Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 64.
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia apelada de fs. 189/201 vta., adjudicando la responsabilidad total a la demandada “Materiales Rurales El Quebracho S.A.”, y a la citada en garantía “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”.
2Aumentar el monto del daño material por incapacidad sobreviviente a $314.000, por daño moral a $160.000, y admitir el daño material derivado de la asistencia psicológica en $30.000.
3Las sumas de condena devengarán intereses moratorios a una tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso (16/1/2014) hasta la sentencia, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, la tasa de interés será la pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta.
4Imponer las costas en ambas instancias a las demandadas perdidosas, atento el resultado del litigio y el progreso de los agravios (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
5Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
6Disponer que luego de ensobrar nuevamente los CD (cuyos sobres fueron abiertos para su estudio) y agregarlos a sus respectivas fojas, en ambos expedientes, deberá devolverse la causa penal sin más trámite al órgano de origen para su continuación.
Causa nº: 2-64061-2018 "BILOTTO ANALIA C/ MATERIALES RURALES EL QUEBRACHO SA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 126 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de Septiembre de Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “BILOTTO, ANALÍA C/ MATERIALES RURALES EL QUEBRACHO S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (CAUSA N° 64.061), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Corresponde confirmar la sentencia apelada de fs. 189/201 vta.?. 2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. La Señora Analía Bilotto dedujo demanda resarcitoria de daños y perjuicios patrimoniales y morales contra “Materiales Rurales El Quebracho S.A.”, citándose en garantía a “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”, a raíz de las lesiones físicas e incapacidad que sufrió como consecuencia del desprendimiento y posterior caída sobre ella, de un andamio del edificio propiedad de la demandada, ubicado en la ciudad de Olavarría en la calle Rivadavia entre Dorrego y Belgrano. La sentencia de grado hizo lugar en lo sustancial a la demanda, y atento lo pedido en el escrito inicial de fs. 22/27 y ulterior subsanación a fs. 84 del defecto legal del que adolecía, admitió la responsabilidad de la accionada en el 90% y atribuyó el 10% restante a la actora.
Sobre la base de la teoría del riesgo creado tuvo por acreditado que el día 16 de Enero de 2014, aproximadamente a las 18:00 horas, del edificio en construcción ubicado en las calles mencionadas precedentemente cayó, desde el cuarto piso, un andamio metálico que atrapó a la actora que quedó debajo. Más adelante pondera las declaraciones testimoniales de Luis Fernández en la audiencia videograbada, lo que resulta del video del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Olavarría y de otras pruebas, que no existían obstáculos en la vereda que impidieran a los peatones circular y que la actora estacionó su vehículo sobre la mano derecha de la calle Rivadavia, a la altura del edificio “Nativa”, desciendió del mismo y caminó unos metros pegada a los automotores hasta que, sorpresivamente, se desmoronó un andamio de importante dimensiones de madera y de caños metálicos que cayeron sobre ella.
Para asignarle el 10% de culpa de la víctima sostiene que la actora caminaba por la calle, pegada a los automotores con la intención –afirma- de cruzar la calle a mitad de cuadra en vez de hacerlo por la senda peatonal. Luego analiza los daños resarcibles: rechaza por falta de prueba el daño emergente consistente en la frustración de un viaje de descanso que la actora –alegó- tenía programado efectuar con su esposo. En lo atinente a la incapacidad sobreviniente, que admite, la cuantificó en $100.000 teniendo en cuenta la pericia médica de fs. 134/148 del Dr. Juan C. Edinger que estima la incapacidad del 7%, según Baremo de la Asociación Argentina de Seguros 2012, y del 11% según el Baremo General para el Fuero Civil de los doctores Altube y Rinaldi.
Dicha pericia informa que la actora presenta “incapacidad en base al cuadro sindromático más limitación funcional columnaria hallada en el examen físico”. La sentencia después de efectuar otras consideraciones acerca de la pericia, analiza la manifestación del médico quien dice que no puede afirmar o rechazar la etiología de la incapacidad ni su relación causal con el accidente. Frente a ello la Sra. Jueza de Primera Instancia tiene por acreditado que el origen de la lesión de la Sra. Bilotto (dorsolumbalgia postraumática crónica) se debe a la caída del andamio ya que los informes del Hospital Municipal que prestó las primeras curaciones dan cuenta que ingresó con una hematoma lumbar producto del accidente.
Para cuantificar el daño y por aplicación de fórmulas polinómicas tuvo en cuenta, además de la referida incapacidad (7% u 11% según el Baremo que se utilice), la edad de la víctima -52 años- y computó como ingreso la suma equivalente a un sueldo histórico vigente en el año 2014 para un empleado de comercio, considerando una base orientadora ante la ausencia de prueba por parte de la Sra. Bilotto si su desempeño era en relación de dependencia o propietaria del negocio que atendía. Sobre esta base, y como se anticipó, fijó en $100.000 el daño por incapacidad. En lo que respecta al daño material por tratamiento psicoterapéutico y psicológico el fallo de Primera Instancia lo desestima porque no se acudió para su determinación a la prueba pericial y sólo se agregó un informe privado glosado a fs. 178/181.
También desestima el lucro cesante por falta de prueba e igualmente los gastos de movilidad, médicos y farmacéuticos, atendiendo a que la actora tenía cobertura de una empresa de medicina prepaga y no adujo qué prestaciones no fueran cubiertas. Finalmente admitió el daño moral que lo cuantificó en $100.000 atendiendo a la incapacidad parcial y permanente, a las angustias y padecimientos a las que se vio sometida y que en el caso se trata de un daño presumido a raíz de la misma acción antijurídica. Finalmente fijó la tasa pasiva más alta para las operaciones de descuento.
Contra dicho pronunciamiento se dedujeron los siguientes recursos de apelación: la actora mediante presentación electrónica de fecha 02/10/18 y la citada en garantía mediante presentación electrónica de fecha 05/10/18. Los mismos fueron fundados también electrónicamente con fechas 10/03/19 y 13/03/19, obrando las respectivas contestaciones, haciéndolo la citada en garantía con fecha 26/03/2019 y la parte actora con fecha 29/03/2019 (cf. soporte papel a fs. 219/220).
Los agravios de la actora versan sobre la atribución de responsabilidad (del 10%) y los daños resarcibles. Se queja que se le otorgue el carácter de cocausante del daño ya que sufrió lesiones por la caída de un andamio desde el cuarto piso del edificio en construcción y se produjeron daños en los vehículos que pasaban por el lugar. Además la obra no se encontraba señalizada ni tenía ninguna protección para automóviles y peatones. Luego dice que está probado el daño emergente –rechazado por falta de acreditación- consistente en la pérdida, junto a su esposo, de un viaje previsto para la ciudad de Necochea, lo que surge de autos. Sostiene que el daño psicológico que sufrió resulta de una nota manuscrita agregada al expediente suscripta por la profesional que la atiende. El daño físico debe ser correctamente ponderado y cuantificado y es totalmente incomprensible el monto indemnizatorio fijado en $100.000. Debe admitirse el tratamiento psicológico pedido, que debió asumir de su peculio, y el lucro cesante. También es irrisorio el monto fijado por daño moral que no se compadece con sus padecimientos y no representa una indemnización justa. Finalmente cuestiona la tasa de interés pasiva más alta fijada para la suma de condena de $200.000.
Estos agravios fueron contestados por la aseguradora de la actora mediante presentación electrónica de fecha 26/03/2019, como ya se indicara anteriormente.
Por su parte, la aseguradora se agravió de parecidas cuestiones a la controvertidas por la actora, obviamente en sentido inverso a aquella. Así, en primer lugar impugnó el porcentaje del 90% de responsabilidad atribuido alegando que el andamio se cayó sobre la calle, no sobre la vereda ni la senda peatonal (por la que debía cruzar la Sra. Bilotto), en la calle Rivadavia entre Dorrego y Belgrano, más cerca a la mitad de calle que a la esquina. La actora luego de estacionar su vehículo intentó cruzar por un lugar prohibido, fuera de la senda peatonal, en forma antirreglamentaria, por lo que de haberlo hecho ajustada a las normas no hubiera sufrido lesiones. El porcentaje de responsabilidad debe ser elevado de conformidad al art. 38 inc. a) de la Ley Nacional de Tránsito. Añade que la caída del andamio, cerca de las 19 hs., se produjo cuando la obra estaba sin operar, en razón de ráfagas de viento muy fuertes constitutivas de caso fortuito. Luego, y en lo relativo a la incapacidad físicas cuestiona en primer lugar la vinculación de los daños con el hecho debatido en este expediente ya que la patología lumbar de la actora no puede atribuirse al evento dañoso, y controvierte la consideración del porcentaje de la pericia médica del Dr. Juan Carlos Edinger de fs. 134/148 “sin contexto etioanátomo-patológico que lo justifique y más precisamente vincule indefectiblemente con el evento” máxime que -dice- “no descarta de plano que dichos síntomas puedan haberse gatillado o agravado por el traumatismo provocado por el golpe recibido producto de la caída del andamio (“golpe con objeto contundente”). Luego de cuestionar los porcentuales fijados por el perito médico sostiene que los impugnó oportunamente como así también la relación causal entre el hecho y los daños. Esgrime varios argumentos: el perito no constató lesiones, pérdida de conocimiento, daños en el rostro, median irregularidades en los estudios, no pueden relacionarse con el hecho, la actora deambula sin dificultad, entre otras objeciones. De ahí impugna la incapacidad del 7% o del 11% según el baremo utilizado. A todo evento se agravia por el monto, porque no hay prueba del ingreso. Finalmente cuestiona por alta la cuantía del daño moral.
Estos agravios fueron contestados por la parte actora con fecha 29/03/2019 (cf. soporte papel a fs. 219/220), también como ya se expresara anteriormente.
Luego, llamados autos para sentencia (cf. fs. 225) y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 226), el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II. Anticipo mi opinión que en lo relativo a la responsabilidad civil, distribuida en la sentencia de primera instancia en el 10% a la actora y el 90% a la demandada, el agravio de ésta última no puede prosperar y en cambio debe admitirse el de la actora. Acoto, una vez más, que este tribunal tiene un criterio amplio para ponderar la existencia de la crítica concreta y puntual que habilita la admisibilidad formal del recurso, por estar comprometido el derecho de defensa, por lo que corresponde juzgar que el agravio de la actora en este aspecto cumple mínimamente ese requisito (arts. 260, 261, 384 y concs. C.P.C.). No está en discusión que aproximadamente entre las 18 y 19 hs., del día 16 de Enero de 2014 la actora, Analía Bilotto, estacionó su vehículo sobre la mano derecha, en el sentido de circulación de la calle Rivadavia de Olavarría, entre las calles Dorrego y Belgrano, y caminó en paralelo a su automóvil (es decir sin cruzar la calle y transitando sobre la calzada pero en el lugar o espacio de la calle que es el propio del conductor que desciende de un rodado estacionado sobre la derecha).
Lo hizo “pegadito” a su auto (de color gris claro), como lo manifestó al absolver posiciones en la audiencia videograbada obrante en el CD glosado a fs. 158, lugar por el que caminaba y tal como se advierte claramente en las imágenes grabadas por el Centro Municipal de Monitoreo de Olavarría, y que fueron agregadas en sobre lacrado a fs. 33 de la causa penal caratulada "Bilotto Analía (víctima) / Pérez Andrea Fabiana (víctima) / Picot Enrique Daniel (víctima) / Puglisi Eduardo Oscar (víctima) Comisaria Primera de Olavarría (Denunciante) - Lesiones Culposas" (n° 01-02-000225-14). Prosiguió caminando por dicho lugar y luego de superar (“pasar”) siempre en paralelo, el espacio equivalente a un automóvil estacionado (de color gris oscuro), y cuando lo hacía en el espacio correspondiente al segundo auto estacionado (de color blanco), apenas alcanzada la parte posterior de dicho automotor, es impactada violentamente por un andamio, de grandes dimensiones, que se cayó del cuarto piso del edificio en construcción propiedad de la demandada “Materiales Rurales El Quebracho S.A.” y asegurado en “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”.
Se puede ver con absoluta claridad que la víctima se protege la cabeza y la caída, obviamente sorpresiva e inesperada, de parte de la estructura del edificio (un andamio de madera y caños metálicos) fue lo que provocó el desplazamiento de la víctima hacia el centro de la calle (sobre su derecha estaba el auto blanco estacionado) y quedó, literalmente, sepultada debajo de dicha estructura, sin poder ser vista porque estaba el andamio totalmente recubierto de un nylon o cobertura negra que no permitía visualizarla, quedando debajo de él.
Los hechos descriptos están acreditados de modo indudable, con los aportes testimoniales rendidos en este proceso civil y en la causa penal, y muy especial y enfáticamente, con el video agregado por el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Olavarría. La audiencia videograbada (ver CD fs. 158) contiene, entre otros testimonios que relatan el hecho genérico de la caída del andamio, la declaración de Luis Aníbal Fernández (que estaba en su auto, estacionado sobre la mano izquierda, aguardando a su esposa que había ido a hacer compras en un comercio cercano) quien vio cuando se cayó el andamio, estimó de aproximadamente 10 metros, y que tomó contacto con vehículos que transitaban y otro que estaba estacionado, y sobre la actora, que iba caminando por la calle, en paralelo al auto de ella; la actora se bajó del auto y caminó por la mano derecha.
El testigo, que vio todo el hecho, incluso salió corriendo en busca del esposo de la víctima. El Sr. Marcelo Fernando Córdoba también vio cuando “el andamio cae arriba del auto mío”, estacionado sobre la mano izquierda. Pero la prueba más elocuente, no sólo por su claridad sino por el impacto visual que produce, y- añado- lo conmovedora que resulta ver la caída de la estructura sobre la víctima, lo constituye el video del centro de monitoreo. En él, a partir del minuto 44, se ve con elocuencia los hechos, que ya fueron los explicados. La prueba es categórica, asertiva y nítida. Brevemente destaco dos aspectos: llama la atención la invocación de las demandadas de caso fortuito alegando la presencia de “fuertes vientos” (es sabido que los fenómenos climáticos para revestir ese carácter deben ser anormales o extraordinarios; arts. 513 y 514 ccs. y arts. 1730 y concs.
CCCN), cuya existencia el video referido descarta por completo. También llama la atención la insistencia en afirmar que la actora “cruzaba la calle”, cuando si bien no lo hacía por la vereda, su desplazamiento se efectuaba al lado de los autos estacionados, reitero, en el espacio equivalente al que un conductor, por caso el que es hubiera bajado del auto de color gris oscuro, debía ocupar para ascender desde la calle a la vereda. La alegación mencionada se esgrime al contestar la demanda, en las audiencias y en el escrito de agravios, siendo que el video se agregó -aunque en sobre lacrado- al expediente penal a fs. 63 (el 22/1/2014), mientras que el acta civil de cierre de mediación es de fecha 26 de Marzo de 2015, la carta documento de respuesta del demandado “El Quebracho”, denunciando la existencia de seguro, tiene fecha 21 de Junio de 2014, y la contestación de demanda el 19 de Febrero de 2016 (fs. 55 vta.).
En todas estas fechas el video - cuya copia obra a fs. 158- ya estaba incorporado a la causa penal. Concluyo estas consideraciones mencionando que ni las fotos de fs. 11/13 de este proceso, ni las de fs. 25/28 de la causa penal como tampoco el acta de levantamiento de evidencias físicas de fs. 32, ni el croquis de fs. 3, ni las fotos del CD de criminalística de fs. 33 reflejan el lugar preciso en el que la caída del andamio atrapó a la víctima. Es que el largo del andamio, que ocupa más de la mitad de la calle, y los autos estacionados sobre la mano derecha que también ocupaban considerable espacio, no expresan correctamente el lugar exacto por el que circulaba la Sra. Bilotto y producen cierta confusión pudiendo inducir al error de que el hecho ocurrió a mitad de cuadra.
Sin embargo el CD del centro de monitoreo, que es de esencial valor probatorio refleja con claridad el lugar preciso del mismo. De ahí se desprende la responsabilidad exclusiva y excluyente de la demandada (arts. 901, 906, 11113 y concs. CC; arts. 1721, 1722, 1723, 1757, 1758 y concs. CCCN).
No comparto el razonamiento del fallo ni de los demandados recurrentes de que se aplique la ley de tránsito para juzgar su responsabilidad, particularmente la “culpa de la víctima” (art. 1113 CC), “el hecho del damnificado” (art. 1729 CCCN) porque no se trató de un siniestro vial, sin perjuicio de subrayar que, a mayor abundamiento, la actora no incurrió en culpa grave (art. 64 ley 13.927). La cuestión está regida por la responsabilidad objetiva por riesgo o vicio (arts. 1757 y 1758 CCCN), o en todo caso por las cosas caídas (art. 1119 CC), siendo más próxima la figura de la responsabilidad del dueño de la obra que se encuentra en ruina (arts. 1646, 1647 y concs. CC; arts. 1262, 1271, 1273, 1274, 1277 y concs. CCCN). Recientemente un tribunal bonaerense recordaba la opinión de Spota quien señalaba que la ruina significa pérdida de estabilidad del edificio, sea por vicios del suelo, de los materiales, o de la construcción, y agregaba que “por ruina se entiende no sólo la caída de una obra, sino la inminencia de la caída; una obra puede ser considerada en ruina a pesar de que no haya caído. La expresión de la ley "ruina" tiene que ser entendida en sentido amplio. Es decir, que por ruina debemos entender toda caída o toda inminencia de caída cuando la obra no concluyó su vida técnica o económicamente útil (Cám. Civ. y Com. Morón, Sala 2ª, 20/8/2019, "Industrias Metalúrgicas Nuperi e Hijos S.R.L c/ Courtade, Eduardo José y Otro/a s/ Daños y Perj.”)". Como quiera que sea, la responsabilidad objetiva deriva de la caída de la cosa de propiedad de la demandada, en el ámbito de su responsabilidad objetiva, por la omisión de adoptar, por sí o por terceros, las medidas de seguridad idóneas y conducentes para asegurar que terceros no sufrirán daños (art. 1113 CC). El art. 2616 del CC derogado disponía que: “todo propietario debe mantener sus edificios de manera que la caída, o los materiales que de ellos se desprendan no puedan dañar a los vecinos o transeúntes, bajo la pena de satisfacer los daños o intereses que por su negligencia les causare” (sic.). Por ello la responsabilidad de la demandada surge patente e inexcusable.
La conducta de la actora no tiene relevancia causal y el lugar donde estaba ubicada constituyó una mera ocasión o condición, sin entidad de causa o concausa adecuada, con idoneidad para contribuir al resultado final. No cabe efectuar, en el caso, ninguna diferencia entre las personas o cosas dañadas, estuvieran donde estuvieran, y como consecuencia del hecho determinante del resultado final: el desprendimiento o caída del andamio desde un cuarto piso, y que era largo, pesado, de madera y caños metálicos y estaba recubierto de un nylon (arts. 901, 906, 1113 y concs CC; arts. 1726, 1727, 1757, 1758 y concs.
CCCN).
Una acotación final: reciente jurisprudencia de la Corte Nacional avala esta interpretación cuando resolvió que “aún cuando pudiera aceptarse que el comportamiento de la víctima fue imprudente -que no es el caso de autos- (un niño sufrió una descarga eléctrica cuando se subió a una plataforma de energía eléctrica, cuyo cables de media tensión estaban colocados irregularmente), era menester precisar en qué medida las circunstancias que determinaron el accidente hubieran podido ser evitadas si se hubiese observado el comportamiento apropiado, pues la responsabilidad solo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a la previsibilidad de sus consecuencias (art. 902 CC derogado)” (cf. CS, 11/06/2019, “J., J. E. y otros c. Edesur S.A. s/ daños y perjuicios”: SJA 17/07/2019, 63, RCyS 2019-VIII, 81, Cita Online: AR/JUR/17114/2019 (se dejó sin efecto la sentencia que rechazó la demanda, con remisión a Fallos: 314:661 y 321:709).
Por lo expuesto, y acogiendo el agravio de la actora corresponde extender la totalidad de la responsabilidad a la demandada, dueña del edificio del que se desprendió la cosa causante del daño y de su propiedad y a su aseguradora.
III. Paso ahora a considerar los daños resarcibles.
1. El agravio de la actora respecto del presunto daño emergente rechazado por la frustración de un viaje no fue objeto de prueba por lo que debe ser desestimado (arts. 1737, 1738, 1734 y concs. CCCN). Igualmente y aunque se trata de una mera referencia vertida en la expresión de agravios, la actora apelante no cuestionó idóneamente los fundamentos del rechazo del lucro cesante (arts. 260 y 261 del C.P.C.C.). Tampoco alegó ni probó ningún lucro cesante (arts. 1068, 1069 y concs. CC; arts. 1737, 1738 y concs. CCCN).
2. El ataque de la demandante respecto del “daño físico” debe ser atendido. A fs. 134/148 obra agregada una muy detallada pericia médica del Dr. Juan Carlos Edinger la que fue impugnada por la aseguradora en escrito electrónico (05/06/2018), impugnación que reitera en su totalidad en su expresión de agravios para fundar la improcedencia del citado rubro. Entiendo que estas impugnaciones no pueden prosperar. El dictamen médico señala que la actora presenta “lumbalgia postraumática crónica” (fs. 146 vta.) y cuando el perito médico se pronuncia sobre la existencia y porcentual de incapacidad, afirma que “se aclara, que se dictamina la incapacidad en base al cuadro sindromático, más la investigación de la limitación funcional columnaria hallada en el examen físico ‘no afirmando o rechazando la etiología de la misma, ni la relación causal con el accidente estudio’.
Ajustando taxativamente a Baremo encuentro en la actora una incapacidad del 7% (siete por ciento); según Baremo de la AACS, Asociación Argentina de Compañías de Seguros 2012, versión 1.2; y del 11% (once por ciento), según el Baremo General para el Fuero Civil de los doctores Altube, José Luis y Rinaldi, Carlos Alfredo, 2ª edición, año 2015 …” (sic., fs. 145). En otro párrafo añade que “no puedo asegurar fehacientemente que la incapacidad sugerida guarde, de modo verosímil, relación causal con el accidente que originara los presentes autos, ya que carecemos de diagnóstico etiológico/nosológico al momento del siniestro que justifique el cuadro sindromático que presenta la actora descripta en este informe pericial” (sic., fs. 145 vta.).
El fundamento del dictamen pericial para plantear cierta duda sobre la relación causal entre la incapacidad y la lesión derivada del evento dañoso, se funda en que se presentó un único certificado en atención hospitalaria con traumatismo sobre rostro y hemicuerpo derecho sin pérdida de conocimiento el cual, continúa el perito, al parecer derivó en una dorsolumbalgia postraumática crónica que podría no tener “contexto etio-anátomo-patológico que lo justifique y más precisamente vincule indefectiblemente con los eventos de autos”. Luego de otras consideraciones afirma que “no puedo descartar de plano, que dichos síntomas puedan haberse gatillado o agravados por el traumatismo. Luego de un infructuoso tratamiento médico / traumatológico / ortopédico conservador, continúa con sintomatología referida por la peritada al momento de este examen, con una limitación leve de la movilidad articular columnaria a nivel dorso-lumbar afectado al realizar la evaluación pertinente de dicho sector” (sic., fs. 139 vta./140).
De esas aseveraciones del Dr. Edinger la demandada deduce que no hay incapacidad atribuible al hecho porque la pericia se hizo cuatro años con posterioridad al hecho, soslayando que la aseguradora, según parece, atendió los reclamos de los autos dañados y no así las lesiones producidas a la actora. Ese tiempo transcurrido no le es imputable ya que resulta del informe psicológico glosado a fs. 178/181 de estos autos, en concordancia con el de fs. 65/66 de la causa penal, que esa demora incidió negativamente en la evolución de la salud psíquica de la Sra. Bilotto. Añade la parte recurrente que el perito no constató lesiones ni cicatrices en el rostro, no tuvo pérdida de conocimiento, las radiografías no presentan lesiones óseas agudas e infiere del dictamen pericial que la Sra.
Bilotto no debería tener limitación funcional en la columna. Estas alegaciones no son atendibles por cuanto el agravio deja de lado el fundamento contrario y que comparto –y que no rebate- de la Sra. Juez de Grado que expresa “… los informes del Hospital Municipal que prestó las primeras curaciones a la actora refieren que ésta ingresó con un hematoma lumbar producto del accidente. Ello me permite concluir por vía presuncional que la lesión física –o su agravamiento, en caso de ser anterior al accidente- que en la actualidad presenta la Sra. Bilotto fue provocada por los golpes ocasionados por el andamio (art. 384 y ccs. del CPCC)” (sic., fs. 404). Por lo demás la pericia no ha tenido en cuenta otras pruebas glosadas al expediente y que desvirtúan sus dudas sobre la relación causal.
Así a fs. 63 con fecha 20/02/2014 y a fs. 62 con fecha 27/02/2014, es decir contemporáneamente a la fecha de ocurrencia del hecho obran agregados dos informes del traumatólogo Dr. Jorge Santander que dan cuenta que Bilotto sufrió politraumatismo (fs. 63) y que “la paciente Bilotto, Analía ha sufrido politraumatismo por caída de andamio. Ha sufrido traumatismo lumbar agudizando patologías previas. En RMN presenta sufrimientos discales con protusión en L4 y L5. Se encuentra con dolor intenso lumbar” (sic., certificado glosado a fs. 62 de la causa penal). Lo expuesto, en sentido coincidente con los fundamentos mencionados de la sentencia, descarta la inexistencia de relación causal entre las secuelas que presenta la Sra.
Bilotto con la caída del andamio toda vez que –quedó claro- el golpe recibido agravó y agudizó una patología de base consistente en una afección lumbar anterior. A fs. 147 el Dr. Edinger dice que “no puedo descartar de plano, que dichos síntomas puedan haberse gatillado o agravados por el traumatismo que refiere que le ocasionó el golpe con el objeto contundente. Recibió tratamiento pero éste fue incompleto, presenta limitación funcional correspondiente a la columna dorsolumbar y síntomas consistentes en algias constantes lumbares (obviamente referidas por la actora), generadoras de molestias que le repercuten en su vida diaria de relación, motivando cambiar estilos de vida” (sic., fs. 147).
Más adelante, y ante una pregunta específica, responde que “podría decirse que se encuentra incapacitada, dada la sintomatología que acusa, para desarrollar actividades que impliquen en su desarrollo someter a carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos para su columna lumbosacra, dado que las mismas gatillarían o agravarían los síntomas referidos” (sic., fs. 146 vta.). Por lo expuesto, entiendo acreditada la vinculación causal y la existencia de la incapacidad de la actora con el hecho objeto de este proceso (arts. 1086 y concs. CC; arts. 1737, 1738, 1746 y concs. CCCN).
Empero, y antes de ingresar directamente en el cómputo de la cuantía del daño material por incapacidad, es importante aclarar con relación a la incidencia del porcentaje de invalidez parcial, que recientemente la Corte Suprema de la Nación, al dejar sin efecto una sentencia decidió, como argumento central, que “… es apropiado recordar que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas resarcitorias, existen otros que tienen también decisiva incidencia, entre ellos, las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de la secuelas y los específicos efectos que éstas puedan tener en su vida laboral (doctrina Fallos: 334: 376, causa “Baeza…”; cf. CS, 11/06/2019, “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A. y otro s/ accidente – acción civil”, en DT2019 (junio), 186; La Ley 29/07/2019, 1, con notas de Carlos Roberto Busajm, Julián A. De Diego, Lucas Pereyra y Jorge J. Sappia; RCyS 2019-IX, 127, Cita Online: AR/JUR/17116/2019; cf. De Diego, Julián A., “La doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad en las indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo”, en La Ley 29/07/2019, 5). Además “… el Juez no está obligado al estricto y matemático acatamiento de los porcentajes de incapacidad informados por los peritos, los que tienen valor orientativo y no resultan automáticamente vinculantes y obligatorios (cf. esta Sala, causas nº 47.925, “Sobrino …” y nº 47.925 bis, “Neila …”, sentencia única del 03/05/05; nº 52.135, 07/07/08, “Ferranti …” y nº 62.981, 31/07/2018, “Pereda …”).
La integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable "que comprende no sólo el aspecto laboral, sino las demás consecuencias que afectan a la víctima. La incapacidad sobreviniente como daño patrimonial comprende esencialmente tres rubros: 1) la capacidad laborativa o productiva o sea la pérdida de ingresos o la afectación en la concreta aptitud productiva o generadora de ingresos, rentas o ganancias específicas; 2) la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica, es decir la que no es estrictamente laboral;
3. el daño a la vida de relación o a la actividad social muy estrechamente vinculado con la capacidad intrínseca del sujeto” (cf. esta Sala, causa n° 63.411/2018 -y sus acumulados-, 6 de Mayo de 2019, "Degenhart, Yesica Soledad c/ Cannaniz, Omar Alfredo y Otro s/ Daños y Perjuicios. Incumplimiento Contractual”).
Sobre esta base debe puntualizarse, y ya en lo atinente a la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad o muerte (causas “Alfano” y “Cruz”) deviene necesario identificar la fórmula empleada, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 1, 2, 3 y 1746, Código Civil y Comercial (art. 3, Código Civil y Comercial); S.C.B.A., Ac. 94556, 07/04/2010, "Schmidt, José Alberto c/ S.A.E.S. Línea 5 s/ Enfermedad Profesional"; S.C.B.A. Ac. C106323, 19/09/12 "V., N. B. c/ Durisotti, Rodolfo. Daños y Perjuicios"; conf. esta Sala, causa nº 57.090, 27/03/2013, "Pérez ..."). En otro pronunciamiento el Dr. de Lázzari argumentó que "sólo la propia experiencia vital, el mantener la congruencia con anteriores pronunciamientos, el conocimiento concreto de la situación general de nuestra sociedad, las particulares circunstancias acreditadas en la causa y una buena dosis de sentido común, pueden resultar una guía en este momento" (cf. S.C.B.A., causa C 188085; esta Sala, causa nº 60.631, 27/09/16, "Mutuberría ...", cit.).
El art. 1746 CCCN, para el daño por incapacidad, pero también aplicable al art. 1745 CCCN por muerte, ha traído una innovación sustancial pues prescribe el 'deber' de aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica (lo que también -reitero-) es aplicable al daño por muerte del art. 1745 CCCN) las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte. Empero, es necesario puntualizar que la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conlleva la aplicación mecánica y automática del resultado numérico al que se arribe; por ende el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de evaluación ineludible para el juez, pero que en modo alguno excluye la valoración de otros parámetros aconsejados por la sana crítica en su dialéctica relación con las circunstancias del caso.
En este contexto se ha acudido, con los alcances que expuse, a las fórmulas polinómicas como herramientas valiosas, especialmente para cuantificar la incapacidad sobreviviente, las que pueden enunciarse del modo siguiente: C= A x (1+i )n -1 i (1+i)n. Donde "C" es el capital que se mandará pagar; "A" es la ganancia anual perdida, "n" el número de años faltantes para llegar a la edad productiva de la víctima e "i" el interés anual que se presume devengará el capital mandado a pagar. Dentro de las fórmulas existentes la denominada "Vuotto” se caracteriza por utilizar un ingreso anual constante, consignar una tasa de descuento del 6 % y fijar en 65 años la fecha límite del individuo de su capacidad de producción de ingresos. La fórmula descripta anteriormente (para la incapacidad) fue modificada por la denominada "Méndez" que introduce cambios: el ingreso se recompone -para no utilizar un salario constante a través de los años- mediante del siguiente mecanismo: el ingreso que tenía la víctima al momento de hecho se multiplica por un coeficiente de ajuste que surge de dividir 60 por la edad de la víctima al momento del hecho y se multiplica por trece meses, para obtener el ingreso anual; la tasa de descuento se fija en el 4 % y la edad jubilatoria de la víctima se eleva a 75 años" (cf. esta Sala, causa nº 64.067, 27/08/2019, “Ferreira, Alba Eliana Soledad c/ Meaca Ascazuri, Pedro Hernán y Otros s/ Daños y Perjuicios”).
La fórmula polinómica básica que viene empleado este Tribunal como parámetro orientativo (causas nº 60877, Olivetto, Horacio Sebastián y otro/a...”, del 30/11/16; n° 61.122; n° 61.309, “González c/ Damanis...”, del 09/03/17; n° 61769, “López, Carlos Adrián...”, del 08/06/17; n° 61149, “Duhalde, Juan Marcelo...”, del 05/09/17; n° 62.088, “Siebenhaar, Sonia del Carmen...”, del 21/09/17, entre otras tantas), puede desarrollarse del modo siguiente: Donde “C” es el capital que mandará pagar; “A” es la ganancia anual perdida, “n” el número de años faltantes para llegar a la edad productiva de la víctima e “i” el interés anual que se presume devengará el capital mandado a pagar. Aplicando la aludida fórmula, y considerando como variables la edad de la actora al momento del siniestro (54 años), un ingreso equivalente al que percibiría un empleado de comercio con diez años de antigüedad (vendedor categoría A CCT 130/75; $30.611,73), una incapacidad definitiva estimada en el 9%, una edad tope de 65 años y una tasa de descuento del 4% anual, se arribaría a un monto indemnizatorio de $313.762,82. Aclaro- aunque importe reiteración parcial- que en ausencia de prueba en contrario, a los fines de ponderar sus ingresos, más allá de ciertas alegaciones de Bilotto de que estaría a cargo del comercio de sus padres, sigo el criterio de primera instancia y computo un ingreso actual (en vez de un salario a su valor histórico) correspondiente a la categoría A, de empleado de comercio, con diez o más años de antigüedad; la incapacidad computada resulta del promedio de la dos informadas por el perito según la tabla aplicable de (del 7% y del 11%).La edad es la que tenía al momento del hecho (54 años) considerando en cuanto a sus relaciones de familia que estaba casada.
El cálculo final ($313.762,82), que dije es un parámetro de mucha importancia no es vinculante, y siempre siguiendo la doctrina del Tribunal, debe ser ponderado y cotejado con los datos de la realidad económica actual, los antecedentes de este Tribunal y, además, el parámetro orientativo general –así considerado por la Corte Suprema en el reciente fallo “Ontiveros, Stella Maris …”, CSJ 85/2014, del 10/08/17- proveniente de los montos indemnizatorios mínimos previstos en el sistema de riesgos del trabajo (montos provenientes de la Res. 387/16 de la Sec. de Seg. Social; actualizados acorde el último índice RIPTE –junio de 2019- informado por esa Secretaría, como lo autoriza la Suprema Corte en la causa L118.532, “Godon, Pablo David …”, del 05/04/17). Es que, como lo he hecho notar en la causa “Duhalde” (causa n° 61.149, “Duhalde, Juan Marcelo...”, del 05/09/17), la relevancia de la consideración como parámetro adicional de los montos mínimos emanados del sistema de riesgos del trabajo, fue destacada por la Corte Suprema en el citado fallo “Ontiveros”, en el que concluyó que “resulta inconcebible que una indemnización civil, que debe ser integral, ni siquiera alcance a las prestaciones mínimas que el sistema especial de reparación de los accidentes laborales asegura a todo trabajador con independencia de su nivel de ingreso salarial” (conf. CSJN, CSJ 85/2014 (50-0) /CS1, 10/08/2017, “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/ accidente - inc. y cas.", voto de la mayoría; esta Sala, Causa nº 2-62051-2017, 03/10/17, "Lucio, María Paula c/ Toscani, Daniel Fabián y Otro/a s/ Daños y Perj.”; CS, 11/06/2019, “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A. y otro s/ accidente – acción civil”, en DT2019 (junio), 186; La Ley 29/07/2019, 1, cit.).
Por lo expuesto y atento las consideraciones mencionadas, propicio fijar en $314.000 el monto del daño material por incapacidad sobreviviente (arts. 1746 y concs. CCCN).
3. El agravio de la actora acerca del rechazo del daño psicológico, por falta de prueba -dice la sentencia- que obedeció al hecho debatido en autos, debe ser atendido.
En este expediente está probada la afección psíquica de la actora, que obedeció a las lesiones físicas consecuencia de la caída del andamio, y que el trastorno por estrés postraumático, que no se acreditó constituya incapacidad parcial, debe ser tratado mediante tratamiento psiterapéutico.
En ese sentido el informe obrante a fs. 178/ 181, de fecha 24 de Julio de 2018, que no suple la prueba pericial que debió practicarse en autos, igualmente tiene valor probatorio corroborante porque resulta compatible con lo que se desprende de la prueba pericial médica, con las lesiones físicas sufridas, y con el impacto traumático a nivel psicológico derivado del elocuente video en el que la víctima queda sepultada por el andamio. Según el principio de normalidad, que constituye un subrogado de prueba, un accidente grave, como el sufrido por Bilotto, más que obedeció a un hecho imprevisto e inevitable en el que la víctima no intervino causalmente (iba caminando y se le cayó encima un andamio), genera, conforme lo que sucede de ordinario y según las reglas de la experiencia y de la naturaleza humana, una afección psicológica, que la profesional tratante, María E.
Poggio de Graselli, calificó de “trastorno por estrés postraumático” que requirió tratamiento y asistencia psicológica. La psicóloga tratante, en el relato de síntomas de la psiquis que más adelante deben ser tenidos como integrativos del daño moral o extrapatimonial, expresa que comienza a atender a la señora Bilotto el 24/1/2014 luego de la caída de un andamio sobre ella el 16/1/2014, concordancia temporal que demuestra la relación causal entre el hecho dañoso y el tratamiento, derivando en el mencionado diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Afirma que en cuanto a la sintomatología, “emocionalmente se la vislumbraba muy desestructurada, con un importante monto de angustia (“al corazón sonándome en todo el cuerpo”).
No se ubicaba en el tiempo: permanentemente refiere un estado confusional, en tratamiento psíquico en su capacidad de respuesta. Hubo en un inicio amnesia parcial de algunos aspectos del trauma vivido: mecanismo de defensa ante una magnitud del trauma que el yo no podía procesar. También presentaba dificultades para conciliar el sueño, con pesadillas recurrentes en connotación evidente al episodio vivido. En lo inconsciente surgía el trauma descarnadamente. Experimentaba en esa época un malestar psicológico intenso, oscilando entre la irritabilidad, hostilidad, depresión y fobia social. El sentimiento tan intenso de desolación que prevalecía, no le permitía proyectar su vida al futuro. En los sucesivos meses de terapia fue disminuyendo el monto de angustia e hipervigilancia.
También fue mejorando la calida del sueño. Lentamente fue logrando una parcial recuperación física, lo que le permitió reiniciar su trabajo” (sic., pericia psicológica fs. 178/179). No cabe soslayar, porque ello es atribuible a la conducta desplegada por la demandada, que conforme dice el informe “su estado depresivo fue fluctuante. Las vicisitudes legales siempre le produjeron irritabilidad y un profundo sentimiento de impotencia y soledad en relación al trágico episodio vivido” (sic., pericia psicológica fs. 179).
En suma: el cuadro descripto si bien no proviene de un informe pericial en los términos de los arts. 384 y 474 CPC, tiene igualmente importante valor probatorio porque fue agregado al expediente y hecho saber a las partes, quienes lo consintieron, y también consintieron el informe del certificado de prueba de fs. 184. Pero, y esto es decisivo, ese informe se corresponde en lo esencial con el que la misma psicóloga Poggio de Graselli emitió para la causa penal, y que está agregado a fs. 65, de fecha 24 de Febrero de 2014 con antelación al acompañado a estos autos. Esa causa penal también fue admitida como prueba por ambas partes, sin reservas ni objeciones por lo que resulta de aplicación el reconocido principio de la prueba trasladada: la prueba documental agregada en el expediente penal, recibido en el proceso civil sin objeciones (no sólo ello, sino que también las partes ofrecieron como prueba dicho proceso penal) tiene plena eficacia en el juicio de daños. Acreditado el daño material por tratamiento psicológico corresponde determinar su monto.
Adelanto que la suma que la psicóloga informa que se pagó ($20.650) desde el 24 de Enero de 2014 al 17 de Julio de 2018 ascendía a $20.650. Sin embargo esa suma ha quedado, dado el tiempo transcurrido, desactualizada de la realidad económica actual, por lo que corresponde su cuantificación al momento de la sentencia. Atendiendo de modo otra vez a las máximas de experiencia, dada la evolución del nivel general de precios y de la economía, resulta razonable cuantificar en la suma de $30.000 el monto que, repito, debió ser objeto de prueba pericial específica (arts. 163 inc. 5, 165, 384 y concs. C.P.C.). En efecto, en anterior decisorio en caso análogo, aunque con relación al ajuste de los daños materiales de un vehículo, se sostuvo “en la causa n° 58.125, “Martinoia”, sentencia del 26-6-14, con cita de la Casación Provincial, que “el fallo no incurre en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada en la demanda si el actor exhibió su intención de no inmovilizar su reclamo al monto peticionado.
Dicha intención queda demostrada, si al reclamar en la demanda, se lo hizo refiriendo dicho reclamo a 'lo que en más o en menos resulte de la prueba' (art.163 inc.6°, C.P.C.C.)" (S.C.B.A. Ac.48.970 del 20-4-93, Ac.74.082 del 13-6-01, C 102.310 del 27-4-11; esta Sala, causa n° 56.941, "Molina", sentencia del 26-2-13, voto Dr. Peralta Reyes). Es por ello que, considerando las concretas circunstancias de la causa, las posturas evidenciadas por los sujetos procesales de autos, el tiempo transcurrido desde el acaecimiento del hecho dañoso y los notorios incrementos de precios que se han producido, resulta conveniente que la cuantificación de las indemnizaciones se realice en base a guarismos cercanos al momento de la sentencia (conf.
Zavala de González, Resarcimiento de daños, El proceso de daños, tomo 3, págs.67, 68, 76, 77, 78, 79, 80 y 81). Asimismo, en autos no se produce ninguna afectación del derecho a la defensa en juicio de la contraparte, quien ha tenido la oportunidad de formular todos los planteos procesales que considerara pertinentes (art.18 de la Constitución Nacional y art.15 de la Constitución Provincial). Con arreglo a lo antedicho, procederé a una estimación actual de la suma adeudada en concepto de daño material por tratamiento psicológico (arts.1068, 1069, 1083, 1094 y ccs. del Código Civil; art.34 inciso 4, art.34 inciso 5, puntos c) y d), art.163 incisos 5 y 6, arts.165, 330, 358, 375, 376, 384, 474 y ccs. del Código Procesal; esta Sala, causa n° 57.607, "Vittor", sentencia del 10 de octubre de 2013, entre otras).
Por lo tanto, atendiendo al incremento de los precios experimentado en el período que ha corrido desde entonces, en función de un prudente arbitrio judicial y con arreglo a las reglas de la sana crítica, en función de la realidad económica circundante, conforme lo alegado por la actora y la prueba producida, la indemnización debe cuantificarse en la suma de pesos treinta mil ($30.000; arts.165, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.; cf. esta Sala, causa nº 59.226, 05/05/2015, “D.P. S.A. c/ Baztarrica, Daniel Gualberto o Sucesores y Otros s/ Daños y Perj. Autom. s/ Lesiones (Exc. Estado)”,voto Dr. Peralta Reyes).
Lo expuesto acredita la procedencia del daño patrimonial por tratamiento psicológico en la suma indicada de $30.000 (arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y concs. CCCN).
4. El agravio de la actora solicitando se eleve el daño moral fijado en $100.000 es procedente. El daño no patrimonial, moral o extrapatrimonial es definido, principalmente a partir del CCCN, como la lesión a los intereses lícitos no reprobados por la ley que repercuten en la esfera extrapatrimonial de la persona; se conjugan la tesis del daño-lesión (al interés lícito) y el dañoconsecuencia (que atiende a las repercusiones, efectos o consecuencias en el patrimonio moral de la persona; arts. 1727, 1738, 1741, 1745, 1746 y concs. CCCN). Recalco que todas las repercusiones extrapatrimoniales por lesión a intereses no patrimoniales que configuran daño jurídico, si no constituyen daño patrimonial conforman daño moral, por lo que tienen cabida las manifestaciones extrapatrimoniales disvaliosas (los llamados daño biológico, a la vida de relación, al proyecto de vida, daño sexual, daño a la intimidad, etc.). En reciente precedente recordaba, siguiendo nuestra doctrina judicial, que el daño moral no patrimonial o extrapatrimonial (art. 1741 CCCN) comprende todos los detrimentos espirituales no incapacitantes del actor, el dolor, las aflicciones, los padecimientos, desconsuelo, desdicha, congoja, que provocan malestar grave y que alteran la estructura de los pensamientos, emociones y sentimientos. El padeciente de daño moral experimenta un estado anímico, emocional o psicológico negativo, displacentero, de malestar intenso. Se trata de una vivencia experiencial, subjetiva y personal, con reducción de la energía vital o existencial que se traduce en variada sintomatología: tristeza, impotencia, desolación, desamparo, abatimiento, pesimismo, desgano, desinterés, dificultades para tomar decisiones. El sufriente, dependiendo del distinto grado y afectación de su estructura psíquica y emocional, tiene una percepción negativa o distorsionada de la realidad (a raíz de la alteración de los pensamientos), que provoca repercusiones desfavorables en las emociones (ira, miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresa) alterando los sentimientos (amor, fe, vergüenza, odio, culpa, envidia; arts. 1078 y 1741 CCCN)” (cf. esta Sala, causas n° 63.411/2018 - y sus acumulados-, 6 de Mayo de 2019, "Degenhart, Yesica Soledad c/ Cannaniz, Omar Alfredo y Otro s/ Daños y Perjuicios. Incumplimiento Contractual” y nº 64.067, 27/08/2019, “Ferreira, Alba Eliana Soledad c/ Meaca Ascazuri, Pedro Hernán y Otros s/ Daños y Perjuicios”).
El daño moral, además del aporte testimonial José Tropia y María Florencia Quiroga, resulta in re ipsa del mismo hecho traumático (la caída sobre la actora del andamio) y está descripto en el informe psicológico de la licenciada Poggio de Graselli, al que ya hice referencia (arts. 1078, 1741 y ccs. CCCN). En distintos precedentes de este Tribunal se han sentado las bases conceptuales del resarcimiento del daño moral en los siguientes términos: “el dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (C.S., 12/4/2011 “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, con mi nota en R.C.y S. 2011-XII, 259). La Corte Nacional en la causa “Baeza” receptó la posición doctrinal y jurisprudencial que califica al daño moral como el “precio del consuelo” y que considera que para su cuantificación puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido. Con estas bases conceptuales –que son las recogidas por el art. 1741 CCCN-, siguiendo incluso antecedentes de esta Sala que adoptó esa postura (conf. causas causa N° 51.466 “A., H.”, Causa Nº 51.467 “G. de S., M.” y Causa Nº 54.530 “Torres”), el resarcimiento en dinero permitirá a la actora acceder a bienes de consumo o afectarlo al odio y descanso, por ejemplo efectuar el viaje de esparcimiento que tenía previsto emprender con su marido y que –dijo- se frustró a raíz del hecho (art. 384 CPCC y arts.1068, 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; esta Sala causas N°52818, 11/08/11 “Etcheverry”; sentencia única del 01/03/12 en causas N° 54.327, “Ricco, Patricia c/ Lancioni Agustín”; N° 54.328, “Lancioni, Agustín c/ Vulcamoia Mar del Plata S.A.” y Nº 57.090, 27/03/13, “Pérez ...”; causa nº 58.109, del 20/2/14 “Montesano …”).
Por ende, atendiendo a esas circunstancias de hecho, ponderando la edad y estado civil de la Sra. Bilotto, la alteración y afectación del hecho en su vida personal, familiar y laboral (el informe citado también explica cómo incidió en la relación con sus padres mayores, a quienes asistía) computando otros precedentes del Tribunal, la suma de condena debe ser elevada a $160.000 (arts. 1741 CCCN).
Finalmente, y más allá del agravio de la actora acerca de la tasa de interés, siendo que los montos por daño material por incapacidad, daño psicológico y por daño moral, se fijaron a valores actuales, es decir a la fecha de esta sentencia y no a valores históricos, y tratándose de deudas de valor y no de deudas dinerarias, corresponde acatar de la doctrina legal de la Suprema Corte de que las sumas de condena que fueron fijadas a valores actuales, devengarán intereses conforme lo resuelto por ese tribunal en las causas "Vera" y "Nidera" ("Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios", C. 120.536, del 18/04/18 y "Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", C. 121.134, del 03/05/18), en las que se decidió que cuando sea pertinente el ajuste por índices, o cuando se fije un quantum indemnizatorio a valores actuales (como en este caso, fijados a la fecha de la sentencia), deben calcularse intereses moratorios a una tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso hasta la sentencia, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, la tasa de interés será la pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Dres. Peralta Reyes y Longobardi, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Modificar la sentencia apelada de fs. 189/201 vta., adjudicando la responsabilidad total a la demandada “Materiales Rurales El Quebracho S.A.”, y a la citada en garantía “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”. 2) Aumentar el monto del daño material por incapacidad sobreviviente a $314.000, por daño moral a $160.000, y admitir el daño material derivado de la asistencia psicológica en $30.000. 3) Las sumas de condena devengarán intereses moratorios a una tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso (16/1/2014) hasta la sentencia, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, la tasa de interés será la pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta. 4) Imponer las costas en ambas instancias a las demandadas perdidosas, atento el resultado del litigio y el progreso de los agravios (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967). 6) Disponer que luego de ensobrar nuevamente los CD (cuyos sobres fueron abiertos para su estudio) y agregarlos a sus respectivas fojas, en ambos expedientes, deberá devolverse la causa penal sin más trámite al órgano de origen para su continuación.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Dres. Peralta Reyes y Longobardi, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 19 de Septiembre de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Modificar la sentencia apelada de fs. 189/201 vta., adjudicando la responsabilidad total a la demandada “Materiales Rurales El Quebracho S.A.”, y a la citada en garantía “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”. 2) Aumentar el monto del daño material por incapacidad sobreviviente a $314.000, por daño moral a $160.000, y admitir el daño material derivado de la asistencia psicológica en $30.000. 3) Las sumas de condena devengarán intereses moratorios a una tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso (16/1/2014) hasta la sentencia, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, la tasa de interés será la pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta. 4) Imponer las costas en ambas instancias a las demandadas perdidosas, atento el resultado del litigio y el progreso de los agravios (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967). 6) Disponer que luego de ensobrar nuevamente los CD (cuyos sobres fueron abiertos para su estudio) y agregarlos a sus respectivas fojas, en ambos expedientes, deberá devolverse la causa penal sin más trámite al órgano de origen para su continuación. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
----En la misma fecha, se dio cumplimiento con lo ordenado precedentemente. Conste.------------------------------------------------------------------- CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia