Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 16 de Lomas de Zamora · Causa LZ-51213-2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo promovida por ANTONIA BIDAL contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.); y en consecuencia condenando al IOMA a brindar cobertura integral del cien por ciento (100 %) de las consultas, prácticas médicas y medicamentos que se le prescriban a la actora ante la Fundación Favaloro en virtud de la afección cardíaca que padece.-
2Condenar a la parte vencida en costas y de conformidad con lo normado en el artículo 19 de la Ley 13.928 y sus modificatorias; no corresponde regular honorarios a la funcionaria interviniente por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (art. 18 DL 7543/69).-
3Disponer que la demandada adopte los mecanismos administrativos internos pertinentes para coordinar la autorización y cobertura directamente con el prestador, absteniéndose de exigir a la afiliación la presentación de copias de resoluciones judiciales en cada nueva solicitud de turno o práctica.-
4De acuerdo a la ley arancelaria vigente, la naturaleza de la cuestión, su complejidad, las etapas cumplidas, el tiempo empleado y el resultado obtenido (arts. 15 y 16 de la ley 14.967), se regulan los honorarios profesionales de la Dra Graciela Veronica Recalde -patrocinante de la actora- en la suma equivalente a 20 IUS ARANCELARIOS con más los aportes e IVA en caso de corresponder (Art. 20 bis ley 13.928 -modificatorias por ley 15.016).-
JUZGADO CIVIL y COMERCIAL N° 16 DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA
BIDAL ANTONIA C/ INSTITUTO DE OBRAS MEDICAS ASISTENCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENO S/ AMPARO
LZ-51213-2021
Lomas de Zamora, en el día de la firma digital.-
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas " BIDAL ANTONIA C/ INSTITUTO DE OBRAS MEDICAS ASISTENCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENO S/ AMPARO " Expte. N° LZ-51213-2021 , en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 a mi cargo, que se encuentran en estado de pronunciar sentencia y de cuyas constancias,
I. Que en fecha 8 de Noviembre de 2021 se presentó la señora Antonia Bidal conjuntamente con su letrada patrocinante, doctora Graciela Veronica Recalde y promovió acción de amparo contra el Instituto de Obras Médicas Asisteciales (IOMA).-
Manifestó que en el mes de Octubre de 2019, comenzó a presentar mareos, desmayos, cansancio y debilidad, motivo por el cuál consultó al doctor Rodolfo Galván, quien detectó que padecía un bloqueo auriculoventricular y dispuso su derivación urgente a la Fundación Favaloro, donde fue intervenida quirúrgicamente y se le colocó un marcapasos cardíaco, debiendo continuar con controles médicos periódicos de por vida.-
Explicó que, posteriormente, durante uno de dichos controles, le detectaron una arritmia cardíaca, por lo que fue derivada a hematología, donde se le indicó un tratamiento anticoagulante con controles semanales. Señaló que, para acceder a dichas prestaciones, debía gestionar autorizaciones ante el IOMA mediante el Anexo III, trámite que había presentado reiteradas dificultades.-
Relató que, pese a haber obtenido una resolución favorable a un reclamo administrativo anterior (expte. N° 06-270-560017/21), el 3 de noviembre de 2021, al concurrir a retirar la autorización para una consulta con la hematóloga Dra. Romina Chiatti, le informaron que el IOMA había dispuesto no autorizar las consultas ni las prácticas médicas en la Fundación Favaloro, por lo que debió concurrir igualmente y abonar de manera particular la suma de $2.474,99, solicitando dinero prestado a sus familiares, por no contar con recursos suficientes para afrontar el tratamiento.-
Indicó también que la interrupción de las autorizaciones resultaba arbitraria y ponía en riesgo su salud y su vida, toda vez que, por su condición de adulta mayor y sus afecciones cardíacas, necesitaba controles y asistencia médica permanentes. Por ello, solicitó que se autorizaran las prestaciones pendientes, entre ellas la colocación de un holter electrocardiográfico de 48 horas, prevista para el 29 de noviembre de 2021, y la consulta con electrofisiología del 15 de diciembre de 2021, así como todas aquellas que fueran necesarias en el futuro, a fin de garantizar la continuidad de su tratamiento en la Fundación Favaloro.-
Finalmente ofreció pruebas, fundó en derecho y solicitó se ha lugar a la acción impetrada con costas a la contraria.-
2).- Dispuesto el traslado de ley, en fecha 17 de Noviembre de 2021 se presentó la doctora Mariela Cañoto y contestó demanda en representación de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.-
Negó en forma general y luego particular, todos y cada uno de los hechos alegados por la parte actora, como así también la autenticidad de la documentación agregada en autos que no revista la calidad de instrumento público.-
En particular, desconoció la existencia de una negativa arbitraria a brindar las autorizaciones médicas solicitadas, la interrupción de la cobertura, el riesgo para la salud de la amparista y la configuración de los presupuestos necesarios para la procedencia de la vía intentada.-
Manifestó que, con motivo del traslado de la demanda, había iniciado el expediente administrativo N° 2021-29688302, remitido al IOMA a fin de que dicho organismo elaborara el informe circunstanciado correspondiente.-
Explicó que la Fiscalía de Estado no contaba con los antecedentes administrativos necesarios para responder detalladamente, por lo que solicitó una ampliación del plazo para acompañar dicho informe.-
Finalmente, ofreció prueba informativa, formuló reserva del caso federal y solicitó el rechazo de la acción, con costas a la actora, o subsidiariamente que se declarara abstracta la cuestión, con costas por su orden.-
3).- El día 10 de febrero de 2022 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, al resolver el recurso interpuesto por la actora contra el rechazo de la medida cautelar, hizo lugar al planteo y consideró acreditados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, teniendo en cuenta la afección cardíaca de la actora, la necesidad de continuar sus controles y tratamientos en la Fundación Favaloro, su edad avanzada y su imposibilidad económica de afrontar los gastos médicos.
Asimismo, destacó la necesidad de garantizar el derecho a la salud y evitar que la demora pudiera ocasionar un agravamiento de su estado.-
4).- Que de esta forma ha quedado trabada la litis y frente a la existencia de hechos controvertidos que requerían comprobación judicial, en fecha 18 de Abril de 2022 se abrió la causa a prueba por el término de cinco días.-
Una vez expirado el término para la producción de las medidas ordenadas, previa certificación de la Actuaria del día 10 de Noviembre de 2026, se llamó autos para dictar sentencia en igual fecha. Dicha providencia se encuentra firme y consentida, razón por la cual este expediente se encuentra en estado de pronunciar resolución definitiva (artículos 482, 487 y 496 del Código Procesal).-
PRIMERO: Procedencia formal del amparo.-
La acción de amparo receptada por el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 1 y s/s de la ley 13.928, constituye una garantía constitucional procesal de tutela judicial efectiva, de carácter rápido y expedito, orientada a tutelar, restablecer o proteger derechos y garantías constitucionales que se encuentren restringidos, alterados o amenazados en forma actual o inminente, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.-
De las constancias acompañadas surge que la actora se encuentra legitimada para promover la presente acción en los términos del art 43 de la Constitución Nacional y del art. 4 de la ley 13.928. Asimismo, se evidencia en el expediente una afectación actual, directa e inminente de sus derechos a la salud, vida a integridad física.-
Nos encontramos frente a una paciente de edad avanzada portadora de una patología cardíaca que requiere continuidad asistencial permanente; circunstancias excepcionales que sitúan la controversia en un marco de urgencia ineludible, habilitan plenamente la idoneidad de la vía intentada y obligan a desestimar la defensa de improcedencia formal opuesta por la demandada.-
SEGUNDO: Acreditación de afiliada y cobertura vigente.-
Con la prueba documental acompañada (carnet de afiliación, historia clínica y constancias de reclamos administrativos), se encuentra plenamente acreditada la condición de afiliada regular de la actora al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) bajo el N°8605615359/00.-
Dicha entidad, cuya creación fue ratificada por la Ley 6.982, tiene como objeto garantizar prestaciones medico asistenciales a sus afiliados, conforme los principios de solidaridad, calidad, equidad y accesibilidad previstos en el artículo 1 del Anexo I de su reglamentación, aprobado por Decreto 593/2022.-
TERCERO: Estándar de valoración aplicable. Condición de persona mayor.-
Previo a adentrarme en el análisis de la conducta prestacional de la demandada, resulta importante fijar el estándar de valoración aplicable al caso.-
La actora reviste la condición de persona mayor y padece una patología cardíaca crónica que requiere controles y seguimiento médico periódico. Estas circunstancias imponen analizar la controversia desde una perspectiva de protección reforzada, atendiendo a la especial relevancia que adquiere la continuidad de la atención sanitaria para preservar su estado de salud y evitar riegos derivados de la interrupción o demora de las prestaciones requeridas.-
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27.360, reconoce en su artículo 19 el derecho de las personas mayores a la salud física y mental, sin discriminación y establece el deber estatal de asegurar una atención integral, preferencial y oportuna. Dicho mandato de orden superior, impone a los prestadores del sistema de salud el deber de abstenerse de interponer obstáculos administrativos o burocráticos que desnaturalicen la inmediatez que el cuadro clínico exige.-
CUARTO: El fondo de la cuestión.-
Encontrándose acreditada la calidad de afiliada de la señora Antonia Bidal respecto del Instituto de Obra Médico Asistencial demandado, corresponde analizar el fondo del asunto y valorar las medidas probatorias producidas en autos.-
En este punto, cabe mencionar que los litigantes tienen el deber de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese impedimento en el propio interés. De ello se deduce que incumbe a la actora la obligación de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y a la demandada los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquellos (art. 375 del C.P.C.C).-
En este sentido, cada parte asume para sí la carga de demostrar el tenor de sus afirmaciones y quien opone una defensa para resistir la pretensión debe demostrar el presupuesto de hecho en el que la funda.-
Reviste particular importancia el expediente administrativo N° EX-2021-29688302, acompañado por la Fiscalía de Estado mediante presentación electrónica de fecha 17 de noviembre de 2021, del que surge que la solicitud de derivación N° 607710, correspondiente a la práctica de intervalometría y control de marcapasos, había sido autorizada por la Región Lomas de Zamora del IOMA. En cambio, la solicitud N° 607709, relativa a la continuidad de la consulta y punción digital, fue observada por IOMA Central con fundamento en que existían prestadores en la Provincia en condiciones de realizar dicha consulta.-
El derecho a mantener el equipo tratante se consolida como un derecho adquirido del paciente, cuando la patología, por su complejidad y cronicidad, ya se encuentra en estricto seguimiento. Imponer a la actora el traslado intempestivo hacia otros prestadores, interrumpe la continuidad asistencial y quiebra el seguimiento médico acumulado por los profesionales de su clínica habitual respecto de su evolución y respuesta terapéutica (art. 36 inc. 8 de la Constitución Provincial).-
Ello, adquiere aun más relevancia en el caso, toda vez que, pese a invocarse la existencia de otros prestadores provinciales, la demandada omitió individualizarlos y acreditar su disponibilidad efectiva para garantizar una atención equivalente (art. 375 del C.P.C.C).-
Por otro lado, mediante presentación de fecha el 28 de febrero de 2022 la Fiscalía de Estado acompañó el expediente administrativo N° 2022-04882123, del cual surge acreditado que el IOMA informó haber autorizado la totalidad de las solicitudes de derivación, con excepción de la correspondiente al 27/10/2021, indicando a su vez que la afiliada debía acompañar copia de la resolución judicial en cada nueva solicitud para evitar eventuales rechazos.-
Dicha exigencia deviene irrazonable y desproporcionada, trasladar a la paciente la carga de sortear obstáculos administrativos internos de la obra social constituye una barrera injustificada de acceso a la salud (art. 36 inc. 6 y 8 de la Constitución provincial). Esta conducta, demuestra que la promoción del presente amparo no fue prematura, sino una vía estrictamente necesaria para remover la mora administrativa y garantizar la continuidad terapéutica. A su vez, dicha postura conlleva un reconocimiento tácito de la omisión en la que incurrió la demandada y del derecho de la afiliada a accionar judicialmente, lo que será valorado al imponer las costas del proceso (art. 19 de la Ley 13.928).-
CUARTO: Costas.-
Atento al resultado del litigio y la condición de vencida, las costas del proceso se imponen a la Fiscalia de Estado, en estricta aplicación del principio del vencimiento (art. 19 de la Ley 13.928).-
Por ello, consideraciones, citas legales y jurisprudenciales;
1. Hacer lugar a la acción de amparo promovida por ANTONIA BIDAL contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.); y en consecuencia condenando al IOMA a brindar cobertura integral del cien por ciento (100 %) de las consultas, prácticas médicas y medicamentos que se le prescriban a la actora ante la Fundación Favaloro en virtud de la afección cardíaca que padece.-
2. Condenar a la parte vencida en costas y de conformidad con lo normado en el artículo 19 de la Ley 13.928 y sus modificatorias; no corresponde regular honorarios a la funcionaria interviniente por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (art. 18 DL 7543/69).-
3. Disponer que la demandada adopte los mecanismos administrativos internos pertinentes para coordinar la autorización y cobertura directamente con el prestador, absteniéndose de exigir a la afiliación la presentación de copias de resoluciones judiciales en cada nueva solicitud de turno o práctica.-
4. De acuerdo a la ley arancelaria vigente, la naturaleza de la cuestión, su complejidad, las etapas cumplidas, el tiempo empleado y el resultado obtenido (arts. 15 y 16 de la ley 14.967), se regulan los honorarios profesionales de la Dra Graciela Veronica Recalde -patrocinante de la actora- en la suma equivalente a 20 IUS ARANCELARIOS con más los aportes e IVA en caso de corresponder (Art. 20 bis ley 13.928 -modificatorias por ley 15.016).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.
LEONARDO DEL BENE
JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: DEL BENE Leonardo - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 224-2026
Fin de la sentencia