Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 28134-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la apelación interpuesta por la demandada y revocar la decisión apelada. Se confirma la resolución nro. nro. 263/2010 y el cargo FE nro. 48/2008 formulado en concepto de diferencia de derechos de exportación. Las costas de la instancia anterior son a cargo de la actora en los términos del art. 1163 del C.A. y las de esta Alzada se distribuyen por su orden (art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N.), en atención a que la dificultad operativa referida pudo inducir a la accionante a considerarse con mejor derecho.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
29198/2013 BIOCARDALES SA (TF 28134-A) c/ DGA Buenos Aires, 6 de febrero de 2014.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.Que a fs. 45/48 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución nro. 263/2010 (AD CAMP) y la exigencia tributaria de u$s 807,98 formulada a la actora por diferencia de derechos de exportación. Distribuyó las costas por su orden.
Para así decidir, consideró que por el P.E. 07 008 EC01 008844 S, oficializado el 29/08/2007, la recurrente exportó a la República Federal de Alemania 21 toneladas de semillas de lino orgánico de la PA NCE-SIM 1204.00.90.290Z, a un precio unitario facturado de u$s 285.
Indicó que el Informe Técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación nro. 261/2008 (SE FVEX) del 29/09/2008 reconoció que la actora validó en forma afirmativa el texto “Expo-organicotxt”, pero que correspondía el pago del 18 % de derechos de exportación porque al momento imponible había entrado en vigencia la modificación incorporada por el decreto 509/2007, que tácitamente derogó la resolución MPE nro. 160/2002, en base a la cual se liquidaron los derechos. Asimismo, advirtió que en el citado informe se admitió que el 10/09/2007 la División Arancel Informático del Departamento de Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria dejó sin efecto en el Sistema Informático María (S.I.M.) la aplicación de la antes citada resolución.
Destacó que si bien el servicio aduanero tiene la facultad de revisar los documentos cancelados y formular los cargos que correspondan, ello no implica que no asuma sus propios errores, salvo dolo o culpa grave del contribuyente. Señaló que las liquidaciones del S.I.M. tiene el carácter de efectuadas por el Estado, siendo responsables los operadores por los datos que ingresan, pero no por los defectos de algoritmos que pudiera adolecer el sistema. Subrayó que no se encontraba controvertido que el S.I.M. aplicó a la destinación en trato la alícuota del 5% de derechos de exportación, razón por la cual el contribuyente pudo considerarse razonablemente liberado de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al sistema informático, no pudiendo invocar la Aduana dicho error. Agregó que –en este aspecto- se aplicaba la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa del contribuyente, lo que no se ha invocado en la especie. Concluyó que si el Estado ha implementado el S.I.M. debe garantizar a los operadores su efectividad, sin generarles cargas adicionales por sus deficiencias.
II. Que a fs. 50/54 apeló el Fisco Nacional y expresó agravios, los que su contraria contestó a fs. 61/62.
Recordó que el cargo formulado en sede aduanera tuvo como causa la entrada en vigencia del decreto 509/2007, que fijó derechos de exportación con alícuotas diferentes entre el 5% de los derechos abonados y el 18% que era el que correspondía. Advirtió que el cargo fue emitido por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera de la Plata por la cual se instruyó la formulación de cargos por derechos de exportación para las destinaciones oficializadas entre las fechas 24/05/2007 y 9/09/2007 que se hubieran validado por el texto “EXPO-ORGANICOTXT”, con fundamento en lo establecido en el decreto 509/2007.
Se queja de que si bien el a quo consideró plenamente aplicable la alícuota determinada por el servicio aduanero, como consecuencia de lo establecido en la normativa en cuestión, resolvió revocar el cargo aduanero. Cita jurisprudencia.
Con relación a la teoría de los actos propios, entiende que su aplicación en autos resulta improcedente no sólo por lo dispuesto en el decreto 509/2007, sino también porque la errónea liquidación y pago de los tributos a la exportación resultaron de la ineficiente operatividad del sistema informático y no de los actos que intencionalmente buscaron tener dicho efecto.
Considerada equivocada la interpretación del T.F.N. al concluir que la aplicación de un porcentaje de derechos errada del S.I.M. pueda generar la inmutabilidad de un pago mal efectuado en virtud de aquél error, ya que se trata -sin dudas- de un pago inferior al establecido jurídicamente y en modo alguno puede ser convalidado.
Manifiesta que al momento del registro de la destinación y el pago de los derechos no se encontraba configurada definitivamente una situación jurídica individual a favor de la exportadora, sino solo un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II derecho en expectativa sujeto al ejercicio de la facultad de revisión del servicio aduanero.
Agrega que el pago constituye el modo normal y general de extinción de la obligación tributaria, razón por la cual la exigibilidad y liquidez son presupuestos de aquél y, para que cumpla el efecto liberatorio debe realizarse en forma oportuna y completa, requisitos que no se cumplen en autos.
Entiende que lo decidido por el tribunal jurisdiccional vulnera los principios de legalidad, igualdad ante la ley e indisponibilidad del crédito público.
A fs. 59 recurrió la actora y a fs. 68/73 funda su recurso. A fs. 76/77 la demandada contestó el traslado conferido.
Se queja de la distribución de las costas.
III. Que mediante la resolución nro. 263/2010 (AD CAMP), el Administrador de la Aduana de Campana rechazó la impugnación deducida por Biocardales S.A. contra el cargo nro. 45/2008 emitido por la División Fiscalización de la Dirección Regional Aduanera La Plata, por la liquidación suplementaria de derechos de exportación de la destinación 07008EC01008844S y, en consecuencia, confirmó la exigencia tributaria por la suma de u$s 807,98.
Explicó que aquélla se sustentó en la entrada en vigencia del decreto 509/2007 que fijó –entre otras cosas- derechos de exportación con alícuotas diferentes a las establecidas en otras normas. Aclaró que en la especie, la posición arancelaria de la mercadería exportada mereció una tasa mayor a la del 5% que fuera declarada y abonada, razón por la cual se liquidó la diferencia con el porcentaje que efectivamente correspondía.
Recordó que las resoluciones nros. 368 y 369 del año 2007, que modificaron el arancel, mantuvieron expresamente la vigencia de las disposiciones del art. 3º de la resolución nro. 184/2007, en cuyos considerandos se menciona que “…se considera procedente modificar nuevamente el nivel de derechos de exportación aplicable a la exportación para consumo de aquellos productos que reunieren las características correspondientes a la condición de orgánicos”. Agregó que luego, la resolución nro. 125/2008 y sus modificatorias, volvieron a modificar las alícuotas sin hacer mención a la tasa preferencia del 5%, la cual fue restablecida por la resolución nro. 181/2008.
Afirmó que ello resultaba demostrativo de que la mecánica o técnica utilizada por el legislador siempre consistió en asignar a la nueva norma efectos derogatorios de las anteriores que fijaban alícuotas diferentes, en aquellos casos en que no se efectuó una reserva o mantenimiento expreso de la ventaja tributaria vigente. Así, destacó que no tendría razón suficiente ni justificativo, las normas que textualmente mantuvieron o dispusieron el restablecimiento de la tasa menor, por cuanto mal podía restituirse un beneficio que no ha sido perdido. Añadió que cuando el decreto 509/2007 quiso mantener la vigencia de una norma determinada, lo dispuso expresamente (arts. 5 y 17). Indicó que la única interpretación admisible que podía otorgarse a la reposición de un beneficio arancelario como se implementó mediante la resol. nro. 184/2007, era aquélla que reconocía al decreto examinado la eficacia de derogar implícitamente la resol. nro. 160/2002, puesto que de otro modo dicha norma devendría innecesaria y redundante.
Señaló que ninguna duda existía en cuanto a que la voluntad del legislador fue establecer una abrogación amplia y por lo tanto tácita de la alícuota diferencial (5%), ya que se introdujeron modificaciones generales al catálogo de aranceles, a las cuales no escaparon los productos agrícolas orgánicos. Advirtió que la reforma sustancial del arancel trajo aparejada la sobrentendida supresión de toda disposición que otorgaba alícuotas inferiores a las contendidas en la nueva norma. Por lo demás, agregó que el citado decreto no realizó distinción alguna entre productos orgánicos y no orgánicos al momento de fijar la tasa, por lo que no debía distinguirse donde la norma no distinguía.
Asimismo, respecto de lo dispuesto en el art. 793 del C.A., consideró que no debía confundirse la demora en la implementación informática de la reforma legislativa con un “cambio de interpretación de la legislación tributaria”.
Por su parte, afirmó que el exportador no queda liberado de pagar el monto realmente debido si se advierte que el sistema informático arroja una alícuota errónea puesto que aquél constituye una herramienta de ayuda al declarante, quien, aún en dicha situación, mantiene la responsabilidad primaria sobre la declaración que compromete, pudiendo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II realizar la liquidación manual o advertir al servicio aduanero ante una tasa liquidada incorrectamente.
Indicó que la doctrina de los actos propios no resulta estrictamente compatible con el sistema de revisión posterior o ex post de los documentos aduaneros, ya que la liberación de la mercadería, aún con el control previo aduanero, no impide un nuevo contralor durante el plazo de prescripción de la acción fiscal.
IV. Que cabe recordar que el art. 728 del C.A. establece que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional en curso, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727 del C.A.”. En lo que aquí interesa, a saber: “…es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo” –vid. art. 726-.
En el caso de autos, la Resolución M.E. nro. 160/2002 (B.O.
8/07/2002), modificatoria de sus similares nros. 11/2002 y 65/2002 que fijaron derechos de exportación para diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, estableció un derecho de exportación del 5% para aquellos productos que tengan la condición de orgánicos y que presenten el certificado de empresa certificadora”, autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria. Con posterioridad, el decreto 509/2007 (B.O. 23/05/2007) fijó el derecho de exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, que como Anexo IV integró sus disposiciones (art. 16). Sin perjuicio de ello, mantuvo la vigencia de los decretos 310/2002 y sus modificatorios, 809/2002 y 645/2004 así como la resolución del ex Ministerio de Economía y las resoluciones nros. 335, 336, 337 y 532 del año 2004 y 534 y 776 del año 2006 todas del Ministerio de Economía, sin que hiciera mención de la resolución antes citada (art. 17).
Por su parte, facultó al Ministerio de Economía y Producción a realizar las aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondiese, en los términos de su competencia (art. 22).
En función de ello, la resolución 184/2007 (B.O. 20/09/2007)
dispuso “restablecer” la vigencia del derecho de exportación del 5%, dispuesto en el art. 5º de la resolución nro. 160/2002 (arts. 3º, 4º y 5º). En lo que aquí interesa, resaltó en sus considerandos que “… también se considera procedente modificar nuevamente el nivel de derechos de exportación aplicable a la exportación para consumo de aquellos productos que reunieren las características correspondientes a la condición de orgánicos, compatibilizando, al mismo tiempo, el tratamiento arancelario de exportación correspondiente a aquellas mercaderías integrantes del complejo sojero con el asignado a las que no lo hicieren”.
Asimismo, las resoluciones nros. 368 y 369 de 2007 dictadas por citada autoridad ministerial sustituyeron el Anexo XIV del decreto 509/2009 para las posiciones arancelarias que enumeró, pero mantuvieron la vigencia de las disposiciones contenidas en los arts. 3º, 4º y 5º de la resolución 184/2007, destacando -en sus considerandos- la necesidad de “…preservar el tratamiento arancelario de exportación aplicable a aquellos productos que revisten la condición de orgánicos”, como los exportados en autos.
No se encuentra discutido en autos que el decreto 509/2007 se encontraba vigente al momento de perfeccionarse la exportación involucrada en la especie, ya sea que se tome en cuenta la fecha de la declaración de venta o de la oficialización del permiso de embarque (28/08/2007 y 29/08/2007), lo que debe definirse es si sus disposiciones dejaron sin efecto la preferencia prevista en la resolución nro. 160/2002. En este sentido y de conformidad con la sucesión de normas dictadas, cabe concluir que el citado decreto derogó la mencionada resolución ministerial; máxime si se tiene en cuenta los claros términos de la resolución M.E.yP. nro. 184/2007 (B.O. 20/9/2007), los que hacen referencia a una “nueva modificación” y al “restablecimiento” del nivel de derechos de exportación para los productos orgánicos con la alícuota diferencial del 5% -conf. cons. 6º y art. 3º- (en similar sentido, aunque con una solución distinta de la que se propone, Sala IV in re: “Luis A. Ducret y Cia. S.A. (TF 28160) c/DGA” del 28/08/2012, cuyo recurso extraordinario fue desestimado por la C.S.J.N. con fecha 1/08/2013, por no refutar el fundamento de la decisión contra la que se dirigían los agravios).
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V. Que sin perjuicio de la antecedente conclusión, lo cierto es que el los hechos, el Sistema Informático María liquidó el nivel preferencial de derechos del 5%, el pago efectuado por la actora se ajustó a sus términos, y el servicio aduanero reclama la diferencia correspondiente al nivel general fijado por el decreto 509/2007, vigente – como se sostuviera ut supra- en la época de la operación examinada. Así, debe definirse si –como entendiera el T.F.N.- la dificultad descripta pudo favorecer a la actora, al considerar que el reclamo de la diferencia que pretende el servicio aduanero resulta una carga adicional para el exportador a las que ya produce el sistema informático aduanero.
VI. Que el cargo formulado por el servicio aduanero, al advertir -en el control ex post de exportación- que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaban a la normativa citada (decreto 509/2007), tienen su fundamento en las facultades previstas en los arts. 9° ap. 2 inc. d) del decreto 618/97 y 23 inc. d) del Código Aduanero, que en modo alguno conlleva a la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie (en similar sentido esta Sala –en su integración anterior- in re: “Basso S.A. (TF 24888-A) c/DGA” del 7 de diciembre de 2.010, sentencia confirmada por la C.S.J.N. con fecha 27/08/2013, de conformidad con los fundamentos expuestos en el dictamen del Sr. Procurador Fiscal). Es que, el pago de los derechos de exportación efectuados por la exportadora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente (en este sentido esta Sala –en su integración anterior- in re: “”Pan American Energy LLC Suc. Argentina (TF 26805-A) c/DGA” del 5/07/2011, cuyo recurso extraordinario, fue declarado inadmisible por la C.S.J.N. al denegar la queja interpuesta con fecha 8/05/2011).
Y, si bien ello se debió a que el S.I.M. no liquidaba los derechos de exportación en forma correcta por cuestiones de carácter operativo y la resolución nro. 184/2007 restableció, con posterioridad a la operación de autos, el nivel preferencial de derechos de exportación para aquellos productos que acreditaran su condición de orgánicos, tal disposición no ha previsto su aplicación retroactiva.
Cabe agregar de si bien de conformidad con lo dispuesto en el art. 793 inc.s 1º y 2º del C.A., los cambios de criterios impositivos en materia aduanera –en principio- rigen para el futuro, ello no obsta a las facultades del organismo de revisar documentos cancelados y formular cargos cuando se verifiquen “errores de cálculos o liquidación”, supuesto verificado en la especie (Fallos C.S. 305:283, citado por el Sr. Procurador Fiscal en su dictamen de fecha 18/04/2012 en la causa “Basso”, destacada ut supra).
Por los fundamentos que anteceden, corresponde hacer lugar al planteo del Fisco Nacional.
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: hacer lugar a la apelación interpuesta por la demandada y revocar la decisión apelada. Se confirma la resolución nro. nro. 263/2010 y el cargo FE nro. 48/2008 formulado en concepto de diferencia de derechos de exportación. Las costas de la instancia anterior son a cargo de la actora en los términos del art. 1163 del C.A. y las de esta Alzada se distribuyen por su orden (art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N.), en atención a que la dificultad operativa referida pudo inducir a la accionante a considerarse con mejor derecho. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARIA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARIA MARQUEZ
Fin de la sentencia