lo hasta aquí reseñado no se evidencia que ello haya ocurrido.
A lo expuesto, se le suma que el mismo Informe trae a colación que fue el Sr. Frette fue quien contestó requerimientos ante la inspección y habría aportado un poder acreditando personería (vide fs. 151 cuerpo adjunto al anexo al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM).
Que también se realizó una circularización a un total de diez entidades bancarias solicitando copia del frente y dorso de cuarenta y cuatro cheques informados por los proveedores de Bistec SRL como medio de pago utilizado, indicándose que la mayoría de las entidades no pudo localizar los valores dado que la información dada por el ente fiscal era insuficiente, pero no obstante ello pone de relevancia y como sustento del criterio seguido en el acto apelado, que el Sr. Raúl Ramón Betancur “libró cheques propios del Citibank para cancelar proveedores de Bistec SRL” (sic).
Que del cotejo de las copias aportadas en las actuaciones se observa que en el requerimiento cursado al Citibank la fiscalización sólo se pide información sobre cuatro cheques librados por el aquí recurrente, tres en mes de setiembre de 2016 y uno en setiembre de 2017, respondiendo la entidad bancaria solo por los del mes correspondiente a 2016 de los que aportan copias del frente y dorso de los mismos, sin que pudiera obtener copias del restante por no tener datos suficientes (fs. 35 y 37/43 cuerpo adjunto al anexo al IF-2025-91192820-APN- DTD#JGM).
Además, surge del propio listado de operaciones aportadas por Las Camelias S.A (fs. 54/61, anexo al IF-2025- 91192820-APN-DTD#JGM) que comprendiendo un lapso entre el 2 de marzo de 2016 y el 28 de febrero de 2019, solamente el Fisco detectó cancelación de operaciones por cheques emitidos por el recurrente en septiembre de 2016. Sin perjuicio de ello y analizando el frente y el dorso de los cheques agregados en los antecedentes acompañados, surge que dos de ellos (Nros 36024051 y 36024052) son emitidos a nombre de la firma Frigolar S.A. sobre la cual el Fisco no hizo referencia alguna y el identificado como N° 36024053, es emitido a Las Camelias S.A. pero luce en el reverso un endoso de Frigolar S.A. (fs. 38/43 IF-2025-91192820-APN- DTD#JGM). También remarcan los fiscalizadores que en los duplicados de las facturas aportadas, obra la firma del Sr. Raúl Ramón Betancur en la recepción de la mercadería (en comprobantes de los meses de 01/2019, 12/2018, 06/2018, 12/2017, 06/2017 y de 12/2016), agregando que Las Camelias incluye en el detalle de domicilios de entrega el de Av. Jauretche casi Av. Almirante Brown, el cual corresponde a un local del aquí recurrente.
Que no puede pasarse por alto que, tal como expresamente se consigna en el Informe Final de Inspección, las compras totales de Bistec SRL a ese proveedor representaban el 21,64% de la mercadería adquirida en los períodos analizados mientras que en el caso de Frigorífico San Francisco es del 75,05% y COFRA del 2,62%, sin que se haga alusión alguna a intervención del aquí apelante en operaciones o en la recepción de la mercadería relacionadas con las empresas citadas en último término (vide fs. 154 de las actuaciones anexas IF-2025- 91192820-APN-DTD#JGM). Que también figura en el mentado informe que el proveedor Nuestra Carne S.R.L., habría indicado en una nota fechada el 5 de marzo de 2020 que no existieron entregas “en los meses solicitados” - de la que no se aporta copia de dicha nota en las actuaciones-, no obstante ello se hace constar que esa firma el 3 de enero de 2020 presentó una Multinota aportando un detalle de las operaciones con Bistec S.R.L. y de su forma de pago, correspondientes al período comprendido entre el 1° de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2019, del cual no se hizo mérito alguno en el acto apelado. Que también luce agregado en las actuaciones -vide fs. 103 del archivo adjunto al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM-, una presentación vía Multinota de la Cooperativa Frigorífica de L.N. Alem L.T.D.A. en la que reconoce una relación comercial con Bistec S.R.L, señala como domicilio de entrega de mercadería la calle 121 N° 2298, de la Ciudad de Posadas y dice aportar documentación de respaldo de las operaciones concertadas; pero lo cierto es que dicho detalle no fue acompañado por el Fisco al aportar las actuaciones administrativa, como tampoco fue evaluada esta relación comercial en el acto apelado. Por otro lado, se desprende de las propias actuaciones aportadas por la representación fiscal, que en lo que hace a la actividad desarrollada en los domicilios verificados, no se evidencia una presencia relevante de la parte actora, lo que se ve reflejado en el hecho de que los empleados no lo señalan como responsable jerárquico y los trámites relativos a la habilitación de los locales no estuvieron a su nombre. En tal sentido, una mera información de un consumo de un servicio, como los otros hechos aislados ya referidos no resultan suficientes para atribuirle de la forma pretendida la responsabilidad de administración y disposición de fondos de la empresa Bistec S.R.L.
5. Que resta hacer mérito del resultado obtenido de las medidas probatorias dispuestas en esta instancia jurisdiccional.
Que mediante en el punto 2°) del PV PV-2025-113343508-APN-VOCX#TFN, se le requirió a la apoderada fiscal que brindara ciertos datos lo que fue cumplido a través del IF-2025-131133640-APN-DTD#JGM, anexando documentación complementaria y por el IF-2025-140723795-APN-DTD#JGM donde da precisiones sobre la persona que contaba con la clave fiscal en los períodos apelados en autos.
En primer lugar, preguntados acerca de quien es el firmante -de manera ológrafa y/o electrónica- de las declaraciones juradas presentadas por Bistec S.R.L entre 2012 y 2021, la representación fiscal informa que entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021 se realizaron 337 presentaciones de distintas declaraciones con la CUIT de BISTEC SRL entre originales y rectificativas, de las cuales 15 corresponden al Impuesto a las Ganancias; 180 corresponden a IVA; 11 corresponden a regímenes de información; 9 corresponden a impuesto Sobre los Bienes Personales Acciones o Participaciones Societarias y 122 corresponden a empleadores SUSS. Que ante la cantidad de presentaciones, tomaron una muestra, surgiendo que todas las consultadas fueron “presentada por el usuario”: CUIT 20174121568 perteneciente al Sr. Marcelo Alvarenga.
Asimismo, en relación a quién suscribió o presentó los planes de facilidades de pago y/o moratorias al que adhiriera Bistec SRL CUIT N° 30711243603 entre 2012 y 2021, el Fisco expone en dicha presentación, que se presentaron once (11) planes de pagos de Bistec SRL, en los que se observa -según constancia de cada plan presentado “Datos de quien confecciona el plan”-, que en cinco (5) planes se identifica que quien los presenta es el Sr. Marcelo Alvarenga, mientras que en los restantes la apoderada fiscal manifiesta que las constancias no brindan dato alguno de quien presentó el plan.
Que al responder acerca de las cuentas bancarias sobre las que se hacía el débito de los planes de facilidades de Bistec SRL CUIT N° 30 71124360 3 entre 2017 y 2021, respondió que en ese lapso, la orden de débito era efectuada a cuatro (4) CBU informadas; dos de ellas, correspondientes al Citibank N.A que figuraba el Sr. Raúl Ramón Betancur como firmante. Al respecto, debo destacar que surge de los antecedentes administrativos (vide fs. 19 de la actuación adjunta al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM) que una de esas cuentas referidas es titularidad de Bistec S.R.L y en cuanto a la otra, recién se hace mención ante esta instancia jurisdiccional, dado que no se aportaron las constancias de la circularización que se menciona en el Informe Final de Inspección (vide fs. 158 de los antecedentes mencionados), ni tampoco fue motivo de observación del Fisco al momento de dictar el acto apelado.
En cuanto a los otros dos CBU informados, se expone en la presentación bajo análisis, que no hay datos corroborados en las bases del organismo. Que frente a lo expuesto, no puede soslayarse la contradicción en la que incurre el Fisco Nacional dado que uno de los CBU allí individualizados como “sin datos”, surge de las actuaciones que pertenecería al Sr. Juan Carlos Frette y responde a una cuenta del Banco Santander Río (vide fs. 6 del adjunto al IF-2025-91192820-APN-DTD#JGM); además fue la propia inspección que en su informe dió cuenta de que los planes de pagos fueron realizados a través de la cuenta del Sr. Frette (vide punto 4, apartado B “Otras auditorias realizadas”, inciso 1. “Circuito Financiero”).
También se le requirió al Fisco que precisara quién suscribía las Multinotas F 206 presentadas por Bistec SRL entre 2012 y 2021, a lo que respondió que esa área no cuenta con la información solicitada, y que de ser necesaria “debe ser solicitada a la dependencia en que la firma se halla inscripta (Agencia Sede Posadas)”, no obstante ello manifiesta que se registran 4 presentaciones digitales bajo distintos trámites, las cuales fueron presentadas por el Sr. Marcelo Alvarenga indicando el número de su CUIT. A ello, se le suma que nuevamente surge del Informe de Inspección que fue el Sr. Frette quien contestó requerimientos ante la inspección y habría aportado un poder acreditando personería, esencialmente se alude a la presentación de un F206 de fecha 27 de noviembre de 2019 en respuesta a un requerimiento del organismo (vide fs. 151 cuerpo adjunto al anexo al IF-2025-91192820- APN-DTD#JGM), que tampoco obra agregada en los antecedentes acompañados por el Fisco al contestar el recurso.
Que también se pidió a la representación fiscal que dijera quiénes fueron empleadores del Sr.Marcelo Alvarenga y la Sra Griselda Mabel Cabrera entre 2012 y 2021, indicando especialmente los períodos y si eran contratos de tiempo parcial o completo y qué rubro. Al respecto dice que de la consulta en bases del organismo “no se registran empleadores para la CUIT 20174121568 ALVARENGA Marcelo. La CUIT 27262929022 de CABRERA Griselda Mabel registra como empleadora a la empresa BISTEC SRL CUIT 30711243603 desde 07-2012 a 11- 2019.” (sic), es decir no hay mención alguna al aquí recurrente.
Finalmente mediante IF-2025-140723795-APN-DTD#JGM, la representación fiscal respondió el punto referido a quien contaba con la clave fiscal de Bistec SRL en los períodos incluidos en el acto apelado, señalando que la Jefatura de la Agencia Posadas -a través de correo de fecha 17 de diciembre de 2025- informó “que, según surge del Sistema Mercurio, el administrador de relaciones de la sociedad BISTEC SRL, CUIT 30711243603 es el CUIT 20174121568 (ALVARENGA MARCELO).” (sic.). En efecto, no hay elemento alguno que permita inferir que el recurrente haya utilizado o siquiera estuviera autorizado por Bistec S.R.L para interactuar en su nombre con los servicios informáticos dispuestos por el Fisco Nacional.
VIII -Como corolario de la prueba producida en autos, y a tenor de lo expresado sobre ésta, cabe señalar que la misma no hace más que exteriorizar una cadena de inconsistencias y contradicciones en que ha incurrido durante la fiscalización y que fue plasmado en el acto apelado. Puntualmente y con relación a los alcances del poder de administración que le habría otorgado los integrantes de la firma Bistec SRL al aquí recurrente, que invoca el Fisco para sustentar la atribución de responsabilidad solidaria, como ya se dijera ut supra, más allá de que el poder en sí mismo no suple las funciones de socios gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada, resulta decisivo el hecho de que no surge de las constancias obrantes en autos que las facultades otorgadas en lo que hace a la representación hayan sido ejercidas y menos aún en materia tributaria. Además, el estar habilitado como firmante de cuentas bancarias de Bistec hasta febrero de 2015 (según la cuenta identificada por la inspección a fs. 165 del Informe Final de Inspección) o la mera información de un consumo de un servicio, como otros hechos aislados ya referidos, no son determinantes para extender al recurrente la responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones tributarias de Bistec S.R.L.
Que a tenor del análisis realizado en el Considerando precedente, las piezas que el ente fiscal que consideró relevantes aportar como antecedentes del procedimiento de fiscalización llevado a cabo a la deudora principal, lejos están de demostrar que el Sr. Raúl Ramón Betancur sea quien gestionaba la parte administrativa y/o fiscal, o realizara acciones que revelaran que ejerciera los trámites propios de una gestión empresaria para Bistec SRL . Que, cabe reiterar la falta de colaboración de la Dependencia que llevo a cabo la determinación de oficio de acompañar la totalidad de las actuaciones que integran las órdenes de intervención que precedieron a la seguida para establecer la responsabilidad solidaria bajo examen, que sin afectar las reglas de la carga de la prueba, en el marco del aceptado deber de colaboración que las partes tienen, la valoración de la conducta procesal de los litigantes en el transcurso del juicio tiene incuestionable importancia para el juzgador, especialmente en relación al deber de éstos de auxiliarlo para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, por lo que la falta de diligencia de una de las partes, no deja de constituir una presunción contraria a sus pretensiones (ver Colombo-Kiper: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, t. II, ps. 179/80). En igual sentido, debe tenerse en cuenta que los deberes de lealtad, probidad y buena fe no se compadecen con la resistencia a presentar un instrumento cuya existencia está probada y es relevante para la resolución de la causa, señalando que esta inconducta procesal debe gravitar en la sentencia como presunción desfavorable a quien oculta el instrumento (Criterio Cámara Nacional de Apelaciones, Sala “B” in re “Ricale Viajes S.R.l. c/ contra Di Laura Ángel A. s/ordinario”, sentencia del 29 de junio de 2021).
Que, como ya se dijera, aquí no está controvertido que el recurrente no ejercía el cargo de socio gerente de Bistec S.R.L.; pero el juez administrativo a partir de la aplicación del principio de realidad económica concluyó que Raúl Ramón Betancurt era quien ejercía la gestión efectiva de Bistec SRL y en base a eso justifica la responsabilidad solidaria.
Que, los indicios que posibilitan la aplicación de tal método han de ser debida y suficientemente acreditados por el ente recaudador, ya que es éste quien en ejercicio de los poderes mencionados, cuenta con la facultad fiscalizadora, y por ende sobre él recae la carga de probar la configuración de los hechos que determinan la operatividad de la norma, en orden a la prescindencia de las formas adoptadas por las partes del negocio jurídico, a los fines de la formulación de cargos por supuestas infracciones al régimen tributario (Fallos: 326:4397), pues comporta un imperativo del propio interés en virtud del cual la suerte de una determinada postura (conf. Sala III de la CNACAF "Omega Coop. de Seguros Ltda. [TF 10.350] c/DGA", sentencia del 28 de febrero de 2006). Al respecto, también ha dicho el Cimero Tribunal que “sin desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el principio de la 'realidad económica', su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regulan concretamente la realidad tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o de legalidad, supondría paralelamente un serio menoscabo al de seguridad jurídica, e importaría prescindir de la 'necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria” (Fallos: 319:3208, “Autolatina Argentina S.A. (T.F. 12.463-1) v. Dirección General Impositiva”, del 27/12/1996). De la reseña efectuada a lo largo del presente decisorio, contrariamente a lo afirmado por el Fisco Nacional, no se advierte que se cuente en las presentes actuaciones con pruebas suficientes para sostener la extensión de responsabilidad solidaria al Sr. Raul Ramón Betancur respecto a las obligaciones reclamadas.
Que en el caso concreto, considero que el Fisco no aportó elementos que posean la precisión, concordancia y en especial, la significación inequívoca susceptible de conducir a una conclusión asertiva, en el sentido de la imputación efectuada al recurrente, circunstancia fundante del procedimiento determinativo cursado. Que más allá de advertir errores de tipeo o nombres inexactos, lo que es relevante para la solución de caso es que se observa que el juez administrativo a partir de ciertos hechos aislados, no logró en modo alguno demostrar que la gestión efectiva y sistemática del aquí apelante sobre Bistec S.R.L, con lo cual la pretensión fiscal ha sido construida sobre la base de elementos insuficientemente analizados y definitivamente no aptos para fundar el acto apelado.
Todo lo hasta aquí expuesto, lleva a revocar el acto apelado, imponiéndose las costas a cargo del Fisco Nacional. Por la forma en que se resuelve deviene abstracto el tratamiento de las restantes defensas planteadas. La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero al relato de hechos y de pruebas aportadas y rendidas, tanto en la instancia administrativa previa como ante este Tribunal, mas no a la decisión que allí se adopta.
Lo que surge de dichos elementos es que el Fisco Nacional luego de llevar a cabo exhaustivas tareas de comprobación sobre Bistec S.R.L., cuya actividad es la de carnicerías, constató que los socios gerentes designados en el Estatuto de dicha empresa no eran realmente sus administradores.
En efecto, en el marco de dicho procedimiento relevó que en realidad una de las socias, la Sra. Griselda Mabel Cabrera, según sus propios dichos y los de su esposo que también fue consultado en su domicilio, era empleada doméstica en la casa del Sr. Gaston Betancur, y que el otro socio, el Sr. Marcelo Alvarenga, según la información recabada de allegados en su domicilio, era empleado desde hace muchos años de la familia Betancur en tareas de sereno, de limpieza y también como carnicero. La primera, al ser circularizada, dijo asimismo que desconocía al Sr. Alvarenga, es decir al otro socio, y que por orden de su patrón tenía prohibido firmar las actas que labraran los fiscalizadores ya que peligraba su trabajo. Además, dijo que nunca trabajó para Bistec S.R.L. El segundo, de acuerdo a la información obrante en los sistemas de la Administración Tributaria únicamente registraba aportes y contribuciones al régimen de la seguridad social en el año 2010, de lo que se sigue que en el resto de los años que trabajó fue un empleado sin registrar. Esto es, además, lo que se declara su hermana cuando fue consultada por la fiscalización en su domicilio que dijo que estaba en negro, según obra en el acta a fs. 26 de las act. adm. Ello se suma a que ninguno de los socios gerentes tenía bienes registrables, ni inmuebles ni autos, ni tampoco cuentas bancarias a su nombre ni presentaciones de declaraciones juradas ante la Administración Tributaria. El Sr. Alvarenga estaba calificado en Categoria E de Riesgos Fiscal y tuvo baja definitiva en el impuesto a las ganancias en el año 2009. Él informó ante la Administración Tributaria como correo electrónico el mismo que informara el Sr. Betancur, es decir que las notificaciones que se le practicaran eventualmente le llegaban a éste también.
Todo ello revela también que se trata de personas que fueron utilizadas para aparecer formalmente en sociedades que no le eran propias, ni tampoco tomaron las decisiones de su gerenciamiento.
Debe ya decirse que dicha modalidad, en el caso debidamente constatada por la inspección, constituye una práctica habitual cuyo objetivo es ocultar a los verdaderos dueños y administradores societarios y de ese modo quedar ajenos al cumplimiento fiscal y a la responsabilidad que éste conlleva.
Con ello se advierte que no correspondía dirigir el reclamo de responsabilidad solidaria a los designados socios gerentes de Bistec S.R.L., los Sres. Alvarenga y Cabrera.
Queda analizar entonces si el reclamo se encuentra dirigido correctamente al Sr. Betancur aquí recurrente. Previo a ello, corresponde analizar los planteos de prescripción y nulidad del procedimiento determinativo que éste formula en su recurso de apelación ante este Tribunal.
Respecto de la prescripción, debe decirse que el Sr. Betancur no realiza un planteo desarrollado de su agravio sino que se limita a señalar que todas las obligaciones anteriores al año 2020 están prescriptas; sin embargo, no puede perderse de vista que la Resolución intima de pago una deuda de $11.022.883,85, más intereses resarcitorios, en concepto de saldos de declaraciones juradas presentadas por Bistec S.R.L. en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las ganancias de períodos fiscales entre 2012 y 2021, que luego fue reconocida e incorporada en sendos planes de facilidades de pagos presentados en 2020, 2022 y 2024.
Dicha situación quedó comprendida en las causales de interrupción de la prescripción previstas en el art. 67 de la ley 11.683, más precisamente en la del inc. a), que se refiere al reconocimiento expreso de las obligaciones por parte del deudor, supuesto en el que encuadra la regularización de las mismas en planes de pago, en el caso los tres presentados entre años 2020, 2022 y 2024, y la del inc. c), que se refiere al inicio del juicio de ejecución fiscal iniciado también contra el deudor principal, supuesto configurado en el caso a partir de las boletas de deuda y los juicios iniciados a Bistec S.R.L. con motivo de la falta de pago de los saldos declarados por Bistec S.R.L. y la caducidad de los planes de pago a los que se acogiera.
Dichas causales de interrupción de la prescripción, asiste razón a la representación fiscal, cuando recuerda que conforme jurisprudencia plenaria ya antigua de este Tribunal, resultan de aplicación a los responsables solidarios –conf. "Salvatierra, Mario ", sentencia del 02/10/1975-.
En consecuencia, debe concluirse que, al momento del dictado de la Resolución recurrida, el 13 de mayo de 2025, las facultades de la Administración Tributaria para reclamar al Sr. Betancur la deuda declarada por Bistec S.R.L. aún no habían prescripto.
En cuanto al planteo de nulidad del procedimiento seguido en el dictado de dicho acto, las actuaciones administrativas son reflejo claro que tanto en la instancia de la fiscalización como en la de determinación de oficio, se respetaron todos los pasos que prevé la ley 11.683 para la emisión final de un acto administrativo válido, en el caso la Resolución recurrida ante este Tribunal. No se advierten allí errores ni en las notificaciones practicadas, ni en la identificación de las OI, ni en otros aspectos de relevancia que hubieran impedido al Sr. Betancur conocer el origen y sustento del reclamo; máxime cuando contó con la posibilidad de compulsar las actuaciones y de ejercer su derecho de defensa y ofrecer y producir pruebas en sustento del mismo, derecho que optó por no ejercer frente a la notificación de la vista del art. 17 de la ley 11.683, ni tampoco produjo las pruebas que se le admitieran en esta instancia.
Asimismo, cabe recordar que la nulidad no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso concreto no se han invocado, menos aún acreditado Con ello, no existen razones para declarar la nulidad en la forma solicitada, por lo que debe ser rechazado este planteo también, en ambos casos, sin costas (Fallos 336.370, “Bolland”).
Queda resolver entonces si la responsabilidad solidaria puede ser atribuida al aquí recurrente, el Sr. Raúl Ramón Betancur.
Es importante aclarar que el hecho que pudieren existir otros apoderados de Bistec S.R.L. no obsta a la posibilidad de atribuir responsabilidad al aquí recurrente en la medida que quede acreditada su efectiva intervención en la administración de la empresa que, conforme a lo que seguidamente se expone, es lo que da cuenta los elementos de prueba colectados por la Administración Tributaria en el caso, agregados a las actuaciones administrativas acompañadas en ocasión de contestar el traslado del recurso de apelación. En particular, de las bases de datos de la propia Administración Tributaria, así como de las circularizaciones a las entidades bancarias y a los proveedores de Bistec S.R.L. se desprende que el Sr. Raúl Ramón Betancur era el único firmante en las cuentas bancarias de Bistec S.R.L. (fs. 19, act. adm.). De la información aportada por las entidades bancarias surge también que hizo pagos a proveedores de Bistec S.R.L. con cheques de su propia cuenta bancaria (fs. 98/104). Los dichos de los proveedores de Bistec S.R.L. permiten concluir que él era quien recibía la mercadería en el local y realizaba las gestiones comerciales y administrativas relacionadas a la misma y ello surge también de la firma inserta en las facturas de compras a los proveedores y los remitos cuyas copias obran en las act. adm. (fs. 59/102). Surge así entonces que el Sr. Betancur era quien efectivamente gestionaba la empresa. De las actuaciones administrativas (fs. 11) se desprende también que el Sr. Betancur fue localizado por la fiscalización precisamente en el domicilio comercial declarado por Bistec S.R.L. ante la Administración Tributaria en un local de venta en el que un cartel en la puerta indicaba que allí funcionaba la carnicería “El Corral”. Por otro lado, al declarar ante la fiscalización, al ser consultado sobre sus actividades, si bien dijo que no realizaba ninguna actividad comercial a renglón seguido el Sr. Betancur también manifestó que tenía una carnicería a su nombre, aún cuando indicó su localización en otra dirección (v. acta a fs. 140/141). Es decir que él mismo reconoció que era un comerciante del rubro de la carne.
La responsabilidad del aquí recurrente fue probada también con un poder amplio de administración, disposición y representación extendido el 18 de marzo de 2010 por el Sr. Alvarenga y la Sra. Cabrera a su favor, es decir los socios designados en el Estatuto, con facultades para realizar todo tipo de gestiones vinculadas al funcionamiento de la empresa. Allí además, se aclara que el poder solo podía ser revocado por escritura pública debidamente notificada y la escribanía deja constancia de haber emitido una copia del poder para el apoderado. Si bien el Sr. Betancur desconoce la existencia del poder, copia del mismo obra agregada a fs. 116/124 de las act. adm. Debe decirse de este modo que la hipótesis descripta en el caso por el juez administrativo resulta similar a la tratada por la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal en la sentencia dictada el 23 de octubre de 2009 en la causa “De Llano, Pablo Enrique”, en la que sostuvo que la falta de designación de una persona en las actas societarias, según lo dispuesto en el art. 157 de la ley de sociedades comerciales, no obstaba a la atribución de responsabilidad solidaria fiscal en la medida que quedara comprobado que efectivamente había ejercido las funciones de administración de la sociedad, en los términos de los arts. 6, inc. d), y 8, inc. a), de la ley 11683.
También esta Sala en “Zucchi, Jorge Alberto”, sentencia del 23 de noviembre de 2022, analizó una hipótesis de responsabilidad similar en la que los reales titulares de la empresa designaron a sus empleados/as, de condición humilde, al sólo efecto de sustraerse de su responsabilidad personal por las deudas fiscales de la empresa. En este caso, al igual que en el citado, no existe duda que no fueron quienes aparecen formalmente en el Estatuto quienes ejercieron real y efectivamente la representación de la empresa y tuvieron a su cargo las decisiones en el manejo de los fondos, que es lo que interesa, en la recta aplicación del art. 8°, inc. a) de la ley 11.683. Por su parte, se advierte como particularmente relevantes entre los elementos agregados a las actuaciones administrativas, que la única persona autorizada para disponer los fondos de las cuentas bancarias de Bistec S.R.L. era el Sr.
Raul Ramón Betancur y que los socios gerentes utilizados como interpósitas personas extendieron a su nombre un poder de tal amplitud que podía realizar todas las funciones vinculadas a la gestión empresaria, como percibir valores, representarla legalmente, contratar personal, dar en locación y locar, contratar empleados, conducir los vehículos a nombre de Bistec S.R.L., realizar operaciones financieras, entre muchos otros actos que denotan, desde el punto de vista comercial y legal, y también, fiscal, la verdadera titularidad del negocio que, de acuerdo a lo antes reseñado, es el rol que el Sr. Betancur efectivamente cumplió.
Por todo ello, encontrándose cumplidos los requisitos previstos en los arts. 8, inc. a) y 17 de la ley 11.683 para hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista en el art. 6°, inc. d), corresponde confirmar la Resolución recurrida, tanto en cuanto al capital como los intereses allí intimados teniendo en cuenta que el recurrente no opuso reparos con relación al monto determinado ni respecto del cálculo de los intereses resarcitorios reclamados, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. O'Donnell.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar la resolucion recurrida en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $3.935.553.- (pesos tres millones novecientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres) equivalente a 40,11 (cuarenta con 11/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $9.838.883.- (pesos nueve millones ochocientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y tres) equivalente a 100,28 (cien con 28/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.06.12 09:58:12 -03:00 Date: 2026.06.12 11:16:48 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.12 11:34:15 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.12 11:34:16 -03:00
Fin de la sentencia