Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2207/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada (en PE60810-2021).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2207/17-TSJ Interlocutorio N°: 454 Actor: BILBAO MARTIN HIPÓLITO Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 28-09-2021 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 454 FOLIO Nº 1713/1716 PROT. ELECT. TSS1 011 O.211
Río Gallegos, 28 de septiembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “BILBAO MARTIN HIPÓLITO C/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº B-10.864/09 (B-2207/17-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo en virtud del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la parte demandada por intermedio de su letrado apoderado el Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui mediante PE60810-2021, contra la sentencia dictada por este Tribunal Superior de Justicia a fs. 938/947 por cuanto hace lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por San Antonio Internacional S.R.L. únicamente en lo referido a la tasa de interés aplicable, rechazando los demás agravios (cfr. foja 946 vta.).- La parte demandada funda el recurso interpuesto manifestando que “…lo resuelto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, configura supuesto que habilita la tacha de arbitrariedad por estar frente a omisiones y desaciertos de extrema gravedad, por lo que es procedente la descalificación de tal pronunciamiento como acto judicial (Fallos: 214:92; 222:149, 243; 250:488; 256:283 y muchos otros)” (cfr.
PE60810-2021, apartado VIII punto 102 del recurso).- En síntesis, a lo largo de su libelo, la recurrente tacha de arbitraria la sentencia porque, a su entender, se produjo en el caso, el supuesto de absurda valoración de la prueba en el análisis efectuado en las instancias de grado; particularmente de las pruebas confesional y pericial médica y ello habilitaba la apertura de la instancia casatoria. Sin embargo, dice, que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia rechaza sus planteos aduciendo que se trata de cuestiones de hecho y prueba ajenas a la casación y que no ha existido absurdo en el análisis de la prueba efectuado en las anteriores instancias. Alega, asimismo, que tal decisión configura un exceso de rigorismo formal que conlleva a una decisión injusta.- Finalmente refiere a los derechos constitucionales afectados por el fallo que lo agravia.
Señala: “…Se lesiona los derechos de trabajar y de ejercer industria lícita (art. 14 de la Constitución Nacional) que mi representada ejerce en el territorio provincial, y asimismo la garantía de propiedad consagrada por el art. 17 de la Ley Fundamental, al obligarse a mi parte a afrontar condena emergente de sentencia descalificable como acto jurisdiccional válido tal cual se demostró al interponer el recurso de casación indebidamente rechazado por pretendida inadmisibilidad. Se afecta esa garantía de propiedad y asimismo las de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 de la Constitución Nacional), por cuanto la condena a mi mandante se impone mediante sentencia arbitraria, carente de la adecuada fundamentación; y prescindiéndose de cuestiones oportunamente introducidas y conducentes para la decisión del pleito.” (cfr.
PE60810-2021, puntos 163 y 164 del recurso).- Mediante constancia PE87938-2021 se certifica que se corrió traslado a la parte actora del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, encontrándose vencido el plazo legal sin que la misma se manifieste al respecto.-
Se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien dictaminó, respecto del recurso impetrado, que “…la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas, no logran demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos. En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE104262-2021).- Finalmente se pasan los presentes autos al Acuerdo en PE95932-2021.-
II. Analizando la presentación de la parte demandada y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 31/2011, 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2º de las acordadas 31/2011 y 38/2011.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos 303:633).- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. “Gil Domínguez, Andres, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Edial, pág. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artí-culo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R. “El recurso extraordinario ante la Corte Suprema” de, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág 104).- La parte demandada funda el presente recurso extraordinario en el artículo Nº 14º de la Ley 48 sin especificar en cual de sus incisos y sin indicar, aunque sea mínimamente, cuales serían las normas incumplidas y de que forma fueron vulneradas. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación (art. 14º, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48), al contrario, el fallo recurrido, sólo aplica normas de derecho común y procesal.- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. autor y ob. cit. página 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con materia federal ya que, los temas en discusión no configuran una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Fallos 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, el recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis y transcripción de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos de la sentencia, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada (en PE60810-2021).-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-; Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1011O.211 Tomo: IX Interlocutorio: 454 Folio N°: 1713/1716 Secretaría: 1
Fin de la sentencia