Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa 2207/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.- a fs. 860/890, únicamente en lo referido a la tasa de interés aplicable, rechazando los demás agravios y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial a fs. 841/856, modificándola solamente en la tasa de interés, pues fue éste el único agravio que prosperó, estableciendo que al monto que resulte de la condena dictada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, man-teniéndola en lo demás que decide.-
2Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente en un 80% y a la parte actora en un 20%.-
3Diferir la regulación de honorarios de los letrados interviniente en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: 2207/17-TSJ Interlocutorio N°: 669 Actor: BILBAO MARTÍN HIPÓLITO Demandado: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 03-11-20 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 669 FOLIO Nº 3870/3879 PROT. ELECT. TSS1011S.201
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinte, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “BILBAO MARTÍN HIPÓLITO C/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº B-10.864/09 (B-2207/17-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 860/890?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la Primera Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau y Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de éste Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.-, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui a fs. 860/890, contra la sentencia dic-tada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 841/856, en cuanto hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, confir-mando en lo demás la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 747/756 vta. Esta última hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios, como consecuencia del accidente laboral, entablada por el Sr. Martín Hipólito Bilbao contra San Antonio Internacional S.R.L., desestimándola con respecto a Occidental Argen-tina Exploration and Production Inc., Sucursal Argentina.-
II. La parte recurrente funda su recurso de casación en los términos de los artículos 2° y 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y en la arbitrariedad de la sentencia (cfr. foja 873 vta.).-
Allí afirma que en el pronunciamiento recurrido ha existido quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y arbitrariedad. Denuncia que han sido violadas las siguientes normas: artículos 512, 902, 1111, 1113 y 1746 del Código Civil, artículo 1º del Decreto Nº 2136/74 y arts. 364 y 366 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. foja cit.).-
Como primer agravio aduce que se omitió tratar cuestiones conducentes para la resolución del litigio que introdujo en el memorial de agravios (cfr. foja 875 vta.).-
El segundo agravio que alega es la aplicación, a su entender arbitraria, de la presunción del artículo 366 del Código Procesal Civil y Comercial. Dice sobre el particular que dicha presunción se la hizo valer para decidir sobre el estado del equipo de la demandada que causó el accidente. Argumenta sobre la cuestión: “Deberían existir otros elementos de prueba de donde se desprenda lo que señala la demanda sobre el estado del equipo de mi mandante, pero lo cierto es que [la] actora no produjo actividad probatoria alguna tendiente a acreditar esos extremos, limitándose incluso en todo momento a frustrar las pruebas de las contrarias mediante acuses de negligencia, lo que constituye la mejor demostración que no le interesaba conocer la verdad real de los hechos sino simplemente especular con la presun-ción...” (cfr. foja 878).- Como tercer agravio aduce que se desestima la culpa exclusiva de la víctima cuando ella se encuentra configurada. En este acápite señala que existen en la causa prueba que demuestran la culpa de la víctima en el accidente de trabajo que originó la presente causa. Explica que fue la imprudencia del actor que se colocó dentro de la trayectoria de la palanca de freno que provocó el accidente y esto surge de los dichos del Sr. Martín Hipólito Bilbao en la confesional; sin embargo el fallo de la Alzada se limita a sostener que el actor no actuó en forma imprudente (cfr. foja 878 vta.).-
En el cuarto agravio se queja porque se confirmó un porcentaje de incapacidad que dice fue desmentido por la pericia médica. Manifiesta: “La Excma. Cámara se aparta deliberadamente de la prueba pericial médica efectuada en la causa y le otorga validez a un dictamen médico de la comisión médica central, efectuado con anterioridad incluso a que el actor termine el tratamiento médico […] la experta forense determinó que no había incapacidad para el trabajo y los señores Jueces de Cámara sin ninguna explicación seria de por medio, sostienen exactamente lo contrario, determinando que aquella represente el 41,80%.” (cfr. foja 881 vta.).-
Como quinto agravio aduce arbitrariedad en la condena por daño material, porque desde su óptica no puede imponerse una condena por un monto que produzca una renta superior a los ingresos dejados de percibir ya que ello comporta lesión a la garantía de propiedad al producirse enriquecimiento del titular de la indemnización en desmedro de quien la debe afrontar. Dice que esto ha sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Medina” (cfr. Fallos 300:860) (cfr. fs. 884 y vta.).-
En sexto lugar se agravia porque se resolvió que el tiempo de vida útil es de sesenta y cinco (65) años y no de cincuenta (50) años, con lo cual se ha violado, a su entender, el Decreto Nº 2136/74. Señala que el actor estaba sometido a un régimen especial dado por la naturaleza de las tareas que cumplía, según el cual se alcanza la jubilación a los cincuenta (50) años de edad y veinticinco (25) años de servicio, ello de acuerdo al artículo 1º del Decreto citado, sin embargo, el fallo erróneamente, a su entender, tomó como edad los sesenta y cinco (65) años previstos en el régimen general en la materia (cfr. foja 886 vta.).-
En séptimo lugar lo afrenta que se haya condenado a su parte a abonar lucro cesante y perdida de chance, pues considera que estos rubros se hallan comprendidos dentro de la indemnización por daño material y por ende, se está duplicando indebidamente la indemnización en desmedro de su parte (cfr. fs. 887 vta./888).-
En octavo lugar alega arbitrariedad al confirmar la condena por daño moral, manifestando: “Si en autos no existe prueba alguna del pretendido daño moral y la Excma. Cámara ‘presume’, ‘infiere’ o ‘supone’ que Bilbao lo padeció por el solo hecho que se admitió el daño material, es claro que esa afirmación no encuen-tra respaldo en las constancias de la causa y por ende se trata de una afirmación dogmática, que habilita la tacha de arbitrariedad de la sentencia recurrida.” (cfr. foja 889).-
Finalmente lo aqueja la tasa de interés que se dispuso aplicar. La Excma. Cámara de Apelaciones fijó la tasa activa, empero la recurrente, solicita se la modifique estableciéndose la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, por ser esta la doctrina legal del Tribunal Superior de Justicia.-
Ratifica reserva del caso federal (cfr. fs. 889 vta/890).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 893 y vta., este Alto Cuerpo lo declara bien concedido a fs. 911 y vta., poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, facultad de la que hace uso la actora (cfr. fs. 917/926) oportunidad en que contesta los agravios de la recurrente concluyendo en que deben ser desestimados manteniéndose firme la condena dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones, todo ello en base a los argumentos que es-grime en su libelo y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad.- A fs. 929/935 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien concluye su análisis expresando que: “…corresponde hacer lugar al recurso de Casación respecto de la aplicación de la Tasa Pasiva en atención al criterio imperante en el Alto Cuerpo, y desestimar el resto de los agravios articulados.” (cfr. foja 935).-
A foja 936 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 937 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extra-ordinaria articulada por la demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido en los artículos 2º y 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, al afirmarse que la Excma. Cámara de Apelaciones, al dictar su pronunciamiento, ha incurrido en violación o errónea aplicación de la ley y arbitrariedad.-
IV. De modo previo a ingresar al tratamiento de los agravios consideramos oportuno advertir que si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos venti-lados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente la cuestión debe juzgarse a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Cód. Civ. y Com. de la Nación; vid. Roubier, Paul, Le droit transi-toire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situa- ciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 158) (cfr. CNCiv., sala A, “T., M. S. y otros c/ Autopistas del Sol y otro s/ Daños y perjuicios”, 03/08/ 2018, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/47110/2018; TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XVIII, Reg. 601, Folio 3444/3452 y XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767). Ello sin perjuicio de lo que se expondrá en el punto X de estos considerandos en relación a la tasa de interés aplicable.-
V. Sentado lo expuesto, corresponde señalar con respecto al primer agravio -en el cual la recurrente acusa quebrantamiento de forma por la omisión, dice, de tratar cuestiones conducentes a la resolución del caso que fueron planteadas al recurrir y que no han sido consideradas por la Excma. Cámara de Ape- laciones- que ello es materia ajena a la casación pues como ya se ha dicho reitera-damente, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumen- taciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean rele-vancia para decidir el caso (cfr. CSJN, Fallos 262:222; 265:301, entre otros). Ha señalado el Máximo Tribunal: “…los jueces no están obligados a ponderar -una por una y exhaustivamente- todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus decisiones (entre otros, Fallos: 248:335; 253:461 y sentencia del 9 de setiembre de 1966 in re ‘Recurso de hecho deducido por Mendriscio J. Balzaretti en la causa Devoto, Antonio Juan c/ Colombo, Antonio Inocencio y otro’ -exp. D. 145, L. XV-); ni tampoco lo están al tratar todas las cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los argumentos por ellas utilizados que a su juicio no sean decisivos (doctrina de Fallos: 233:47; 234:250 y muchos otros).” (cfr. Fallos 272:225). Asimismo, tampoco es obligación del juzgador ponde-rar todas las pruebas agregadas, sino sólo aquellas que estime apropiadas para resol-ver el litigio (cfr. Fallos 274:113; 280:320; 144:611); y, en ambos casos, tal decisión es una actividad exclusiva de los jueces de grado que en principio se halla detraída del recurso de casación, salvo que se alegue y demuestre arbitrariedad en la elección, lo cual, se adelanta, no ha acontecido.-
VI. Desde el segundo al cuarto agravio (cfr. fs. 877/884) los planteos en todos los casos remiten a cuestiones de hecho y prueba, cuestiones que quedan, en principio, fuera del ámbito del recurso de casación. Tal como reiterada-mente lo ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia: “Se advierte, en la especie, que los agravios vertidos se basan en cuestiones de hecho y prueba y contienen discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos. Esgrime, la recurrente, argumentos cuya revisión no compete a este Tribunal. Los agravios remiten a materias propias de los jueces de grado y ajenas a la instancia casatoria. En efecto, el recurrente señala que el fallo se encuentra viciado de errores de consideración y apreciación de los hechos y las pruebas, res-pecto de las que alega han sido consideradas de modo equívoco y se limita a exponer lo que sería a su criterio la apreciación correcta. Las críticas del quejoso solo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2836, Folio 4447/4450).- Específicamente, sobre la queja basada en que los magistrados intervinientes hubieran priorizado el dictamen de la Comisión Médica por sobre el del perito de autos, en lo que hace al porcentaje de incapacidad, es menester destacar que el magistrado es soberano en la apreciación de la prueba analizada como se hizo conforme las reglas de la sana crítica (art. 364 Cód. Procesal), motivo este que no puede ser objeto de este recurso extraordinario como pretende la parte recurrente (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984).-
Así también ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la interpretación del Juez debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, que exigen armonizar e integrar debidamente las pruebas producidas, debiendo las sentencias ser fundadas y constituir la derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. sum. Fallos 323:3937 y otros); recaudos que se han cumplido en el decisorio atacado.-
Sobre el punto, es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que en principio no procede por vía del recurso de casación provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia, por cuanto el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado de antemano y corresponde la apreciación de las mismas al tribunal de juicio. Así se ha resuelto que “...‘...Resulta improcedente el recurso extraordinario que se intenta para lograr una reconsideración de la prueba y una nueva revaloración y debate de los hechos definitivamente prefigurados en la causa, en tanto esta normativa resulta ajena a la instancia extraordinaria y privativa de los jueces de grado...’...” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147).-
VII. El quinto agravio, donde alega transgresión al límite indemnizatorio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Medina Sixto Librado c/ Lipez Carlos”, se advierte que este agravio ya ha sido planteado en otra causa donde este Tribunal Superior de Justicia tuvo oportunidad de expedirse sobre el planteo. Allí se expresó: “...que la fijación del monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum, resulta, en principio, ajeno a la casación. Ha establecido este Alto Cuerpo, que la cuantificación del resarcimiento en acciones de daños y perjuicios como la del sub lite, sólo encuentran acogida por la vía casatoria, si se logra demostrar el manifiesto absurdo que permita el excepcional estudio de hechos y pruebas porque ‘…el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos…circunstancias ajenas -en principio- al recurso de casación...’ (confr.
Tomo XI, Sentencia, Reg. 375, Folio 2016/2020)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2836, Folio 4447/4450). En igual sentido, ha reiterado este Tribunal Superior de Justicia que la determinación del monto del juicio o indemnizatorio es una cuestión de carácter fáctico y procesal que queda en el espacio de la razonable discreción del juzgador y es inescrutable por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (cfr. Sentencia, Tomo VI, Reg. 217, Folio 1171/1175; Interlocutorio, Tomo XVIII, Reg. 2310, Folio 3403/3408). A mayor abundamiento, respecto del agravio referido a la renta que se podría obtener del monto de la indemnización, vale agregar que el fallo cuya aplicación pretende la demandada, data del 27 de julio de 1978, en el cual se dijo que la indemnización no podía consistir en una suma de dinero que le permita obtener al damnificado una renta superior a la que se hubiere dejado de percibir.
Ello no es doctrina actual de nuestro Máximo Tribunal. Por el contrario, este último en la causa “Aquino”, ha expresado que la reparación juzgada a la luz del derecho civil no está sujeta por el ordenamiento sustantivo a ninguna fórmula matemática o tarifa preestablecida, su cuantificación debe relacionarse con las particularidades del caso y orientarse a la integralidad. Se trata de reparar la incapacidad genérica y no la meramente laboral para lo cual debe partirse de una comprensión integral de la proyección existencial humana pues la persona no constituye un capital que se mide solamente por lo que pueda rendir o ganar. La indemnización integral debe ser justa, alcanzando este estatus cuando exime de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, ya que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos.
No se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo (confr. Fallos: 327:3753; así como también: “P., M. A. vs. S. A. L. N. s. Despido”, 18/02/2013, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 568, Folio 3231/3237).- Es así que la crítica efectuada al fallo en el aspecto analizado, no puede prosperar.-
VIII. En el sexto agravio, se alza la recurrente, atacando el monto indemnizatorio determinado por el a quo, refutando sustancialmente el tiempo de vida útil considerado, habida cuenta que la actividad del accionante goza de un régimen previsional excepcional y en base a ello alega que el Decreto Nº 2136/74 que rige la actividad de los trabajadores petroleros, prevé una edad jubilatoria de cincuenta (50) años con veinticinco (25) años de servicios, mientras que en la sentencia la Excma. Cámara de Apelaciones ha hecho el cálculo tomando como edad jubilatoria la del régimen general, esto es sesenta y cinco (65) años.-
Al respecto, hacemos notar que la postura, en este aspecto, de la Excma. Cámara de Apelaciones, tiene aval jurisprudencial: “...la circunstancia de que el caso se trate de un trabajador encuadrado en un régimen excepcional, no varía la pauta general considerada por esta sala como tiempo de vida útil del ser humano, pues ésta no lleva consigo únicamente contemplar el momento en que se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación respectiva, sino además, las condiciones físicas y psíquicas de todo trabajador para efectuar cualquier labor. Si los estibadores tienen derecho a cesar de sus trabajos en tiempo anterior al común de los trabajadores, la razón lo es el esfuerzo e intensidad que dicha actividad requiere, pero ello lo es sólo como equivalencia a la gravosidad y exigencias del mismo, más no se proyecta al tiempo que razonablemente tienen para continuar en cualquier otro tipo de trabajo autónomo o permitido por la legislación previsional.
Por lo expuesto considero que no existe razón suficiente para apartar a aquellos trabajadores incluidos en regímenes especiales jubilatorios de los cánones a tener en cuenta a efectos de visualizar el límite de la actividad humana...” (cfr. CNTrab, Sala I, “Navarro, Serafio c/ Lingas, S. A.”, 26/04/1984, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/469/1984).- En este contexto es dable recordar que este Tribunal Superior de Justicia reiteradamente ha señalado: “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría por parte del Juzgador (aunque sea minoritaria) no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad.
Siguiendo esta línea de pensamiento, ha expresado este Tribunal ‘...Como vemos, a favor de una y otra postura se alistan distinguidos autores, siendo por ello que no se encuentra en la adscripción por parte del juzgador de grado a una u otra teoría -en principio- fundamento bastante para agraviarse de arbitrariedad y por lo tanto, si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencias no habilita ‘per se’, la admisión de su queja…’ (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157; Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/ 2288)...” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 568, Folio 3231/3237).- “La postura adoptada, si bien puede ser opinable, no amerita ‘per se’ ser merecedora de censura en esta instancia, en la medida que se encuentra debidamente sustentada.
Sobre el particular ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ‘...si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad…’ (confr. Fallos 237:69), toda vez que ‘...la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función… y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar...’ (confr. Fallos 237:142, cit. en Carrió, Genaro, ‘El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria en la Jurisprudencia de la Corte Suprema’, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1967, págs. 29/30).” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Fallo cit.).-
Por ello es que no se observa en el fallo atacado vicio alguno que en éste punto habilite su tratamiento en esta instancia. Más allá de la discrepancia con la postura de la Alzada que la recurrente pudiera tener.-
IX. Los agravios séptimo y octavo, el disgusto de la recurrente recae en que se haya confirmado la condena a indemnizar lucro cesante, perdida de chance y daño moral, manifestando con respecto a éste último que no estaba demostrado en autos que el actor lo padeció. Se trata en ambos casos nuevamente de cuestiones fácticas y probatorias que quedan en principio fuera del ámbito de la casación, debiendo reiterar los argumentos esgrimidos en el Considerando VI. En efecto, no es procedente en esta instancia de excepción verificar si dichos ítems indemnizatorios se encuentran demostrados en autos y tampoco lo es revisar al quantum de la condena, pues constituyen materias propias de los jueces de grado, a menos que se compruebe que existió de parte de éstos, absurdo o arbitrariedad.- Ha expresado este Tribunal Superior de Justicia sobre la mate-ria: “Con relación al quantum de las indemnizaciones fijadas por lucro cesante y daño moral, es dable señalar -como ya lo hiciéramos al analizar la queja de la actora- que la fijación del monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum, resulta, en principio, ajeno a la casación.
Ha establecido este Alto Cuerpo, que la cuantificación del resarcimiento en acciones de daños y perjuicios como la del sub lite, sólo encuentran acogida por la vía casatoria, si se logra demostrar el manifiesto absurdo que permita el excepcional estudio de hechos y pruebas porque ‘...el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos...circunstancias ajenas -en principio- al recurso de casación...’ (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 375, Folio 2016/2020). En igual sentido, ha reite-rado este Alto Cuerpo que la determinación del monto del juicio es una cuestión de carácter fáctico y procesal que queda en el espacio de la razonable discreción del juz-gador y es inescrutable por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (confr.
Tomo VI, Sentencia, Reg. 217, Folio 1171/1175; ídem, Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2310, Folio 3403/3408)” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2836, Folio 4447/4450). Sólo en caso que se denuncie y demuestre arbitrariedad, lo cual no ha acontecido, tal como se explicará “infra”.- Ya hemos expresado -en reiteradas oportunidades- que para que se configure el extremo de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento (cfr. Senten-cia, Tomo XVI, Reg. 557, Folio 3151/3159, entre otros).-
No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitra-riedad de la sentencia...si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio...sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común y procesal...” (cfr. “G., G. c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro”, 05/09/2002, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/3157/2002).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...‘tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’...” (cfr. Hitters Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, págs. 479/480; SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54).- De su lado, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el sub lite, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitra-riedad de la sentencia que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso discre-pancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado. A ello debe sumársele que los argumentos utilizados por la Excma. Cámara de Apelaciones no presentan un desvío lógico que configure la circunstancia de excepción antes señalada. Por tal motivo el agravio en tratamiento debe ser recha-zado.-
X. Finalmente, corresponde abordar el agravio relativo a la tasa de interés aplicada por la Alzada en su sentencia.-
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha derogado el artículo 622 del Código de Vélez, el cual disponía que a falta de interés convencional o legal fueran los jueces quienes determinarían el interés a abonar. El artículo 768 del Código Civil y Comercial -que reemplaza al derogado artículo- establece que ante la ausencia de interés legal o convencional la tasa de interés se determinará, en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central (cfr. art. 768, inc. c) del código cit.). En el caso de autos, no existe una tasa acordada por las partes, así como tampoco una dispuesta por una ley especial. De esta manera la cuestión debe decidirse de acuerdo a lo previsto en el ya citado último inciso del artículo 768 del Código Civil y Comercial, es decir: “...por tasas que se fijen según reglamentaciones del Banco Central.”.- Se ha dicho que el sentido de la norma fue, lejos de querer someter la determinación de la tasa a una reglamentación administrativa, dotar al juez de elementos de los que pueda disponer con mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso (cfr.
Méndez Sierra Eduardo C., “Obligaciones Dinerarias. Colección Código Civil y Comercial”, Directores: Limodio Gabriel F. y Peyrano Guillermo, Ed. El Derecho 2016, pág. 232). Será el juez quien, si no hay pacto de las partes ni ley al respecto, deberá inexorablemente determinar la tasa aplicable; mientras que las tasas provistas por el Banco Central serán solo una referencia a tal efecto. Además, resultaría incoherente la ley si en materia de intereses moratorios sustrajera del arbitrio judicial la determinación del interés en ausencia de acuerdo de partes o de disposiciones legales, mientras que en el artículo anterior -para los intereses compensatorios- expresamente ha deferido su fijación al juez en análo-gas circunstancias (cfr. aut., ob., y pág. cit.).- La jurisprudencia también coincide con el criterio expuesto.
El Dr. Oscar J. Ameal al momento de emitir su voto en la causa: “J., A. A. y otro c/ BBVA Banco Francés s/ Daños y Perjuicios”, sostuvo en torno al mencionado artículo 768 que: “No coincido con quienes plantean que se trata de un intento para que sea la autoridad monetaria la que fije una tasa específica para dirimir la especie, sino que por el contrario, considero que esa tarea deberá ponerse en manos del órgano judicial competente, más allá de seguir los lineamientos que al respecto pudiera proveer el Banco Central.” (cfr. CNAC, Sala J, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/76/2018, sentencia del 22/02/2018). También así lo ha entendido la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza en el plenario “Lencinas”.
Allí el Juez Julio R. Gómez señaló que lo establecido en el inciso c) del artículo 768 no podía entenderse como una delegación de facultades judiciales en favor de una autoridad administrativa autárquica como lo es el Banco Central de la República Argentina; en tanto que su colega el Dr. José V. Valerio sostuvo que la fijación de la tasa de interés moratorio era una tarea propia de los jueces y no podía ser delegada en un órgano administrativo como sería el Banco Central (cfr. SCJM en pleno, “Lencinas, Mariano c/ Citibank NA s/ Despido”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/ 77894/2017. v. el voto del Dr. Julio R. Gómez, y el voto del Dr. José V. Valerio, al que adhirieron sus colegas Jorge H.
Nanclares y Pedro J. Llorente). A igual conclusión arribó el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, al sostener que: “…es tarea de los jueces la determinación de la tasa de interés, y la derivación que el inc. c) del art. 768 CCCN formula a las tasas del Banco Central es sólo a los fines de que los magistrados en ejercicio de tal facultad, seleccionen la tasa entre cualquiera de las fijadas en las reglamentaciones de la autoridad monetaria…” (cfr. TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, “Nasi, Alberto Hugo Saúl c/ Rosli, Never Alberto y otros -Ordinario- Daños y perjuicios -otra forma de responsabilidad con-tractual- Recurso de Casación”, Sentencia N° 112 del 01/11/2016, www.actualidad-juridica.com.ar).
Finalmente ésta fue la conclusión a la que se llegó en las XXV Jornadas de Derecho Civil. Allí el voto mayoritario de la Comisión N° 2 -que se encargó de estudiar las obligaciones de dar dinero- concluyó que: “20.1- La previsión del artículo 768 inciso c) no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizada por el juez en esta tarea (Mayoría: Urruti, Bonino, Gonzalez Zavala, Churruarin, Moia, Scotto Lavina, Rey, Márquez, Borda, Compiani, Azar, Bliss, Viale).” (cfr. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AP/DOC/1200/2015).- En definitiva, más allá del cambio normativo referido, la solución que se alcance resultará aplicable tanto al periodo anterior a la sanción del Código Civil y Comercial como al posterior, ya que en ambos casos, consideramos, se encuentra vigente la facultad del juzgador de determinar la tasa a aplicar.-
Despejado el tema relativo a la vigencia de las facultades judiciales de determinar la tasa de interés, corresponde ahora sí dar tratamiento al agravio relativo a la aplicación de aquélla.-
Recordemos que tanto la Magistrada de grado como el voto mayoritario de la Excma. Cámara de Apelaciones resolvieron aplicar la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina (cfr. fs. 756 vta. y 855 vta./856). La recurrente se agravia de esta parcela del pronunciamiento sosteniendo que debe aplicarse la tasa pasiva, en base a la doctrina legal de éste Tribunal Superior de Justicia y cita en apoyo de su postura, jurisprudencia de este Alto Cuerpo en la que se aplicó la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argen- tina. Consideramos que el recurso debe prosperar, pues la Excma. Cámara de Apelaciones al confirmar la decisión de primera instancia de aplicar a los intereses la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina, se apartó de la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia sin dar razones valederas para ello.- Debe recordarse en tal sentido que los fallos dictados por este Alto Cuerpo, constituyen doctrina legal en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a la cual los jueces deben conformar sus decisiones (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677; Tomo XV, Reg. 529 Folio 2969/2974). La finalidad de la doctrina legal no es sólo uniformar la jurisprudencia, sino también contribuir a la previsibilidad que las sentencias deben brindar a los litigantes y en definitiva procura afianzar la seguridad jurídica que la sociedad toda demanda (cfr. SCBA, “Ferreyra de Zeppa, Petrona y otro c/ Hospital Lucio Meléndez y otros s/ Daños y perjuicios”, causa C. 100.228, del 16/12/2009, entre otros).- Corresponde señalar que este Tribunal Superior de Justicia ha concluido, antes de ahora y en otras causas por daños y perjuicios, que se debía aplicar a los intereses moratorios la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645; XV, Reg. 531, Folio 2979/2985, entre otros). Es la aplicación de ésta doctrina del Alto Cuerpo la que la recurrente reclama para el caso.-
Si bien lo dicho en el párrafo precedente sería suficiente a efectos de declarar procedente el recurso de casación por violación de la doctrina legal y casar, el pronunciamiento atacado; éste Tribunal Superior de Justicia juzga necesario -teniendo en cuenta el contexto económico actual- analizar nuevamente dicha doctrina legal en el presente caso, con la finalidad de discernir si ella resguarda el principio de equidad y brinda una respuesta adecuada a los derechos de las partes en pugna o, caso contrario, plantear una modificación de la misma.-
No obstante, se adelanta, de conformidad con lo expuesto en los precedentes de éste Alto Cuerpo “Avilez” y “Santana” (cfr. Sentencia, Tomos XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767 y XX, Reg. 667, Folio 3859/3864), no observamos que existan razones válidas para apartarse de la aplicación de la que ha sido la tradicional doctrina de este Alto Cuerpo que aplica a los intereses moratorios la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. Todo ello en virtud de las razones que “infra” se desarrollan.-
En efecto, es necesario precisar que cuando se habla de in-tereses no se hace referencia a un rubro resarcitorio proveniente del daño. Una cosa es el daño que el ilícito provoca -cuya valoración y cuantificación deben efectuar los jueces de grado-, y otra es el menoscabo que el acreedor experimenta a raíz del retardo imputable al deudor en repararlo. Es que los intereses moratorios tienen una fuente distinta del resto de la reparación, ya que mientras que los rubros indemnizatorios se integran por causa del daño derivado del hecho, la obligación de pago de los intereses responde a otro hecho perjudicial: la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la reparación. Por lo tanto, los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado (cfr.
SCBA, “Ponce, Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios”, causa C. 101.774, del 21/10/2009. v. voto del Dr. Luis Esteban Genoud).- Si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones.
La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad (cfr. SCBA, “Ginossi Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/ Despido”, causa L. 94.446, del 21/10/2009 y “Organtini, Liliana y otro c/ Hilal, Diego y otros s/ Daños y perjuicios”, causa C. 105.756, del 29/06/2011, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani, entre otras). Esto último ocurriría, a nuestro entender, por la aplicación de la tasa activa determinada en las instancias de grado.- En tal sentido no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades financieras cobran por los prestamos que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA, “Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, Ac. 49.439, del 31/08/1993; y “Jotafí Computación Interactiva S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa”, causa B. 58.903, del 18/06/2014, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de “escorias” (cfr.. Molinario Alberto D, “Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas”, ED, Tomo 43, pág. 1155), como ser: el costo de captación o fondeo; el costo operativo y administrativo; el costo técnico (encaje); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
Kabas de Martorell María E., “Tratado de Derecho Bancario”, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo II, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que para rechazar su aplicación la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que esos componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso (cfr. SCBA, “Ginossi” cit.).- Por lo demás, la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina también es observada de modo uniforme por las Salas que componen la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Así pues, la Sala II de dicha Cámara sostuvo en la causa: “R., G.H. c/ G.C.B.A. y otros s/daños y perjuicios” que la aplicación de dicha tasa es un criterio: “...aceptado y de uso generalizado en el Fuero (conf. a título ejemplificativo, Sala I, en autos nº 5.562/2007 caratulados: ‘Diego, Vanesa Susana c/ E.N. - Mº Interior - P.F.A. y otros s/ daños y perjuicios’, del 12/10/2017; Sala III en autos N° 5.962/2009 caratulados: ‘Wilson, Guillermo Benjamín c/ E.N. - A.F.I.P. s/ daños y perjuicios’, del 17/12/2015; Sala IV en autos n° 17.460/2007 caratulados: ‘Desch, Patricia Liliana c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios’, del 11/7/2017; y Sala V, en autos nº 1.452/2007 caratulados: ‘Rossi, María Luján c/ E.N. - Mº Interior - P.F.A. y otros s/ daños y perjuicios’, del 6/9/2017; más recientemente, véase: Sala IV, en autos ‘V., E.
C. y otro c/ E.N. - Mº Interior - PFA - Superintendencia de Bomberos y otros s/ daños y perjuicios’, expte. 7001/2007, sent. del 19/06/2018; Sala I, en autos ‘B., V. y otro c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios’, causa nº 46.733/2007, sent. Del 31/07/2018, entre otras).” (cfr. Sala y autos citados, sentencia del 30/08/2018). En dicho pronunciamiento también se recordó que debía tenerse especialmente en cuenta que la aplicación de la tasa pasiva mencionada, coincidía con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes de Fallos 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847; 329:4826; 330:563; 331:2210; 334:376.- En efecto, observamos que el Alto Tribunal Federal, en la causa: “Bedino” (cfr.
Fallos: 340:141), se pronunció una vez más por la aplicación de la citada tasa pasiva. Para así decidir remitió a los fundamentos que en su momento había vertido en la causa “Gargano”, en donde a su vez había remitido al dictamen de la Procuradora Fiscal quien había sostenido que: “…el interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor, que retiene en forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor. Es decir, no tiene como función compensar la depreciación económica, la inflación ni la devaluación de la moneda...sino fundamentalmente sancionar la actitud del deudor, funcionando como indemnización a favor del acreedor a causa de tal comportamiento. Con tal comprensión, considero que la tasa pasiva resulta suficiente para cumplir tal recaudo respecto de los intereses de ese tipo aplicables a deudas de honorarios en mora.”; y recordó, a renglón seguido, que actualmente se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (cfr.
CSJN, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/35645/2011). En la citada causa “Bedino” la Dra. Elena Highton de Nolasco, sostuvo en su voto que no podía perderse de vista que la tasa pasiva era la que había adoptado la Corte Suprema: “...para las causas que tramitan en su instancia originaria (cf. CSJ 457/1998 (34-S) ICS1 ‘Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios’, del 19 de agosto de 2004), a la que se consideró adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por el acreedor de créditos previsionales de naturaleza alimentaria (Fallos: 327:3721; 328:2824, 3041, 4044, 329:6064, 6076; 330:4862 y 331:1329, 2538), habiéndose aplicado también para las deudas en concepto de retención de cuota sindical (Fallos: 329:5157).”.- Los precedentes jurisprudenciales tanto provinciales como de orden federal ut supra citados, resultan una referencia sólida que nos persuade a no abandonar la tradicional doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia.-
En definitiva, entendemos que resulta ajustado a derecho casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en este punto y fijar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, ya que es la que más se ajusta a las pautas señaladas precedentemente.-
En atención a que lo resuelto fue parcialmente favorable a lo solicitado por el recurrente y la oposición de la parte actora a dicha pretensión, las costas en la presente instancia serán impuestas solo en un 80% al recurrente y en un 20% a la parte actora, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 del CPC y C.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos parcialmente por la afirmativa.-
A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Adhiero al voto de mis distinguidos colegas preopinantes. Como jueza de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial me expedí en diversas oportunidades propiciando la aplicación de la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina, por lo que estimo apropiado formular una serie de precisiones al respecto.-
La viabilidad de fijar una tasa judicial por parte de este Alto Cuerpo responde a razones de alta política judicial, ya que se halla en juego una de las piezas claves de las relaciones patrimoniales.-
La materia objeto de decisión desborda lo estrictamente jurí-dico, lo que hace necesario adoptar enfoques multidisciplinarios y abrevar en otras ciencias, como la economía. Desde este cuadrante, Augusto M. Morello sostiene que: “La existencia de vasos comunicantes que estrechan fluidos puentes entre el derecho (desde el vértice de la regulación legal de los aspectos patrimoniales de la interacción humana) y la economía (que queda gobernada por leyes no escritas), aflora -como en tantos otros- en el tema de la tasa de interés, como irrefutable demostración de la inescindible interrelación que existe entre ambas ramas del saber. El acaecimiento de súbitas oscilaciones que emergen de crónicas crisis y estados de emergencia producen ese conocido corrimiento entre la realidad económica y su espejo jurídico, que en tales ocasiones refleja al Derecho persiguiendo a aquella ciencia en desesperado intento por gobernarla y contenerla...” (cfr. aut. cit.: “Los jueces y la tasa de interés”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1446/2004).- Bajo este orden de ideas entiendo que el carácter fluctuante que puede llegar a exhibir la temática exige un ejercicio prudente de parte de los juzgadores, quienes debemos reparar con especial cuidado en la renovada fisonomía que ha adquirido la determinación judicial del interés en los juicios, la cual no puede concretarse con un criterio atemporal o absoluto sino que, por el contrario, es esencialmente provisional, ya que responde a las fluctuantes condiciones de la economía de un país, en donde las mismas no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo, por el influjo de distintos factores, varían considerablemente lo que puede -en cualquier momento- obligar a revisar los criterios establecidos para adaptarlos a nuevas realidades económicas.- Desde esta perspectiva, entiendo que la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina cumple actualmente con el objetivo de tutelar el crédito adeudado, compensando adecuadamente la indis-ponibilidad del capital durante el transcurso de la mora sin que, por otro lado, se produzca un detrimento excesivamente oneroso en el patrimonio del deudor.-
A la Segunda Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau, Fernández y Ludueña Campos dicen:
Atento la forma en que nos hemos pronunciado respecto de la Primera Cuestión, proponemos se dicte sentencia haciendo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.- a fs. 860/890, únicamente en lo referido a la tasa de interés aplicable, rechazando los demás agravios y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 841/856, modificándola sola-mente en la tasa de interés, pues fue éste el único agravio que prosperó, estableciendo que al monto que resulte de la condena dictada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, manteniéndola en lo demás que decide. En atención a que lo resuelto fue parcialmente favorable a lo solicitado por el recurrente y la oposición de la parte actora a dicha pretensión, las costas en la presente instancia serán impuestas solo en un 80% al recurrente y en un 20% a la parte actora, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 del CPC y C; difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias; y teniendo presente la ratificación a la reserva del caso federal efectuada a foja 889 vta./890.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, tres de noviembre de 2020.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante de los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada -San Antonio Internacional S.R.L.- a fs. 860/890, únicamente en lo referido a la tasa de interés aplicable, rechazando los demás agravios y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial a fs. 841/856, modificándola solamente en la tasa de interés, pues fue éste el único agravio que prosperó, estableciendo que al monto que resulte de la condena dictada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, man-teniéndola en lo demás que decide.-
2. Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente en un 80% y a la parte actora en un 20%.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados interviniente en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1011S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 669 Folio N°: 3870/3879 Secretaría: 1
Fin de la sentencia