Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el acto apelado por cuanto determina impuesto, aplica multa e intereses resarcitorios. Con costas.
I. Que mediante RE-2022-96595429-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 206/2022 de fecha 22 de agosto de 2022, dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P-D.G.I. en virtud de la cual se dispuso determinar de oficio las obligaciones fiscales relativas al Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas – por los períodos fiscales del 12/2015; 02/2016 al 05/2016, 07/2016 al 11/2016; 02/2017 al 08/2017, con más intereses resarcitorios, y aplica una multa equivalente a tres veces el Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas – por los períodos fiscales del 12/2015; 02/2016 al 05/2016, 07/2016 al 11/2016; 02/2017 al 08/2017 presuntamente evadido, de conformidad con lo previsto por los artículos N° 46 y 47 inc. b) de la ley N° 11.683. Opone en primer lugar, la prescripción de las potestades del fisco para determinar impuesto, liquidar intereses y aplicar multas por los períodos 12/2015 a 11/2016, conforme surge de manifiesto de las normas aplicables. Cita los arts. 56 inc. a) y 57 de la ley 11.683. A su vez sostiene que la ley 27.260 no estableció causales generales de suspensión de la prescripción ni tampoco la ley 27.541. Por otro lado, indica que si bien la ley 27.562 establece la suspensión por un año del curso de la prescripción, no es oponible a la actora porque no se adhirió a su régimen. A su vez la invocación del artículo 7 de la RG 3509, es improcedente toda vez que surge de los debates parlamentarios de la ley 26.860 que la suspensión afectaba sólo a aquellos que ingresaron al régimen. Alega la violación del principio de interpretación restrictiva que debe regir en torno a cambios al instituto general de la prescripción instaurado en la ley 11.683.
En segundo lugar, sostiene la nulidad del acto apelado por falta de causa y motivación, atento que lo resuelto no tiene respaldo en la prueba que fuera colectada en la etapa inspectora, afirmando que no existe prueba de la erogación que sustente el ajuste.
En apoyo a la nulidad planteada adiciona que la resolución apelada no trató el descargo en su totalidad presentado en sede administrativa.
En relación al ajuste, sostiene que la erogación –salida de dinero- no ha sido probada, siendo este un presupuesto de hecho previsto por el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. Señala que a lo largo del acto apelado y en numerosas referencias, surge que no existe prueba del pago o desembolso de dinero, ni tampoco se pudieron individualizar las operaciones sujetas a fiscalización. Sostiene que el juez administrativo presume la forma de cancelación de las operaciones cuestionadas y presume su fecha de cancelación. En consecuencia, no se pudieron constatar las erogaciones y menos aún, que los pagos fueran en efectivo conforme afirma la actora, siendo la prueba colectada en la O.I. 1698438 inidónea para sustentar el ajuste.
Por otro lado, sostiene que la adquisición de bienes y servicios impugnados son necesarios para la actividad de la cooperativa. Indica que la adquisición de ropa de trabajo, y los servicios de logística, fletes y acarreos, se relacionan de modo directo con la actividad, siendo arbitrario descalificarlos.
Se agravia en torno a que la calificación de los proveedores como apócrifos se proyecte retroactivamente respecto de las operaciones consolidadas con anterioridad a la misma.
Sobre este mismo punto sostiene la irrazonabilidad de los indicios utilizados para calificar a los proveedores como apócrifos, lo que conduce a la ilegalidad de la presunción de apocrificidad.
Manifiesta que es responsabilidad de la AFIP – DGI la autorización de los proveedores impugnados, es por ello que cabe concluir, por aplicación de la teoría de los “actos propios”, que es aplicable al caso lo afirmado por la Procuradora Fiscal en autos “Bildown S.A. c/ Fisco Nacional s/ ordinario” donde surge que no se puede transferir la responsabilidad de la autoridad de aplicación en inscribir a los contribuyentes y después desentenderse poniendo en cabeza del contribuyente obligaciones que no tiene y cuidados que no puede tomar.
En cuanto a la aplicación de intereses resarcitorios, sostiene que la mora no le es imputable.
Alega la nulidad de la sanción aplicada, esgrime que hubo una ausencia de encuadre legal y determinación de la graduación en la parte resolutiva. En subsidio plantea su improcedencia, por ser efectuado sobre base presunta y deja planteada la inconstitucionalidad del art. 47 de la ley 11.683. Arguye que no se han acreditado los supuestos de hecho para configurar el tipo objetivo de la defraudación atento que como no quedó acreditada la existencia de la erogación tampoco existe la omisión de presentar declaración jurada, por lo tanto no ha incurrido en ocultación maliciosa.
Invoca la indemnidad del contribuyente, en virtud del precedente “Palero” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a su vez afirma que el ajuste es sobre base presunta y que hay falta de prueba del dolo requerido para aplicar la figura de defraudación.
Finalmente, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado con costas.
II. El Fisco Nacional a través de IF-2022-118214668-APN-DTD#JGM contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, solicita el rechazo del planteo de prescripción para determinar las obligaciones fiscales en el impuesto a las ganancias – salidas no documentadas - opuesta por la actora, períodos 2/2015 al 11/2016. Indica que en los años 2015 y 2016 el impuesto se liquidaba en forma anual y que a partir del período del 2019 su liquidación se transformó en mensual. Invoca a su vez la suspensión de un año establecida por el art. 17 de la ley 27.562, y considerando el vencimiento anual, el período fiscal 2015 vencería para determinar y exigir el pago el 31/12/2022 (sic). Expone que tal postulado es de carácter general y cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Con respecto al planteo de nulidad efectuado por la apelante, manifiesta que no solo se ha merituado correctamente las circunstancias que confluyeron en la imposición del ajuste sub examine, sino que cuenta con el correspondiente fundamento y motivación. El acto no presenta vicio alguno y de él surge en forma indubitable, que contiene todos los elementos esenciales establecidos por la legislación vigente. De los términos de la misma resolución surgen las circunstancias de hecho y las normas en las cuales se basó para practicar el ajuste cuestionado, con lo que si bien no concuerda la actora con el mismo, no otorga sustento a la defensa planteada. En cuanto al fondo del ajuste, informa que las actuaciones tienen origen en la Resolución N° 17/2019 en virtud de la cual se dispuso dejar sin efecto los certificados de exención en el Impuesto a las Ganancias otorgados a la actora con vigencia por los períodos fiscales del 2015 al 2017 inclusive, atento haberse detectado que realizó operaciones con proveedores apócrifos incluidos en la base E-apoc. Consecuencia de ello se inicia la fiscalización a la recurrente por la O.I. 1.856.268.
En respuesta al agravio planteado sobre la falta de prueba de la erogación –salida de dinero- para aplicar el art. 37 de la ley de impuesto a las ganancias, sostiene que corresponde a la apelante la carga de probar la eventual invalidez del acto efectuado por el juez administrativo, el cual remarca, se encuentra fundado en derecho y goza de presunción de legitimidad. A su vez en relación a la ausencia de pruebas colectadas, señala que la actora debía aportar al procedimiento los elementos que pusieran de relevancia la impropiedad de la pretensión fiscal. Por otro lado, sobre la adquisición de servicios y bienes necesarios para el desarrollo de la cooperativa, el organismo fiscal manifiesta que si bien la actora alega que las erogaciones habrían constituido un gasto necesario para obtener ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce, las pruebas producidas en sede administrativas fueron estériles para acreditar las adquisiciones o servicios que la actora dice haber recibido como contraprestación por las erogaciones indocumentadas.
Con relación al agravio de la aplicación retroactiva de la calificación de apocrificidad y su afectación a garantías constitucionales, el fisco alega que con la cantidad de irregularidades detectadas por la inspección actuante, la actora no puede asegurar que ha actuado de buena fe, correspondiendo a la misma, probar la real existencia de las operaciones cuestionadas. Que no puede desconocer la apelante que ha contratado con empresas que no poseen empleados en relación de dependencia ni la capital económico ni financiero - entre otras irregularidades detectadas - para realizar las operaciones cuestionadas.
Seguidamente, informa que se detectó que de las operaciones efectuadas con los proveedores fiscalizados carecen de sustento fáctico y se procedió a impugnar el costo de las mismas y sus gastos.
En relación a este punto, menciona que la prueba fue desestimada en la etapa administrativa, por cuanto, aún cuando se comprobara que sus registraciones contables se llevaron en legal forma, el valor probatorio de las mismas depende de la fe que merezca la correspondiente documentación respaldatoria, siendo que las facturas no se impugnaron por incumplimiento de los requisitos formales, sino por las irregularidades detectadas en los proveedores cuestionados e incluidos en la Base E-Apoc.
Sobre los agravios que el fisco nacional enumera como N° 6 y 10, en torno a la utilización de indicios para arribar al ajuste efectuado y el agravio relativo al ajuste sobre base presunta los trata de manera conjunta por la conexidad entre ellos.
En respuesta a ello, contesta que las determinaciones de oficio gozan de presunción de legitimidad, cuando ellas son dictadas ante la ausencia o falencia de los registros contables o de la documentación respaldatoria de las operaciones. A su vez, remarca que el contribuyente avaló el procedimiento que ahora ataca, cuando presentó las declaraciones juradas rectificativas del IVA por los períodos fiscales 2015 a 2017 inclusive. Argumenta que el juez administrativo tuvo en cuenta los medios probatorios ofrecidos, pero de los mismos no surge ningún indicio que permita destruir con una razonable convicción de veracidad los argumentos de juicio en que se basaron los ajustes practicados. Cita el art. 386 del C.P.C.C. (por remisión del art. 62 del Dto. 1759/72 reglamentario de la ley 19.549).
Con relación a la invocación de la teoría de los actos propios en tanto el fisco fue quien habilitó a los proveedores, pone de resalto que cuando la AFIP otorga la CUIT a los proveedores, no implica que el comportamiento de ese contribuyente será el correcto a los largo de toda a su actividad comercial. Sostiene que las facturas de autos se convirtieron en apócrifas, por el propio accionar de la actora al intentar respaldar con ellas operaciones que no existieron.
Con respecto a la aplicación de intereses resarcitorios señala que corresponde rechazar el agravio, en tanto la recurrente no ha acreditado la imposibilidad de abonarlos ni las razones por las cuales debe exceptuarse su cumplimiento.
Afirma que respecto de la aplicación de multa en los alcances de los artículos 46 y 47 inc. b) de la Ley 11.683 de los elementos colectados no surge circunstancia alguna ni prueba aportada por la recurrente que permita colegir que no corresponda aplicar sanción por la conducta desplegada dentro del tipo infraccional previsto en el mencionado artículo 46 sancionatorio de la evasión de impuestos.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que mediante PV-2023-38665114-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y a través del IF-2023-47209990-APN-VOCV#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar, en consecuencia, si la acción del fisco para determinar el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas y aplicar sanciones, por los periodos fiscales 12/2015 a 11/2016, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Siendo así, se podría sostener prima facie, que el plazo de prescripción habría vencido el 01/01/2022. Toda vez que la resolución apelada es de fecha 22/08/2022, notificada el 23-8-2022 y la vista conferida durante el proceso de fiscalización se notificó el 06-10-2021, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción Que la Ley Nº 27.562 (B.O. 26/8/2020) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 18 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La postura asumida por la recurrente en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida. En virtud de que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745: 320:2145).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796. consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquel, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado especifico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 que instauró un régimen de normalización impositiva cuyo artículo 49 establecía que se suspendía "con carácter general por el termino de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales” - resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos: 314:1656).
Vale destarar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re "AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 - adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15- en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Que se entiende que el art. 17 de la ley 27562 dispone expresamente que el curso de la prescripción se suspenderá por el término de un año con carácter general, desprendiéndose —con total claridad—, la intención del legislador, la cual ha sido extender los efectos de la suspensión a todos los contribuyentes sin excepción, esto es, hayan o no acogido sus deudas a los beneficios conferidos por dicha ley. Por lo considerado, a los fines de resolver la cuestión planteada, incumbe considerar el cómputo de la prescripción según el criterio establecido precedentemente.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y aplicar sanciones por los períodos fiscales citados precedentemente, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de la resolución que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado del acto determinativo recurrido.
Por ello, se resuelve no hacer lugar al planteo de prescripción incoado por la actora.
Que toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
V. Que en segundo lugar procede pronunciarse en torno a los planteos de nulidad articulados por la actora, argumentando que el acto administrativo carece de causa y motivación y que no fueron tratados en totalidad sus agravios expuestos en la contestación de la vista.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C. NAC. CONT. ADM. FED. SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI.- .- Que para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuestos en los antecedentes administrativos.
El contribuyente de referencia tiene como actividades declaradas las de “Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario” y “Servicio de apoyo para la pesca” y cierra su ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Que en primer lugar, se advierte que conforme surge del informe final de inspección, el personal fiscalizador en el marco de las tareas llevadas a cabo bajo la O.I. 1856268, se dispuso dejar sin efecto mediante Res. 17/19 los certificados de exención en el impuesto a las Ganancias, con vigencia para los períodos fiscales 2015 a 2017, atento haberse detectado operaciones celebradas con proveedores incluidos en la base de contribuyentes apócrifos.
Que algunas de las irregularidades detectadas a los proveedores calificados como apócrifos detalladas a fs. 120/128 del Cuerpo de verificación del Impuesto a las Ganancias fueron las siguientes:
Respecto de Jorgelina Ana Scarfo, se constató que la actora habría computado gastos con esta proveedora por un importe que alcanza la suma de $462.918 por servicios de “acarreo de pescados y mariscos” desde la banquina del Puerto de Mar del Plata hacia cámaras frigoríficas. No posee empleados en relación de dependencia, no sufrió retenciones ni percepciones en el Impuesto a las Ganancias, ni retenciones en el IVA. Registra alta en 3 actividades que no tienen relación entre sí. El domicilio fiscal es en Lomas del Mirador, San Justo, Provincia de Buenos Aires.
Respecto de Freight Servicies S.A. la actora computó gastos por un monto de $302.570,47. Sus actividades registradas no tienen relación con el servicio pesquero. No presentó declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2016. Su domicilio fiscal se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no registra empleados en relación de dependencia, no posee acreditaciones bancarias ni bienes registrales, el Sr. Bontempo que es empelado y administrador de la clave de Freight Services S.A. y es accionista de NODUZ SRL. En relación a Noduz SRL se facturaron servicios de logística por la suma de $56.591, no presentó declaración jurada del impuesto a las ganancias ni IVA por el período fiscal 2016. Registra actividades que no tienen relación entre sí, no posee personal en relación en dependencia para el período fiscal facturado, ni acreditaciones bancarias ni bienes registrables. Posee domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sr. Bontempo que es accionista, también es empleado y administrador de la clave de Freight Services S.A.
Sucesión de Norberto Ibarra: la actora computó gastos de este proveedor por un monto de $ 69.255, en el mes del 03/2016, por servicios “prestación de personal para carga desde la banquina del Puerto de Mar del Plata, descarga en cámaras frigoríficas y carga de camiones para su transporte”. No posee personal en relación de dependencia para prestar los servicios facturados en el 2016. No posee acreditaciones, no posee bienes registrables. La proveedora posee domicilio en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires.
Respecto a María Emilia Vazquez, la recurrente computó gastos por la suma de $ 51.536. La actora ajustó el crédito fiscal de la citada facturación en el marco de la OI 1.698.438, pero no aportó los comprobantes respaldatorios de las operaciones. No presentó DDJJ del Impuesto a las Ganancias del PF 2016 y la última DDJJ de IVA fue por el período del 01/2016. Registra alta en actividades que no tienen relación entre sí. No posee personal en relación de dependencia para prestar los servicios facturados en el 2016. No se encuentra inscripta como empleadora, sino como empleada en relación de dependencia. Posee acreditaciones bancarias en el año 2016 por pago de remuneraciones. No posee bienes registrables. Conforme foja 124 del Informe de Inspección obrante en el Cuerpo Impuesto a las Ganancias, la proveedora posee domicilio fiscal en la calle Primera Junta Nº 1171 de Florencio Varela, siendo desconocida por los habitantes de dicha vivienda.
Que con relación a TRANSPORT AB S.A., se facturaron servicios por una suma que asciende a $ 1.614.738,97, por conceptos de “acarreo de pescado, servicios de logística, servicio de carga y descarga”. No presentó declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del PF 2016, la última declaración jurada de IVA fue por el período del 01/2016; Registra alta en actividades que no tienen relación con el sector pesquero. No posee personal en relación de dependencia para prestar los servicios facturados en el 2017. No posee acreditaciones bancarias. No posee bienes registrables. Su domicilio fiscal se encuentra en José León Suarez 447 de CABA al igual que FREIGHT SERVICES SA.
En el caso de Milser SRL, facturó servicios por la suma de $ 228.022,89, por conceptos de “provisión de ropa de trabajo”. Tiene alta en actividades que no tienen relación entre sí. No posee personal en relación de dependencia para prestar los servicios facturados en el 2017. No posee acreditaciones bancarias ni posee bienes registrables. Tiene domicilio fiscal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las facturas del proveedor se imputaron a cuentas distintas, una a la cuenta “indumentaria de socios” y la otra a la cuenta “servicios contratados de terceros”. Conforme luce en el informe final de inspección y el dictamen del servicio jurídico, se solicitó la documental necesaria para acreditar las operaciones, la forma de pago, detalle de los servicios prestados y pruebas para demostrar la necesidad del gasto y se intimó a que presente declaraciones juradas rectificativas detrayendo el gasto computado con los proveedores Jorgelina Ana Scarfo, Freight Services S.A., Sucesión de Norberto Ibarra, María Emilia Vazquez, Nodus S.R.L., Trasnpor AB S.A. y Milser SRL (vide fs. 120/128 del informe complementario del cuerpo de ganancias).
A fs. 1/12 del dictamen del servicio jurídico, cuerpo ganancias SND, surge que se le requirió aporte libros de IVA Compras e IVA Ventas, por los períodos 01/2015 a 12/2017, libro diario e inventario, balance, estados contables, listado de cuenta corriente con los proveedores cuestionados, comprobantes respaldatorios y forma de cancelación de los mismos con detalle de los servicios prestados.
La fiscalización actuante, conforme surge de su informe final, constató que las facturas emitidas por los proveedores APOC se hallan registradas en los subdiarios de IVA compras, estados contables y exteriorizadas en declaraciones juradas del impuesto a las ganancias períodos fiscales 2016 a 2017. Estas facturas fueron registradas en la cuenta “Proveedores”.
El informe del servicio jurídico señala que las facturas impugnadas fueron canceladas mes a mes contra la cuenta “efectivo y cheques” con la única excepción de un importe adeudado de $156.626,03, verificándose su cancelación al 30/05/2021 (vide fs. 2 a 3 del cuerpo de Ganancias Salidas No Documentadas). Por otro lado, continúa aseverando que se constató en el libro diario y mayores aportados por la contribuyente que los pagos fueron realizados en efectivo.
En consecuencia, el área jurídica concluye que los pagos con motivo de la cancelación de las facturas impugnadas importan salidas respecto de las cuales se desconoce la real identidad de los perceptores, debiendo especificarse como no documentadas.
VII. Que en función de lo hasta aquí expuesto, corresponde entonces entrar a analizar los agravios de fondo planteados por la actora.
Que la actora se agravia en torno a la irrazonabilidad de los indicios utilizados para calificar a los proveedores como apócrifos así como de la proyección retroactiva de la calificación, luego de perfecccionados los hechos imponibles. En adición alega e invoca la doctrina de los propios actos por haber sido el organismo quien dio el alta registral de los mismos, cita el referente en el tema “Bildown S.A. c/ Fisco Nacional s/ ordinario”. Sobre este punto cabe destacar que conforme lo expuesto en el considerando precedente, durante la fiscalización, se pusieron en evidencia concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de las erogaciones involucradas, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que el hecho de que no haya contestado requerimientos o no posea inmuebles o rodados a su nombre no conduce necesariamente a la invalidez de las operaciones ni que carezcan de capacidad para operar en el sector.
Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de sus registraciones en libros o que dicho proveedor se encuentre inscripto, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resulta inhábil por sí solo -ante la gravedad de los indicios expuestos- para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Con respecto a la cita que la actora efectúa del fallo “Bildown” y la invocación de la doctrina de los actos propios, corresponde señalar que resulta inconducente por cuanto, según surge de lo anteriormente expuesto, y a diferencia de la situación examinada por la CSJN en aquel precedente -en el que no se debatió sobre la existencia y materialidad de las operaciones-, en el sub-examine tal cuestión ha sido controvertida y la actora no ha logrado demostrar la veracidad de las operaciones que alegó haber sido vinculadas a su actividad y haberlas realizado con los proveedores consignados en las facturas impugnadas. (en el mismo sentido se ha expedido la CSJN en el Considerando 6° del fallo “Adm Argentina S.A.” c/EN – AFIP- DGI de fecha 10/03/2015)
VIII. Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
La actora esgrime como defensa que no pudo constatarse que existieron erogaciones, ni tampoco que las mismas fueron efectuadas en efectivo. No obstante y de manera contradictoria, la recurrente –luego de alegar que las erogaciones no fueron probadas - sostiene que las facturas impugnadas fueron gastos vinculados a su actividad, tratándose de adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la cooperativa. Que conforme lo expuesto, se deriva prístinamente que las erogaciones ajustadas, surgen de los libros y mayores aportados por la apelante, la cual contabilizó las mismas en la cuenta “Proveedores”. A su vez, el modo de cancelación se arriba en tanto la firma registraba los pagos de manera global y mensual en la cuenta “efectivo y cheques”.
En tal sentido, en ningún momento la contribuyente ha intentado demostrar que, en realidad, el gasto fue directamente simulado y como consecuencia de ello la inexistencia de este tercero oculto que la ley presume para originar la obligación de ingreso a la tasa máxima. Por el contrario, de distintos pasajes de los antecedentes administrativos y del propio líbelo recursivo surgen afirmaciones que permiten asumir el reconocimiento de la existencia de dichas erogaciones que, al estar falsamente documentadas, generan la obligación tributaria que hoy se discute.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
En esta misma línea la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citada, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.” (el resaltado no corresponde al texto original).
Al respecto, corresponde señalar que la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación, adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto, posición que se ve corroborada por la misma Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretendía aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas." “En efecto, como lo reconoce el propio pronunciainiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del. contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que, en función de las inconsistencias detectadas, y toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, corresponde confirmar la resolución en cuanto determina el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas-, con costas.
IX. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios calculados en la determinación de oficio que se confirma en este acto, procede su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que resta resolver respecto de la multa aplicada en el caso de marras. Cabe señalar previamente que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.” del 26/8/2003, es un tributo que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben serían pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, con relación a la multa por defraudación aplicada en la resolución aquí en trato, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos. Que por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado por cuanto determina impuesto, aplica multa e intereses resarcitorios. Con costas. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.05.08 16:18:56 ART Date: 2023.05.08 16:59:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.08 18:38:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.08 18:39:24 -03:00
Fin de la sentencia