Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan de oficio la responsabilidad solidaria del Sr. Sebastián Pedro Bilancieri, por impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de éstas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción que se reducen las multas las que se imponen por su orden.
I. Que mediante RE-2025-130281001-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 2025-212-E-ARCA-DVRRMP#DGOPII y Nº 2025-213-E-ARCA-DVRRMP#DGOII ambas de fecha 27 de octubre de 2025, dictadas por la Jefa Int. de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva.
Mediante las mencionadas resoluciones se determinó de oficio su responsabilidad personal y solidaria con relación a la deuda mantenida con ese organismo por Emprendimientos Claseba SA en concepto de:
1. Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020 por $ 1.212.439,95.- más intereses resarcitorios por $3.528.939,84 y aplica una multa por $3.637.319,85.- conforme art. 46 de la Ley 11.683, en tres tantos el tributo dejado de ingresar.
2. Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 05 y 06/2019, 08/2019 a 03/2020, por $ 915.078,55.- con más intereses resarcitorios por $ 3.172.414,55.- y se le aplica una multa por $ 2.745.235,65.- conforme art. 46 de la Ley 11.683, en tres tantos el tributo dejado de ingresar.
Solicita la recurrente se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Manifiesta que la firma EMPRENDIMIENTOS CLASEBA SA., responsable principal, ha sido supuestamente notificada de las determinaciones de oficio contra ella practicadas y estando firmes se ha procedido contra la recurrente en carácter de responsable solidario.
Señala que durante el procedimiento de determinación realizado a la firma, la contribuyente no efectuó respuesta a los cargos y se observa que posee la CUIT inactiva y que no pudo ser localizada en los domicilios declarados.
Indica que los informes a los cuales ha tenido acceso no se corresponden a la OI 1.820.485 la que dice desconocer sino a la OI 1.933.863, donde dice que consta que la fiscalización se inició el 07/06/2021 detallando el origen de los cargos y comportamiento de la firma frente a ella.
Cita el Informe Final de Inspección y el Informe complementario.
Aclara que las actuaciones administrativas fueron iniciadas el 07/06/2021 y que se corresponden con períodos en los cuales la obligación de la presentación de las declaraciones juradas en sus fechas de vencimiento no se correspondía con su carácter de presidente ni accionista de esa sociedad.
Destaca que se le ha denegado la prueba aportada al contestar la vista y por ello transcribe el contrato de compra venta de acciones, el que además aporta como documental.
Expresa que el 08/06/2020 traspasó sus acciones y derechos sobre las mismas en forma total y agrega que desde entonces ha dejado de tener responsabilidad alguna sobre los actos que debieron darse.
Indica que en ese lineamiento, está el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales vinculadas con aspectos tributarios, sea por acción u omisión cuyos vencimientos o fecha de cumplimiento fueren posterior a su cese como presidente (ni accionista).
Señala que, “las obligaciones referidas a la presentación de la DDJJ del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020, el plazo general con vencimiento para la empresa con cierre en el período 04 opera el mes de septiembre, y dice que entre la fecha de cierre y su cese como responsable no hubo presentación alguna sobre tal tributo” (SIC).
Alega que, tanto en el IVA aún con las declaraciones juradas ya presentadas, como en Ganancias sobre lo que no había vencido el plazo para su presentación, no ha existido conducta de su parte a la que pueda imputarse responsabilidad alguna.
Indica que en IVA las declaraciones juradas se encontraban regularmente presentadas, y el método de determinación sobre base presunta utilizado indican que solo la firma a través de sus representantes podía rebatir y acreditar que el mismo devenía improcedente.
Sostiene que el método de ajuste en base a presunciones fue incoado cuando esa parte no poseía vínculo alguno con la sociedad, y agrega que, por ello se encontraba en estado de indefensión y que la responsabilidad solidaria deviene improcedente.
Con respecto a la sanción, manifiesta que rechaza la pretendida responsabilidad solidaria en todos sus términos. Agrega además que en el marco de las actuaciones administrativas en ningún momento se hace referencia al elemento subjetivo imprescindible para considerar una conducta encuadrable en el art. 46 y que no existe en su conducta el dolo que torna aplicable dicha norma. Asimismo advierte que la determinación de la deuda fue sobre base presunta por la que entiende aplicable la doctrina del precedente “Mazza Alberto y Mazza Generoso” de la CSJN.
Acompaña documental y ofrece prueba informativa.
Por lo expuesto precedentemente, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal, solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoquen las resoluciones recurridas, con costas.
II. Que mediante IF-2026-26269134-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal y niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora.
Asimismo manifiesta que se procedió a realizar una verificación constatando que el contribuyente se desempeñó como Presidente del Directorio de la contribuyente EMPRENDIMIENTOS CLASEBA SA en los períodos fiscales en los cuales la citada firma registra deuda impositiva firme; deuda en IVA períodos 5/2019 a 4/2020 y deuda en Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020.
En cuanto al fondo de la cuestión, expresa que ha quedado acreditada la deuda impositiva de EMPRENDIMIENTOS CLASEBA SA ante la falta de presentación de las declaraciones juradas rectificativas por los impuestos en crisis.
Agrega que durante el procedimiento de determinación de oficio efectuado a EMPRENDIMIENTOS CLASEBA S.A., la contribuyente no efectuó respuesta a los cargos formulados, asimismo se observa que posee la C.U.I.T. inactiva y no pudo ser localizada en ninguno de los domicilios declarados, y que tampoco hizo uso de las opciones recursivas que le asistían.
Indica que, según información de las bases de datos del organismo, el contribuyente desempeñaba el cargo de Director según Contrato Social de abril de 2018 por el término de tres años. También que es Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, tal como consta en el padrón de la sociedad y que, es informado como “Representante legal” en las cuentas bancarias que la sociedad posee en el Banco BBVA ARGENTINA S.A., lo cual coincide con el legajo aportado por dicha entidad donde consta como autorizado y firmante. Considera que al quedar evidenciado que Sebastián Pedro BILANCIERI poseía el manejo financiero, administrativo y societario de EMPRENDIMIENTOS CLASEBA SA cabe atribuirle la responsabilidad personal y solidaria de las obligaciones impositivas incumplidas por la deudora principal.
Advierte que la actora debió haber probado en contrario una vez que el Fisco arrimó la prueba acerca de la ostentación del cargo y de la posibilidad de decidir sobre el pago de la deuda de la obligación tributaria de su representada.
Expresa que la actora intenta demostrar con un documento que cesó como accionista de Emprendimientos Claseba SA, pero que, el mismo no logra conmover la pretensión fiscal toda vez que el supuesto documento - contrato de compra venta de acciones- que presenta, si bien posee una certificación, ésta, alude solo a las firmas, no juzga sobre el contenido, además indica que el supuesto contrato no fue aportado durante el procedimiento administrativo, y que tampoco aportó nueva designación de autoridades (directores) siendo que en abril de 2018 fue designado por el término de tres años como Presidente del Directorio.
Agrega que sigue siendo el administrador de la clave fiscal en el padrón de la sociedad y representante legal en el Banco BBVA ARGENTINA S.A. y que la actora en modo alguno acredita que ha sido imposibilitado de hacer cumplir a su representada con las obligaciones fiscales que le corresponden.
Indica que al Sr. BILANCIERI le alcanza la responsabilidad personal y solidaria de la citada sociedad por la deuda, intimada e impaga a la fecha, por lo que debió haber efectuado las gestiones necesarias a fin de que la misma diera cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones fiscales. Añade que sumado a la falta de prueba por parte de la actora, deviene en la confirmación de las resoluciones aquí apeladas.
Manifiesta que la actora no expresa agravios respecto a los intereses resarcitorios.
Respecto a la sanción señala que, al presentar declaraciones juradas engañosas, facilitado por el accionar del recurrente, utilizó uno de los medios de consumación previstos en el tipo de defraudación tributaria, configurándose así los elementos objetivo y subjetivo que requiere la norma.
Formula oposición a la prueba. Acompaña antecedentes administrativos. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con costas.
III. Que conferido el traslado de oposición a la prueba efectuado por el Fisco Nacional a la recurrente, y requeridas las partes respecto de la audiencia preliminar, por PV-2026-38504160-APN-VOCV#TFN se declara que deviene inoficiosa la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley Nº 11.683, t.o. vigente., se tiene por agregada la prueba documental, se rechaza la prueba informativa ofrecida al Notario Esteban Martin Rodríguez Delgado ya que no se encuentra en discusión la autenticidad de la certificación, ya que el notario no juzga sobre el contenido, legalidad y forma del documento; y la prueba informativa a Fernando Gini por resultar la misma improcedente. Además, se abre la causa a prueba por el término de ley y se hace lugar parcialmente a la prueba informativa propuesta por la actora en cuanto al oficio a la firma Emprendimientos Claseba SA a los efectos de que informe quien revistió el carácter de Presidente del Directorio en los períodos involucrados debiendo acompañar documentación certificada que acredite su respuesta.
IV. Que habiendo transcurrido el plazo otorgado para la producción de la prueba, no habiendo la recurrente instado la misma, por PV-2026-76895950-APN-VOCV#TFN se da por decaído el derecho de producirla, se cierra el período de instrucción y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF- 2026-78713048-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
V. Que surge de las actuaciones administrativas que se inicia el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad solidaria a Sebastián Pedro Bilancieri respecto de la deuda de Emprendimientos Claseba SA, en su carácter de Presidente de la firma conforme la información reunida en la OI Nº 1.820.485.
Según la información de las bases de datos del Organismo, y de la documentación agregada en el cuerpo responsabilidad solidaria (vide ME-2025-01899590-AFIP-SERCDVRRMP#SDGOPII en IF-2026-26261760-
APN-DTD%JGM) el contribuyente desempeña el cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad según Contrato Social del 3 abril de 2018, información que coincide con la suministrada por el Banco BBVA ARGENTINA SA, conforme obra en el legajo aportado por la citada entidad. Además, surge que es Administrador de clave fiscal, y representante legal según consta en la consulta en el padrón de la sociedad. Por otro lado, es Representante legal en el Banco BBVA Argentina SA, de acuerdo con la información obrante en las bases de datos del Organismo, el contribuyente es informado como “Representante legal” en las cuentas bancarias que la sociedad posee en el Banco BBVA ARGENTINA S.A. (CTA NRO 12214000238/6), lo cual coincide con el legajo aportado por dicha entidad donde consta como autorizado y firmante.
VI. Que cabe señalar que de acuerdo a los antecedentes administrativos cuyo detalle se efectuó en el considerando V de la presente, de la base de datos del organismo Sebastián Pedro Bilancieri ejercía el cargo de Presidente del Directorio de la firma Emprendimientos Claseba SA, llevando adelante la administración de la misma, conforme fuera designado en el contrato constitutivo de la sociedad, ejerciendo funciones de administración y disposición de fondos.
Que dichas circunstancias llevan a tomar la postura de que el apelante no era ajeno al manejo empresario y tenía pleno conocimiento cierto de la materia imponible, manejaba los negocios y disponían de los fondos de la sociedad.
Cabe tener presente que de acuerdo con la norma del art. 6° de la ley 11.683 "están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, mandantes, acreedores titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables, bajo pena de las sanciones de esta ley" entre otros, "los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere los incisos b) y c) del artículo 5".
Que, a su vez, el art. 8 de la ley dispone: "...Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) Todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1, del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio…” Debe advertirse que la responsabilidad no es objetiva -esto es, impuesta por el mero hecho de haber sido apoderado o representante de una entidad- ni que deriva de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tributo. Por el contrario, el presupuesto legal de la responsabilidad a título personal es el incumplimiento de sus deberes; en otros términos, no basta que haya incumplimiento; es menester, además, que éste le sea imputable.
En este contexto, corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión de los cargos y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de las sociedades, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva. Que, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en su propio ámbito, debido a que así resulta también de la clara letra de la ley ya que el actual artículo 8º (t.o. vigente) establece que “No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.”
Cabe destacar, que en la instancia administrativa se probó la injerencia que tenía en el manejo societario ya que no solo ocupaba el cargo de Presidente de la empresa, sino que además era el administrador de clave de ARCA y detentaba el carácter de representante en las cuentas bancarias de la sociedad.
Que la única defensa del recurrente se centra en sostener que, respecto de la mayoría de los períodos involucrados en la causa, a la fecha del vencimiento general de cada uno de ellos, no detentaba el carácter de presidente ni accionista de la sociedad por la cual se le atribuye la responsabilidad solidaria. En tal sentido aporta ante esta instancia una copia de un contrato de compraventa de acciones de fecha 22 de junio del 2020. Ello así, cabe adelantar que salvo el impuesto a las ganancias cuyo cierre del ejercicio fuera en abril de 2020, los períodos determinados en el impuesto al valor agregado corresponden en todos los casos a períodos cuyo vencimiento se habría producido con anterioridad a la fecha de la compraventa alegada, con lo cual en modo alguno justificaría su falta de responsabilidad al respecto.
Tampoco respecto de Ganancias por el período 2020 habida cuenta que la parte actora no ha probado en autos haber cesado como Presidente de la sociedad. En efecto, debe tenerse presente que la Ley de Sociedades establece que la representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio (art. 268) y que no es obligatoria la calidad de accionista para ser director (art. 256). Al respecto, cabe señalar que no ha sido diligente en la producción de la prueba ya que no instó la prueba informativa ordenada por este Tribunal para que la empresa informara quien desempeñaba la presidencia en los períodos involucrados y acompañara la documentación certificada que acreditara su respuesta. En función del análisis de los elementos aportados en autos, la parte actora no ha ofrecido prueba idónea alguna en la presente causa tendiente a demostrar que la responsabilidad no le es imputable subjetivamente ni que ha sido colocado por la contribuyente en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
Sentado ello, de las pruebas recabadas surge que el actor tenía el real manejo relativo a la administración de fondos y representación legal de la sociedad; quedando demostrado que le resulta atribuible el carácter de responsable personal y solidario de la deuda correspondiente a EMPRENDIMIENTOS CLASEBA SA.
Que, siendo ello así cabe concluir que de los medios probatorios ofrecidos por el recurrente, no se vislumbra que hayan existido causales liberatorias de responsabilidad solidaria admitida por el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 11.683; por lo que corresponde confirmar las determinaciones efectuadas por el Fisco Nacional. Con costas.
VIII. No habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se determinan los impuestos omitidos en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que corresponde abordar las sanciones aplicadas al actor, con sustento en el artículo 46 de la ley procedimental. En virtud de lo dispuesto por el art. 55 de ese mismo texto legal los responsables enumerados en los cinco incisos del art. 6° son personalmente responsables de las sanciones previstas en el art. 46 -entre otrosque les compete por su administración, representación, liquidación o gestión de entidades, patrimonios y empresas.
Tal como como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos.
En lo que atañe al caso particular, se ha acreditado que el recurrente detentaba el cargo de administración en los períodos bajo análisis, y el Fisco Nacional ha relevado la presentación de declaraciones juradas engañosas, demostrando que en sus funciones de administrador tenía conocimiento, representación y conciencia de disminuir a sabiendas la carga tributaria.
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó las mismas en tres tantos de los tributos determinados, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 46 de la ley ritual (t.o. vigente al momento de la comisión de la infracción), esto es, dos tantos del tributo omitido en autos.
Que atento lo expuesto precedentemente se resuelve confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina extensión de responsabilidad por el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, intereses y aplican multa, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción que se reducen las multas las que se imponen por su orden.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan de oficio la responsabilidad solidaria del Sr. Sebastián Pedro Bilancieri, por impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de éstas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción que se reducen las multas las que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.08.21 12:32:53 ART Date: 2026.08.21 13:51:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.21 13:53:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.21 13:54:14 -03:00
Fin de la sentencia