Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las intimaciones por los períodos fiscales 05/2007 a 12/2008, con costas, y ordenar el reintegro del Impuesto al Valor Agregado abonado en su oportunidad por el Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-128211517-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Noviembre de 2025 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "A" Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 36.139-I caratulada "BIG K PRODUCTS S.A. s/ recurso de apelación".
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 2316/2333 vta. se interpone recurso de apelación contra las intimaciones de restitución de reintegros de crédito fiscal del IVA, por operaciones de exportación correspondientes a los períodos fiscales 05/2007 a 12/2008 dictadas por la AFIP-DGI, todas de fecha 11 de abril del 2012. En primer término, menciona la competencia de este Tribunal para entender sobre la presente causa, manteniendo que las intimaciones constituyen verdaderos actos determinativos.
Comenta que la recurrente es una subsidiaria de Big K Holdings Ltd. radicada en el Reino Unido, y se dedica al procesamiento y exportación de carbón vegetal y briquetas, con destino al Reino Unido y otros mercados de Europa.
Dice que, como consecuencia de su actividad, de manera periódica solicita la devolución del crédito fiscal generado por las operaciones realizadas en el país.
Sostiene que, de manera posterior a haber obtenido la devolución de los reintegros, el organismo fiscal inició dos órdenes de intervención identificadas bajo los Nros. 388.945 -períodos fiscales 05 a 09/2007- y 389.774 -períodos fiscales 10/2007 a 12/2008-, y el 08/06/2011 mediante notas suscriptas por el jefe de la División Fiscalización N° 2 se le informó que se había determinado la improcedencia de los créditos fiscales, por lo que debían ser reintegrados.
Frente a tales actos explica que presentó una nota -en fecha 09/08/2011- rechazando los reclamos formulados por improcedentes; a lo que el organismo fiscal le asignó el carácter de recurso de apelación del artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.683, y no hizo lugar al planteo mediante el dictado de la Resolución 29/12 de fecha 10/04/2012.
Seguidamente, relata que como consecuencia de dicha resolución, la Jefatura de la Agencia Sede Rosario II notificó las respectivas intimaciones -por los períodos fiscales 05/2007 a 12/2008- todas de fecha 11/04/2012, haciendo saber que contra las mismas podría interponer el recurso previsto en el artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.683.
Contra las mencionadas intimaciones -considera- que resulta competente este Tribunal, toda vez que la pretendida devolución del crédito fiscal por operaciones de exportación constituyen una determinación tributaria de oficio, recurrible por la vía del artículo 76 -inc. b)- de la ley de rito, que excluye el recurso establecido en el artículo 74 del Decreto Reglamentario sugerido por el ente fiscal.
Por otro lado, opone excepción de nulidad por falta de causa, dado que han sido dictadas en violación a la ley aplicable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 -inc. b)- de la Ley N° 19.549. Dice que el régimen de devolución del IVA por operaciones de exportación se rige, de manera expresa, por el artículo 43 y su agregado a continuación de la Ley 23.349, los que fueron incumplidos por el Fisco Nacional.
Pone de manifiesto que los proveedores impugnados no son sujetos inexistentes, sin capacidad económica y que, al momento de realizar las operaciones, no se encontraban agregados en la base APOC. Asimismo, destaca que desde el punto de vista formal cumplió con la totalidad de los recaudos a su cargo. En esa dirección, mantiene que las operaciones realizadas, en su totalidad, son reales y que han dado origen a los créditos fiscales devueltos.
Manifiesta que no existe norma alguna que autorice a la AFIP a impugnar el crédito fiscal en cabeza del prestatario ante los incumplimientos del prestador, y mucho menos por el solo hecho de estar comprendido en la base APOC, cuya inclusión -reitera- fue posterior a las operaciones realizadas.
Efectúa una explicación detallada de la operatoria y porque fue correcto el reintegro del Impuesto al Valor Agregado.
Menciona que los medios de pago utilizados fueron transferencias bancarias o cheques -ambas reconocidas por el informe de inspección-, cumpliendo con la Resolución General N° 1547; en razón de ello, deduce que si los cheques luego fueron endosados o depositados por terceras personas no puede ser tomado como presunción contra su persona.
Expone una explicación pormenorizada respecto a las guías forestales utilizadas en las operaciones discutidas.
Realiza una defensa particular para algunos de los proveedores declarados como apócrifos, concluyendo que son válidos los créditos impugnados y por lo tanto se debe revocar las intimaciones apeladas. Afirma que las exportaciones han existido y que, cumpliendo con todas las exigencias, solicitó de manera certera la devolución de los saldos cuyo reintegro ahora se reclama.
Cita jurisprudencia que entiende apoyan su postura.
Ofrece prueba, solicita se revoquen las intimaciones apeladas, con costas y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 2340/2354 contesta el traslado del recurso el Fisco Nacional.
Menciona que a raíz de la Resolución 29/2012 (DI RRO2) de fecha 04/04/2012 -que rechazó la restitución del IVA para los períodos fiscales 07 y 10/2006 y solicitó el reintegro del impuesto para los períodos fiscales 05/2007 a 12/2008- se cursaron las intimaciones aquí apeladas, las que -según su criterio- eran solo recurribles bajo el recurso de apelación para ante el Director General, de acuerdo a lo previsto por el artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley Procedimental.
Siendo ello así, opone excepción previa alegando que el Tribunal no es competente para tratar el tema venido en autos, ya que no se determina impuesto, no se ajustan quebrantos ni se imponen multas, solo se impugnan créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado atribuibles a operaciones de exportación que fueron percibidos, por lo que la cuestión discutida no encuadra en los artículos 159 y 165 de la Ley N° 11.683.
En subsidio, indica que la fiscalización tuvo en consideración suficientes indicios que llevaron a impugnar el crédito fiscal.
Dice que, respecto al vicio que alega la recurrente, este no puede prosperar porque las intimaciones -tal como queda acreditado- tienen como antecedente las notas de la División Fiscalización N° 2 con fecha 08/06/2011, la Resolución 29/12 y el dictamen jurídico donde se establece la improcedencia del crédito fiscal, fija los períodos fiscales, consigna el monto a reintegrar y se menciona la vía recursiva que corresponde.
Señala que por medio de fiscalizaciones posteriores al pago del impuesto se encontraron graves irregularidades que no han sido desvirtuadas, por lo que procede el reintegro del IVA pagado. En relación a los proveedores cuestionados, resalta que no es cierto que los indicios hayan sido considerados de modo aislado como pretende la actora, ni que éstos fueron ingresados en la base APOC con posterioridad a las supuestas operaciones. A ello, agrega que varios proveedores al ser preguntados negaron haber realizado operaciones con la recurrente.
En función de los argumentos enunciados, asegura que la firma no ha probado de manera certera quienes realizaron las operaciones, e incluso limitó su defensa a 7 de los 10 proveedores observados. En otro orden de cosas, asevera que se encontraba con facultades suficientes para requerir el reintegro del crédito fiscal devuelto, conforme el régimen de control vigente. Sobre el particular, explica que el primer control se hace al presentar la solicitud de reintegro y el segundo se lleva a cabo a través de una fiscalización posterior al efectivo pago, que busca comprobar la real existencia de las operaciones que dieron lugar al crédito fiscal reintegrado.
Por todo lo expuesto, solicita se confirmen las intimaciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que a fs. 2376/2377 se encuentra agregada la sentencia dictada por este Tribunal resolviendo la incompetencia respecto al tema discutido en autos; a fs. 2419/2419 vta. obra la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ordenó a este tribunal reasumir la competencia declinada; a fs. 2433 se abrió la causa a prueba; mediante PV-2025-67399354-APN-VOCIII#TFN se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a conocimiento de la Sala “A”; por medio de IF-2025-103122777- VOCIII#TFN se pusieron a disposición de las partes con el fin de que se produzcan los respectivos alegatos, obrando a fs. 2632/2639 y fs. 2640/2643, los correspondientes a la actora y el Fisco Nacional, respectivamente.
Por último, a fs. 2644 pasaron los autos a sentencia.
IV. Que por una cuestión de lógica precedencia, corresponde expedirse en primer término sobre la excepción de nulidad opuesta por la recurrente con fundamentación en la falta de causa de los actos cuestionados.
Es necesario mencionar que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido Fallo 324:1798).
Del cotejo de las actuaciones no se vislumbran incumplimientos dentro del procedimiento de determinación a las reglas específicas contenidas en la ley de procedimiento fiscal, encontrándose los actos sustentados en los antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable, exponiendo en forma concreta las razones que inducen a emitirlos, luciendo, asimismo, y en principio, razonables los motivos que los determinan.
Conforme se desprende de autos, los actos cuestionados contienen los elementos jurídicos formales necesarios para declarar su validez, invocan la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente a conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa.
De esta manera, cabe precisar que, respecto a lo estrictamente formal, en cuanto a los actos administrativos en sí, aparecen satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Por todo lo expuesto, voto por rechazar el agravio de nulidad articulado por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (v. CSJN, “Bolland y Cía.
S.A.”, 21/2/13).
V. Que, a continuación, conviene establecer el contexto sobre el cual se produjo la cuestión traída a debate.
Entre los años 2008 y 2009 -previo comunicaciones- fue reintegrado el Impuesto al Valor Agregado respecto a los períodos fiscales 05/2007 a 12/2008.
El día 19/05/2009 se notificaron las fiscalizaciones iniciadas con las O.I. Nros. 388.945 y 389.774, respectivamente, dando como resultado un conjunto de notas suscriptas por la División Fiscalización N° 2 de Rosario y fechadas el 08/06/2011 -notificadas el 29/06/2011- donde se informaba que, de las verificaciones realizadas, se había determinado la improcedencia de los créditos fiscales reintegrados. El 09/08/2011 la recurrente hizo una presentación -a la que el Fisco Nacional le dio el tratamiento determinado por el artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.683- impugnando dichas notas por ser nulas y solicitó el reintegro del impuesto para los períodos fiscales 07 y 10/2006.
El 04/04/2012 fue emitida la Resolución N° 29/12 (DI RRO2) en la que se resolvió: a) no hacer lugar al recurso interpuesto; b) rechazar la solicitud de reintegro de los períodos fiscales 07 y 10/2006; c) instruir a la agencia correspondiente para que proceda a intimar la devolución del crédito fiscal reintegrado oportunamente -períodos fiscales 05/2007 a 12/2008-, alegando que los proveedores con los que la actora realizó las operaciones estaban ingresados en la base APOC.
Finalmente, el 11/04/2012 fueron notificadas las intimaciones solicitando la devolución del impuesto reintegrado que la recurrente aquí apela.
VI. Que deviene necesario exponer primeramente los aspectos sobresalientes de la investigación fiscal que le sirve de antecedente.
De la lectura de los informes finales de inspección surge que los actos de impugnación tienen como fin recuperar el IVA por exportación devuelto por operaciones concertadas con: 1°) OBANDO CRISTIAN;
2. CASADO, JOSÉ; 3°) TORRES ALICIA; 4°) SUCESIÓN GATTAS RAÚL; 5°) TORTOLA, JOSÉ;
6. STANG MIRTA; 7°) HOYOS ERNESTO; 8°) TAGLIALABORE MIGUEL ANGEL Y CABRERA
JULIA SH; 9°) KALUK, GUSTAVO; y 10) ZARANTONELLO CRINILDA (vide fs. 217/251, Impuesto al Valor Agregado, Cuerpo N° 2 y 16/50, Cuerpo a Agencia Sede Rosario N°2, Sección Recaudación). Por lo tanto, corresponde analizar cada uno de los proveedores y las razones que llevaron al organismo fiscal a encuadrarlos en la base APOC.
1. OBANDO CRISTIAN GABRIEL – CUIT 20-25979991-1: a) fue incluido en la base APOC como contribuyente sin capacidad contributiva; b) no cuenta con inmuebles o rodado a su nombre; c) se cursaron requerimientos que no fueron contestados, y en la visita al domicilio declarado la persona que residía allí declaró no conocer al Sr. Obando (vide fs. 10, Cuerpo Proveedor Cristian Obando, Carga APOC); d) de la documental acompañada por Big K Products S.A. se observaron diferencias entre el peso informado en las guías forestales y las facturas; e) en algunos casos se constató que faltan guías forestales o no fueron acompañados los remitos de los traslados de mercadería; f) respecto al circuito financiero se pudo comprobar que los cheques no fueron emitidos según la normativa RG 1547, y las firmas insertadas en los endosos difieren entre sí. Además, se verificó que los valores fueron cobrados por terceras personas relacionadas con otros sujetos incluidos en la base APOC (vide fs. 120/128, Cuerpo Cap. Operativa N°1, Obando Cristian).
2. CASADO JOSE ALBERTO – CUIT 20-14410870-2: a) con fecha 16/12/2008 el organismo fiscal se apersonó en el domicilio declarado del contribuyente donde no se lo encontró; b) el día 11/03/2009 se presentó el Sr. José Alberto Casado en la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Tucumán, quien manifestó que: “la actividad que realiza es venta de placas radiográficas, y de maquinaria, insumo médicos en general al por mayor, compra y venta de mercaderías de temporada, ejemplo día del padre, al por mayor, servicios de reparación edilicia (…) Que nunca operó con la firma Big K Products SA, es decir no facturó a esa empresa, no es su cliente…” (cfr. fs. 40/40 vta., Cuerpo D.R. Tucumán, Casado José Alberto); c) respecto al circuito financiero se detectó que los cheques tenían como beneficiario al Sr. Casado, pero fueron cobrados por otras personas, cuyas firmas difieren entre sí (vide fs. 56 y 60/63, Cuerpo Circuito Físico/Financiero, Casado José Alberto).
3. TORRES, ALICIA DANIELA – CUIT 27-27047538-3: a) se encuentra incluida en la base APOC como “prestanombre”; b) está inscripta en el IVA no resultando impuesto a ingresar, y del sistema SICORE surgen mínimas retenciones realizadas por BIG K; c) no posee propiedades, automotores, maquinaria, ni registra empleados; d) con fecha 16/10/2008 se constituyó personal del organismo fiscal en el domicilio de la Sra. Torres, quien manifestó que: “se dedicaba a la compra y venta de productos forestales y que a la fecha sigue realizando dicha actividad; que nunca operó comercialmente con tal firma y manifiesta que facturaba a su nombre con la firma BIG K Products SA, pero que las operaciones de venta las realizaba en realidad el Sr. Walter Reynaldo Moyano…” (cfr. fs. 14/15, Cuerpo Capacidad Operativa N° 1, Alicia Torres); e) en ese sentido, se rectificó que el Sr. Walter Reynaldo Moyano resulta cotitular de la cuenta bancaria N° 05-071-021694/2 (vide fs. 112/144 Cuerpo Circuito Físico y Financiero N° 1, Torres, Alicia); f) del análisis del circuito físico se verificaron que las guías forestales acompañadas presentaban diferencias de kilogramos de carbón con las cantidades indicadas en remitos y facturas; g) se procedió a analizar los cheques indicados en las órdenes de pago aportadas, observándose que la firma de la Sra. Torres insertada en los cheques difiere de la que luce en el acta agregada (vide fs. 14/15, Proveedor Alicia Torres, Cuerpo Capacidad Operativa N° 1 y fs. 100/105 Cuerpo Circuito Físico y Financiero N° 1, Torres, Alicia Daniela).
4. SUCESIÓN GATTAS, RAUL ABDALA – CUIT 20-20157590-8: a) se encuentra incluido en la base e-Apoc por “irregularidades en la cadena de comercialización”; b) no posee bienes registrables, y si bien se encuentra inscripto en el IVA y Ganancias, las declaraciones juradas por el primer tributo no poseen movimientos o los saldos determinados no fueron abonados; c) fueron cursados requerimientos que no fueron contestados (vide fs. 19/21, Cuerpo Dirección Regional Tucumán, Gattas Raúl Abdala) ; d) la inspección el 17/10/2008 se apersonó en el domicilio fiscal del Sr. Gattas y su hermano informó que: “el Sr. Gattas se encuentra en la ciudad de Buenos Aires por razones graves de salud y que hace varios meses que se encuentra sin realizar actividad alguna por las mismas…” (cfr. fs. 25/25 vta. Cuerpo Dirección Regional Tucumán, Gattas Raúl Abdala; e) del análisis del circuito físico se confirmó que de ciertas facturas no fueron aportadas las guías forestales o remitos que documenten el traslado de la mercadería ( vide fs. 103, 231, 241 y 244, Cuerpo Capacidad Operativa – Circuito Físico/Financiero N° 1 y 2); f) se observaron diferencias entre los kilogramos declarados en las guías forestales acompañadas y los remitos y facturas. A su vez, según consta de los visados de las guías forestales aportadas, el carbón transportado se encontraba en Santiago del Estero, en fecha posterior al ingreso del mismo al Parque Industrial Alvear ( vide fs. 137/138, Cuerpo Capacidad Operativa – Circuito Físico/Financiero N° 1). Asimismo, en ciertas guías forestales el Sr. Gattas no figura como propietario, comprador y/o consignatario (vide fs. 60, 66, 73, 111, 131, 145, 163, 171, 177, 184 y 213, Cuerpo Capacidad Operativa – Circuito Físico/Financiero N° 1 y 2); g) del análisis del circuito de pagos se destacó que las facturas Nros. 1-56-57-58 y 101 fueron canceladas mediante transferencias bancarias, sin verificarse su acreditación en las cuentas del Sr. Gattas ( vide fs. 231, 237, 241 244, 251/299, Cuerpo Capacidad Operativa – Circuito Físico/Financiero N° 2).
5. TORTOLA, JOSÉ – CUIT 20-13338392-2: a) se encuentra incluido en la base APOC por no poseer capacidad económica; b) de las declaraciones juradas de IVA se comprobó una relación débito fiscal/crédito fiscal menor a uno (vide fs. 16/39, Cuerpo Cap. Operativa – Cir. Físico/Financiero N°1, Proveedor Tortola José); c) no posee registro de empleados en relación de dependencia, ni automotores o propiedades; d) posee una caja de ahorro en el Banco Nación que no registra acreditaciones; e) el Sr. Tortola manifestó que: “su actividad comercial consiste en intermediación en la compra y venta de materiales de construcción a consumidores finales, respecto de su inscripción como prestador de servicios agrícolas tales como cosecha de caña de azúcar, contratista de mano de obra, cultivo de caña de azúcar y cereales, transporte de descarga manifiesta que no realizó ninguna de las actividades antes citadas durante el período fiscal 01/2006 a 03/2008, que a través de su contador Carlos Farias, hoy fallecido, fue inscripto en las mencionadas actividades en las que trabajarían de forma conjunta, siendo este el que aporte los medios económicos necesario y que por el uso de su nombre percibiría una comisión cuyo monto no fue establecido y que finalmente nunca percibió, que a estos efectos le fue abierta una caja de ahorro en el Banco de la Nación Argentina, sucursal de Maipú y San Martin de San Miguel de Tucumán, en la que solo realizó depósitos de montos mínimos para el mantenimiento de la misma, manifiesta no haber realizado depósitos de cheques ni extracciones…” (cfr. fs. 19, Cuerpo N°1 Antecedentes Div. Investigación, Anexo N° I, Tortola José); f) de las guías forestales acompañadas no se pudo constatar que el Sr. Tortola sea propietario, comprador o consignatario (vide fs. 64/120, Cuerpo Cap. Operativa – Cir. Físico/Financiero N° 1, Proveedor Tortola José); g) de los cheques aportados se constató que no fueron emitidos según RG 1547, y que las firmas difieren entre sí y con las registradas en el acta aportada por el personal fiscalizador. Asimismo, el documento plasmado en el endoso del cheque N° 81757852 no corresponde con el perteneciente del Sr. Tortola (fs. 129/130; 134/137, 145; 151 y 157 Cuerpo Cap. Operativa – Cir. Físico/Financiero N° 1, Proveedor Tortola José).
6. STANG, MIRTA MARÍA – CUIT 27-21097647-2: a) se encuentra ingresada en la base APOC como “prestanombre”; b) está inscripta en Ganancias, IVA y Autónomos desde 04/2004, pero en las declaraciones juradas de Ganancia -período fiscal 2006- el saldo a ingresar es escaso y respecto del IVA se encuentran presentadas hasta el período fiscal 11/2006, también con saldo escaso; c) no posee inmuebles o propiedades a su nombre, tampoco automotores o maquinaria agrícola; d) no tiene declarado ningún empleado en relación de dependencia; e) el día 01/09/2008 se apersonaron fiscalizadores en el domicilio de la Sra. Stang, donde se le consultó respecto a la actividad que realizaba y si había operado con Big K Products SA, a lo que contestó que: “es enfermera de la Clínica Acebal y en un geriátrico y que nunca realizó otra actividad, aclara que se le solicitó realizar operaciones utilizando su nombre, siendo el verdadero ejecutor de esas operaciones su esposo el Sr. Jorge Mario Rossi…” (cfr. fs. 36/37 Acta N° 0029890, Cuerpo Antecedentes, Stang, Mirta); f) existen diferencias en los kilogramos declarados entre las facturas y la guías forestales (vide fs. 31 a 66, Stang Mirra, Cuerpo Cap. Operativa – Cir. Físico/Financiero); g) respecto al circuito financiero se pudo comprobar que las firmas de los cheques -que supuestamente corresponden a la Sra. Stang- difieren entre sí, al igual que su Documento Nacional de Identidad (vide fs. 101/108 Stang Mirra, Cuerpo Cap. Operativa –Cir. Físico/Financiero).
7. HOYOS, ERNERTO RODOLFO – CUIT 20-08137899-2: a) se encuentra incluido en la base APOC como contribuyente sin capacidad económica; b) si bien se encuentra inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos desde 04/2007, no registra pago alguno; c) no posee propiedades ni automotores o maquinaria agrícola; d) según la información brindada por el Ministerio de Trabajo, el Sr. Hoyos fue beneficiario de la prestación básica “Jefes de Hogar” desde 06/2002 a 12/2009 (vide fs. 42/44, Cuerpo Cap. Operativa – Circuito Físico/Financiero, Hoyos, Ernesto); e) el Sr. Hoyos manifestó: “no poseer detalle de los ingresos y gastos solicitados, no poseer ningún rodado o deuda, no poder aportar detalle de pagos de operaciones, que la documentación no se encuentra en mi poder y desconocer la misma, ya que era manejada totalmente por el Señor Víctor Gutiérrez, el cual se contactó con su persona habiendo realizado la inscripción de la DGI (AFIP) no recordando si el tramite lo realice personalmente o haber completado el formulario de inscripción y certificado por la policía de la Provincia, manifestando que se dedicaría a la compra y venta de carbón y realizaría todas las presentaciones juradas mensuales y demás tramites necesario, teniendo esta persona la clave fiscal y la totalidad de la documentación solicitada, sin tener al día conocimiento del mismo, ya que no se comunica desde aproximadamente 3 meses” (cfr. fs. 9, Cuerpo Antecedentes N° 1, Hoyos, Ernesto). Consultado el Sr. Gutiérrez, manifestó que: “su única actividad es la de socio de una cooperativa de transporte, está inscripto como monotributista, desconoce la existencia del Sr. Ernesto Hoyos y no tiene ninguna documentación referida a él” (cfr. fs. 18 Cuerpo Antecedentes N° 1, Hoyos, Ernesto); f) del análisis de las guías forestales se comprobó que el Sr. Héctor Arias es quien se encuentra autorizado a realizar operaciones, y este le vende al Sr. Hoyos. A su vez, el Sr. Arias es cotitular de la única cuenta bancaria que posee el Sr. Hoyos (vide fs. 48, 55 y 61, Cuerpo Antecedentes N° 1).
8. TAGLIALABORE, MIGUEL ÁNGEL Y CABRERA, JULIA SH – CUIT 30-70931562-1: a) se encuentra incluido en la base APOC como contribuyente sin capacidad contributiva; b) el contribuyente presentó declaraciones juradas de IVA desde 01/2005 a 06/2008, exponiendo en la mayoría saldo cero o una relación debito/crédito fiscal cercana a uno (vide fs. 12/22, Cuerpo Capacidad Operativa, Taglialabore SH); c) la sociedad no posee empleados en relación de dependencia o relaciones con otros contribuyentes; d) no posee bienes registrables; e) en fecha 18/11/2009 se apersonó el Sr. Taglialabore, quien indicó que: “toda la documentación relativa a la actividad se encuentra en poder de Gestoría San Martín no pudiendo localizar en el domicilio de ésta a nadie responsable (…) manifiesta que la firma de la cual es socio no posee empleados en relación de dependencia, no posee cuentas bancarias, ni bienes de uso afectados a la actividad…” (cfr. fs. 61/61 vta., Cuerpo Capacidad Operativa, Taglialabore SH); f) respecto de las guías forestales se detectaron diferencias con los kilogramos declarados; g) de los resúmenes bancarios solicitados al banco HSBC, se observaron que las acreditaciones son retiradas el mismo día que ingresan y solo se registran transferencias realizadas por Big K Products S.A. (vide fs. 233/242, Cuerpo Circuito Físico/Financiero N° 2, Taglialabore SH).
9. KALUK, GUSTAVO – CUIT 20-29162147-4: a) se encuentra agregado a la base APOC como contribuyente con resistencia a la fiscalización; b) de los resúmenes bancarios se detectó que las transferencias realizadas a la cuenta bancaria del Sr. Kaluk -que es compartida con la Sra. Patricia Pavlicek- son extraídas el mismo día o el día posterior (vide fs. 995/1122, Cuerpo Circuitos Físico/Financiero N° 5 y 6, Kaluk Gustavo); c) Big K Products S.A. acompañó documentación (guías forestales, remitos y tickets de pesada en ingreso al Parque Industrial Alvear), con las siguientes irregularidades: 1°) diferencias en el pesaje de los kilogramos de carbón entre las facturas y las guías forestales; 2°) guías forestales utilizadas con fecha posterior a su vencimiento; 3°) ingresos al parque industrial con fecha anterior a la indicada en las guías forestales; 4°) en dichas guías se indicó como propietario de los bienes a una persona distinta al Sr. Kaluk, y como consignatario/destinatario a la firma Big K Products S.A. (vide fs. 376, 401, 470, 475, 482, 487, 514, 525, 529, 537, 541, 548, 554, 560 y 571 Cuerpo Circuitos Físico/Financiero N° 3 y 4, Kaluk Gustavo).
10. ZARANTONELLO, CRINILDA EMILIA – CUIT 27-03446134-7: a) incluida en la base APOC como “prestanombre”; b) en fecha 26/11/2009 se apersonó personal del organismo fiscal en el domicilio de la Sra. Zarantonello, a la que se le consultó si realizó alguna actividad y qué relación tenía con la compañía Big K Products SA, a lo que informó “que no y que por sugerencia de su entonces yerno - Carlos Dante Pallotto- aceptó que se realizaran operaciones en su nombre (…) asimismo se abrió una cuenta corriente bancaria a su nombre en el Nuevo Banco Santa Fe SA…” (cfr. fs. 30, Cuerpo Antecedentes, Zarantonello Crinilda); c) de la documentación acompañada figuran diferencias en la cantidad de kilogramos de carbón indicada en remitos y facturas con las guías forestales.
VII. Que a la luz de la profusa investigación llevada a cabo por el organismo fiscal, cabe anticipar que a juicio de este Tribunal la impugnación respecto de los proveedores OBANDO CRISTIAN; CASADO, JOSÉ; TORRES ALICIA; SUCESIÓN GATTAS RAÚL; TORTOLA, JOSÉ; STANG MIRTA; HOYOS ERNESTO; TAGLIALABORE MIGUEL ANGEL Y CABRERA JULIA SH; KALUK, GUSTAVO; y ZARANTONELLO CRINILDA, luce debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las operaciones y la capacidad de los sujetos como quienes las concretaron.
En cuanto al agravio referido al cumplimiento de la normativa relacionada con la emisión y validación de comprobantes, cabe indicar que las impugnaciones formuladas no encuentran sustento en aspectos formales o en la inclusión de la base e-Apoc, sino que -por el contrario- se fundan en la falta de capacidad operativa o irregularidades en la cadena de comercialización para realizar las operaciones que invoca. Es decir, que la aquí recurrente no se cercioró de que efectivamente los sujetos nominados en la documental, hayan realizado las operaciones que se le atribuyen, por lo que resulta lógico negar la veracidad de aquellos instrumentos respaldatorios, concluyendo que los proveedores cuestionados, nunca realizaron las operaciones que la documentación expresa.
La sola circunstancia que un sujeto -en este caso el proveedor- cuente con una “Clave Única de Identificación Tributaria” y presente las correspondientes declaraciones juradas -ingresando las sumas determinadas- no resulta suficiente “per se” para legitimarlo como contribuyente, toda vez que se establece como requisito indispensable que el acto económico definido por la ley se concrete en el campo factico, generando el vínculo jurídico tributario del que se deriva no solo la obligación, sino también el respectivo derecho de computar, por parte de terceros, el crédito fiscal discriminado en la factura. Por lo tanto, si el vendedor es ficticio el hecho imponible no se configura, con la consecuente impugnación del crédito fiscal del comprador, aun cuando este último sea ajeno a la situación del vendedor o alegue que actuó de buena fe.
El crédito fiscal es el gravamen generado por los proveedores de bienes, locaciones y prestaciones al que la técnica del impuesto permite deducir del débito fiscal que el propio responsable haya generado por sus propias ventas, locaciones y prestaciones. Para que se le pueda reconocer al contribuyente el crédito fiscal éste debe probar -entre otras cosas- la real existencia de las compras efectuadas con sus correspondientes facturas en las que se encuentre el impuesto discriminado (v. CNACAF, Sala V, “La Blanquita S.A.”, 01/12/2004).
En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos de computar el crédito fiscal por parte de los responsables, que deben liquidar el impuesto a su cargo (artículo 12, Ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo y ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (v. CSJN, “ADM Argentina S.A., 10/03/2015), extremo que no se cumple en el caso de autos.
Por ende, si el sujeto emisor del comprobante no es el verdadero vendedor de la mercadería, configurándose en consecuencia una estructura jurídica inadecuada, resulta insuficiente la mera existencia física del comprobante para acreditar la operación comercial en cuestión.
De lo expresado, se colige que el Fisco Nacional ha actuado diligentemente en el ejercicio de sus atribuciones de verificación y fiscalización, con el objeto de extraer fundamentalmente el carácter de apócrifo de las facturas observadas y, al ser ello así, la cuestión se desplazaba a la apelante, quien en esta instancia contaba con la oportunidad amplia de acreditar lo contrario, esto es, el tema en discusión queda reducido a una cuestión de hecho y prueba conforme el principio del "onus probandi incumbit ei qui dicit" , es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, corresponde que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte la que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (v. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). En efecto, cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que, si bien no son obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en la presente causa.
En el particular, ante los graves indicios en que se sustenta el ajuste, la parte actora no ha logrado desvirtuarlos con la prueba aportada en las presentes actuaciones.
Del oficio contestado a fs. 2444/2461 se advierte que la respuesta refiere a los requisitos necesario para exportar carbón vegetal, tema ajeno al aquí debatido; mientras que de la documentación agregada por cuerda solo se aprecia que fueron presentadas las guías forestales y los certificados de flora, elementos que por si mismos no demuestran las operaciones objetadas en cabeza de los sujetos que figuran en las facturas.
En lo atinente al informe pericial de fs. 2523/2548, los puntos tratan aspectos formales de la operación (facturas, remitos, medios de pago, etc.), los que -como ya se dijo- no forman parte del núcleo controversial.
Respecto a la prueba testimonial agregada en autos, cabe recordar que en materia tributaria, posee un valor probatorio acotado cuando no se acompaña la documentación que permita acreditar los dichos vertidos - como en el caso-, careciendo de la virtualidad necesaria para derribar la tesis fiscal.
En síntesis, los hechos probados en autos llevan a coincidir con el criterio de la fiscalización en cuanto a que las operaciones efectuadas con los proveedores impugnados, carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar la real existencia de los proveedores. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad no corresponde su cómputo y por consiguiente deben ser reintegrados los montos abonados por el Fisco Nacional; en consecuencia, voto por confirmar las intimaciones apeladas, con costas.
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
La Dra. Guzmán dijo:
Que se adhiere al relato de los hechos y al voto del Vocal Instructor con excepción de las costas en la defensa de nulidad.
En efecto, entiendo que las costas deben ser soportadas por el excepcionante, toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171 -inc. h)- de la ley de rito, pues reposa en la alegada inexistencia de causa -art. 7, inc. b), Ley 19.549- agravio que acarrea inexcusablemente aquélla declaración, lo que motivó que el Vocal Instructor le otorgara el tratamiento de excepción. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N. Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N in re “Bolland y Cía. S.A.”, la exención de costas procede cuando el planteo -de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto que no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las intimaciones por los períodos fiscales 05/2007 a 12/2008, con costas, y ordenar el reintegro del Impuesto al Valor Agregado abonado en su oportunidad por el Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2025.11.17 16:49:49 ART Date: 2025.11.18 13:17:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.18 14:05:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.18 14:06:02 -03:00
Fin de la sentencia