Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 23/2012 y 24/2012 en todas sus partes, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, la suma de $5000 por la representación procesal y $8000 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio y demás pautas establecidas por la ley Nº 21.839 modificada por la ley Nº 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-19968820-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 3 de Marzo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 36.300-I caratulado " Biondelli Marcelo Alberto s/ apelación", La Dra. O´Donnell dijo:
I. El señor Marcelo Alberto Biondelli interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) contra las Resoluciones Nros. 24/2012 y 23/2012, dictadas el 10 de mayo de 2012 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinaron de oficio sus obligaciones frente al impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2008 y 2009, y al impuesto al valor agregado de los períodos fiscales marzo de 2008 a diciembre de 2009, con más intereses resarcitorios, respectivamente. Asimismo, se le aplicaron sendas multas de omisión en los términos del art. 45 de la misma ley. De los Considerandos de dichos actos surge que los ajustes son consecuencia de las inconsistencias detectadas durante el procedimiento de fiscalización que tuvo como resultado que el señor Biondelli habría omitido declarar ingresos, ya que los consignados en sus declaraciones juradas no alcanzaron para justificar las compras, las inversiones y los gastos realizados, por lo que el juez administrativo aplicó a las diferencias resultantes la presunción prevista en el último párrafo del art. 18 de la ley 11.683.
Explica así que explotaba el comercio Servi Compras, anexo a una estación de servicios ubicada en la Ruta Nacional Nº 226, frente al acceso de la localidad de Hinojo, a 20 Kms. de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, y sostiene que el coeficiente utilizado por los inspectores para determinar de oficio sus obligaciones no guarda relación con un negocio similar ubicado en una ciudad y como tal, es arbitrario.
Agrega que la fiscalización sostiene haber consultado a algunos de sus proveedores y que éstos declararon que las compras se abonaban en dinero en efectivo, y que no había saldos pendientes de pago al cierre, pero no le brindó los nombres de esos proveedores consultados.
Reitera que al analizar la documentación, la auditoría fiscal estableció las ventas durante los años 2008 y 2009 aplicando el costo de la mercadería vendida, procediendo a determinar, durante los períodos fiscales referenciados, un margen de marcación del 12 %, que surge del índice promedio regional que resulta de los sistemas de datos del organismo establecido para dicho negocio, sin tener en cuenta las particularidades de su actividad que implica ventas de distinto tipo y rubro (desde cigarrillos, golosinas o bien comida rápida) por lo que resulta erróneo establecer un margen de tipo lineal.
Por último, sostiene que no ha incurrido en la infracción del art. 45 de la ley 11.683, aporta prueba documental y ofrece la producción de una prueba pericial contable, y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones.
II. A fs. 33/38 y 76/80, el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, y solicita la confirmación de sus actos, con costas.
III.-A fs. 91 se hizo lugar a la producción de la prueba pericial contable, la cual se dio por decaída a fs. 106, atento haber incumplido el recurrente con la intimación cursada a fs. 103 en la que se lo intimó a adjuntar la aceptación del cargo del perito que había propuesto.
IV. A fs. 109 se hace saber a las partes la integración de la Sala, a fs. 116 se elevan las actuaciones y a fs. 119 se ponen en estado de dictar sentencia.
V. Respecto a la legitimidad de los ajustes notificados en las Resoluciones recurridas al señor Biondelli por omisión de declarar ingresos en el impuesto a las ganancias y, consecuentemente, ventas en el impuesto al valor agregado, por aplicación de la presunción establecida en el art. 18, último párrafo, de la ley 11.683 cabe tener en cuenta que a los mismos la fiscalización llegó luego de haber detectado en sus propios sistemas informáticos montos por compras, inversiones y gastos superiores a los declarados y registrados en su contabilidad. A efectos de practicar la liquidación del gravamen, la fiscalización estableció un margen del 12% al que llegó luego de compulsar los resultados de los informados para otras actividades similares del rubro.
Entonces, lo que el señor Biondelli tenía que demostrar era, por un lado, la inexistencia de las inconsistencias esgrimidas por la Administración Tributaria a partir de acreditar con documentación de respaldo de sus operaciones la debida registración y declaración de la totalidad de las mismas, tanto de sus compras como de sus ventas, para de ese modo refutar la indebida aplicación del método presuntivo de la obligación tributaria al hacer uso el juez administrativo del art. 18 de la ley 11.683; por el otro, podía también cuestionar el margen adoptado para la presunción de ingresos omitidos para liquidación de su obligación tributaria frente al impuesto a las ganancias, acreditando, siempre pruebas mediante, las particularidades y/o características de su actividad, que como alega en su presentación, la diferencian de las actividades tomadas por la fiscalización.
Pero no lo hizo, es decir no aportó ni rindió ninguna prueba tendiente a respaldar sus afirmaciones y/o agravios, dejándolos así sin sustento.
Ello, sumado a que los ajustes son consecuencia de las tareas de fiscalización que se encuentran reseñadas en detalle en los Considerandos de las Resoluciones y respaldadas con la documentación agregadas a las act. adm., llevan a confirmar ambos actos, tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios allí intimados, por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, con costas.
VI. Por último, resta tratar los agravios vinculados con las sanciones aplicadas en las Resoluciones. Debe tenerse presente que en materia de ilícitos materiales debe respetarse la secuencia que se describe seguidamente, en orden a determinar si se verificaron sus elementos tipificantes.
El primer paso consiste en comprobar el aspecto objetivo. La constatación del mismo reside en analizar si en la realidad fáctica se exteriorizaron los elementos del tipo o figura penal y que no existió causa de justificación que enervara la antijuridicidad de la conducta. Luego del análisis objetivo del hecho examinado, se debe estudiar la imputabilidad del autor, la cual no tiene relación con determinado hecho, sino que se refiere a la situación del sujeto.
En el caso, ha quedado acreditado que el señor Biondelli presentó declaraciones juradas inexactas, tanto en el impuesto a las ganancias en las que consignó menos ingresos como en el impuesto al valor agregado en las que omitió incluir ventas, y con ello incurrió en la infracción de omisión tipificada en el art. 45 de la ley 11.683, sin que haya en esta instancia brindado explicaciones, ni rendido prueba alguna, que permita eximir o exculpar su conducta. Es por esta razón que en el aspecto sancionatorio, las Resoluciones también deben ser confirmadas, con costas.
VIII. Por las razones expuestas, se confirman las Resoluciones Nros. 23/2012 y 24/2012 en todas sus partes, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que por similares argumentos, adhiere a las conclusiones del voto de la Vocal Instructora.
La Dra Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 23/2012 y 24/2012 en todas sus partes, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, la suma de $5000 por la representación procesal y $8000 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio y demás pautas establecidas por la ley Nº 21.839 modificada por la ley Nº 24.432.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y oportunamente archívese. Date: 2022.03.02 19:19:49 -03:00 Date: 2022.03.03 11:29:34 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.03 11:37:10 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.03 11:37:09 -03:00
Fin de la sentencia